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América Latina

Confirman aportes de Odebrecht a campaña de Alan García

Jorge Barata

La tesis que sostiene la fiscalía en Perú sobre el caso de Odebrecht y que implicó a cuatro exmandatarios continúa su curso con las declaraciones de Jorge Barata, exjefe de la constructora brasileña en ese país, quién confirmó que la candidatura de Alan García en 2006 recibió dineros por parte de la multinacional.

Según la edición digital del diario limeño El Comercio, Barata confirmó que Odebrecht aportó 200.000 dólares a la campaña presidencial de García a través de su asesor Luis Alva Castro, quién permanece bajo investigación por parte de las autoridades peruanas.

Contradiciendo lo anterior, el abogado del partido Aprista dijo que Barata nunca confirmó haber conversado con García sobre aportes, y citó lo siguiente:

"Podemos concluir de que nada ilícito hubo en el comportamiento del expresidente, de que él en absoluto supo de estos presuntos aportes, que él jamás habló ninguna irregularidad con el señor Barata, que es lo que creo que aspirábamos conocer el día de hoy y es lo que hemos podido conocer con estas declaraciones".

Sin embargo, las declaraciones de Jorge Barata están siendo objeto de investigación en este momento, mientras Keiko Fujimori continúa en prisión preventiva al igual que el ex presidente Pedro Pablo Kucynski pese a sus quebrantos de salud.

(Redactado por Vanessa Cardona, con información de AFP)

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SIP condena estigmatización contra la prensa y los periodistas

Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times en Colombia. (Facebook).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un llamado de preocupación ante lo que considera “campañas de estigmatización contra periodistas en Colombia y Estados Unidos que limitan la libertad de prensa, debilitan la discusión pública en democracia y aumentan los riesgos de vida de los periodistas”.

En artículo publicado en el sitio oficial de la SIP este miércoles, la entidad citó el ejemplo del periodista Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times, que se vio obligado a abandonar el país por "acusaciones falsas", argumentando que “atentan contra su seguridad, luego que la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido de gobierno, tuiteó dos fotos del reportero y un texto que cuestionaba cuánto le habrían pagado las Farc por publicar un reportaje favorable y otro contra el Ejército”, enumera la SIP.

Sin embargo, explica la entidad regional, “La foto donde aparece el reportero en una moto resultó no ser el periodista Casey sino del reportero gráfico Federico Ríos, que también abandonó el país”.

El tuit de la legisladora, acompañado por la etiqueta #CaseyEsFakeNews y replicado por otros políticos, fue en respuesta al artículo de Casey titulado "Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles", que fue publicado el 18 de mayo en el New York Times.

El periodista se refirió, indica la SIP, a la supuesta orden del jefe del Ejército colombiano de duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos o capturados.

María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y directora del diario colombiano El País de Cali, manifestó su rechazo al uso cada vez más frecuente de la estigmatización a periodistas como mecanismo de censura.

Domínguez expresó la gravedad que para el ejercicio del periodismo significa que los funcionarios públicos y políticos no midan las consecuencias que puedan tener sus palabras cuando sus críticas y estigmatizaciones están dirigidas contra los reporteros y su labor profesional. Agregó que "la estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios".

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal mexicano La Silla Rota, dijo que "la estigmatización se ha intensificado con el internet, las redes sociales y con funcionarios y gobernantes que desacreditan a los mensajeros cuando investigan y denuncian corrupción". Destacó que el discurso de odio y la intolerancia ante las críticas fundadas en investigaciones y denuncias "debilitan no solo la libertad de prensa sino la discusión pública que es una garantía inherente a la vida democrática".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

[Con información de la Sociedad Interamericana de Prensa]

Cristina Fernández afronta su primer juicio en plena campaña electoral

Senadora Cristina Fernández de Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi el 21 de mayo en Buenos Aires.

BUENOS AIRES (AP) - La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.

Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que "Cristina va a poder probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.

Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.

La senadora está acusada de haber encabezado una "asociación ilícita" que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.

Esa "organización criminal" -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.

El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.

El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.

La primera audiencia del juicio consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.

Carvajal denuncia manipulación de resultados electorales por parte de coronel venezolano

Autoridades venezolanas reciben al exjfe de inteligencia militar Hugo Carvajal

El exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo Carvajal, solicitó en una carta publicada en su cuenta de Twitter la investigación a Carlos Quintero Cuevas por supuesta participación en la manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales 2019-2025.

En la misiva dirigida tanto a la Asamblea Nacional, como al pueblo venezolano y la comunidad internacional Carvajal rectificó su intención colaborar para lograr el cese a la usurpación y de juntar todos los esfuerzos posibles para “para apoyar la causa de devolver la democracia a Venezuela".

Carvajal explica que desde el año 2002 hasta el 2004 Quintero formó parte del Departamento de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar y después ocupó el cargo de Director de Informática en el que supervisaba “la data de los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación.”

En su declaración, Carvajal asegura que Quintero forma parte de la Junta Nacional Electoral y su trabajo consistió en dirigir, supervisar y controlar los procesos electorales.

La carta finaliza sentenciando “yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: ‘me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

Hugo Carvajal, general retirado del Ejército venezolano, fue detenido en España en el mes de abril del presente año en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico.

[Redactado por Carolina Morales con información de redes sociales]

Guaidó : “incluso a la palabra temen”

El líder de la oposición venezolana y autoproclamado presidente interino Juan Guaido asiste a una sesión en la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas el 23 de abril de 2019. -

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó ante el bloqueo del servicio de streaming por parte del régimen de Maduro asegurando que esas acciones demuestran la fragilidad en la que se encuentra.

La ONG NetBlocks informó que el día de hoy fue bloqueado el acceso a las plataformas YouTube, Periscope, Bing y el resto de los servicios de Google desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Cantv, durante la transmisión en vivo de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

NetBlocks, organización que se encarga de la vigilancia del tráfico de Internet difundió informó esta información por su cuenta de Twitter.

No es primera vez que el régimen censura de esta manera a la oposición venezolana, el último bloqueo registrado por esta NetBlocks fue el 18 de mayo, durante el discurso de Juan Guaidó en Guatire.

[Redactado con información de redes sociales]

Ortega ordena excarcelación de otros 100 presos políticos

María Adilia Peralta, identificada como una de las detenidas en las protestas contra Ordtega, fue liberada el 20 de mayo en la prisión La Esperanza, en Masaya, Nicaragua. (reuters).

El gobierno de Nicaragua emitió este lunes 100 órdenes de excarcelación para personas detenidas en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, una hora después de que la opositora Alianza Cívica anunciara su salida de las negociaciones si no se liberaba a todos los “presos políticos”.

El Ministerio de Gobernación anunció en un comunicado que los beneficiados con la “convivencia familiar u otras medidas cautelares” fueron un centenar de personas “que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”. Aclaró que ninguno de ellos tendrá libertad definitiva, refiere la agencia AP.

La activista de derechos humanos Vilma Núñez dijo que varias personas recibieron llamadas de las autoridades confirmando la salida de sus familiares de prisión y poco después videos divulgados por la prensa local y las redes sociales mostraban a algunos recién excarcelados llegando a sus casas o gritando “viva la lucha cívica y pacífica”.

Consultado por AP, el político José Pallais, uno de los principales negociadores de Alianza Cívica, dijo que la excarcelación es “un gesto positivo del gobierno, pero no es suficiente” para relanzar unas negociaciones que se reanudaron en febrero y con las que gobierno y oposición intentaban poner fin a más de un año de crisis política que ha costado más de 300 muertos.

Este diálogo llevaba días estancado.

“Deben excarcelar a todos para que la mesa pueda volver a trabajar y abocarse a la liberación definitiva de cada uno de ellos”, agregó Pallais.

Esta es la cuarta excarcelación del gobierno de Ortega desde febrero y aunque durante las conversaciones se acordó que el Comité Internacional de la Cruz Roja mediaría en este proceso, todas las excarcelaciones se han hecho de forma unilateral, lo que ha generado mucha confusión sobre las cifras de cuántos siguen todavía en prisión.

En la lista proporcionada por el gobierno el lunes, no figuran los más conocidos líderes de la protestas de 2018 contra el gobierno, como los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, o los estudiantes Edwin Carcache, Amaya Coppens o Nahiroby Olivas.

Sin embargo, sí incluye a tres funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, no gubernamental) que estaban presos, confirmó a la AP la directora jurídica de esa entidad, Carla Sequeira, esposa de uno de los activistas ahora excarcelados.

Pallais recordó que la lista de detenidos conciliada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) incluye a 238 “presos políticos” de más de 600 detenidos registrados por la Alianza.

La organización opositora también informó que convocará a un paro nacional en los próximos días, previo consenso con todos los sectores sociales y empresarios. Pallais aseguró que la fecha del paro y su duración se decidirá a más tardar en ocho días.

El 18 de junio se vence el plazo para la liberación definitiva y anulación de juicios de todos los "presos políticos" detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales, según acuerdos firmados por el gobierno y la oposición en la mesa de negociaciones. No obstante, desde hace días el diálogo permanecía estancando y la situación se tensó tras la muerte de un balazo en la cárcel de un preso opositor, Eddy Montes.

[Con información de la agencia AP y redes sociales]

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