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América Latina

COVID-19 puede borrar más de dos décadas de avances en reducción de mortalidad materna en las Américas

Joven indígena embarazada busca ayuda en el albergue maternal del hospital de San Lorenzo, Perú

Más de 200.000 mujeres embarazadas han enfermado contagiados en las Américas y al menos mil han muerto por complicaciones relacionadas. La Organización Panamericana de la Salud insta a los países a actuar y garantizar que mujeres y niñas puedan acceder a los servicios sanitarios que necesitan.

La pandemia del coronavirus podría desvanecer más de 20 años de progreso en la expansión del acceso de las mujeres a la planificación familiar y en la lucha contra la mortalidad materna en la región, alertó este miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud.

Durante su rueda de prensa semanal donde se evalúan los avances contra la pandemia en la región, Carissa Etienne destacó el devastador impacto sanitario, social y económico que este virus ha tenido en las mujeres.

“Según las estimaciones de la ONU, durante la pandemia se interrumpirá el control de la natalidad de hasta 20 millones de mujeres en las Américas, ya sea porque los servicios no están disponibles o porque las mujeres ya no tendrán los medios para pagar la anticoncepción”, advirtió.

Pero no solo extendió el nivel de alerta al terreno de los anticonceptivos, sino que también avisó que los niveles de atención a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos se ha interrumpido en casi la mitad de los países de las Américas, dejando a las mujeres embarazadas y a las nuevas madres en situación de peligro.

“Casi todas las muertes maternas son evitables e incluso restablecer los niveles de mortalidad materna anteriores a la pandemia, que ya eran altos, podría llevar más de una década”, destacó.

Etienne recordó que el sistema inmunitario de las mujeres cambia durante el embarazo haciéndolas más vulnerables a infecciones respiratorias y que, en caso de enfermar, tienden a desarrollar síntomas más graves que requieren intubación, y que a menudo pueden poner en riesgo al bebé y a la madre.

Mil embarazas fallecidas por COVID-19 en el continente americano

En clave estadística, explicó que los datos de 24 países indican que más de 200.000 mujeres embarazadas han enfermado de COVID en las Américas, y que al menos un millar han muerto por complicaciones relacionadas con la COVID, una fatalidad que también está ligada al lugar dónde esto suceda.

“Mientras que las mujeres embarazadas tienen menos de un 1% de probabilidades de morir de COVID en Argentina, Costa Rica y Colombia, el riesgo de muerte en Honduras se dispara al 5%, y el riesgo sigue siendo mayor en Brasil, con un 7%”, explicó.

Por ello, instó a los países a actuar especialmente al coincidir esta semana la celebración del Día Internacional de Acción sobre la Salud de la Mujer.

“Está claro que las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave y de ser hospitalizadas debido a la infección por el SARS-CoV 2.

Así que podemos empezar por garantizar que las mujeres y las niñas puedan acceder a los servicios sanitarios que necesitan -como los servicios de salud sexual y reproductiva, y la atención relacionada con el embarazo y el recién nacido- durante la respuesta al COVID”, pidió.

Un hombre habla por teléfono usando una pantalla para protegerse del COVID-19 en Buenos Aires, Argentina. Foto: ONU Argentina / Santiago Mele.
Un hombre habla por teléfono usando una pantalla para protegerse del COVID-19 en Buenos Aires, Argentina. Foto: ONU Argentina / Santiago Mele.

Vuelen a aumentar las infecciones por COVID en Uruguay, Argentina y Brasil

La directora general destacó que durante la semana pasada cuatro de los cinco países que notificaron el mayor número de nuevas infecciones estaban en la región, y que los países latinoamericanos presentaban las cinco tasas de mortalidad más altas del mundo.

“En Sudamérica, Chile, Perú y Paraguay han registrado descensos en las nuevas infecciones. Sin embargo, en Uruguay, Argentina y Brasil están volviendo a aumentar las infecciones por COVID poniendo en riesgo varias semanas de avances. Bolivia informa de un drástico aumento de casos y muertes y Guyana está experimentando el mayor número de episodios y fallecimientos desde el comienzo de la pandemia”, expuso.

Amplió la información el doctor Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19, quien destacó que durante los cuatro primeros meses del año se observó “una evolución preocupante de la situación de la COVID-19 en todos los países del cono sur”, pero que actualmente se observan diferencias entre ellos.

Mientras que el descenso gradual de los nuevos casos en Chile se debe a una implementación estricta de medidas de salud pública, el aumento de casos en Argentina se produce en adultos de 20 a 59 años, con una mayor concentración entre los 30 a 39 años, asociadas a la mayor movilidad de este grupo y el cansancio del cumplimiento de las medidas de salud pública.

En Uruguay el incremento tuvo “una evolución exponencial” desde inicios de marzo y en abril el país reportó “un índice muy alto de casos diarios” que acabó con más de 92.000 diagnósticos de la enfermedad durante este último mes.

Nuestra principal preocupación es ahora la entrada en el periodo de invierno austral que históricamente en los países del cono sur han coincidido con la temporada de enfermedades respiratorias agudas como la influenza”, advirtió y señaló que la respuesta y el control de la enfermedad en el cono sur dependen de la estricta implementación y monitoreo de las medidas de salud pública.

En el Caribe, Etienne destacó la declaración de emergencia nacional en Trinidad y Tobago tras un reciente brote, que Cuba sigue informando un nivel significativo de nuevas infecciones y que en San Vicente y las Granadinas se siguen viendo picos después de que las recientes erupciones volcánicas provocaran el traslado de personas a refugios.

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La SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua

Miguel Mora, periodista y candidato presidencial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.

La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

Mora, periodista y ex director del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota.

La SIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha marginado del espectro político y social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición.

Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

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