América Latina
- Agencias
Colombia suspende a jefes FARC las visitas desde Cuba a los campamentos
"Por instrucciones del presidente de la República, las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos quedan suspendidas"...
El gobierno de Juan Manuel Santos suspendió este jueves las visitas de los negociadores de las FARC a Colombia, que había autorizado el año pasado en el marco del proceso de paz con esta guerrilla en Cuba para acabar con medio siglo de conflicto armado.
"Por instrucciones del presidente de la República, las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos quedan suspendidas", dijo Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).
Este jueves, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, participó con otros líderes rebeldes y guerrilleros armados en un acto político en El Conejo, en La Guajira, noreste de Colombia, para difundir su visión del proceso de paz.
Desde la presidencial Casa de Nariño en Bogotá y junto al Alto Comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo, De la Calle explicó que Santos tomó la decisión tras comprobar el incumplimiento de "una regla fundamental" de los viajes permitidos a los delegados de las FARC para explicar en sus campamentos los pactos alcanzados en La Habana.
"En la última visita, el grupo encabezado por Iván Márquez ha violado las reglas de juego acordadas de no tener trato con la población civil y mucho menos participar con hombres uniformados y armados en un evento público con la comunidad, en la plaza principal de un corregimiento, como ocurrió en El Conejo", enfatizó.
"Esta es una violación inaceptable", añadió De la Calle, al informar sobre los cinco viajes de negociadores de las FARC realizados hasta ahora a territorio colombiano.
Agregó que, visto lo ocurrido, el gobierno pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), facilitador de estos traslados, y a los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, "que tomen las medidas necesarias para que el grupo encabezado por Iván Márquez regrese a La Habana a la mayor brevedad posible de acuerdo con los protocolos de seguridad".
Para Jorge Restrepo, director del centro de análisis de conflicto CERAC, el gesto de Márquez provoca una "crisis" en la credibilidad de la negociación iniciada en 2012, la más avanzada de las cuatro emprendidas hasta ahora con esta guerrilla y que ambas partes se comprometieron a cerrar para el 23 de marzo a más tardar.
"Demuestra también los enormes riesgos de seguridad y políticos que tiene la combinación de armas y proselitismo electoral", dijo a la AFP.
Iván Márquez, segundo al mando de las FARC, estuvo en El Conejo, muy cerca de la frontera con Venezuela, junto con otros delegados en la mesa de La Habana, entre ellos Jesús Santrich y Joaquín Gómez, de acuerdo con fotografías y videos difundidos en redes sociales.
En las imágenes se los ve vestidos de civil, recorriendo sonrientes junto a guerrilleros armados el lugar, de fuerte influencia de las FARC. También se observa un escenario junto al cual están congregadas varias personas, muchas portando banderas blancas y de Colombia.
"Vamos por fin a lograr la paz. ¿Cómo se sienten nuestros corazones que se da este paso importante en Conejo, lo repito, histórico?", se escucha arengar supuestamente a uno de los guerrilleros, según un video publicado en Twitter.
"¿Quién quiere la paz? Esto es alegría, ¡ánimo mi gente!", se escucha decir en otro de los videos atribuidos por internautas al mitín de las FARC, nacidas en 1964 de una insurrección campesina y con unos 7.000 combatientes según cifras oficiales.
Además, se aprecia cómo guerrilleros distribuyen un panfleto en defensa de una asamblea constituyente, que las FARC proponen para refrendar lo pactado en Cuba, y a la cual el gobierno se opone tajantemente.
"Lo que buscan es hacer su revolución a través de una asamblea
constituyente y por eso nosotros hemos dicho que una asamblea constituyente no es un método de refrendación y que lo único que
hay es un plebiscito", dijo Santos este mismo jueves en un foro sobre la paz.
El mandatario inició la semana pasada su cruzada a favor de esta consulta popular para que los colombianos legitimen o no el acuerdo definitivo con las FARC.
El acuerdo no estaría en el tiempo previsto
Un reporte de la agencia Reuters sugirió que desacuerdos sobre las áreas donde serán ubicados los rebeldes que van a ser desmovilizados podrían impedir la firma del acuerdo en el tiempo pactado para el 23 de marzo.
El análisis detalló cómo continúan atoradas las partes en temas como la implementación del cese al fuego bilateral y dónde ubicar a 7.500 miembros de las redes de apoyo y 7.000 combatientes rebeldes antes de que se reintegren en la sociedad.
Desde las FARC, el negociador Joaquín Gómez reconoció que será difícil cerrar el acuerdo en marzo. "Hay factores objetivos que seguramente van a impedir que eso se dé", dijo.
El Gobierno también ha dicho que las partes podrían tener que tomarse unos días más allá del 23 para poner la rúbrica, aunque el propio presidente Juan Manuel Santos confía en poder cumplir con el calendario.
"Esa fecha no puede ser una espada de Damocles que penda sobre el proceso de paz en La Habana", sostuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. "Ojalá se llegue hasta allá, y sino pues seguramente se tendrán que tomar unos días adicionales".
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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