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Derechos Humanos

Cubanos siguen denunciando que sus familiares están desaparecidos tras sublevación popular

La policía antidisturbios recorre las calles luego de una manifestación contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana el 12 de julio de 2021.

Familiares de detenidos durante y después de las protestas populares el pasado 11 de julio, entrevistados por Radio Televisión Martí, denunciaron la situación de sus seres queridos, unos en centros penitenciarios y otros sin que se conozca con exactitud dónde están, además del limbo jurídico en el que se encuentran.

Ángel Delgado, padre de cuatro de las hijas de la activista Lisandra Góngora, desde Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, informó que desconoce donde ésta se encuentra detenida.

“No tengo la localización, no sé dónde está presa, me dijeron que estaba en la estación de Zanja y fuimos allí y nos informaron que no estaba, nos mandaron para Villa Marista, envié otra gente y dijeron que tampoco estaba, que la habían llevado para Reloj Club, y no sabemos nada en concreto. Yo tengo cuatro hijos menores de edad que están ahora bajo mi custodia, y se duermen todos los días a las 3 de la madrugada, preguntando por la madre, llorando” contó Ángel.

Desde el poblado de Placetas, en Villa Clara, Girobis Rosado comenta sobre la situación de su esposa Nidia Bienes Paseiro, además de los casos de Arianna López Roque y Mitzael Díaz Paseiro.

“El martes ambas (Nidia y Arianna) fueron trasladadas para la prisión de mujeres de Guamajal, allí no sabemos cómo se encuentran, no hay comunicación. Sobre ellas no sabemos nada. En el caso de Mitzael, yo fui a llevarle las pertenencias a la prisión de La Pendiente, donde fue trasladado y no me recibieron nada, no sabemos más nada”, apuntó Rosado.

En Güira de Melena, Martha Domínguez señala la situación de su hijo, el comunicador Jorge Bello, detenido desde el 11 J, quien supuestamente está en la cárcel Reloj Club, aunque a ella no le han permitido verlo, y lo quieren implicar en el asalto a la Tienda Panamericana conocida por La Imprenta, el día de las protestas, algo que el periodista independiente niega rotundamente.

Familiares de detenidos el 11J denuncian no saber dónde están sus seres queridos
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“Las autoridades me lo quieren implicar en ese delito “robo con fuerza”, ni me lo dejan ver, ni puedo hablar con él”, expresó la mamá de Jorge.

Más de 18 días lleva su familia sin saber de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Yolanda Carmenate. Ayer se personaron nuevamente en la Unidad de Instrucción Policial Provincial en la ciudad de Las Tunas, para intentar recibir alguna información, cuenta su hijo Cristian Pérez Carmenate.

“Nos citaron para ese lugar, y mi hermano estuvo allí desde las 9 de la mañana y se fue a las 4 de la tarde, y nadie, absolutamente nadie, lo atendió, ni se le ofreció una explicación de nada, seguimos sin saber de nuestra madre desde el 11 de julio”, enfatizó Cristian.

La semana pasada en el programa de la televisión cubana “Hacemos Cuba”, que dirige el periodista y abogado oficialista Humberto López, se habló sobre la situación de los detenidos debido a las protestas del 11J, en su participación en el espacio, el fiscal José Luis Reyes Blanco, Jefe de Departamento de la Dirección de Procesos Penales, señaló sobre el derecho de los detenidos:

“La comunicación inmediata con el familiar, es uno de los derechos que tienen las personas de saber dónde están detenidos sus familiares, y será comunicado inmediatamente cuando sea requerido”, destacó el fiscal.

Mientras que el coronel Víctor Álvarez Valle, 2do. Jefe del Órgano Directivo Operativo, afirmó:

“En las primeras 24 horas generalmente la familia conoce donde están las personas detenidas, en este caso específico que estamos evaluando, todas las familias ya conocen dónde están sus detenidos y han concurrido a los lugares y se le ha dado atención”, dijo el militar.

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Piden a Bachelet acciones urgentes para garantizar derecho de los cubanos a manifestarse sin ser reprimidos

Michelle Bachelet en la sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada el 13 de septiembre en Ginebra.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó este viernes a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que promueva una iniciativa internacional en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente sin ser reprimidos y exija al gobierno cubano la liberación de todos los prisioneros políticos.

El organismo, por medio de una carta suscrita por Alejandro Gonzalez Raga, su director ejecutivo, ha lanzado un mensaje urgente de alerta, dada la prohibición decretada por las autoridades, la voluntad de los convocantes de mantener la marcha y el peligro de que se repitan acciones violentas contra los manifestantes, como los vividos en julio pasado.

“La respuesta del gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos organizadores y la amenaza de la Fiscalía General de la República de que deberán enfrentar las consecuencias si deciden marchar”, dice el texto.

La carta recuerda la represión desatada en el marco de las protestas de julio, expresando que Bachelet “no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes y entre ellos al menos 27 menores de edad”, en referencia a quienes se mantienen detenidos, y apela a su condición de víctima de la represión bajo la dictadura de Pinochet para pedirle empatía con los “cubanos que sufren por querer ejercer sus derechos”.

Junto a la carta, el OCDH envió un informe jurídico que reafirma la legitimidad de la marcha del 15 de noviembre, basándose en las propias leyes cubanas y en los compromisos internacionales que el gobierno de Cuba está obligado a cumplir, en materia de derechos humanos.

Las respuestas gubernamentales sobre la prohibición, calcadas unas de otras, fueron informadas a los convocantes por las autoridades de cada municipio.

En este sentido, según el informe, queda claro que el intendente municipal (alcalde) «no tiene reconocido ni declarado, dentro del ordenamiento jurídico nacional, facultades legales para la interpretación del alcance y limitación de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución».

Además, «la protesta social es una conjugación de varios derechos humanos, mediante el uso de los espacios públicos. Incluye el ejercicio de las libertades de opinión y expresión, el derecho de reunión, manifestación y asociación».

Para el OCDH, «las opiniones o condiciones políticas de los promotores de la marcha, no los sustrae de su condición humana, ni de sus derechos fundamentales universales. Argumentar la negativa de derechos en tales razones, constituye discriminación».

Documentos adjuntos

Carta a Bachelet
Postura del OCDH acerca de la legitimidad del 15N

CIDH analiza la situación de derechos humanos en el contexto de la protestas en Cuba (VIDEO)

Multitudinaria protesta en San Antonio de los Baños, Cuba.

Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que más de mil personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y otras muchas se encuentran bajo arresto domiciliario.

También quiso alertar sobre los esfuerzos del gobierno para limitar la libertad de expresión, señalando que, después de las protestas del 11 de julio, se puso en vigor el Decreto Ley número 35 que legaliza los cortes masivos de acceso a Internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet.

“Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de una manifestación o la convocatoria online de protesta fue calificada como difusión dañina ciberterrorismo, ciberguerra y subvención social”, señaló Diversent.

Michel Matos, del Movimiento San Isidro, habló de la represión y censura contra los artistas señalando que la detención es un recurso utilizado para callar el disenso de los artistas.

Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, declaró que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las calles el pasado 11 de julio, entre ellas, “la crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la económica y la de derechos civiles y politicos”.

Marthadela Tamayo, también del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas, “hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud popular de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre”.

También pidieron a la Comisión seguir de cerca el desarrollo de esa situación y exhortar al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes.

Por su parte, el relator de la CIDH para Cuba, Stuardo Ralón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.

“Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que, lejos de ello, se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades”, opinó Ralón.

Ralón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que “las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla”.

Naciones Unidas declara “arbitraria” la privación de libertad de Denis Solís y Luis Robles

Luis Robles protestó en diciembre de 2020 con un cartel en La Habana en apoyo a Denis Solís. (Captura de video/Facebook)

Naciones Unidas ha declarado “arbitraria” la privación de libertad de los activistas cubanos Denis Solís González y Luis Robles Elizástegui.

“Es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, indica el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, dado a conocer este miércoles por Cuban Prisoners Defender (CPD), la organización que denunció los hechos.

En este sentido, Naciones Unidas “urge” al gobierno de Cuba a adoptar “las medidas necesarias para remediar la situación” de Solís y Robles, “sin dilación”. Asimismo, exhorta al régimen cubano a “adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Denis Solís y Luis Robles inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización”, añade el dictamen.

Para Javier Larrondo, presidente de CPD, la decisión “es de la máxima importancia, pues ambos casos son la raíz de las reivindicaciones del Movimiento San Isidro y el Movimiento 27N”.

ONU se pronuncia sobre violación de derechos fundamnetales a Denis Solís y Luis Robles
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“Todo lo que ha acontecido desde entonces, como las manifestaciones del 11 de julio, ha sido, de una manera u otra, marcado por estos dos casos”, apuntó el activista en declaraciones a Radio Televisión Martí.

En su opinión, “Naciones Unidas da así un espaldarazo a la inminente manifestación del 15N en Cuba, que las autoridades han prohibido”.

El dictamen del Grupo de Trabajo insta además al gobierno de Cuba a llevar a cabo “una investigación exhaustiva e independiente” sobre el caso y a adoptar “las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.

Asimismo, remite el caso a los relatores especiales de la ONU que investigan la independencia de jueces y abogados, la tortura y los derechos culturales, para que tomen las medidas correspondientes.

Según el organismo, la decisión será mencionada en su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos.

Esta misma semana, el Tribunal Popular de La Habana denegó una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor de Robles Elizástegui, por lo que permanecerá en prisión provisional hasta el día del juicio.

Robles fue detenido cuando protestaba pacíficamente en el boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero Denis Solís. La Fiscalía le pide seis años de privación de libertad por los supuestos delitos de "propaganda enemiga y desobediencia".

Solís fue liberado el pasado 11 de julio, tras ocho meses de prisión.

Luis Robles "angustiado" por su caso, mientras régimen ratifica medida de prisión provisional

Luis Robles Elizastigui. (Imagen publicada en redes sociales)

El Tribunal Popular de La Habana denegó una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui, por lo que el joven permanecerá en prisión provisional hasta el día del juicio.

Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí, que el detenido se siente "desesperado y angustiado" porque su situación no ha cambiado desde que fue encarcelado. "Un día la Seguridad del Estado le dice que la Fiscalía es quien lo tiene detenido, y otro día un fiscal le dice que la Seguridad del Estado es quien lo tiene ahí", señaló.

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La solicitud del cambio de medida, negada el 14 de octubre, fue presentada por el abogado de Robles Elizástegui ​basada en las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, quien después del levantamiento popular del 11 de julio afirmó que "todos los cubanos tienen derecho a manifestarse". Sin embargo, el Tribunal Popular de La Habana ​negó la solicitud por considerar que "no había suficientes razones" para otorgar una medida cautelar.

Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue multado primeramente con 1,000 pesos y detenido en Villa Marista. Luego fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

El auto de denegación entregado al abogado del joven indica que tendrá que seguir detenido hasta el día de juicio, pautado para el mes de diciembre, luego de que fuese suspendido uno previo por la manifestación del 11 de julio.

Fernández aseguró que su madre presentó una queja por la decisión del Tribunal, y la respuesta que recibió fue el mismo documento entregado al abogado.

Robles fue detenido cuando protestaba pacíficamente con un cartel en el boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento.

La Fiscalía pide al manifestante seis años de privación de libertad, por los delitos de "propaganda enemiga y desobediencia".

Según denuncias desde prisión, el joven ha sido llevado en varias oportunidades a celda de castigo y ha sido víctima de aislamiento.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Presentan denuncia sobre manifestante golpeada en Matanzas ante grupo sobre Detenciones Arbitrarias de ONU

Imágenes de la detención violenta de Lázara Karenia González Fernández. (Twitter/@IntlHumanRight)

La plataforma Inteligencia Ciudadana, enfocada al enfrentamiento de la Corrupción y la defensa de las libertades básicas en Cuba, presentó este lunes una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, a favor de Lázara Karenia González Fernández, detenida por su participación en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas.

“La joven matancera es otra de las tantas víctimas de la brutal e inaudita represalia que desató el señor Díaz Canel con su arenga cargada de odio el pasado 11 de julio”, indicó el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, director de Inteligencia Ciudadana.

El gobernante Miguel Díaz Canel manifestó en una alocución televisada el mismo 11 de julio: “Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas que salgan a las calles. La orden de combate está dada”.

La proclama desató el “caos incontrolable en las calles cubana, donde las fuerzas represivas y los grupos de odio llevaron a cabo arrestos violentos, incluyendo acciones con lesiones físicas a los manifestantes, no certificadas por ningún facultativo”, apuntó Fernández Palacios.

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González Fernández, de 28 años, cumple prisión preventiva en el Centro Penitenciario para Mujeres BELLOTEX de Matanzas, acusada de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Las peticiones de cambio de medida cautelar, presentadas por su representación legal, han sido denegadas por la Fiscalía.

“En el caso de Lázara Karenia se le ve a través de varios vídeos, como forma parte de la manifestación que tuvo lugar en su ciudad de Cárdenas, caminando de manera pacífica, llevando de sus manos su moto bicicleta cuando una agente uniformada de los ‘boinas rojas’ la agrede para arrestarla y, seguidamente, la tira para el piso y la arrastra por la vía pública”, dijo el letrado.

La embestida violenta de Nayalis Correoso Mora, miembro de la Unidad de Prevención y Control subordinada a la Contrainteligencia Militar de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) contra Lázara Karenia González Fernández aparece fundamentada en la denuncia ante la entidad de la ONU.

En el Expediente de Fase Preparatoria No. 123/21 junto a González Fernández están radicadas otras personas.

En Cárdenas, los manifestantes hambreados, hastiados y azotados por la pandemia volcaron patrullas policiales y vehículos de funcionarios y dirigentes del Partido Comunista.

“Lo cierto es que en el proceso hay presentes un sinnúmero de violaciones de derechos, lo cual está debidamente fundamentado al referido grupo de Trabajo “.

Esta es la vigésima primera denuncia presentada por Sergio Osmín Fernández Palacios ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

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