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Cuba

Más de 200 familias españolas reclaman bienes confiscados en Cuba

El asturiano Arturo González muestra una foto de su padre, que perdió todos sus bienes en Cuba

Los demandantes son representados por el fondo de inversión 1898 Company. La sociedad, fundada en 2001, está tratando de persuadir a otras 400 familias para que se unan al esfuerzo.

Cuando el padre de Arturo González huyó de Cuba en 1964 sólo pudo llevarse en el avión a Madrid una valija con su ropa y sus gafas. Unos milicianos lo registraron en el aeropuerto y le confiscaron su reloj y un anillo, además de otros objetos de valor.

"Era la humillación total, lo que era de valor se lo quedaba la revolución", cuenta González.

Por entonces, el gobierno comunista de Fidel Castro ya había confiscado todas las propiedades de la familia, entre ellas una granja en la provincia oriental de Las Tunas y varios depósitos en La Habana.

El padre de Arturo González falleció en 1981. Ahora, este profesor de economía de 58 años que abandonó Cuba cuando era un bebé intenta junto con su hermana recuperar los bienes confiscados, o al menos recibir una indemnización.

La suya es una de las 260 familias españolas representadas por el fondo de inversión 1898 Company. La sociedad, fundada en 2001, está tratando de persuadir a otras 400 familias para que se unan al esfuerzo.

Cuba se independizó de España en 1898, después de cuatro siglos de colonización. Pero cuando triunfó la revolución en 1959, los españoles seguían formando el grueso de los terratientes más ricos y la mayoría de los pequeños comerciantes.

"Eran una comunidad próspera. Monopolizaban el sector minorista", explica Consuelo Naranjo Orovio, historiadora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS).

Los denunciantes no tienen ninguna esperanza mientras Cuba siga gobernada por el régimen de Raúl Castro, hermano menor de Fidel, fallecido el 25 de noviembre a los 90 años.

Pero confían en que este gobierno será reemplazado algún día por otro democrático que quiera resolver el problema de las expropiaciones, para así atraer a inversores extranjeros.

Fidel Castro, apartado por enfermedad desde mitad de 2006, cedió oficialmente el poder en 2008 a su hermano Raúl, de 85 años, quien ha anunciado que se retirará en 2018. La gran cuestión está en ver si el régimen comunista será capaz de sobrevivir a su partida o su fallecimiento.

"Cuándo acaba, uno no sabe, pero ha empezado el proceso" de cambio de régimen, cree Jordi Cabarrocas, fundador de la 1898 Company.

"El sistema nuevo que viene después de una dictadura necesita crear un escenario nuevo, en el cual pueda aterrizar la inversión" exterior, explica.

En ese sentido, "devolver bienes confiscados tranquilizará a cualquier persona que invierta en Cuba de que su propriedad será respetada", asegura.

El fondo estudió 40 casos similares en otros países, en particular en Europa del Este, en el último siglo, y el 90% de las veces se pudieron recuperar bienes confiscados, afirma Cabarrocas.

Las familias que contratan los servicios de la sociedad no tienen que pagar ninguna comisión en el momento de firmar. Pero la compañía se queda con el 30% del valor recobrado por cuenta de sus clientes.

De momento les está ayudando a demostrar que poseían propiedades en Cuba, para que estén listos cuando se presente la ocasión de reclamar.
Oficialmente no hay ninguna estimación del valor total de los bienes confiscados a las familias españolas.

Cabarrocas estima por su parte en 2.500 millones de dólares actuales (2.340 millones de euros) el valor de las propiedades de sus clientes.

Según los términos de un acuerdo cerrado en 1986 entre Madrid y La Habana, Cuba pagó 40 millones de dólares por algunos bienes confiscados, un tercio en efectivo y el resto en especie, mediante entregas de tabaco por ejemplo.

Richard Feinberg, un experto de Cuba en la Brookings Institution de Washington, dice que "un acuerdo así por lo general cierra el camino a los demandantes".

"Haría falta una serie extraordinaria de acontecimientos para que los españoles que reclaman bienes consigan más", dijo a la AFP.

Jordi Cabarrocas sostiene por su parte que el acuerdo bilateral no pone fin al diferendo. El Tribunal Supremo español dictaminó además que en virtud del derecho internacional, incluso quienes fueron parcialmente compensados en 1986 no habían renunciado a una mayor indemnización más adelante, añade la 1898 Company.

Muchos demandantes dicen que su principal motivación es que se haga justicia a sus familias, y no tanto sacar un beneficio financiero, ya que los activos confiscados están ahora en mal estado u ocupados por otros.

José Manuel Presol, de 63 años, que reclama el apartamento de La Habana donde creció hasta que su familia fue expulsada cuando él tenía 15, dice que no tiene interés alguno en expulsar a quienes vivan allí ahora.

"Les voy a decir: 'mira, nada más pido una cosa, lo tengo claro. Que de vez en cuando me dejes venir a coger el fresco en la terraza para acordarme de cuando era niño. Es lo único que pido. La casa es vuestra'", dice con lágrimas en los ojos.

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El Supremo abre camino para el fin del programa "Quédate en México" de Trump

Caravana de migrantes rumbo a EE.UU. esperan visados en Chiapas en junio de 2022

El Tribunal Supremo de Estados Unidos abrió este jueves el camino para que el Gobierno de Joe Biden pueda poner fin al polémico programa "Quédate en México", que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su proceso del otro lado de la frontera.

Esta política, conocida oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), fue instaurada en 2019 por el entonces presidente Donald Trump y afectó a más de 60.000 personas, muchas de las cuales quedaron hacinadas en campamentos en el norte de México.

Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Alejandro Mayorkas, avanzó en un escueto comunicado que continuará "sus esfuerzos por terminar el programa tan pronto como sea legalmente posible".

El alto tribunal le dio la razón a Biden en su intención de tumbar el programa apenas tres días después de que fuera hallado en San Antonio (Texas) un camión en el que murieron por asfixia 53 indocumentados, reflejo de la situación dramática que se vive en la frontera con México.

Falla a favor de Biden

El líder demócrata ha tratado de acabar con la política de su antecesor desde que puso un pie en el Despacho Oval en enero de 2021, pero desde entonces se ha enzarzado en una enrevesada batalla legal con los estados de Texas y de Misuri, gobernados por republicanos, que han bloqueado sus intentos.


Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo falló que el memorando con el que la Administración de Biden intentó poner fin en octubre del año pasado a "Quédate en México" no infringió la ley federal de inmigración. "No sabemos cuándo va a ocurrir, pero el fallo significa que la Administración de Biden puede acabar con el programa en un corto plazo", dijo a Efe Aaron Reichlin-Melnick, experto en migración del American Immigration Council.

El fallo fue redactado por el presidente del Supremo, John Roberts, con el apoyo del juez conservador Brett Kavanaugh y de los tres progresistas, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.


El texto supone un respiro para Biden tras los últimos reveses propiciados por la mayoría conservadora del tribunal, que tumbó el derecho constitucional al aborto y limitó la capacidad del Gobierno para obligar a las empresas a reducir las emisiones contaminantes.

El líder del comité de Exteriores del Senado, Bob Menéndez, fue de los primeros demócratas en celebrar la decisión, pues consideró que "Quédate en México" es "una de las políticas antiinmigración más destructivas e inhumanas del legado de Donald Trump".

Urgen el fin del programa

Varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron también su satisfacción, pero pidieron cautela y urgieron a Biden a tomar cartas en el asunto.

"Es una muy buena noticia, pero es importante destacar que es solo una victoria legal. La política de 'Quédate en México' aún está vigente", dijo a Efe Claudia Tristán, directora del programa de migración de la organización Mamás al Poder.

El programa fue instaurado por Trump en 2019 como parte de su
política de tolerancia cero con la inmigración, con la colaboración del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México.


Con esta política, se ha devuelto a México a miles de personas que llegaban a los puentes fronterizos de Estados Unidos, dificultando su acceso a representación legal y exponiéndolas en muchos casos a las redes de delincuencia del norte del país latinoamericano.

"En algunas ciudades de México los migrantes han sido violados, secuestrados y han sufrido varias formas de violencia", denunció Tristán.

Biden intentó acabar con este modelo el año pasado, pero los fiscales generales de Texas y Misuri lograron que un juez federal del primer estado ordenara el restablecimiento de los MPP.

En agosto, una corte federal de apelaciones y el Tribunal Supremo rechazaron los esfuerzos del Gobierno por bloquear la resolución del juez de Texas. En octubre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó un memorando por el que revocaba de nuevo "Quédate en México", pero el Ejecutivo tuvo que reactivar en diciembre el programa tras otro fallo judicial.

Sistema de asilo desmantelado

Con el fin de "Quédate en México", Biden intenta reconstruir el sistema de asilo desmantelado por Trump, en un momento en que la frontera vive una presión sin precedentes, con 1,7 millones de indocumentados en 2021.

Pero, aunque se levanten los MPP, el legado de Trump seguirá vigente mediante el Título 42, una política sanitaria instaurada a raíz de la pandemia de covid-19 que permite deportar automáticamente a los indocumentados sin derecho a que soliciten asilo.

El Gobierno de Biden ha intentado levantar también el Título 42, pero de momento ha chocado con la Justicia.

"Mientras el Título 42 siga en pie, miles de migrantes seguirán siendo deportados sin acceso al proceso de asilo. Así que mucha gente no se verá beneficiada por el fallo del Supremo", subrayó Reichlin-Melnick.

Esposa de preso del 11J recibe “alerta” del Departamento de Atención a Menores del MININT

Preso político del 11J Maikel Puig Bergolla con sus hijos. (Foto: Facebook)

Una oficial de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior (MININT) en Güines, Mayabeque, advirtió a Saily Nuñez Pérez, esposa del preso político Maikel Puig Bergolla, que podría estar dañando la salud psíquica de su hijo.

La advertencia, que Núñez denuncia como otra escalada en el hostigamiento de las autoridades contra su persona, fue el motivo por el cual fue citada este jueves para una entrevista en la estación policial del municipio.

“Me llamaron para ‘alertarme’ que no debo poner más fotos de mi hijo porque estoy provocando que sea motivo de bullying y de burla en su escuela y que con esto dé lugar a que mi niño de 9 años, Maykel Puig Núñez, se torne agresivo, que estoy haciendo daño a la salud de mi hijo”, indicó la madre en conversación con Radio Televisión Martí.

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“Como su madre que soy, que quiero lo mejor para él, resulta que yo lo estoy haciendo debido a fotos que he publicado en redes sociales cuando mi hijo ha estado enfermo. Es decir, estoy poniendo contenido no idóneo, y no apropiado, y yo misma, como madre, estoy afectando a mi hijo”, explicó la mujer, según las advertencias recibidas por los agentes.

Núñez ha denunciado en las redes sociales que su hijo padece ataques de asma a menudo, y ha atribuido la ocurrencia de estas crisis al estrés que padece el niño por la detención de su padre.

“Es su tercera crisis de asma ya. La primera, incluso, con ingreso hospitalario, y un sinnúmero de enfermedades que a menudo tiene, porque lo he dicho, y hasta con fotos, para que vean todo lo que está pasando mi hijo, y todos los problemas que le está afectando en la escuela, porque está inmunodeprimido, estresado, porque ustedes se han encargado de que así sea condenando a su padre, Maikel Puig Bergolla a 20 años de prisión”, aseguró la mujer en su perfil de Facebook.

Maykel Puig Bergolla fue condenado a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el pueblo de Güines, donde reside con su familia.

“¿Entonces, ellos no le hacen daño a mis hijos, que tienen preso injustamente a su padre?, se pregunta Núñez.

“Según ella (la oficial de Menores) yo no soy una mala madre, porque si no me estuvieran haciendo un acta de advertencia o me estuvieran multando”.

“La citación de hoy solo es “un poco más de acoso y una muestra del grado de hipocresía al que pueden llegar”, concluyó Núñez.

El Sistema de Atención a los Menores en Cuba no solo asiste a menores con conductas catalogadas de antisociales, sino que es usado por el régimen para castigar el disenso político y coaccionar a padres opositores.

La Seguridad del Estado amenazaba, frecuentemente, a las Damas de Blanco con hijos menores, con que serían encarceladas, y sus hijos puestos a disposición del “departamento de Menores” del MININT, según denunciaron varias integrantes del grupo, en su momento.

Varias embajadas en Cuba reanudan servicios consulares, pero sólo en divisas

Embajada de México en La Habana. (Foto Archivo)

Varias embajadas latinoamericanas en La Habana informaron este jueves que retomaron sus servicios consulares, pero en divisas, luego de suspenderlos por una normativa del Banco Central de Cuba (BCC).

Panamá, Ecuador y Brasil cobrarán esos servicios en euros, mientras que México lo hará en MLC, una moneda virtual con respaldo en divisas que se usa solamente en Cuba y apareció a finales de 2019.

El consulado de España informó recientemente que también recaudaría sus servicios en euros.

Las representaciones diplomáticas de Panamá, México y Ecuador suspendieron los servicios consulares el 10 de junio pasado luego de que el BCC informara que no permitía cambiar a divisas los ingresos de trámites facturados en pesos cubanos (cup) a las embajadas.

La normativa de la institución financiera especificó que las embajadas y consulados pueden cobrar por sus servicios consulares "en moneda extranjera o en pesos cubanos", según ellas mismas establezcan.

El documento agregó que las embajadas y consulados que determinen cobrar en cup solo podrán "depositar los fondos en una cuenta en esa moneda".

Indicó que "desde las cuentas en pesos cubanos de las embajadas y consulados" no se podrán realizar "traspasos hacia las cuentas en moneda libremente convertible, ni pagos hacia el exterior".

La medida les impide transferir a sus países el dinero obtenido en concepto de recaudación consular por los servicios que prestan.

Influye además la diferencia entre el cambio oficial, de un dólar a 24 pesos, y el informal, donde el billete estadounidense supera los 100 cup.

El cambio de moneda nacional a extranjera al tipo oficial y la salida del país de estas divisas resultaba desventajosa para Cuba, según algunas fuentes consultadas por Efe.

Después del anuncio de la suspensión de servicios, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores afirmó que estaba "en comunicación" con esas legaciones.

Hasta el momento se desconoce algún detalle de esta comunicación.

Madre de preso político intentará una vez más un cambio de sentencia para su hijo

El preso político Carlos Paul Michelena.

Carlos Paul Michelena, de 33 años, enfrentaba inicialmente una petición fiscal de 20 años de cárcel por su participación en el levantamiento popular del 12 de julio en la Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana.

En el juicio, celebrado en diciembre pasado, el panadero residente en Párraga fue sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de "sedición" y posteriormente, esta sanción fue rebajada a 10 años, tras un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular.

Este jueves, su familia informó a Radio Televisión Martí que una vez más intentarán revertir la sanción que mantiene a Michelena Valdés, padre de una niña de cuatro años, confinado en la cárcel Combinado del Este, en La Habana.

Su madre, Ana Rosa Valdés, dijo que contrató un abogado para un proceso extraordinario de revisión de causa en favor de su hijo.

“El abogado me llamó el lunes que iba a empezar a hacer revisión de causa, que iba a hacer el contrato, y el martes fui para allá a hacer el contrato con él”, informó la señora.

Abogado presentará revisión de causa para condenados de La Güinera
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“No me da esperanzas de una libertad, pero me dijo que vamos a tener una esperanza de algo, dijo que él no está de acuerdo con el resultado de la apelación, que fueron 10 años", indicó la mujer en relación a su conversación con el abogado.

Según Valdés, el licenciado considera que su defendido no merece otra cosa que la libertad.

La mujer explicó que el proceso de revisión de causa, de acuerdo con lo dicho por el letrado, puede demorar de uno a dos meses; la preparación de los papeles toma alrededor de diez días, en los que se deben presentar nuevos argumentos para que el proceso pueda ser tomado en cuenta y aceptado.

Valdés pudo visitar a su hijo el miércoles en la prisión y confiesa estar “bastante triste", como cada vez que constata el estado en que se encuentra.

"Se muestra delante de mí bastante fuerte, pero sé que en realidad no es así. Está bastante delgado, ha bajado demasiado”, relató.

La policía antidisturbios recorre las calles luego de una manifestación contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana el 12 de julio de 2021.
La policía antidisturbios recorre las calles luego de una manifestación contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana el 12 de julio de 2021.

Michelena Valdés relató a CubaNet que el 12 de julio de 2021 regresaba de visitar a su novia en La Güinera cuando vio la multitud protestando en las calles y continuó caminando y "al tomar la calle B hacia su casa los Boinas Negras, que estaban apresando y golpeando a todo el que estuviera en la vía pública, se le abalanzaron encima y lo golpearon en la cabeza".

"Recuperó la conciencia en el hospital Miguel Enríquez, mientras le estaban suturando la herida. Al preguntar a los médicos qué había pasado le explicaron que había llegado sin conocimiento y con una herida en la cabeza en la cual le habían dado seis puntos", indica Cubanet.

De acuerdo al relato de Michelena Valdés, del hospital la policía lo llevó a la unidad del reparto Capri "donde le quitaron el certificado médico que le habían dado los doctores y lo montaron en un camión para la cárcel de Ivanov, donde le dieron otra golpiza al llegar".

"En ese centro penitenciario lo retuvieron cuatro días. Posteriormente lo llevaron para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde lo mantuvieron otros 7 días antes de trasladarlo para el Combinado. El 5 de septiembre lo soltaron bajo fianza de 2 000 pesos", precisa la publicación.

Tras su primer juicio, celebrado en diciembre de 2021, fue llevado al Combinado del Este donde permanece hasta hoy.

[Con reporte radial de Ivette Pacheco para Radio Martí]

Cuba usó más de la mitad de las inversiones de 2021 en edificar hoteles, y se olvidó de los "logros de la revolución"

Un hotel en construcción en La Habana. (Foto: Archivo REUTERS/Alexandre Meneghini)

En 2021, el régimen de La Habana dedicó el 51.2% de las inversiones a edificar hoteles, según los primeros datos publicados por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas.

“Registra un incremento espectacular y concentra el 51.2% de la inversión en construcción y montaje, y hasta un 35% cuando se reparte también el equipamiento. Se coloca, por tanto, en el primer puesto del ranking, seguido de la manufactura, la minería y el transporte”, valoró el economista Elías Amor Bravo en declaraciones a Radio Televisión Martí.

En cambio, los llamados “logros de la revolución” —la educación y la salud— solo recibieron, conjuntamente, el 2.8% de la inversión, subrayó el experto.

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“Esto da una idea de la escasa atención que el régimen comunista ofrece a lo que considera sus logros más importantes, que han justificado tener al pueblo cubano en la situación en la que se encuentra”, apostilló el también presidente de la Unión Liberal Cubana.

A principios de año, el economista Pedro Monreal sugirió al Gobierno “adoptar una ‘pausa’ en la inversión hotelera” en Cuba, porque “sobraría algo más de la mitad de las habitaciones”.


En cuanto a la distribución territorial, Amor Bravo señaló que “entre el 60 y el 70 de las inversiones” se quedaron en La Habana y Santiago de Cuba, “las dos provincias con mayor volumen de población”.

El economista hispano-cubano indicó que en 2021 solo se construyeron en la isla 18.645 viviendas, “un mínimo histórico, que demuestra que el régimen carece de una política de vivienda adecuada para satisfacer las necesidades de la población”.

A la espera de nuevos datos, Amor Bravo advirtió que el comportamiento de las inversiones “parece registrar un crecimiento muy importante, si se mide en términos monetarios”.

Esto se debe, en su opinión, a que “no se han calculado los necesarios ajustes, derivados de la utilización de un nuevo peso cubano en 2021, tras la tarea ordenamiento”.

“Habrá que esperar a que se publiquen las cuentas nacionales, para tener los datos del deflactor del Producto Interior Bruto, que nos va a servir para establecer la comparación, en magnitudes realmente comparables entre sí”, indicó.

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