Derechos Humanos
Régimen arrecia acoso contra periodismo independiente en Cuba
Al arresto el viernes del reportero de Palenque Visión Manuel A. de León Velázquez se suma a las detenciones de Roberto Quiñones y amenazas contra Rafael Gordo y Juannier Rodríguez Matos.
Oficiales de la policía política arrestaron en la tarde del viernes al periodista independiente Manuel Alejandro de León Velázquez, reportero de Palenque Visión (PV), y al opositor Alexander Rodríguez Santiesteban.
En entrevista con Radio Martí, el coordinador de PV, Rolando Rodríguez Lobaina, informó que tanto León -colaborador de Diario de Cuba- como Rodríguez Santiesteban habían sido detenidos en la localidad de Guaro, municipio de Mayarí, en la provincia Holguín.
Al momento de elaborar esta nota, ninguno de los dos había sido liberado.
El arresto del opositor y el periodista independiente se suma a los del reportero Eider Frómeta Allen, en la ciudad de Guantánamo, dijo Lobaina, y agregó que es parte del ataque de la Seguridad del Estado a la prensa no oficialista en Cuba.
La semana pasada “se efectuó un ataque violento por parte de los paramilitares a un reportero en la calle, el caso de Frómeta Allen”, explicó Rodríguez Lobaina.
Allen denunció al salir de su arresto que le fueron confiscados una cámara fotográfica modelo 4K y otros medios de trabajo, además de recibir una fuerte golpiza y ser amenazado con que lo llevarán a la cárcel.
"Me amenazaron de muerte, con golpearme, encarcelarme"
Otro caso citado por Lobaina es el del joven católico, y biólogo de profesión, Juannier Rodríguez Matos, a quien en una medida que es modus operandi de las fuerzas represivas, le impiden salir de Baracoa, su municipio de residencia.
Rodríguez Matos laboró como uno de los principales reporteros de PV desde sus inicios hasta el año 2016, ha sido arrestado en diversas ocasiones y devuelto a su localidad de origen, tal como ha dicho a Radio Martí luego de ser liberado.
La medida impuesta contra Matos, asegura, no está ni dictada ni firmada por ningún juez, lo que constituye un acto arbitrario por parte de las autoridades.
“Tiene una cláusula por el (Ministerio del Interior) MININT que no le permiten salir del municipio”, concluyó Lobaina.
Al ser liberado Rodríguez Matos envió una nota explicativa para presentar un video en el que ofrece detalles de todo lo ocurrido.
“Lamentablemente en el día de ayer fui objeto de una detención arbitraria por parte de la Seguridad del Estado en Cuba y me prohíben la salida del municipio, mi foto está en los puntos de control del país y si intento salir pues me detiene la policía. (…) Me amenazaron de muerte, con golpearme, encarcelarme, etc.”, añadió Rodríguez Matos.
¿Preludio de otra Primavera Negra?
En el mismo orden de amenazas, el periodista Rafael Gordo Núñez, que escribe para la revista independiente, Tremenda Nota, fue amenazado por agentes de la Seguridad del Estado con ser encarcelado "hasta 30 años", durante un interrogatorio que se fectuó en un sitio apartado en Camagüey.
Según estipula el código penal cubano, una sanción de tal envergadura solo podría ser usada si la persona viola la Ley 88, más conocida como Ley Mordaza, que no se aplica en la isla desde la fatídica Primavera Negra, en 2003. Entonces el régimen castrista llevó a la cárcel a 75 opositores, entre los que se contaban unas dos decenas de periodistas independientes.
Gordo Núñez relató al portal Diario de Cuba que lo citaron en Inmigración, pero al llegar lo montaron en un auto y lo llevaron hasta un punto entre Sibanicú y Vertientes.
Los agentes de la Seguridad del Estado le presentaron correos, grabaciones de audio, conversaciones privadas, imágenes que -según ellos- resultan pruebas que podrían condenarlo entre cinco y 30 años por colaborar con las que consideran organizaciones "contrarrevolucionarias y disidentes”.
Algo similar, en el orden de amenazas, courrió en Guantánamo con el periodista y abogado abogado independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces.
A Quiñones, asiduo colaborador de Cubanet, le allanaron la vivienda, lo arrestaron con las manos esposadas a la espalda y además de materiales de construcción le confiscaron sus equipos de trabajo, dinero y artículos personales de sus esposa, no relacionada con su labor periodística.
"Los interrogadores señalaron a Quiñones como “un contrarrevolucionario”, el epíteto preferido para acusar a quienes se oponen al régimen castrista.
Los oficiales, según explicó el periodista y abogado a Radio Martí, le aseguraron “que a partir de ahora” iba a sentir “lo que es la represión con más fuerzas”.
“En fin, las mismas amenazas de siempre”, concluyó el comunicador.
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Damas de Blanco: "salimos con un mismo dolor a exigirle al régimen cubano la libertad de nuestros seres queridos"
Veinte años atrás un grupo de mujeres salían a las calles en Cuba a pedir la libertad de familiares encarcelados por motivos políticos durante la Primavera Negra de 2003, ola represiva que llevó a 75 intelectuales y disidentes a prisión. Surgieron así las Damas de Blanco.
Berta Soler, una de sus fundadoras y líder de la organización en estos momentos,
expresó desde La Habana a Radio Martí que el grupo fue su nueva familia, mujeres que no se conocían entre sí unidas por un mismo dolor
"Creamos una nueva familia, mujeres que no nos conocíamos, que no estábamos alineadas a ningún grupo político, pero que salimos con un mismo dolor todas a defender, a exigirle al régimen cubano la libertad de nuestros seres queridos", señaló.
Anterior a las Damas de Blanco, el Comité de Madres Leonor Pérez compuesto por familiares de presos políticos llegaban hasta la iglesia de Santa Rita, en Miramar, La Habana, para pedir libertad. Al mismo lugar llegarían las Damas de Blanco, entre ellas Soler, esposa del opositor y expreso político del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
"Llevábamos a nuestro hijos a que participaran en misa y después salían junto a nosotras a caminar a la Quinta Avenida, en nuestra marcha, en silencio, vestidas de blanco demandando la libertad de nuestro seres queridos", agregó la activista.
Otra de las fundadoras del movimiento Damas de Blanco es la periodista Yolanda Huerga, esposa del galardonado escritor y poeta Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años de cárcel durante la Primavera Negra. La comunicadora (actual integrante del equipo de Radio y Televisión Martí) relató el impacto que en su familia tuvieron los acontecimientos.
"Uno de los problemas más graves que confronté fue explicarle a mi hijo de 9 años que su padre no era un delincuente. Gabriel había presenciado el arresto con alrededor de 15 efectivos de la policía política y regular y del Ministerio del Interior; vio la calle repleta de patrullas policiales y a los vecinos del barrio aglomerados alrededor", lamentó Huerga.
Las Damas de Blanco caminaban en silencio por las calles de La Habana vestidas de blanco y con una foto de su familiar encarcelado, pero además con un gladiolo en la mano. Exigieron pacíficamente la liberación de sus esposo e hijos, objetivo que lograron entre 2005 y 2011. No obstante, continuaron con su reclamo por todos los presos políticos cubanos.
Desde su fundación, las Damas de Blanco han denunciado la vigilancia y violencia de las autoridades para reprimirlas en las calles o mantenerlas bajo reclusión domiciliaria, además de la violencia física y verbal, con constantes detenciones, multas y amenazas con ser juzgadas y encarceladas.
A 20 años de su creación, las Damas de Blanco tienen a tres de sus activistas tras las rejas: Aymara Nieto, Saylí Navarro y Sissi Abascal.
A través de los años, la determinación y lucha de las Damas de Blanco fue reconocida internacionalmente. Amnistía Internacional elogió la labor pacífica que hacían para liberar a sus esposos e hijos y declaró como prisioneros de conciencia a los detenidos. Intelectuales como Noam Chomsky, Sergio Ramírez y Tomás Eloy Martínez también exigieron la libertad de los comunicadores recluidos y condenados en Cuba.
En el 2005, las Damas recibieron del Parlamento Europeo el prestigioso Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Un año despúes, la organización Human Rights First les concedió el Premio a los Derechos Humanos, en reconocimiento al coraje en la defensa de las libertades.
Madre de preso político interpone denuncia por maltrato físico contra su hijo en la prisión de Quivicán
Beatriz Conde, madre del preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Abel Lázaro Machado Conde, denunció que el jueves su hijo fue víctima de maltratos por parte de un oficial de la prisión de máxima seguridad de Quivicán, en la provincia de Mayabeque.
El joven habría sido golpeado por el segundo jefe de la prisión, quien intentó regresarlo por la fuerza al mismo destacamento de donde tuvo que ser transferido tras ser amenazando por un preso común de alta peligrosidad, dijo Conde a Radio Televisión Martí.
"El me llamó por teléfono y me dice a mí que vino el segundo jefe de Unidad, que se llama Yulieski Montero, y lo cogió y lo sacó de la compañía y lo fue a llevar a la compañía donde él (su hijo) tuvo el problema y él le dijo en la puerta que él no podía permanecer en ese lugar porque allí tuvo un incidente...(el oficial) lo metió contra las rejas a empujones; tiene un hematoma debajo del corazón, tiene otro debajo del brazo, tiene arañazos, y le cayó a empujones, ‘estrallones’ y me dice que él se iba a meter en una celda y se iba hasta a cortar", relató la señora.
La mujer explicó que el recluso con quien su hijo "tuvo problemas" no era una buena persona y por ello fue trasladado de la Compañía 8 al Destacamento 6, como ella "le había pedido al jefe de la prisión".
"Cuando yo fui ahora el día 14, que me dieron la visita, se sentía bien, él tiene que estar donde él se siente bien", explicó la mujer.
Conde aseguró que ya entregó una queja formal contra del oficial en la Fiscalía Militar de la Región de Güines, y que presentará otro reclamo por maltrato físico ante la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en La Habana.
Machado Conde, de 25 años de edad, con un historial documentado de padecimientos psiquiátricos que incluye ya varios intentos de suicidio, cumple nueve años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque.
Informe revela numerosas agresiones a la sociedad civil independiente en el mes de febrero
El Centro Legal Cubalex reportó este jueves un total de 247 agresiones cometidas contra la población cubana en el mes de febrero, siendo la mayoría de ellas dirigidas contra los miembros de la sociedad civil independiente.
"Durante febrero de 2023, la situación de derechos humanos continuó agravándose en Cuba. Los dos factores principales que más incidieron fueron la represión estatal y la incapacidad de las autoridades para satisfacer las necesidades sociales básicas, como el suministro de electricidad, medicinas y alimentos. En un contexto en que la ciudadanía cubana se ve imposibilitada a alcanzar una vida digna por el incumplimiento de las obligaciones estatales, la represión es generalizada y sostenida en el tiempo", denuncia Cubalex en el informe.
Según la organización dichas agresiones superaron en 84 la cifra de las monitoreadas durante el pasado enero.
Las violaciones a los derechos ciudadanos fueron “distribuidas en 34 categorías de incidentes de represión”, señaló Cubalex, destacando que “más del 85% de estos eventos represivos estuvieron dirigidos contra miembros de la sociedad civil independiente”.
La escalada represiva impactó a los miembros de tres organizaciones: el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), las Damas de Blanco y el recién creado movimiento Cuba de Luto", refiere la ONG.
"Se registraron picos represivos los domingos, debido al hostigamiento a las Damas de Blanco para impedirles su salida semanal exigiendo la libertad de los presos, y entre el 7 y el 17 de febrero debido a la ola de citaciones policiales y detenciones que se produjeron en esas fechas. El incidente represivo más registrado durante el mes fueron las detenciones, que aumentaron más de dos veces respecto a enero. En total se registraron 75 eventos que implicaron la detención arbitraria, al menos en una ocasión, de 58 personas (34 mujeres y 24 hombres)", indica el reporte.
Entre los incidentes registrados por Cubalex destacan las prácticas aplicadas por los agentes del Estado.
"La mayor parte de estos hechos se registraron en La Habana, aunque también ocurrieron en Matanzas, Camagüey y Mayabeque. En febrero se registró un incremento de prácticas represivas", asegura el reporte.
La semana pasada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) con sede en Madrid, España publicó un informe similar que documentaba "al menos 340 acciones represivas" durante el mes de febrero.
El OCDH) precisó que de estos 340 actos represivos, se detectaron 115 “detenciones arbitrarias” y 225 acciones consideradas como “abusos”, entre los que destacan los “allanamientos de viviendas de activistas, maltratos a presos políticos en las cárceles, interrupción de las comunicaciones, multas, citaciones policiales y hostigamientos”.
“Se mantiene el clima represivo en la isla, y esto es algo que no se puede aceptar como normal. Estamos hablando de cientos de prisioneros políticos; estamos hablando de un pueblo que sigue sufriendo por la ausencia de libertades, de derechos civiles y políticos, pero también de derechos sociales", dijo a Radio Martí Yaxis Cires, director de Estrategia del OCDH.
Preso político sin atención médica en cárcel santiaguera, denuncia su familia
El preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera, confinado en la prisión santiaguera El Manguito, no ha recibido atención médica para una enfermedad que lo aqueja, aún sin diagnosticar, declaró su familia.
“Mi hijo está enfermo con una infección cutánea, tiene unos granos que exhuman pus en varias partes del cuerpo, fiebre, malestar general y un ganglio inflamado. No se atendió con el médico porque la doctora no ha ido a trabajar, solo una enfermera en el puesto médico nombrada Minerva Ramírez”, denunció su padre, Julio César Duque de Estrada Ferrer.
“Lleva más de cuatro días quejándose, sin atención médica, ni un análisis o chequeo para determinar el germen o la enfermedad que tiene”, lamentó.
El padre se refirió también a lo que calificó de negligencia de los funcionarios del penal que soslayan que la asistencia médica es un derecho humano básico y no se interesan por los problemas de salud que tienen los reos.
“No pude contactarme con el jefe de la unidad nombrado mayor Gutiérrez para que me dé respuestas sobre la situación de salud de mi hijo”, apuntó Duque de Estrada y agregó:
“Tampoco hay medicamentos y tuve que llevarle 20 tabletas de amoxicilina sin diagnóstico médico. La oficial Beatriz, que es la reeducadora que lo está atendiendo en el penal, me dijo que no hay reactivo para su análisis y que él está en el sistema para cuando llegue”.
Si bien la ausencia de antibióticos y reactivos es casi perenne en las farmacias de la Isla desde finales del 2019, en los establecimientos penitenciarios se agrava el déficit.
Quinientos pesos, doscientos cincuenta por cada diez tabletas del antibiótico, tuvo que pagar el padre del detenido.
“Aunque, a mi entender, la enfermedad no es de gravedad, si no se actúa con rapidez puede empeorar. Además, como no le ha hecho análisis no se sabe qué tiene”, dijo.
Las bacterias infecciosas, como los estreptococos, estafilococos y la Echerichia coli se reproducen rápidamente dentro del cuerpo y pueden provocar enfermedades serias. El estafilococo dorado suele comenzar como un forúnculo doloroso en la piel. Entre las poblaciones en riesgo de contraer esta bacteria están las personas que viven en condiciones de hacinamiento como los privados de libertad.
Dairon Duque de Estrada, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple una sentencia de 4 años y 6 meses por los delitos de propagación de epidemia y atentado.
El 1 mayo de 2020, el joven de 22 años entonces, gritó frases contra Fidel Castro, Raúl Castro, los Comités de Defensa de la Revolución y la Policía. Un oficial del Ministerio del Interior lo agredió, tirándolo al piso en el mismo lugar en que se manifestó, o sea frente a su casa. Más tarde lo arrestaron y acusaron de no llevar mascarilla, en plena pandemia, y de haber sacado un machete con el que intentó agredir al militar.
Familia de presa política cubana consternada por deterioro de su salud y falta de la atención médica
Familiares de la presa política Angélica Garrido, quien sufrió un accidente cerebrovascular a mediados de 2022, expresaron preocupación por la salud de la joven confinada en la prisión Mujeres de Occidente, en El Guatao, La Habana.
Desde Quivicán, en Mayabeque, el activista Luis Rodríguez denunció a Radio Martí el estrés que sufre su esposa, sin recibir la atención médica necesaria.
"Está teniendo los mismos síntomas que tenía antes de que padeciera el accidente cerebrovascular que le provocó una parálisis facial. Está padeciendo los mismos síntomas producto de un gran estrés por el que está pasando. Esto todo a raíz de la represión por la carta que ella firmó con su sangre de todas las presas, son 10 presas que lo hicieron", explicó el activista.
Garrido fue una de las 10 activistas encarceladas que en febrero pasado firmaron una carta donde reclamaron al gobernante Miguel Díaz-Canel que cumpla el deseo del papa Francisco de que los manifestantes del 11 de julio de 2021 sean liberados.
Están prohibiendo en la prisión la presencia de cartas, fotos y noticias de presos políticos y comunes, dijo Rodríguez.
Añadió que Angélica Garrido está padeciendo síntomas como "manos y pies morados, una mano con una temperatura caliente, la otra mano fría. Calambres en la mano. Los párpados los tiene caídos. Mucho cansancio".
Según el opositor, su esposa les informó este lunes a las autoridades de la prisión sobre su estado de salud. "Les dijo: miren, me está pasando esto. [Se lo dijo] a la segunda jefa de la prisión y a su reeducardor."
Al mismo tiempo, Rodríguez denunció en la prisión de Mujeres de Occidente "está habiendo ahora una enemistad entre los presos comunes y las presas políticas", lo que ha llevado a que se hayan registrado intentos de agresión. "Ha habido agresión, pero no se ha materializado, o sea intento…". Para el opositor, esta situación es "mandada por la Seguridad del Estado, que es la que maneja los signos de todas estas cosas".
Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a tres y siete años de privación de libertad respectivamente, por haber protestado el 11J en Quivicán.
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