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Cuba

El hundimiento del remolcador es un "crimen de Estado", afirma abogado de Justicia Cuba

Homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo, donde murieron 10 niños.

Este 13 de julio se cumplen 24 años del hundimiento, en aguas territoriales cubanas, del remolcador 13 de marzo. Una operación ejecutada por órdenes del Estado, donde resultaron muertas 41 personas, 10 menores de edad entre ellas, que intentaban escapar de la isla.

La comisión Justicia Cuba busca que sean procesados los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo en contra del pueblo cubano. El abogado mexicano René Bolio concedió una entrevista a Pedro Corzo, periodista de Radio Martí, donde detalló los objetivos de dicho proyecto y argumentó las razones para llevarlo a cabo.

Lo primero que señala el jurista es que tanto la comunidad internacional como los cubanos que viven dentro y fuera de la isla, deben entender que el hundimiento del remolcador 13 de marzo es “un crimen de Estado. Un crimen en el cual se involucra el gobierno cubano por completo”.

El régimen de La Habana sabe que “estos señores (los que pretendían escapar de la isla en la embarcación), todos civiles, intentan huir. Y en lugar de impedirlo, quieren dar un escarmiento y lo hacen de una manera fría, calculadora, criminal. Y cuando el remolcador sale del puerto de La Habana, otros barcos lo hunden y mientras los sobrevivientes están en cubierta exhibiendo a bebés, exhibiendo a niños, con chorros de agua los tiran al mar y los matan. De hecho los cadáveres nunca han sido recuperados”, recordó el abogado.

“Es un crimen terrible. La verdad es que cuesta oír los testimonios (de los sobrevivientes). Cuesta mucho saber lo que pasó. Y se conoce perfectamente la línea de mando, desde el capitán de los barcos, las órdenes de donde salieron. Se conoce que fue una instrucción del Estado de hundir este remolcador y matar a estas personas”, aseguró.

Bolio destacó que en el 24 aniversario del trágico evento, los miembros de la comisión Justicia Cuba, a través del ejercicio de la memoria y de manifestaciones de condena a este crimen de lesa humanidad, han querido “enviar a todos los sobrevivientes, a todos los familiares, un fuerte abrazo”. Pero también mandan un mensaje a los culpables.

“A todos los culpables, que son varios, desde quienes estuvieron al mando de las embarcaciones, quienes dispararon los cañones de agua, quienes ocultaron todo. E incluso hubo una premiación, que tenemos ya claro quiénes son y su participación en el crimen, y que ya están en carácter de enjuiciados en las investigaciones, pues esto no puede quedar en el olvido. Un crimen de tal magnitud, de tal frialdad, el asesinato de civiles, niños, mujeres, solamente por buscar su salida definitiva”, precisó.

Ante la pregunta de quiénes deben responder por esta masacre, si la alta jefatura del Estado o los autores materiales, el jurista aseveró que ambos elementos:

“En estos crímenes existe la autoría material y la autoría intelectual. Y por supuesto, quien cumple las órdenes y quién puede no cumplir ciertas órdenes. Hay varios crímenes aquí y varios criminales. Quienes materialmente, con sus manos, dirigieron los barcos para hundir el remolcador; quienes dirigieron con los chorros, con una potencia de agua impresionante sobre los niños, sobre las señoras, sobre los jóvenes, y los mataron; y quienes fueron dando y planeando estos golpes. Y esto, hasta donde sabemos, llega al propio Fidel Castro y por supuesto su compinche en todos estos crímenes, su hermano Raúl", expresó.

“De ahí baja a diversas autoridades tanto civiles del Puerto como militares. Tenemos la cadena de mando perfectamente diagnosticada, de quien dio las ordenes, quien las cumplió, cómo se planeó este hundimiento, que se estaba listo para cazar el remolcador 13 de marzo, hundirlo y asesinar a todos. Afortunadamente no lograron matar a todos, por lo que tenemos algunos testimonios de lo que sucedió allí. No fue un accidente, no fue una iniciativa de una persona. Fue planeado y fue ejecutado por la línea de mando”, explicó.

En febrero de este año comisión Justicia Cuba dio a conocer una lista de 42 acusados de delitos contra la humanidad perpetrados por el castrismo, encabezada por el dictador Raúl Castro. para lo cual se han recogido miles de firmas.

En la "lista negra" aparecen a los funcionarios y militares cubanos implicados en el crimen del remolcador 13 de marzo en 1994 y de los cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate derribados en aguas internacionales en 1996. También hay involucrados en la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo, que falleció tras una huelga de hambre en una cárcel.

Según Bolio, la vía más adecuada para procesar a los criminales, sería “un tribunal cubano, un tribunal independiente proveniente de autoridades independientes, y esperemos que eso sea pronto”. Pero mientras esto sucede, manifestó que la Comisión presentará el caso ante la corte penal internacional.

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“Vamos a la corte interamericana de derechos humanos, donde se hizo una denuncia en la que está clarísimo todo. Y por supuesto vamos a intentar en tribunales, primero nacionales, de los Estados Unidos, para que al menos todos estos criminales si llegaran a tocar piso norteamericano pudieran quedar arrestados", advirtió.

La vía que Justicia Cuba está implementando para llevar a los criminales a procesos judiciales por sus violaciones de derechos humanos, es la creación de un tribunal internacional que tenga competencia para todos los actos criminales cometidos por el castrismo. Sobre todo los crímenes de lesa humanidad.

"​Y esperamos constituirlos próximamente, que exista y que tenga esa de lesa humanidad. competencia. E iniciar los juicios, e incluso a estos criminales permitirles la defensa, a ver qué pueden alegar a su favor, pero eventualmente condenarlos. Estamos prescribiendo a otros gobiernos que patrocinen este tribunal especializado en crímenes del castrismo”, concluyó.

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Cubanos quieren pluripartidismo, elecciones libres y un campesinado sin trabas, revela sondeo

Un hombre a las puertas de un colegio electoral en La Habana. Foto Archivo

La "libertad" de los agricultores para comercializar sus cosechas y la celebración de "elecciones libres multipartidistas" son las medidas que los cubanos estiman más "necesarias para lograr una Cuba feliz y próspera", según una encuesta divulgada el jueves por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

La encuesta "Una Cuba mejor es posible", lanzada en formato de concurso el pasado marzo, arrojó también que "poner fin al monopolio político del Partido Comunista de Cuba (PCC), legalizando partidos políticos" es otra de las prioridades para los participantes.

Otras "propuestas sugeridas" por los encuestadores fueron "el desarrollo de la empresa privada, permitir legalmente el libre desarrollo de la producción cultural, y poner fin al monopolio de las comunicaciones, hoy bajo control de la empresa estatal Etecsa (el estatal Grupo de Administración Empresarial, SA)".


Según un comunicado del OCC, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Estados Unidos, la encuesta contó con 1.107 participantes de las 15 provincias cubanas y del Municipio Especial Isla de la Juventud.

Las respuestas se recibieron por correo electrónico o vía WhatsApp, según los organizadores.

"La inflación de todos los productos, la tarea de reordenamiento, las nuevas regulaciones y las injusticias legales contra manifestantes pacíficos del 11 de julio pueden hacer pensar a algunos que una Cuba feliz y próspera para todos los cubanos puede resultar algo lejano e inalcanzable", dice la introducción al
concurso.

"No lo es. Cuba, en muy breve tiempo puede alcanzar y sobrepasar a muchos países de la región", afirma a continuación el texto.


Según el OCC, "los cubanos dentro y fuera de la isla constituyen hoy una sociedad transnacional que reúne capital financiero, humano y social excepcionales", por lo que "la reunificación de la nación" podría conseguir "una nueva etapa histórica: la búsqueda de la felicidad colectiva por medio de la libertad y prosperidad
individual".

Entre los "medidas necesarias para lograr una Cuba feliz" se propuso a los participantes "permitir a los campesinos ser verdaderos dueños de la tierra, sembrar y comercializar libremente sus cosechas, sin acopio de intermediario y con acceso a créditos estatales y privados, nacionales e internacionales".

La convocatoria, a la que se unió Aprestaste, una organización tecnológica de Miami (EE.UU.) que ha ideado dos aplicaciones para conectar "libremente" a estadounidenses y cubanos, permitió el anonimato "e instaba a proponer soluciones más allá de las planteadas", según el OCC.

"La participación por género fue equilibrada, con un porcentaje casi igual de mujeres y hombres. No así la participación etaria, con 57 % entre 25 y 54 años y solo 15 % de menos de 25 años", detalla el OCC.

El Supremo abre camino para el fin del programa "Quédate en México" de Trump

Caravana de migrantes rumbo a EE.UU. esperan visados en Chiapas en junio de 2022

El Tribunal Supremo de Estados Unidos abrió este jueves el camino para que el Gobierno de Joe Biden pueda poner fin al polémico programa "Quédate en México", que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su proceso del otro lado de la frontera.

Esta política, conocida oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), fue instaurada en 2019 por el entonces presidente Donald Trump y afectó a más de 60.000 personas, muchas de las cuales quedaron hacinadas en campamentos en el norte de México.

Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Alejandro Mayorkas, avanzó en un escueto comunicado que continuará "sus esfuerzos por terminar el programa tan pronto como sea legalmente posible".

El alto tribunal le dio la razón a Biden en su intención de tumbar el programa apenas tres días después de que fuera hallado en San Antonio (Texas) un camión en el que murieron por asfixia 53 indocumentados, reflejo de la situación dramática que se vive en la frontera con México.

Falla a favor de Biden

El líder demócrata ha tratado de acabar con la política de su antecesor desde que puso un pie en el Despacho Oval en enero de 2021, pero desde entonces se ha enzarzado en una enrevesada batalla legal con los estados de Texas y de Misuri, gobernados por republicanos, que han bloqueado sus intentos.


Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo falló que el memorando con el que la Administración de Biden intentó poner fin en octubre del año pasado a "Quédate en México" no infringió la ley federal de inmigración. "No sabemos cuándo va a ocurrir, pero el fallo significa que la Administración de Biden puede acabar con el programa en un corto plazo", dijo a Efe Aaron Reichlin-Melnick, experto en migración del American Immigration Council.

El fallo fue redactado por el presidente del Supremo, John Roberts, con el apoyo del juez conservador Brett Kavanaugh y de los tres progresistas, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.


El texto supone un respiro para Biden tras los últimos reveses propiciados por la mayoría conservadora del tribunal, que tumbó el derecho constitucional al aborto y limitó la capacidad del Gobierno para obligar a las empresas a reducir las emisiones contaminantes.

El líder del comité de Exteriores del Senado, Bob Menéndez, fue de los primeros demócratas en celebrar la decisión, pues consideró que "Quédate en México" es "una de las políticas antiinmigración más destructivas e inhumanas del legado de Donald Trump".

Urgen el fin del programa

Varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron también su satisfacción, pero pidieron cautela y urgieron a Biden a tomar cartas en el asunto.

"Es una muy buena noticia, pero es importante destacar que es solo una victoria legal. La política de 'Quédate en México' aún está vigente", dijo a Efe Claudia Tristán, directora del programa de migración de la organización Mamás al Poder.

El programa fue instaurado por Trump en 2019 como parte de su
política de tolerancia cero con la inmigración, con la colaboración del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México.


Con esta política, se ha devuelto a México a miles de personas que llegaban a los puentes fronterizos de Estados Unidos, dificultando su acceso a representación legal y exponiéndolas en muchos casos a las redes de delincuencia del norte del país latinoamericano.

"En algunas ciudades de México los migrantes han sido violados, secuestrados y han sufrido varias formas de violencia", denunció Tristán.

Biden intentó acabar con este modelo el año pasado, pero los fiscales generales de Texas y Misuri lograron que un juez federal del primer estado ordenara el restablecimiento de los MPP.

En agosto, una corte federal de apelaciones y el Tribunal Supremo rechazaron los esfuerzos del Gobierno por bloquear la resolución del juez de Texas. En octubre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó un memorando por el que revocaba de nuevo "Quédate en México", pero el Ejecutivo tuvo que reactivar en diciembre el programa tras otro fallo judicial.

Sistema de asilo desmantelado

Con el fin de "Quédate en México", Biden intenta reconstruir el sistema de asilo desmantelado por Trump, en un momento en que la frontera vive una presión sin precedentes, con 1,7 millones de indocumentados en 2021.

Pero, aunque se levanten los MPP, el legado de Trump seguirá vigente mediante el Título 42, una política sanitaria instaurada a raíz de la pandemia de covid-19 que permite deportar automáticamente a los indocumentados sin derecho a que soliciten asilo.

El Gobierno de Biden ha intentado levantar también el Título 42, pero de momento ha chocado con la Justicia.

"Mientras el Título 42 siga en pie, miles de migrantes seguirán siendo deportados sin acceso al proceso de asilo. Así que mucha gente no se verá beneficiada por el fallo del Supremo", subrayó Reichlin-Melnick.

Presentan habeas corpus a favor de Ferrer; familia desconoce su paradero (VIDEO)

Foto Archivo. El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. (Yamil Lage/AFP)

Nelva Ismaray Ortega, esposa del opositor cubano José Daniel Ferrer, presentó el jueves un recurso de habeas corpus a favor del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.

En una breve directa en Facebook, Ortega denunció que el gobierno cubano lo mantiene incomunicado desde hace 26 días y que su familia no tiene información de su paradero o condición física.

El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex ha dicho que el habeas corpus, tal y como se regula en el derecho interno, es ineficaz, porque no brinda protección contra las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Tampoco cumple con los estándares internacionales en materia de garantías del debido proceso. Sin embargo, es el único recurso que obliga a los órganos de justicia supervisar y controlar el actuar de los agentes policiales, del estado u otros.


El 4 de junio, última vez que Ferrer habló por teléfono con su esposa, continuaba en una celda de aislamiento y en delicado estado de salud en la prisión santiaguera de Mar Verde.

En ese momento, había cumplido, “327 días en celda de castigo, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, sometido permanentemente a torturas físicas y psicológicas”, dijo a Radio Televisión Martí, su hermana Ana Belkis Ferrer.

La semana pasada, las autoridades carcelarias no permitieron a la familia ver al opositor en la cárcel de Mar Verde, adonde habían acudido para exigir fe de vida.

Mandos militares aseguraron a Ortega que Ferrer se ha negado a tener contacto con su familia.

Ferrer está preso desde el 11 de julio de 2021 cuando intentó unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba. Tras ser apresado, le fue revocada la medida cautelar de prisión domiciliaria por una sanción previa que cumplía.

Estados Unidos ha reiterado su reclamación de liberar al preso político, que fue encarcelado también durante la “Primavera Negra de Cuba” en 2003.

Organizaciones civiles como Prisoners Defenders y Human Rights Watch (HRW) han solicitado al régimen cubano que sea liberado y se respeten sus derechos.

Esposa de preso del 11J recibe “alerta” del Departamento de Atención a Menores del MININT

Preso político del 11J Maikel Puig Bergolla con sus hijos. (Foto: Facebook)

Una oficial de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior (MININT) en Güines, Mayabeque, advirtió a Saily Nuñez Pérez, esposa del preso político Maikel Puig Bergolla, que podría estar dañando la salud psíquica de su hijo.

La advertencia, que Núñez denuncia como otra escalada en el hostigamiento de las autoridades contra su persona, fue el motivo por el cual fue citada este jueves para una entrevista en la estación policial del municipio.

“Me llamaron para ‘alertarme’ que no debo poner más fotos de mi hijo porque estoy provocando que sea motivo de bullying y de burla en su escuela y que con esto dé lugar a que mi niño de 9 años, Maykel Puig Núñez, se torne agresivo, que estoy haciendo daño a la salud de mi hijo”, indicó la madre en conversación con Radio Televisión Martí.

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“Como su madre que soy, que quiero lo mejor para él, resulta que yo lo estoy haciendo debido a fotos que he publicado en redes sociales cuando mi hijo ha estado enfermo. Es decir, estoy poniendo contenido no idóneo, y no apropiado, y yo misma, como madre, estoy afectando a mi hijo”, explicó la mujer, según las advertencias recibidas por los agentes.

Núñez ha denunciado en las redes sociales que su hijo padece ataques de asma a menudo, y ha atribuido la ocurrencia de estas crisis al estrés que padece el niño por la detención de su padre.

“Es su tercera crisis de asma ya. La primera, incluso, con ingreso hospitalario, y un sinnúmero de enfermedades que a menudo tiene, porque lo he dicho, y hasta con fotos, para que vean todo lo que está pasando mi hijo, y todos los problemas que le está afectando en la escuela, porque está inmunodeprimido, estresado, porque ustedes se han encargado de que así sea condenando a su padre, Maikel Puig Bergolla a 20 años de prisión”, aseguró la mujer en su perfil de Facebook.

Maykel Puig Bergolla fue condenado a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el pueblo de Güines, donde reside con su familia.

“¿Entonces, ellos no le hacen daño a mis hijos, que tienen preso injustamente a su padre?, se pregunta Núñez.

“Según ella (la oficial de Menores) yo no soy una mala madre, porque si no me estuvieran haciendo un acta de advertencia o me estuvieran multando”.

“La citación de hoy solo es “un poco más de acoso y una muestra del grado de hipocresía al que pueden llegar”, concluyó Núñez.

El Sistema de Atención a los Menores en Cuba no solo asiste a menores con conductas catalogadas de antisociales, sino que es usado por el régimen para castigar el disenso político y coaccionar a padres opositores.

La Seguridad del Estado amenazaba, frecuentemente, a las Damas de Blanco con hijos menores, con que serían encarceladas, y sus hijos puestos a disposición del “departamento de Menores” del MININT, según denunciaron varias integrantes del grupo, en su momento.

Varias embajadas en Cuba reanudan servicios consulares, pero sólo en divisas

Embajada de México en La Habana. (Foto Archivo)

Varias embajadas latinoamericanas en La Habana informaron este jueves que retomaron sus servicios consulares, pero en divisas, luego de suspenderlos por una normativa del Banco Central de Cuba (BCC).

Panamá, Ecuador y Brasil cobrarán esos servicios en euros, mientras que México lo hará en MLC, una moneda virtual con respaldo en divisas que se usa solamente en Cuba y apareció a finales de 2019.

El consulado de España informó recientemente que también recaudaría sus servicios en euros.

Las representaciones diplomáticas de Panamá, México y Ecuador suspendieron los servicios consulares el 10 de junio pasado luego de que el BCC informara que no permitía cambiar a divisas los ingresos de trámites facturados en pesos cubanos (cup) a las embajadas.

La normativa de la institución financiera especificó que las embajadas y consulados pueden cobrar por sus servicios consulares "en moneda extranjera o en pesos cubanos", según ellas mismas establezcan.

El documento agregó que las embajadas y consulados que determinen cobrar en cup solo podrán "depositar los fondos en una cuenta en esa moneda".

Indicó que "desde las cuentas en pesos cubanos de las embajadas y consulados" no se podrán realizar "traspasos hacia las cuentas en moneda libremente convertible, ni pagos hacia el exterior".

La medida les impide transferir a sus países el dinero obtenido en concepto de recaudación consular por los servicios que prestan.

Influye además la diferencia entre el cambio oficial, de un dólar a 24 pesos, y el informal, donde el billete estadounidense supera los 100 cup.

El cambio de moneda nacional a extranjera al tipo oficial y la salida del país de estas divisas resultaba desventajosa para Cuba, según algunas fuentes consultadas por Efe.

Después del anuncio de la suspensión de servicios, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores afirmó que estaba "en comunicación" con esas legaciones.

Hasta el momento se desconoce algún detalle de esta comunicación.

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