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Cuba

Cien agentes cubanos entraron a Bolivia como personal médico, revela ministra

La ministra de Comunicaciones de Bolivia, Roxana Lizárraga Vega, habla el jueves con periodistas en lo que era el apartamento de Evo Morales en la residencia oficial, llamada "La Casa Grande del Pueblo" (Foto: David Mercado/Reuters).

La ministra de Comunicaciones de Bolivia confirmó el jueves que un funcionario cubano había sido detenido la víspera en La Paz con dinero destinado a financiar las protestas violentas contra el gobierno interino de Jeanine Añez, y dijo que La Habana usa personal médico como cobertura para su injerencia política.

Idalberto Delgado Baró, uno de los cubanos detenidos en Bolivia, en una imagen sacada de un mensaje de Twitter.
Idalberto Delgado Baró, uno de los cubanos detenidos en Bolivia, en una imagen sacada de un mensaje de Twitter.

“El día de ayer se ha detenido a un cubano con más de 70 mil bolivianos --más de 10 mil dólares-- en una mochila, y se sabe que eso era para repartir a la gente que se moviliza”, declaró Roxana Lizárraga Vega en entrevista con el periodista Pedro Corzo, de Radio Televisión Martí.

De acuerdo con tarjetas de identificación de tres cubanos arrestados en La Paz, ellos son “Personal Técnico (Brigada Médica Cubana), Embajada de Cuba en Bolivia, La Paz”, como puede leerse en imágenes difundidas en redes sociales.

Se trata de Idalberto Delgado Baró, Amparo Lourdes García Buchaca y Ramón Emilio Álvarez Cepero. En la identificación de otro individuo publicada por el diario de Sucre Correo del Sur no se ve su nombre.

De acuerdo con la ministra, el gobierno interino de Añez ha podido confirmar que al menos un centenar de cubanos llegados a Bolivia como parte de las brigadas médicas son en realidad agentes de la Dirección de Inteligencia (DI) del régimen castrista.

“Han entrado a Bolivia en calidad de médicos, y no son médicos"
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“Han entrado más de cien agentes cubanos a Bolivia en calidad de médicos y no son médicos, son agentes que están preparados para precisamente ocasionar este tipo de problema, como los que hemos visto en algún momento en la Nicaragua o en esa Venezuela que hay que recuperar”, manifestó Lizárraga Vega.

Es precisamente el actual embajador cubano en Bolivia, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, quien promueve los disturbios desde la renuncia del ex presidente Evo Morales, aseguró la funcionaria boliviana.

“El conocido ‘Gallo’ Zamora, que integra la lista de los represores de exportación cubana, está en nuestro país desde este año 2019 y está a cargo de la confrontación entre bolivianos; está a cargo de armar los grupos de choque junto con su esposa Maura, que también es una agente de inteligencia”, aseguró la ministra.

Esos dos agentes de inteligencia de Cuba son los encargados de instigar el proceso de levantamientos y de convulsión social en el país, declaró Lizárraga Vega; “de saquear, de impulsar a la gente para que se enfrente a los bolivianos que han tenido una resistencia civil para recuperar la democracia en mi país”.

Partidarios de Evo Morales marchan el jueves en una calle de La Paz (Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters).
Partidarios de Evo Morales marchan el jueves en una calle de La Paz (Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters).

También el miércoles hubo otro caso de un presunto agitador llegado al país para instigar el caos, reveló la ministra.

“Hemos tenido una persona herida en Santa Cruz el día de ayer, y resulta que es una persona que pertenece a las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]”, dijo, entrevistada por Corzo.

De acuerdo con Lizárraga Vega, el gobierno interino de Añez no tiene la menor duda de la intervención de los regímenes de Cuba y Venezuela en los asuntos internos de Bolivia. “Tenemos todos los datos, todos los detalles”, indica.

Cita un informe de la organización no gubernamental venezolana FundaREDES presentado a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se habla de la desaparición de más de 200 mil armas del ejército venezolano.

“En realidad yo considero que no se perdieron: considero que [Nicolás] Maduro las envió” a grupos afines en otros países, manifiesta la ministra. “Y ese mismo informe señala que esas armas han ido a caer a manos de las FARC; que han entrado a países como Colombia, como Ecuador y como Bolivia”.

En el caso de su país, el gobierno de Añez sospecha que la parte enviada a Bolivia estaría “muy posiblemente” en el sector del Trópico de Cochabamba, un sector cocalero donde Evo Morales sigue siendo el presidente de las seis federaciones, añade.

“Un lugar muy ligado a hechos de narcotráfico y violencia, y que en este momento quiere levantarse para tomar ciudades y pedir que Evo Morales vuelva al poder, algo que el pueblo de Bolivia, la mayoría de los bolivianos, ya no lo va a permitir”, subraya la funcionaria colombiana.

No se explica cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador permite que el ex presidente Evo Morales desarrolle desde México lo que ella llama una convocatoria a la convulsión y a la sedición en Bolivia.

“Es decir, que Evo Morales nos está dejando una herencia: además de dejarnos esa marca que es la división entre bolivianos, dejarnos esta convulsión, querer general convulsión, dejarnos un país totalmente cuestionado por lo que ha hecho en el tema de la ampliación de la frontera de la hoja de coca; dejarnos un país donde él se convirtió en el ladrón del voto y de la democracia en Bolivia, ahora nos deja también a sicarios, o estos grupos subversivos que tratan de volverlo al poder”, comenta la ministra.

“Pero la resistencia civil, la gente boliviana democrática es la mayoría en este país y no lo va a permitir, ni las instituciones del orden como las Fuerzas Armadas y la Policía, que están con su pueblo”, asegura.

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Tapachula: Más de tres mil inmigrantes cubanos entre la incertidumbre y la espera

Migrantes duermen frente al centro de detención Siglo XXI mientras buscan visas humanitarias para cruzar el país y llegar a los EEUU, en Tapachula, el 11 de enero de 2023. REUTERS/Jacob García

Tapachula, en el estado de Chiapas, desde 2017 es una de las ciudades receptoras de extranjeros en tránsito en el sur de México y pese a los esfuerzos del gobierno por contener el flujo migratorio, la crisis ha sido inevitable y prolongada.

Migrantes consultados por Radio Televisión Martí calculan que en estos momentos hay más de 3 mil cubanos varados en la pequeña localidad situada a menos de 10 kilómetros de Guatemala, y reconocida como un punto de tránsito, de estancia temporal y de destino.

Buscan llegar a la frontera norte y, no pocos, desafiando el recién instituido programa de visas de parole humanitario vigente desde el pasado 6 de enero para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, y desde octubre de 2022 para los venezolanos.

Uno de los requisitos del programa establece no haber cruzado irregularmente la frontera mexicana o panameña después del 9 de enero de 2023.

Migrantes esperan en fila para regularizar su situación migratoria fuera de la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) de México en Tapachula, estado de Chiapas, México, 10 de enero de 2023. REUTERS/Jacob García
Migrantes esperan en fila para regularizar su situación migratoria fuera de la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) de México en Tapachula, estado de Chiapas, México, 10 de enero de 2023. REUTERS/Jacob García


Para recorrer el territorio azteca los extranjeros necesitan un permiso de tránsito por 30 días que emite el Instituto Mexicano de Inmigración. Si son detenidos y no tienen el documento, van a parar a la Estación Migratoria Siglo XXI, la de mayor capacidad a nivel nacional con capacidad para poco más de 900 personas, pero que históricamente ha sido señalada por hacinamiento y condiciones precarias.

No obstante, el proceso migratorio se ha visto ralentizado, lo que convierte a la ciudad en un embudo continental.

El cubano Ricardo Escobar llegó a Tapachula hace varias semanas y forma parte de los de siete mil indocumentados de Venezuela, Haití, del Triángulo del Norte de Centroamérica y países del continente africano y europeo que están estancados en esta urbe y que gestionan el documento regulatorio para avanzar hacia el norte.

“Aquí hay gente que lleva esperando cuatro meses por ese permiso, hay retraso y estamos desesperados”, dijo el antillano que salió de Cuba a Nicaragua el pasado 2 de diciembre.

Es que Tapachula está hasta el tope, los migrantes acampan y permanecen en plazas y otros espacios públicos porque los albergues están saturados.

“No solo la espera se hace interminable, es que en muchos casos las condiciones de vida rayan lo inhumano”, indicó el hombre que como miles de cubanos viajó a Nicaragua aprovechando la decisión de ese país de declarar libre visado para los cubanos y para después iniciar un peligroso recorrido por Centroamérica guiados por coyotes.

Migrantes de República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba, Haití, entre otros, denunciaron a la agencia EFE que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les dan documentos con la promesa de regularizar su estancia en México, pero en realidad los dejan “atrapados” porque solo les permiten llegar a Arriaga, unos 247 kilómetros de Tapachula.

“Estoy a la espera de la visa humanitaria para poder llegar al norte de México y pedir una cita en la frontera porque para Cuba no puedo regresar”, dijo a Radio Televisión Martí, una cubana que pidió ser identificada solo como Yaima.

En sus declaraciones, la joven agregó que los cubanos siguen arribando a Tapachula y de lo que ha podido conocer por los recién llegados, nada indica que el flujo se detendrá.

“Cada día llegan más cubanos y me dicen que las colas (en Cuba) son kilométricas para sacar el pasaporte y poder salir de aquel infierno”, dijo.

En 2022, 18.087 cubanos solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En total, el año pasado México recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131.448 casos.

"Están en un limbo": incertidumbre legal de balseros cubanos que logran llegar a EEUU

Balseros cubanos llegan a las costas de Estados Unidos por Stock Island, cerca de Key West, el 12 de agosto de 2022.

Con el cierre de la frontera terrestre con México por primera vez en décadas, el número de cubanos que trata de alcanzar las costas de la Florida se ha disparado, a pesar de que la situación que les espera ya no es la misma y el camino a la regularización migratoria se hace cada vez más difícil.

Cientos de cubanos han arribado a Estados Unidos entre 2022 y lo que va de 2023 como parte de un histórico éxodo que ha roto récords de crisis anteriores. Ahora, con la restricción de entradas irregulares por la frontera sur, muchos se lanzan al mar con la esperanza de llegar a territorio estadounidense.

Sin embargo, el país que antes recibía a los isleños con brazos abiertos ha cambiado y la realidad que les espera ya no es tan acogedora como hace años atrás.

A Landry González, de 38 años, el estrecho de la Florida le daba terror. "Desde chiquito oía los cuentos de mucha gente que se quedó en el camino cuando (la Crisis de) los Balseros en los 90s y me imaginaba a los tiburones dando vueltas y todavía me dan escalofríos", confesó a la Voz de América.

A pesar de todo, González emprendió la travesía el pasado 2 de enero junto a 16 personas en una pequeña embarcación, salida de un punto en la costa cercana al Mariel, localidad al oeste de La Habana que da nombre a otra de las grandes crisis migratorias cubanas.

"Pensé que me iba a morir más de una vez, pero aquí estoy", insistió el chofer de profesión, que contó cómo llegó con sus compañeros a uno de los cayos del sur de la Florida, donde las autoridades declararon el estado de emergencia al verse desbordados por la inusual llegada de migrantes en la primera semana del año.

Sin embargo, al llegar las autoridades no le dieron al cubano el parole que le permite luego regularizar su estatus migratorio - y en el caso de los nacidos en la isla caribeña, aplicar a la residencia al año y un día bajo la Ley de Ajuste Cubano -, sino que en su lugar recibió un formulario I-220A, una orden de libertad que establece condiciones como asistir a audiencias en la corte de inmigración.

Un puerto cada vez menos seguro

Por décadas los cubanos que llegaban a territorio estadounidense recibían beneficios automáticos bajo la política de Pies secos, Pies Mojados, establecida por el gobierno de Bill Clinton en 1995. Aquellos que son interceptados en el mar son devueltos a Cuba.

El fin de esa política, decretada por el exmandatario Barack Obama en enero de 2017, y un endurecimiento en las condiciones para la entrada de migrantes, en gran parte debido a la actual crisis migratoria en la frontera sur de EEUU, dificultan cada vez más la entrada, también ahora por mar.

"El del formulario I-220A realmente es un tema bien delicado porque literalmente no es un parole", explicó a la VOA la abogada de Inmigración, Rosaly Chaviano, quien advierte que en esta situación no están solo los balseros, sino cientos de otros migrantes irregulares que han entrado en los últimos meses.

Chaviano detalló que en la mayoría de las ocasiones las citas para las cortes de asilo están demorando meses debido al atraso y el alto volumen de casos, sobre todo en la Florida, uno de los destinos a donde más llegan migrantes.

"Están en un limbo. Le llamo así por las personas con este formulario pueden aplicar a un caso de asilo, tratar de probar un caso de miedo creíble (de regresar a Cuba), pero van a estar con un asilo pendiente, renovando sus permisos de trabajo cada dos años, hasta que eventualmente tengan su fecha de entrevista, si es que la aprueban", indicó.

La abogada precisó que no es el caso de los que reciben parole o son admitidos legalmente al país, que sí pueden acogerse al beneficio de la Ley de Ajuste Cubano.

Chaviano agregó que para la defensa de los casos de cubanos sin el permiso legal de entrada, ella y sus colegas están utilizando el "argumento legal de que sí deben tratar el I-220A como un parole, porque estas personas solo pueden ser liberadas bajo palabra, aunque el documento que reciban no lo sea".

"No importa que sea bajo la Ley de Ajuste cubano, no importa que sea un proceso reclamación, cualquier tipo de solicitud en los EEUU, requiere que la persona sea inspeccionada, admitida, o que tenga un parole y ellos, aunque sea con un I-220A, son de alguna manera admitidos", dijo Chaviano, quien admitió que esta es una batalla todavía larga.

En el limbo, "pero aquí"

Para Landry González el proceso de comenzar una nueva vida "ha sido más difícil que lo que pensaba" cuando planeó su viaje. "Tres amigos que llegaron hace un año y les dieron parole, a mi hermano que llegó en 2016, recibió todos los beneficios, yo tuve mala suerte de que me dieran el I-220A", afirmó.

Mientras espera la fecha para su audiencia en la corte, González, junto a dos de sus compañeros de travesía - también con el mismo formulario - trabajan "en lo que pueden" y duermen en un pequeño cuarto rentado "entre la familia de los tres".

"Estamos apretados, no tenemos en qué movernos, extrañamos a la familia, pero estamos aquí. Cualquier cosa es mejor que estar en Cuba, donde no hay futuro, no hay comida, no hay nada", reconoció.

González aseguró que conoce a muchos que todavía planean "lanzarse" al mar a pesar de la constante amenaza de deportación si son descubiertos a medio camino.

"Cualquier cosa es mejor que quedarse allá, eso sí es morirse en vida", afirmó tajante.

¿Migración económica o política?

Un récord de 224.607 cubanos intentaron entrar a territorio de EEUU en el años fiscal 2022, que terminó en septiembre, según datos oficiales. En el mismo periodo 6,182 cubanos fueron interceptados por guardacostas estadounidenses, el mayor registro en seis años.

Solo en los últimos cuatro meses, la Guardia Costera reportó 5,321 encuentros con balseros de la isla, que vive una de sus peores situaciones económicas en décadas, que coincide a su vez con una seria crisis política.

Si bien es cierto que el éxodo está impulsado por el deterioro de la calidad de vida, analistas como Jorge Duany, afirman que "resulta problemático trazar una línea tajante entre los motivos políticos y económicos de cualquier éxodo, particularmente el cubano".

El director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida dijo a la VOA que "no hay duda de que la severa crisis económica (que también es social y política) que vive actualmente la isla está empujando a miles de personas a irse, por cualquier medio posible".

Sin embargo, "el enorme grado de control de la economía, la política y los medios de comunicación por parte del Estado cubano hace que prácticamente cualquier decisión que tomen los ciudadanos tenga connotaciones políticas", señaló.

La profesora de la Universidad de Boston, Susan Eckstein, agregó que "en los años 1960 y 1970 muchos cubanos también se fueron por razones económicas, además de políticas, pero porque la reestructuración de la economía bajo Castro amenazaba su estilo de vida. Ahora, los cubanos están huyendo en desesperación económica".

"Por supuesto, si estás desesperado económicamente, también tienes razones políticas para irte", añadió Eckstein, autora de 'El privilegio cubano: la formación de la desigualdad migratoria en EEUU'.

En esto también coincide el presidente de la Cátedra Emilio Bacardí Moreau de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, Michael Bustamante, para el que "tratar de establecer una división limpia entre migraciones políticas y económicas es un ejercicio inútil".

"En el caso cubano actual, como en otros, confluyen muchos factores: primero, la peor crisis económica desde los 90 (producto de incremento de sanciones de EEUU desde 2017, la pandemia, así como malas decisiones internas) y segundo, un profundo malestar político, sobre todo por parte de jóvenes, como vimos estallar en las protestas inéditas a lo largo de la isla el 11 de julio 2021", recordó el profesor asociado de Historia.

En la migración actual, "hay cubanos que han sido directamente víctimas de represión por su participación en actividades políticas no afines al gobierno cubano, así como los que se están huyendo principalmente de un colapso de la economía, pero que los ha llevado a oponerse radicalmente al gobierno", añadió Bustamante.

CRF acusa a Cuba de cambiar las normas sobre gestión de la deuda ante su litigio

Periodistas apostados frente al Tribunal Superior de Londres. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo)

El abogado del fondo inversor CRF, Jawdat Khurshid, ha acusado este jueves al Estado cubano de modificar sus normas sobre la gestión de la deuda externa histórica de Cuba ante su pleito para cobrar 72 millones de euros derivados de préstamos suscritos en los años 80.

Khurshid puso en duda la posición del Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba, los demandados en este caso, al concluir sus alegatos ante la jueza Sara Cockerill de la división comercial del Tribunal Superior de Londres, que debe decidir si el grupo registrado en 2009 en las islas Caimán es el acreedor legítimo de esa deuda.

La parte cubana, que esta tarde dará su réplica, argumenta que fue "inválida" la cesión a CRF de los derechos contractuales que antes tenía el banco ICBC, autorizada el 25 de noviembre de 2019 por el ex director de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, hoy encarcelado en su país.

Khurshid sostuvo que Olivera y otros miembros del BNC también condenados en mayo de 2021 en La Habana por presuntamente incumplir los procedimientos actuaron en realidad conforme a las normas, y dijo que Cuba trata de manipular el caso para eludir sus obligaciones de pago.

El abogado disputó el argumento de las autoridades cubanas, representadas por Alison Macdonald, de que Olivera y Londa Caridad Martí, exdirectora del Departamento de deuda externa del BNC, debían consultar con el Ministerio de Finanzas y Precios y el Consejo de Ministros antes de autorizar la reasignación a CRF.

Según su argumento, este requisito no se incluye en el estatuto del BNC y Cuba "solo lo planteó" ante la demanda presentada por el grupo inversor el 18 de febrero de 2020.

"En base a su manual el BNC podía consentir una cesión de deuda externa histórica sin la aprobación del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros", afirmó el letrado.

Si resulta que en verdad era un requisito, "no lo sabían las personas más involucradas en la cesión de la deuda: ni Olivera, ni Martí, ni (la secretaria legal, María Teresa Compte) Zubeldía", añadió.

Khurshid apuntó que el manual del BNC permite al presidente del banco delegar la autoridad en los altos directivos y solo menciona al ministerio en procesos no relacionados con las asignaciones de deuda.

La parte cubana alegó la semana pasada, mediante el testimonio del perito legal Juan Mendoza, que el decreto ley de 1998 dejó al BNC con competencias "solo administrativas" y le requiere consultar al Gobierno para reasignar la deuda adquirida antes de la fundación en 1997 del Banco Central de Cuba (BCC).

Este jueves, asiste al juicio en Londres el ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, como parte de la comitiva oficialista, mientras que lo siguen en directo desde otra sala miembros de la disidencia cubana y firmas inversoras en deuda cubana que calibran cómo este litigio afectará a sus intereses.

Consejo médico de Río de Janeiro lanza acción legal para impedir recontratación de cubanos

Médicos cubanos en Brasil. (REUTERS/Fernando Medina/Archivo)

El Consejo Regional de Medicina del Estado de Río de Janeiro (CREMERJ) ordenó una acción civil pública para impedir la contratación de médicos formados en el exterior, sin revalidación de título, para participar en el programa Más Médicos.

La acción judicial de CREMERJ responde a la decisión del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1) que autorizó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a reclutar galenos cubanos que integraban anteriormente ese programa, sin haber revalidado su título de médico en Brasil, explica una una nota publicada por el Consejo.


CREMERJ señaló que la decisión del Tribunal es arbitraria y pone en peligro la salud pública de la población.

“No podemos estar de acuerdo con una decisión arbitraria, que pone en riesgo la salud de la población. Esperamos que el Poder Judicial comprenda nuestra preocupación y estamos preparados para ofrecer todas las aclaraciones”, dijo el presidente del Consejo, Clovis Munhoz.

En la petición judicial, el Consejo alerta que, sin el certificado de reválida médica, no se podrá "aplicar sanciones en caso de violación del Código de Ética Médica, ni supervisar el ejercicio de la práctica médica" en el estado de Río de Janeiro. Ambas situaciones, añadió, "exponen directamente a la población y pueden causar daños en la calidad de la atención al paciente".

El Consejo recordó que la revalidación del título de médico en Brasil se realiza a través del examen "Reválida", a cargo del Ministerio de Educación, y que todos los profesionales, incluidos los brasileños, formados en medicina por universidades extranjeras, deben someterse a la revalidación del título.

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Este lunes, el TRF-1 autorizó la reincorporación al programa Más Médicos de los galenos cubanos que se quedaron en Brasil después de que el régimen de La Habana ordenó la retirada de su brigada y que posteriormente fueron contratados por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.

El tribunal ordenó al Ministerio de Salud Pública de Brasil que reincorpore a los profesionales cubanos al programa por un año más, y dio al gobierno un plazo de 10 días para presentar un plan ejecutivo para la recontratación.

En noviembre de 2018, el régimen de La Habana decidió romper el acuerdo con Brasil, establecido en 2013, bajo la presidencia de Dilma Rousseff, y ordenó la retirada de todo su personal de salud, luego que Jair Bolsonaro criticara las condiciones del acuerdo firmado con la mediación de Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Bolsonaro exigió que los profesionales cubanos recibieran íntegramente el salario que paga Brasil por sus servicios (los cubanos recibían sólo el 25 % de su salario en Brasil, y el resto era destinado al régimen de La Habana, salvo un 5% que se abonaba a la OPS); que pudieran llevar a Brasil a sus familiares de Cuba y que fueran sometidos al examen Reválida.

En diciembre de 2020, una ordenanza del Ministerio de Salud de Brasil estableció la reincorporación de más de 350 cubanos a Más Médicos y les otorgó un registro único para el ejercicio de la Medicina. El contrato de trabajo ofrecido a los galenos tenía dos años de duración y no era renovable.

El régimen cubano ha sido señalado por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos por las "condiciones de esclavitud" en las que laboran los médicos cubanos en el exterior, como parte de las llamadas "misiones médicas".

En mayo de 2020, el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo emplazó a la OPS a explicar "el destino de los $75 millones" de dólares que recaudó cuando negoció este programa entre Brasil y Cuba.

El gobierno de la isla ha sido criticado en varias ocasiones por EEUU por mantener políticas para beneficiarse de la exportación laboral, con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente con su programa de misiones médicas extranjeras.

Un informe presentado en agosto de 2022 por la Human Rights Foundation señala que el gobierno cubano "ha utilizado su poder desproporcionado sobre los profesionales médicos y sus condiciones de empleo para explotar y abusar de los trabajadores de la salud mediante innumerables mecanismos coercitivos, que van desde desde amenazas de separación familiar y exilio forzoso hasta restricciones de movimiento y robo de salarios”.

Prisoners Defenders, con sede en Madrid, España, ha presentado ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional una denuncia que recoge el testimonio de más de mil galenos y otros profesionales de la salud de la isla que han sido víctimas de esta situación. Según la organización, existen “más de 50.000 trabajadores cubanos en el exterior que sufren esclavitud cada día, en más de 60 países”.

Opositores en Cuba recogerán firmas para promover ley en defensa de la libertad de manifestación

Una manifestación pacífica en Cuba. (Foto: Twitter/@interpuellas).

Una plataforma disidente cubana anunció que recogerá firmas para pedir que se apruebe que regule el derecho de manifestación y reunión, reportó la agencia de prensa Efe.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), que reúne a grupos y personalidades de la oposición del país dentro y fuera de la isla, indicó que va a dar este paso, buscando el hito de las 10.000 firmas de residentes, para presentarlo como iniciativa legislativa ciudadana tal y como hizo con su propuesta de amnistía.

En un comunicado explicó que su objetivo es "que sea incluido en el cronograma legislativo de este año el debate y la consiguiente aprobación" de una ley "que implemente y desarrolle los derechos fundamentales" previstos en el artículo 56 de la Constitución, o sea los de "reunión y manifestación con fines lícitos y pacíficos".

La plataforma denunció que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) no tramitó esta ley, pese a que estaba inicialmente previsto aprobarla en este período legislativo, que concluirá con las elecciones parlamentarias del 26 de marzo.

El CTDC solicitó a la ANPP por escrito el pasado 13 de diciembre, con el respaldo de 500 firmas, "la reinclusión en el cronograma legislativo para el primer trimestre de 2023 del proyecto de Ley de Manifestación y Reunión".

No obstante, la ANPP le respondió el 24 de enero a través de su directora de Atención a la Población, Carmen Aguilar Martínez, que la tramitación de ese proyecto de ley estaba efectivamente prevista para esa legislatura, pero que se posponía por "ajustes y prioridades".

La cuestión del derecho de manifestación en Cuba se ha debatido en diversas ocasiones en los últimos años, especialmente a raíz de las protestas antigubernamentales del 11 de julo de 2021 -eminentemente pacíficas y reprimidas con contundencia- y de la convocatoria de manifestación del 15 de noviembre de 2021, que no fue autorizada, informó Efe.

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