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Cuba

Cuba justifica contratación de obreros indios porque "rinden más" que los cubanos

En el Hotel Manzana, en Habana, laboran obreros indios.

Un funcionario de la empresa cubana Inmobiliaria Almest explicó que la decisión se debe a la baja capacitación y rendimiento de los obreros cubanos.

Aunque desde mediados de año medios de prensa independientes, corresponsales extranjeros y figuras reconocidas en la isla como el cantautor Silvio Rodríguez habían cuestionado la presencia de trabajadores extranjeros laborando en la construcción de hoteles en La Habana, no es hasta ahora que el tema sale a relucir en los medios oficiales.

El grupo francés Bouygues es la firma extranjera encargada de llevar adelante el proceso de contratación de obreros para acelerar la construcción de hoteles en la capital, y según dijo al diario Juventud Rebelde el arquitecto José Martínez, director adjunto de la empresa cubana Inmobiliaria Almest, la decisión se debe a la baja capacitación y rendimiento de los obreros cubanos.

Hildebrando Chaviano, un ex candidato a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana, rechazó esos argumentos y dijo al reportero Amado Gil de Radio Martí que el gobierno cubano es el principal culpable de la situación.

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"No es porque los obreros indios son más calificados". “Los cubanos pueden hacerlo también, pero no lo hacen porque el gobierno les roba el salario, no les da estímulo monetario a los nacionales", aseveró Chaviano.

Extranjeros trabajan en La Habana en la construcción de hoteles
Extranjeros trabajan en La Habana en la construcción de hoteles

El criterio de Chaviano es apoyado por el periodista independiente Mario Hechevarría, residente en La Habana Vieja, quien conversó con obreros extranjeros en el Hotel Manzana de Gómez, que deberá terminarse el 2017 con categoría de cinco estrellas, y será administrado por Grupo de Turismo Gaviota y la Cadena Hotelera Internacional Kempinski.

"Los obreros extranjeros me han dicho que muchos de ellos lo que hacen es poner lozas, instalaciones eléctricas, y esas son cosas que pueden hacer los cubanos", señaló.

Hechavarría también vio en esas labores de construccióm a jóvenes reclutas "que tampoco tienen capacitación para ese tipo de trabajo”, de ahí que esa justificación del gobierno nadie la cree, enfatizó.

La agencia Reuters estima que al menos hay unos 200 obreros indios reciben del gobierno –su empleador-beneficios y salarios entre $1,200 y $1,600 dólares mensuales.

El gobierno cubano ha dicho que estudia un nuevo sistema de pago para los obreros de la contrucción en Cuba.

Hotel Manzana en Habana
Hotel Manzana en Habana

Martínez dijo a Juventud Rebelde que la decisión de trabajar con la firma francesa Bouygues está plenamente justificada, y se corresponde con las regulaciones legales vigentes.

La decisión del gobierno cubano ha sido criticada por el experto en economía Jorge Sanguinetty, consultado por Martí Noticias. "Se está gestando una forma de apartheid de los trabajadores", enfatizó.

A su juicio, este hecho refuerza la idea de que la ley de inversión extranjera segmenta la población cubana de los extranjeros, "no solo a los inversionistas, sino también a los trabajadores".

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“Estaba entubado, quitaron la corriente y se murió”: Apagón termina con la vida de paciente de COVID-19 en Camagüey

Enfermos en los pasillos de un hospital en Cuba que atiende a pacientes de COVID-19. (Captura de video/Reuters)

Las autoridades de salud reportaron este jueves 6,935 nuevos casos de COVID-19 en Cuba -de ellos 420 en terapias intensivas, 132 críticos y 288 graves- en medio de continuos y prolongados apagones en toda la isla.

En las redes sociales se informaba de la muerte de un paciente que estaba conectado a respiración artificial a causa del COVID-19, en la localidad camagüeyana de Santa Cruz del Sur. Según escribió en Facebook un familiar, el nombre del fallecido era Jorge Raúl Ventura Martínez, quien permanecía en el hospital Enrique Santiesteban Báez, de esa localidad.

Radio Martí contactó con una residente de Santa Cruz del Sur que se identificó como Ida, quien vive a pocos metros del Hospital Municipal. La persona nos confirmó el hecho y precisó, además, que al llegar el apagón, la planta eléctrica del hospital estaba rota.

“Estaba entubado, estaba conectado, y quitaron la corriente y se murió”, afirmó la mujer.

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Al cierre del 22 de septiembre fallecieron 70 personas por el virus, informó el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Con esta cifra, la isla acumula 7,048 muertes por COVID-19, de acuerdo a estadísticas oficiales que no es posible confirmar de forma independiente.

Desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol describió la Radio Televisión Martí lo vivido durante un apagón mientras cuidaba a un familiar que enfermó de COVID-19.

“Hay que echarle aire con lo que haya si está fatigado porque saben el peligro que está padeciendo”, dijo.

En Twitter, muchos holguineros se quejan de los apagones. El usuario Iván escribía hace pocas horas. “Holguín Oeste 10 pm, anoche 12 a 4 a.m. continuamente, repito, de los que tenemos personas enfermas en casa y lo insostenible que son las noches de apagones”.

Precisamente, desde la ciudad de Holguín, el médico opositor Ramón Zamora nos decía: “Los holguineros están protestando por la falta del servicio eléctrico. Casi todos los barrios aquí en Holguín están dando los cacerolazos en las noches, cada vez que dan estos apagones, que se prolongan.

En un desglose por provincias, Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la enfermedad, con 1,325 casos en el día, seguida de Sancti Spíritus, con 774; Holguín, con 769; Camagüey, con 704; Villa Clara:, con 590, y La Habana, con 458, entre las más afectadas.

El país ha reportado 832 mil 286 contagios desde que inició la pandemia, en marzo de 2020.

Cubanos entre los 19 mil migrantes que aguardan en Colombia para seguir hasta EEUU (VIDEO)

Cubanos entre los 19 mil migrantes que aguardan en Necoclí para seguir rumbo norte hasta EEUU
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El Gobierno de Colombia le pidió a Panamá ampliar la cifra de personas permitidas para cruzar esa frontera, en el norte del Darién, ante la acumulación de decenas de miles de migrantes que esperan seguir viaje rumbo a los Estados Unidos.

Reuters calcula que son diecinueve mil los migrantes llegados hasta Necoclí (Antioquia), la mayoría desde Haití, Cuba y Venezuela. Una vez en Panamá, tratarán de atravesar Centroamérica hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Hasta el momento Panamá y Colombia permiten el paso de 600 migrantes al día, pero el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, reveló que ante el embotellamiento en Necoclí es necesario aumentar las cuotas diarias de migrantes autorizados a pasar de un país a otro.

"Nosotros hicimos una solicitud a Panamá, para efectos de ampliar el tránsito de 600 personas que actualmente están permitidas, a un número mayor. Lo que buscamos es que esta migración salga de manera organizada para protegerla, pero también para proteger a las comunidades de tránsito y de acogida", reveló Espinosa desde Nueva York, a donde llegó para acompañar al presidente Iván Duque.

"La solicitud fue elevada y estamos a la espera que se dé la respectiva respuesta, pero el mecanismo que se ha activado en Necoclí viene funcionando una manera articulada con la Policía, la Armada y autoridades territoriales", señaló el director de Migración, al tiempo que sostuvo que, "estamos trabajando en crear un mecanismo de protección que nos permita solventar la situación".

La FM, una publicación de Colombia, asegura que el hospital de Necoclí está desbordado por la cantidad de migrantes que acuden a atenderse allí.

"Entre 50 y 60 migrantes acuden cada día al hospital San Sebastián de Necoclí, Antioquia, para solicitar atención por urgencias. Esto se suma a la demanda similar que hay por parte de los habitantes de este municipio del Urabá, lo que tiene colapsado el servicio y agotados a los médicos y a las enfermeras en medio de la pandemia que persiste", reporta lafm.com.

"Por las condiciones socioculturales de ellos, se dirigen siempre a urgencias, donde se les hace la clasificación. Consultan muchos niños con problemas respiratorios, virales, intestinales y por la piel. También maternas que presentan algunos síntomas que se pueden agravar y no tienen control. También personas con enfermedades crónicas, pero que no llevan ningún tratamiento", señaló el gerente del hospital, Neyder Pupo Negrete.

Decretos de telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba son incompatibles con estándares interamericanos, asegura CIDH

Foto Archivo. Un cubano se conecta a Internet desde el Malecón de La Habana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, manifestaron preocupación ante las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba, que restringirían y criminalizarían discursos legítimos y especialmente protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En este sentido, llaman al Estado a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión a través de la adecuación de sus regulaciones de conformidad con estándares internacionales en la materia.

A través de sus diferentes mecanismos de monitoreo, se recibió información sobre el impacto que el Decreto Ley 35 de Telecomunicaciones y la Resolución 105 de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad –publicadas en la Gaceta Oficial el pasado 17 de agosto– tendrían en el ejercicio de la libertad de expresión en Internet y en el derecho a la privacidad de las personas usuarias.

Asimismo, organizaciones civiles denuncian que estas regulaciones se enmarcan en un contexto más amplio de control estatal sobre disidencia y manifestaciones sociales, dado que internet se ha convertido en un espacio fundamental para ejercer el derecho de protesta en Cuba.

En particular, la CIDH y la RELE advierten que dicha normativa podría limitar expresiones críticas y disidentes, entre otros discursos de interés público, con el alegado fin de proteger la seguridad, el orden público, la defensa nacional u otros intereses gubernamentales.

Las normas establecen categorías amplias e imprecisas que darían margen a una aplicación arbitraria y discrecional por parte del Estado. La Comisión advierte que las normas legales vagas o ambiguas, que otorgan facultades discrecionales amplias a las autoridades, son incompatibles con los estándares interamericanos, ya que pueden dar lugar a actos de arbitrariedad.

En este contexto, aseguran, se observa que el Decreto-Ley 35 impone a las personas usuarias, entre otras obligaciones, la de abstenerse de utilizar el servicio para transmitir información ofensiva de la "moralidad pública", y la de impedir la utilización de los servicios de telecomunicaciones con fines de "atentar contra la seguridad y el orden interior del país, o transmitir información y noticias falsas". Por su parte, la Resolución 105 sobre Ciberseguridad tipifica acciones como la "subversión social", el "eco mediático de noticias falsas" y la "difusión dañina".

Además, bajo esta normativa, la incitación a movilizaciones sociales, la divulgación de "mensajes ofensivos y difamación con impacto en el prestigio del país", y la promoción de la "indisciplina social", serían considerados incidentes de ciberseguridad de "peligrosidad alta" y "muy alta" y, por ende, objeto de sanción.

La aplicación de estas disposiciones podría ser particularmente riesgosa por los desafíos respecto de la institucionalidad democrática en Cuba. En tal sentido, recuerda la Comisión, en el Informe sobre la situación de derechos humanos en Cuba (2020) se considera que no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa, no hay independencia judicial y existen limitaciones a la separación de poderes.

Finalmente, preocupa a la CIDH y su Relatoría Especial que las tareas de prevención, detección y respuesta que propone el Estado a través de la Resolución 105 sobre Ciberseguridad puedan implicar la implementación de sistemas institucionales de monitoreo y filtrado de contenidos en internet, derivando en la censura previa de publicaciones.

Estados Unidos reitera en ONU su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet

Los cubanos captaron en sus teléfonos los sucesos del 11 de julio en la isla. (AP/Eliana Aponte, file)

El Gobierno de Estados Unidos se unió este miércoles a otras voces internacionales en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a internet, y condenó las acciones del régimen para reprimir la libertad en línea en Cuba.

“Hoy el Gobierno de Estados Unidos se unió a los actores internacionales en #UNGA76 para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones para reprimir la libertad en línea en Cuba”, señaló en Twitter la Embajada estadounidense en La Habana.

Un informe de la ONU sobre censura en internet señala que "En América Latina, por ejemplo, solo se registraron cierres en Nicaragua y Venezuela a partir de 2018, pero desde entonces, Colombia, Cuba y Ecuador han adoptado cierres en relación con protestas masivas".

Estados Unidos denunció en septiembre que la censura en Internet implementada por el régimen cubano ha ido en aumento tras las protestas masivas que sacudieron a la isla el 11 de julio pasado.

“Bloqueo de contenido, apagados parciales de internet, nuevas leyes represivas de "ciberseguridad", 2 meses desde que el pueblo cubano protestó pacíficamente por la libertad, el gob. continúa su represión. Deben permitir el libre flujo de información hacia, desde y dentro de Cuba”, señala un tuit del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reproducido por la Embajada estadounidense en La Habana.

A finales de agosto, los congresistas de Florida María Elvira Salazar y Michael Waltz, y la representante por Nueva York Claudia Tenney, junto a una docena de legisladores republicanos, presentaron ante el Congreso la Ley de Libertad Estadounidense y Acceso a Internet, un proyecto que implementa la “Operación Starfall”, un plan estratégico para brindar acceso a las comunicaciones inalámbricas en el extranjero en medio de apagones, desastres “o cuando los regímenes deshonestos" como Cuba "cierren el acceso a Internet”.

Días antes, el 17 de agosto, el gobierno estadounidense rechazó frontalmente las nuevas medidas anunciadas por Cuba para restringir el internet. "Es una ley de censura" cuyo objetivo es silenciar a la población, advirtió el Departamento de Estado.

Cuba incorporó a su legislación una medida que condena la difusión de "noticias falsas" en la red de redes, tipificándolas como "acciones de alta peligrosidad".

Además, dispuso un “modelo de actuación” con un formulario para ser llenado en caso de que alguien quisiera denunciar estos “incidentes de ciberseguridad” como parte de una serie de normas jurídicas que llegan a un mes de las protestas del 11J.

Pero antes, el 11 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que pertenece al Departamento del Tesoro norteamericano, y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), del Departamento de Comercio, manifestaron su compromiso de “apoyar la libertad de Internet en Cuba”.

Las entidades federales dieron a conocer la Hoja informativa "Apoyar el derecho del pueblo cubano a buscar, recibir e impartir Información a través del acceso seguro y protegido a Internet". El documento destaca "las exenciones y autorizaciones pertinentes para apoyar al pueblo cubano a través de la provisión de ciertos servicios de internet, y servicios de telecomunicaciones relacionados".

Ese mismo día, el Senado de Estados Unidos adoptó, en votación oral, la enmienda # 3097 a la Resolución de Presupuesto del Senado que requiere que la Administración Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para los cubanos en la isla.

Los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott presentaron la enmienda, que propone crear un Fondo de Reserva Neutral de Déficit (DNRF, por sus siglas en inglés) en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para desarrollar y desplegar la tecnología existente en la isla.

El pasado 30 de julio, en una reunión con líderes cubanoamericanos, el presidente Joe Biden, declaró que su Administración estaba "aumentando el apoyo directo al pueblo cubano al buscar todas las opciones disponibles para proporcionar acceso a Internet para ayudar al pueblo cubano a evitar la censura".

En julio, la Casa Blanca publicó el documento Hoja Informativa: Medidas de la Administración Biden-Harris sobre Cuba en el cual se detalla la política del gobierno de Estados Unidos hacia la isla y donde se da especial atención a la Internet libre para Cuba.

El documento detalla que la administración Biden se asegurará que los ciudadanos cubanos tengan acceso a Internet al declarar que “está
colaborando activamente con el sector privado para identificar formas creativas de garantizar que el pueblo cubano tenga un acceso seguro al libre flujo de información en Internet".

Añade que Biden ha hecho un llamado al régimen cubano para que "restablezca y mantenga el acceso a todos los servicios de Internet y telecomunicaciones para todas las personas dentro de su frontera", al tiempo que condena "el uso de cierres parciales o totales de Internet y restricciones de red" que restringen el ejercicio de los derechos humanos.

"La comunidad internacional debe condenar enérgicamente el bloqueo intencional del acceso a Internet”, subraya el documento.

Cuba clasifica como país "no libre" en el reporte más reciente de Freedom House sobre libertad global a la red de redes.

Cuba baja un peldaño y vuelve a clasificar como "no libre" en informe sobre libertad en Internet

El régimen cubano respondió a las protestas del 11 de julio cortando el acceso a Internet y el servicio de telefonía móvil. ((AP/Eliana Aponte)

Cuba volvió a calificar como país "no libre" y bajó el puntaje a 21, en el informe sobre libertad global de internet que publica anualmente la organización Freedom House.

Freedom on the Net, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0 (menos libre) a 100 (más libre), señala que en Cuba las autoridades supervisan el uso de internet, y buscan dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno.

El reporte subraya que el estado cubano "participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes", y hace referencia al Decreto Ley 370, utilizado por el régimen para castiga a la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas en línea.

Cuba en el informe Freedom of the Net 2021. (Captura de pantalla/Freedom House)
Cuba en el informe Freedom of the Net 2021. (Captura de pantalla/Freedom House)

"Una serie generalizada de protestas públicas contra el gobierno realizadas a fines de 2020 y a lo largo de 2021 se facilitaron en línea, ya que los cubanos eludieron la censura del gobierno a través de innovaciones digitales de base. Las autoridades impusieron restricciones de conectividad generalizadas y bloquearon las plataformas de redes sociales en respuesta", detalla el reporte.

Entre las mejoras de infraestructura claves, entre junio de 2020 y 31 de mayo de 2021, Freedom House apunta que más cubanos tienen acceso a Internet, y a velocidades de Internet más rápidas, que en años anteriores, aunque, aclara, "es probable que las cifras reflejen el acceso a servicios móviles estatales en los que todavía se alienta a los usuarios a conectarse a la intranet controlada por el estado".

Según datos oficiales, a finales de 2020 había casi 1,5 millones de usuarios de 4G en Cuba, lo que equivale al 25,6 % de la cobertura móvil. En febrero de 2021, el Ministerio de Comunicaciones informó que 4,2 millones, de los 7 millones de personas con acceso a internet en la isla, se conectan a través de teléfonos móviles, lo que indica que en poco más de dos años esta forma de acceso ha superado a todas las demás.

La isla sigue teniendo, a pesar de las mejoras en la infraestructura técnica, una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y el acceso regular a Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones, deficientes, destaca el informe.

Luego de las protestas de noviembre de 2020, que se coordinaron a través de las redes sociales después de que el gobierno allanó la sede del Movimiento San Isidro y bloqueó Facebook, Twitter, Telegram y WhatsApp, las autoridades impusieron restricciones de conectividad a gran escala, recuerda el reporte.

Como consecuencia, el régimen pasó a desconectar a activistas y periodistas de Internet y las redes móviles "para dejarlos sin comunicación durante fechas clave durante el período de cobertura".

En abril de 2021, el gobierno anunció la adopción del Decreto Ley 35, que impone amplias obligaciones a los proveedores de servicios de censurar el contenido en línea sin supervisión judicial o medidas de transparencia; la ley entró en vigencia en agosto, tras las históricas protestas que sacudieron la isla, el 11 de julio pasado.

El informe concluye que el gobierno cubano "manipula el panorama de la información en línea a través de políticas y otras iniciativas destinadas a mantener el dominio de los medios y las narrativas progubernamentales, y desacreditar las fuentes de información independientes".

Además, en Cuba, la "penalización por la actividad en línea es común". Freedom House señala que en la isla, los periodistas independientes, influencers y los activistas de derechos humanos, "a menudo se ven atrapados en las represiones que acompañan a los disturbios políticos o sociales", como sucedió el 11J.

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