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América Latina

CIDH urge a Nicaragua a cesar criminalización de manifestantes, opositores y defensores de derechos humanos

Manifestantes enfrentan represión de paramilitares sandinistas en Nicaragua.

Han fallecido 322 personas, de las cuales 21 serían policías, y 23 niñas, niños y adolescentes (...) Conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado

Managua / Washington D.C. - A cuatro meses de iniciadas las protestas sociales en el país, y cerrando la octava semana de trabajo en terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

El MESENI ha registrado una disminución de las acciones violentas y el empleo desproporcionado de la fuerza letal en la represión de las protestas. Sin embargo, la Comisión nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización. Esto incluye la emisión de comunicados oficiales, así como declaraciones y pronunciamientos de las autoridades, que intentan promover un aparente clima de normalidad en el país, a la vez que estigmatiza a manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.

La CIDH actualiza la cifra de personas fallecidas en el contexto de los hechos acaecidos en el país desde el 18 de abril pasado a 322 personas, de las cuales 21 personas serían policías, y 23 niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, según la información recibida por el MESENI, cientos de personas estarían detenidas. La CIDH insiste en la necesidad de que el Estado de Nicaragua proporcione las cifras oficiales y la información detallada sobre las personas detenidas.

Ante el cuestionamiento público del Ministerio de Relaciones Exteriores a la metodología de trabajo de la CIDH, incluyendo las cifras sobre el número de personas fallecidas, la Comisión reitera que la labor de monitoreo que se realiza a través del MESENI y de los otros mecanismos a su disposición, se lleva a cabo con extrema rigurosidad metodológica. Esto incluye contrastar varias fuentes, dentro de las cuales se encuentran testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, información que aportan organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como también fuentes oficiales.

La CIDH lleva un registro con la indicación de la fuente de la información sobre las personas asesinadas. Como puede apreciarse en el anexo del informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Marco de las Protestas Sociales en Nicaragua, la CIDH incorporó a su registro todas y cada una de las personas fallecidas que el Estado de Nicaragua identificó e informó a la Comisión.

En sus posteriores comunicados, la CIDH ha continuado incorporando la información aportada por el Estado. No obstante, conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado.

Asimismo, las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son inconsistentes. Mediante notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio de 2018, el Estado informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al gobierno.

Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, mediante nota del 7 de agosto el Estado reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio. En el desglose de esa cifra, el Estado informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”; y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas, que fueron manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del Gobierno de Nicaragua”.

No obstante, el informe no presenta el listado de las personas fallecidas. Frente a la inconsistencia de las cifras reportadas por el Estado y sus cuestionamientos al registro de fallecidos de la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquéllas que ofrecen las autoridades nicaragüenses.

La Comisión también reitera el llamado al Estado a adelantar investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes de personas manifestantes como consecuencia de la represión de la protesta social, así como de todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde el 18 de abril.

Asimismo, la CIDH insta al Estado a suministrar la información referida a las investigaciones judiciales que están en curso con el objeto de establecer los autores materiales e intelectuales. En particular, es indispensable que el Estado nicaragüense rinda cuentas del número y la identidad de las personas imputadas, detenidas, juzgadas y sancionadas por esos hechos.

De igual manera, es urgente que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH dirigidas a asegurar la realización de las autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales que actuaron con la anuencia de éste.

La CIDH expresa su máxima preocupación ante la persistencia de la violencia en la represión de la protesta social, que sigue provocando muertes y heridos, y por la información sobre detenciones arbitrarias, todo lo cual ha sido registrado por el MESENI a través de su trabajo de monitoreo de marchas, plantones y protestas, tanto de oposición como de apoyo al gobierno. En particular, el 11 de agosto, la CIDH fue informada sobre la muerte de una persona, Lenin Mendiola, ocurrida en el contexto de las protestas sociales convocadas en Matagalpa. La CIDH lamentó este hecho y recordó la obligación del Estado de proteger la integridad de todas las personas y de investigar imparcialmente los hechos. Posteriormente, el 19 de agosto, se recibió información de que agentes de la policía nacional y grupos progubernamentales agredieron a participantes en una caravana a Masaya, lo cual habría dejado dos personas heridas.

Por otra parte, en el mes de agosto el MESENI ha documentado la persistencia de declaraciones y pronunciamientos por parte de las más altas autoridades estatales tendientes a la estigmatización de las personas que participan en las actividades de protesta social, acusándoles de “golpistas” y “terroristas”, entre otras graves descalificaciones. Estos discursos crean un ambiente que genera condiciones de hostilidad e intolerancia, poniendo bajo amenaza la vida, la integridad y la seguridad de personas manifestantes, líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a los discursos y las declaraciones estigmatizantes.

En ese contexto social de criminalización de la protesta se dan cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados. Se está utilizando de modo generalizado el tipo penal de terrorismo. Asimismo, tal como lo ha evidenciado MESENI, no se han respetado reglas básicas de debido proceso. Por ejemplo, se impide o se obstaculiza el acceso a los abogados defensores antes de las audiencias programadas. Los defensores públicos, en forma generalizada, sugieren la autoincriminación como estrategia de defensa. Se realizan audiencias en horarios o lugares inusuales, impidiendo u obstaculizando la comparecencia de la defensa privada. Se celebran audiencias en que se impide el acceso al público y a veces a las propias familias de las personas detenidas.

La Comisión observa asimismo una práctica de centralización de los procesos y juicios penales en contra de personas opositoras y manifestantes en los tribunales de Managua, pese a que en muchos casos los hechos investigados sucedieron en otros municipios. El MESENI ha recibido información que indica que la Fiscalía cuenta con formatos de acusación preestablecidos para imputar graves delitos como terrorismo, crimen organizado y otros similares a quienes participaron en las protestas o prestaron apoyo, inclusive quienes proveyeron asistencia humanitaria como donaciones de alimentos y medicamentos.

En ciertas audiencias judiciales, las autoridades nicaragüenses denegaron el ingreso a los familiares, a la prensa independiente, y a representantes del MESENI y de las Naciones Unidas. Esto ocurrió en la audiencia judicial contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, que tuvo lugar el 14 de agosto. Volvió a ocurrir el 15 de agosto, en la audiencia por el asesinato del periodista Ángel Gahona, en que están acusados dos jóvenes de Bluefields, Brandon Lovo Taylor y Glen Slate. Asimismo, la CIDH toma nota sobre las amenazas de muerte en contra de la abogada de las personas acusadas de la muerte del periodista Ángel Gahona, las cuales se habrían producido minutos antes de iniciada la audiencia.

El MESENI también ha comprobado la persistencia de un patrón de represión selectiva, con un conjunto de detenciones arbitrarias e ilegales en las últimas semanas, luego de la deposición voluntaria o por la fuerza estatal de los tranques a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el MESENI recibió la denuncia sobre la detención arbitraria en Juigalpa de al menos cinco personas que habrían participado en los tranques de la comunidad.

Los testimonios de las víctimas y sus familiares son consistentes en cuanto a señalar la forma en que se realizan estas detenciones arbitrarias, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de orden judicial, la falta de comunicación sobre los motivos de la detención, la falta de información a los familiares de las personas detenidas sobre el lugar en que serán recluidos y la falta de cumplimiento con los plazos legales para ponerlos a disposición de un juez. Es de especial preocupación para la CIDH la información documentada por el MESENI en el sentido de que a las personas procesadas no se les estaría garantizando su derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes antes de la celebración de las audiencias.

El 9 de agosto, el MESENI fue informado sobre las detenciones del líder campesino Víctor Manuel Díaz, de la zona de El Fajardo, en el departamento de Río San Juan. También ese día fue informado el arresto de un líder estudiantil de la UNAN Matagalpa, Bayardo Siles, quien habría sido liberado el 18 de agosto. En ambos casos se verificó el modus operandi de detención por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales caracterizado por la ausencia de orden judicial, la falta de información precisa sobre los cargos o motivo de la detención, falta de comunicación oportuna a la familia sobre el lugar de reclusión.

En vez de producir investigaciones imparciales para dilucidar la verdad y administrar justicia, los procesos judiciales contra estas personas muestran serias evidencias de estar destinados a criminalizar la disidencia y la protesta social. “El uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos constituye una violación al derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales”, señaló el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

“Pero en adición a ello, tiene efectos sociales negativos porque afecta estructuras y amedrenta liderazgos grupales y comunitarios. Por eso se vuelve indispensable que el Estado de Nicaragua cese de inmediato la iniciación de procesos penales como mecanismo de represalia en perjuicio de quienes han participado en las protestas y manifestaciones, y que adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y las garantías judiciales en todos los procesos penales”, agregó.

En relación con el régimen penitenciario al que se somete a las personas procesadas, el MESENI ha comprobado que el mismo afecta los derechos de las familias, pues el sistema de visitas es administrado discrecionalmente y se producen postergaciones o reprogramaciones el mismo día de la visita, hay total falta de privacidad por la presencia de agentes penitenciarios o policiales en las visitas, existe una asignación arbitraria de tiempo que fluctúa entre 10 minutos y 2 horas, entre otras afectaciones.

Ante la falta de información por varios días sobre el lugar de detención y otras problemáticas, las madres y familiares se han desplazado a la capital, generando una carga desproporcionada y onerosa para muchas familias que, además de dejar sus empleos y alterar la dinámica de sus núcleos familiares, reportan ser víctimas de amenazas y hostigamiento en sus lugares de residencia.

La Comisión reitera la obligación que tiene el Estado de garantizar condiciones dignas de detención a las personas privadas de libertad, así como un régimen adecuado y previsible de visitas. “Es deber del Estado tomar medidas que aseguren que las personas privadas de su libertad mantengan y desarrollen sus relaciones familiares”, señaló el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

Es de suma gravedad la falta de información oficial del Estado de Nicaragua sobre el número de personas detenidas, así como de otros datos que permitan caracterizar este fenómeno. Esto se suma a la condición impuesta al MESENI de no poder acceder a instalaciones judiciales o penitenciarias. Estos factores dificultan gravemente el monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Nicaragua.

“Es urgente que esta situación cambie y que el Estado ofrezca la información y autorice el ingreso del MESENI a las instalaciones donde están retenidas las personas privadas de libertad y donde tienen lugar los procesos judiciales”, dijo el Comisionado Hernández. Ante la falta de información oficial, la CIDH agradece especialmente la colaboración del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) con la labor del MESENI en esta área.

En adición a ello, la CIDH nota con preocupación que en la práctica, se continúa procesando a adolescentes en el sistema penal para adultos. “Es obligación del Estado garantizar que los y las adolescentes sean tratados bajo una justicia juvenil especializada, basada en el modelo de justicia restaurativa, garantizando la protección de los derechos de la niñez y el interés superior del niño”, dijo la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, continúan registrándose actos intimidatorios, hostigamientos y amenazas contra periodistas en Nicaragua. El MESENI documentó la denuncia realizada por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, el Grupo Venancia y Radio Vos contra las informaciones difamatorias y hostigamientos de las que son víctimas.

El 14 de agosto, el periodista del medio televisivo Vos TV, Gerall Chávez, denunció las amenazas y el mensaje de intimidación que presuntos simpatizantes del gobierno dejaron en las paredes de su casa en El Rosario, Carazo. El 19 de agosto, el MESENI recibió información sobre la agresión, robo y violencia por parte de grupos encapuchados armados contra la periodista alemana Sandra Weiss, del diario suizo NZZ, mientras se encontraba realizando un reportaje sobre la toma de tierras en Chinandega.

Asimismo, en agosto se continúa recibiendo información sobre despidos injustificados de médicos y profesionales de la salud que brindaron atención a las personas heridas en la represión de la protesta social. Particularmente, según los testimonios recibidos por el MESENI, ahora los despidos se estarían realizando de manera individualizada y no masiva, imputando incumplimientos en los contratos colectivos de trabajo o alegaciones de negligencia médica, provocando un efecto amedrentador e inhibitorio en el resto del personal. Hasta el momento, de acuerdo con la información recibida, unas 135 personas habrían sido despedidas, y habría varias más en lista de personas a ser despedidas.

Frente a esta situación, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en relación con la grave situación de derechos humanos registrada en el país. Esto incluye tomar medidas para poner fin al hostigamiento y las amenazas en contra de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, adelantar procesos imparciales y acordes con un debido proceso para el esclarecimiento de la verdad y la administración de justicia en torno a las violaciones a los derechos humanos, cesar la estigmatización y criminalización de manifestantes, opositores y defensores y defensoras de derechos humanos, y garantizar el acceso a información pública confiable que permita monitorear la situación de los derechos humanos en el país.

“La CIDH continuará llevando a cabo sus labores de seguimiento de las recomendaciones y el monitoreo de la situación de derechos humanos de manera seria, rigurosa y responsable con las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad nicaragüense en su conjunto, en cabal cumplimiento de sus mandatos convencionales y reglamentarios”, dijo la Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH.

Por su parte, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, señaló: “La CIDH requiere del Estado de Nicaragua respuesta a todas y cada una de las solicitudes de información elevadas, acceso a los centros de detención, a las audiencias públicas, a las autoridades competentes y a los lugares identificados por el MESENI; así como el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas. Igualmente, requiere al Estado que dé cumplimiento al convenio suscrito con la Secretaría General de la OEA y la CIDH el 30 de mayo de 2018, y que atienda las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de acceder los expedientes de investigación que se hubieran iniciado en el Ministerio Público, así como a las medidas dirigidas a reparar de manera integral las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

(Documento No. 187/18 de la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia)

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Senadora mexicana reitera solidaridad “con el pueblo cubano, no con su gobierno autoritario” (VIDEO)

Alex "la Wera" Reynoso, senadora mexicana por Guanajuato

Alejandra Noemí Reynoso, más conocida por Ale “La Wera” Reynoso, senadora mexicana por el Estado de Guanajuato manifestó solidaridad con los cientos de médicos cubanos enviados a México por acuerdo de ambos gobiernos.

Desde su cuenta en Twitter, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) expresó "solidaridad con los médicos cubanos y con su pueblo, pero nunca con su gobierno autoritario”.

“Ustedes son víctimas de la esclavitud y el totalitarismo, por lo tanto, cuenten conmigo para seguir levantando la voz por ustedes”, dijo la representante en referencia a la brigada médica cubana, compuesta por 500 galenos.


Anteriormente, la política mexicana criticó ante el Congreso de México que Miguel Díaz-Canel fuera invitado de honor a las festividades por el aniversario de la Independencia de México, celebradas en septiembre de 2021.

“Hablan de la empatía, la solidaridad y los derechos humanos que se tiene, pero, aparentemente sólo con el gobierno cubano. No he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos y las cubanas que están siendo violentados todos los días. No he visto la solidaridad con las más de mil personas presas por manifestarse en contra de un régimen. ¿Y por qué de eso no se habla desde México, por qué, al contrario, se le pone la alfombra roja para recibir a un dictador y se festeja lo que el dictador hace contra su comunidad?”, señaló en esa ocasión.

Se confirma visita de funcionarios de EEUU a Venezuela

Diplomático estadounidense, James Story, quien dirige la Unidad de Asuntos Venezolanos del gobierno estadounidense desde Colombia.

Altos funcionarios del gobierno estadounidense han viajado discretamente a Caracas en un nuevo intento de traer a casa a estadounidenses detenidos y de reconstruir las relaciones con Venezuela, luego de que la guerra en Ucrania ha obligado a Estados Unidos a recalibrar algunos objetivos de política exterior.

Un portavoz del Departamento de Estado describió el viaje como una visita de bienestar centrada en la seguridad de varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas, entre ellos ejecutivos de la compañía petrolera Citgo, con sede en Houston, que están encarcelados desde hace más de cuatro años.

La delegación incluye a Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, así como al embajador James Story, quien dirige la Unidad de Asuntos Venezolanos del gobierno estadounidense desde la vecina Colombia.

El presidente Nicolás Maduro confirmó la visita en declaraciones televisadas.

El presidente de la Asamblea Nacional "Jorge Rodríguez está recibiendo a esta hora una delegación del gobierno de Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas, y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo, y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela", manifestó.

Maduro se refería a otro viaje sorpresa realizado en marzo por Carstens, Story y Juan Gonzalez, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Ese fue el primer viaje de la Casa Blanca al país sudamericano en más de dos décadas.

Dicho viaje tuvo como resultado la liberación de dos ciudadanos estadounidenses que se consideraban detenidos injustamente y la promesa de Maduro de volver a entablar negociaciones con sus opositores.

Meses antes había suspendido esas negociaciones, encabezadas por diplomáticos noruegos en México, después de que un aliado crucial fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero.

No está claro qué más pretenden conseguir los funcionarios estadounidenses durante la misión a un país contra el que Estados Unidos ha impuesto severas sanciones económicas.

A su llegada a Caracas, Story se reunió durante dos horas con Juan Guaidó, el líder de la oposición respaldada por Estados Unidos, de acuerdo con alguien cercano a Guaidó. Conversaron sobre los intentos por reanudar las negociaciones en México, según la misma persona, la cual habló a condición de conservar el anonimato para poder declarar sobre la reunión privada.

Desde la visita de marzo, tanto la administración de Biden como el gobierno socialista de Venezuela han mostrado disposición a entablar diálogo después de años de hostilidades entre Washington y Caracas a raíz de la reelección de Maduro en 2018, que se vio empañada por irregularidades. Estados Unidos y otras naciones retiraron el reconocimiento a Maduro después de esa elección, y en su lugar, consideran a Guaidó el mandatario legítimo de Venezuela.

Aunque las negociaciones entre Maduro y la oposición no se han reanudado, Estados Unidos renovó una licencia para que las empresas petroleras, incluida Chevron, puedan seguir realizando mantenimiento básico a los pozos que operan de manera conjunta con la petrolera venezolana PDVSA.


La Casa Blanca también ha concedido a Chevron una exención para negociar los términos de su licencia con PDVSA y ha levantado las sanciones impuestas en 2017 contra el sobrino de la primera dama Cilia Flores, quien fue acusado de facilitar actos de corrupción mientras era un alto funcionario de PDVSA.

El viaje se produce después de una petición pública de la familia de Matthew Heath, un ex marine estadounidense que fue detenido hace casi dos años por lo que Estados Unidos considera cargos de terrorismo fabricados. La familia pidió hace unos días al gobierno que tomara medidas urgentes para salvar la vida de Heath después de lo que dijeron fue un intento de suicidio, el cual la AP no ha podido verificar.

Durante su intervención televisada del lunes, Maduro aludió a declaraciones de un funcionario francés ante reporteros durante la cumbre del Grupo de los Siete, quien dijo que debería hacerse todo lo necesario para diversificar la oferta de petróleo, incluyendo permitir que fluya el crudo venezolano, en un momento en que la guerra en Ucrania se alarga y los precios de los combustibles siguen subiendo.

Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo. Sin embargo, la década pasada comenzó a experimentar una caída drástica en la producción de crudo y sus derivados debido a un descenso en los precios, mala administración y sanciones económicas. En la actualidad, su presencia en el mercado mundial es marginal.

Pero los precios del petróleo han subido más del 50% en lo que va del año, impulsados por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, lo que ha generado preocupación a nivel global.

El chavismo no parece apremiado por volver a la negociación de México: analistas

Los analistas consideran que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene pocas presiones en este momento para reanudar el diálogo con la oposición.

La guerra en Ucrania y la apertura de un canal de comunicación directo con Estados Unidos han beneficiado al gobierno de Nicolás Maduro en los meses en que ha estado congelada la negociación facilitada por Noruega, dicen los expertos.

MARACAIBO, VENEZUELA —El eventual regreso al diálogo de México entre el gobierno de Nicolás Maduro y su oposición se enfocará en una agenda centrada en sanciones económicas y garantías electorales, pero sin mayor premura ni presión para el chavismo, según expertos consultados por la Voz de América.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en la clausura de la IX Cumbre de las Américas, hace dos semanas, que tanto el oficialismo como la oposición de Venezuela han manifestado su “intención” de reanudar las negociaciones de Ciudad de México.

Voceros de Estados Unidos anunciaron el mes pasado la flexibilización de algunas sanciones económicas contra el Gobierno de Maduro para permitir que compañías petroleras discutieran directamente con el poder político de Caracas su rol futuro en esa industria y, así, descongelar el diálogo en Venezuela.

El oficialismo venezolano, que se había retirado en octubre pasado del diálogo facilitado por Noruega, recibió con beneplácito el anuncio y su jefe delegado para las negociaciones, Jorge Rodríguez, se vio y estrechó de manos con su par opositor, Gerardo Blyde, a fin de recuperar “el espíritu” de Ciudad de México, según expresaron ambos representantes del chavismo y sus detractores.

Las semanas pasaron sin que se anunciara el esperado retorno a ese proceso de conversaciones y acuerdos, sin embargo. Noruega anunció la presencia de Rodríguez y Blyde en su foro de Oslo sobre mediación y pacificación de conflictos, del 21 al 22 de este mes, e hizo votos para que su participación abonara el camino para retomar el diálogo en Venezuela “en el corto plazo”.

Ricardo Sucre Heredia, politólogo, psicólogo social y comunicador venezolano, nota que el poder ejecutivo de Maduro “está en su dinámica” y no muestra que tenga presiones mayores para volver rápidamente al diálogo de México.

“Ya Maduro está viendo otra realidad política y la economía parece estar respondiendo. No noto al gobierno apurado”, comentó a la VOA.

El Palacio de Miraflores está también atento a los giros regionales hacia la izquierda, que le beneficiarían en el contexto geopolítico, como la reciente victoria de Gustavo Petro en Colombia, y con la esperanza de que uno de sus principales aliados, Luiz Inácio Lula da Silva, retorne al poder en Brasil.

Sucre Heredia dice no esperar “acuerdos rápidos” si ambos actores venezolanos deciden regresar a Ciudad de México en un futuro cercano. Anticipa, en cambio, un proceso “más largo” por el cambio de la dinámica en comparación con 2021.

El oficialismo anunció hace tres meses que apostaría por “reformatear” el diálogo y alegó que las negociaciones debían responder a la nueva “foto” de la política nacional, en referencia a su amplia victoria en las elecciones regionales de noviembre, cuando obtuvo la mayoría de las gobernaciones y alcaldías y en la que la oposición que difiere de la Plataforma Unitaria ganó algunos espacios.
ARCHIVO - Imagen de la delegación oficialista en Ciudad de México en septiembre de 2021, poco antes de levantarse de la meso de negociaciones.

Poco que ofrecer

Piero Trepiccione, politólogo e integrante del grupo de pensamiento y análisis político social de Venezuela Centro Gumilla, prevé que el gobierno de Maduro insista en el levantamiento de sanciones económicas y siga demandando la liberación de Alex Saab, empresario colombiano a quien Caracas identifica como enviado especial y miembro de su delegación negociadora.

Entre sus ofertas en México, el analista considera que se centrarán en las garantías de una “reinstitucionalización” que permita de nuevo abrir el juego democrático en Venezuela y, a su vez, acceder a financiamiento internacional.

Prevé que la oposición continúe exigiendo la libertad de presos políticos, la desjudicialización de partidos políticos intervenidos y la obtención de reglas “firmes y claras” para lograr una elección justa, transparente y libre.

“La oposición tiene muy poco que ofrecer. Se apoya en este caso en la Unión Europea y Estados Unidos en su materia de política exterior, que atañe a Venezuela. Tienen muy poco que ofrecer, por no decir nada”, insiste.

Sucre Heredia, por su parte, advierte que el gobierno de Maduro ya ha logrado mantener “un canal de comunicación directo” con Estados Unidos. La Casa Blanca envió en marzo una delegación de alto nivel a Caracas para conversar cara a cara con Maduro, en una reunión donde conversaron de temas políticos y de la posible reanudación de cooperación energética entre ambos países.

La oposición tendría ya poco que decir en ese asunto, opina. Recuerda que la administración del presidente estadounidense Joe Biden anunció recientemente el retiro de la lista de personas sancionadas de su Oficina de Control de Activos Extranjeros de Carlos Malpica Flores, sobrino político de Nicolás Maduro.

Malpica Flores estaba sancionado desde 2017 tras desempeñarse como vicepresidente de finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela y comisionado presidencial para asuntos económicos y financieros. Los analistas interpretaron la medida a su favor como un gesto de Estados Unidos a favor del diálogo.

Trepiccione, a su vez, resalta que la guerra de Rusia contra Ucrania ha creado “una serie de necesidades” para actores geopolíticos involucrados en el diálogo de Venezuela, como la Unión Europea y el propio Estados Unidos.

“Hay mucha disposición a acelerar soluciones en el caso de Venezuela, pero no está claro. Siguen manteniendo múltiples posiciones y eso puede ralentizar el proceso. Pudiera eso ser una fuerza motriz que impulse la necesidad de un acuerdo en Venezuela sobre todo para garantizar el suministro energético clave”, concluyó, en conversación con la VOA

EEUU espera trabajar con presidente electo de Colombia; legisladores de Florida preocupados con triunfo de Petro

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. (REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo)

Estados Unidos felicitó al pueblo colombiano por unas elecciones presidenciales libres e imparciales, tras la elección de Gustavo Petro como presidente el domingo.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre declaró en una conferencia de prensa que el presidente Joe Biden “espera trabajar con el presidente electo Petro, avanzar en la relación entre Estados Unidos y Colombia y abordar temas clave juntos, incluido el cambio climático, construir economías más justas y resilientes, seguridad y más”.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que el secretario de Estado, Antony Blinken, habló el lunes con Petro para felicitarlo por su elección y para reiterar el firme compromiso de Estados Unidos con la relación bilateral.

“El secretario de Estado subrayó los valores democráticos que comparten ambas naciones y se comprometió a fortalecer aún más la amistad de 200 años entre Estados Unidos y Colombia. Hablaron de los objetivos mutuos para hacer frente al cambio climático, mejorar la salud pública y avanzar en oportunidades económicas inclusivas”, se señaló en el comunicado.

Se informó, además, que Blinken expresó el apoyo de Estados Unidos a la plena implementación de los compromisos de Colombia en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.

Mientras tanto, en la Florida, el estado norteamericano con mayor número de colombianos, ms de un millón, el gobernador, Ron DeSantis, dijo estar "decepcionado" con la elección de Petro al señalar que la izquierda es una amenaza creciente en la región.

Con él coincidió la congresista republicana por la Florida, Maria Elvira Salazar, que en un mensaje en video por Twitter dijo que “todo el que quiera a Colombia tiene que estar muy preocupado con la victoria de Petro”.

“El 80 por ciento del colombiano en el sur de la Florida votó en contra de Petro porque sabe que Petro significa socialismo, que en teoría es fantástico, en la práctica es miserable. Esperemos que el próximo presidente Petro entienda que la democracia, la libertad y la economía de mercado es lo único que saca a los pueblos de la pobreza”, expresó la congresista.

Por su parte, el senador por la Florida, Rick Scott, señaló en la red social que el presidente Biden “debe recordarle a Petro que el amor mutuo por la libertad y el odio a la tiranía es lo que fortalece las relaciones entre Estados Unidos y Colombia".

Mientras que el otro Senador del estado, el también republicano Marco Rubio, expresó que los resultados de las elecciones "plantean una gran preocupación para la comunidad colombo-americana de Florida, que ven de cerca cómo su amada patria cae presa a manos de un líder marxista. Estados Unidos debe permanecer atento a que las instituciones de Colombia, su estado de derecho y la libertad de prensa no sean socavadas”.

Petro, economista de 62 años y exmilitante del grupo guerrillero M19, sucederá, a partir del próximo 7 de agosto, al presidente actual, Iván Duque.

El mundo reacciona ante el triunfo de Gustavo Petro en Colombia

La Torre Colpatria con la imágen del presidente electo Gustavo Petro.

Tras el triunfo del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, diferentes líderes del mundo reaccionaron, algunos deseando continuar el trabajo para construir la democracia y otros, con preocupación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó al pueblo colombiano por ejercer el voto y aseguró que espera continuar la asociacion con el país, junto al nuevo presidente, para la contrucción de un hemisferio más democrático y equitativo.


El secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó su deseo de que ambos países continuen estrechando la colaboracion para promover objetivos mutuos.


La congresista cubanoamericana, María Elvira Salazar, lamentó el resultado de las elecciones. "Petro es ladrón, terrorista y marxista, un apologista de Castro y Chávez", escribió en Twitter.

De la misma manera, destacó que desde el Congreso estará vigilando las acciones para respetar los derechos humanos de los colombianos. "¡Dios proteja a mis hermanos colombianos!".


El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, calificó en una rueda de prensa al presidente Petro como "un ex narcoterrorista marxista" y aseguró que su triunfo presidencial es preocupante y decepcionante. "La propagación de la ideología totalitaria de izquierda en el hemisferio occidental es una amenaza creciente. Florida apoya a los colombiano-estadounidenses del lado de la libertad”



El ex preso político cubano Ángel Moya aseguró que el triunfo de la izquierda en Colombia reforzará las alianzas con los régimenes de Cuba y Venezuela. Además dijo que el "fortalecimiento de las Narcoguerillas colombianas traera mucha corrupcion e inseguridad".

Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, celebró el triunfo presidencial y expresó que está dispuesta colaborar con el presidente electo y su gobierno. "El nuevo gobierno tendrá en sus manos la posibilidad de hacer un verdadero cambio y poner en el centro de sus políticas los #DDHH del pueblo colombiano y la paz".


El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo en Twitter que el triunfo de Petro es una "alegría para América Latina". También aseguró que ​ambos gobiernos trabajarán juntos por la unidad del continente "en los desafíos de un mundo que cambia velozmente".

Alberto Fernández, presidente argentino, aseguró que el triunfo de Petro convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada.

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