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América Latina

CIDH urge a Nicaragua a cesar criminalización de manifestantes, opositores y defensores de derechos humanos

Manifestantes enfrentan represión de paramilitares sandinistas en Nicaragua.

Han fallecido 322 personas, de las cuales 21 serían policías, y 23 niñas, niños y adolescentes (...) Conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado

Managua / Washington D.C. - A cuatro meses de iniciadas las protestas sociales en el país, y cerrando la octava semana de trabajo en terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

El MESENI ha registrado una disminución de las acciones violentas y el empleo desproporcionado de la fuerza letal en la represión de las protestas. Sin embargo, la Comisión nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización. Esto incluye la emisión de comunicados oficiales, así como declaraciones y pronunciamientos de las autoridades, que intentan promover un aparente clima de normalidad en el país, a la vez que estigmatiza a manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.

La CIDH actualiza la cifra de personas fallecidas en el contexto de los hechos acaecidos en el país desde el 18 de abril pasado a 322 personas, de las cuales 21 personas serían policías, y 23 niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, según la información recibida por el MESENI, cientos de personas estarían detenidas. La CIDH insiste en la necesidad de que el Estado de Nicaragua proporcione las cifras oficiales y la información detallada sobre las personas detenidas.

Ante el cuestionamiento público del Ministerio de Relaciones Exteriores a la metodología de trabajo de la CIDH, incluyendo las cifras sobre el número de personas fallecidas, la Comisión reitera que la labor de monitoreo que se realiza a través del MESENI y de los otros mecanismos a su disposición, se lleva a cabo con extrema rigurosidad metodológica. Esto incluye contrastar varias fuentes, dentro de las cuales se encuentran testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, información que aportan organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como también fuentes oficiales.

La CIDH lleva un registro con la indicación de la fuente de la información sobre las personas asesinadas. Como puede apreciarse en el anexo del informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Marco de las Protestas Sociales en Nicaragua, la CIDH incorporó a su registro todas y cada una de las personas fallecidas que el Estado de Nicaragua identificó e informó a la Comisión.

En sus posteriores comunicados, la CIDH ha continuado incorporando la información aportada por el Estado. No obstante, conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado.

Asimismo, las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son inconsistentes. Mediante notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio de 2018, el Estado informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al gobierno.

Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, mediante nota del 7 de agosto el Estado reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio. En el desglose de esa cifra, el Estado informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”; y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas, que fueron manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del Gobierno de Nicaragua”.

No obstante, el informe no presenta el listado de las personas fallecidas. Frente a la inconsistencia de las cifras reportadas por el Estado y sus cuestionamientos al registro de fallecidos de la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquéllas que ofrecen las autoridades nicaragüenses.

La Comisión también reitera el llamado al Estado a adelantar investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes de personas manifestantes como consecuencia de la represión de la protesta social, así como de todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde el 18 de abril.

Asimismo, la CIDH insta al Estado a suministrar la información referida a las investigaciones judiciales que están en curso con el objeto de establecer los autores materiales e intelectuales. En particular, es indispensable que el Estado nicaragüense rinda cuentas del número y la identidad de las personas imputadas, detenidas, juzgadas y sancionadas por esos hechos.

De igual manera, es urgente que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH dirigidas a asegurar la realización de las autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales que actuaron con la anuencia de éste.

La CIDH expresa su máxima preocupación ante la persistencia de la violencia en la represión de la protesta social, que sigue provocando muertes y heridos, y por la información sobre detenciones arbitrarias, todo lo cual ha sido registrado por el MESENI a través de su trabajo de monitoreo de marchas, plantones y protestas, tanto de oposición como de apoyo al gobierno. En particular, el 11 de agosto, la CIDH fue informada sobre la muerte de una persona, Lenin Mendiola, ocurrida en el contexto de las protestas sociales convocadas en Matagalpa. La CIDH lamentó este hecho y recordó la obligación del Estado de proteger la integridad de todas las personas y de investigar imparcialmente los hechos. Posteriormente, el 19 de agosto, se recibió información de que agentes de la policía nacional y grupos progubernamentales agredieron a participantes en una caravana a Masaya, lo cual habría dejado dos personas heridas.

Por otra parte, en el mes de agosto el MESENI ha documentado la persistencia de declaraciones y pronunciamientos por parte de las más altas autoridades estatales tendientes a la estigmatización de las personas que participan en las actividades de protesta social, acusándoles de “golpistas” y “terroristas”, entre otras graves descalificaciones. Estos discursos crean un ambiente que genera condiciones de hostilidad e intolerancia, poniendo bajo amenaza la vida, la integridad y la seguridad de personas manifestantes, líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a los discursos y las declaraciones estigmatizantes.

En ese contexto social de criminalización de la protesta se dan cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados. Se está utilizando de modo generalizado el tipo penal de terrorismo. Asimismo, tal como lo ha evidenciado MESENI, no se han respetado reglas básicas de debido proceso. Por ejemplo, se impide o se obstaculiza el acceso a los abogados defensores antes de las audiencias programadas. Los defensores públicos, en forma generalizada, sugieren la autoincriminación como estrategia de defensa. Se realizan audiencias en horarios o lugares inusuales, impidiendo u obstaculizando la comparecencia de la defensa privada. Se celebran audiencias en que se impide el acceso al público y a veces a las propias familias de las personas detenidas.

La Comisión observa asimismo una práctica de centralización de los procesos y juicios penales en contra de personas opositoras y manifestantes en los tribunales de Managua, pese a que en muchos casos los hechos investigados sucedieron en otros municipios. El MESENI ha recibido información que indica que la Fiscalía cuenta con formatos de acusación preestablecidos para imputar graves delitos como terrorismo, crimen organizado y otros similares a quienes participaron en las protestas o prestaron apoyo, inclusive quienes proveyeron asistencia humanitaria como donaciones de alimentos y medicamentos.

En ciertas audiencias judiciales, las autoridades nicaragüenses denegaron el ingreso a los familiares, a la prensa independiente, y a representantes del MESENI y de las Naciones Unidas. Esto ocurrió en la audiencia judicial contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, que tuvo lugar el 14 de agosto. Volvió a ocurrir el 15 de agosto, en la audiencia por el asesinato del periodista Ángel Gahona, en que están acusados dos jóvenes de Bluefields, Brandon Lovo Taylor y Glen Slate. Asimismo, la CIDH toma nota sobre las amenazas de muerte en contra de la abogada de las personas acusadas de la muerte del periodista Ángel Gahona, las cuales se habrían producido minutos antes de iniciada la audiencia.

El MESENI también ha comprobado la persistencia de un patrón de represión selectiva, con un conjunto de detenciones arbitrarias e ilegales en las últimas semanas, luego de la deposición voluntaria o por la fuerza estatal de los tranques a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el MESENI recibió la denuncia sobre la detención arbitraria en Juigalpa de al menos cinco personas que habrían participado en los tranques de la comunidad.

Los testimonios de las víctimas y sus familiares son consistentes en cuanto a señalar la forma en que se realizan estas detenciones arbitrarias, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de orden judicial, la falta de comunicación sobre los motivos de la detención, la falta de información a los familiares de las personas detenidas sobre el lugar en que serán recluidos y la falta de cumplimiento con los plazos legales para ponerlos a disposición de un juez. Es de especial preocupación para la CIDH la información documentada por el MESENI en el sentido de que a las personas procesadas no se les estaría garantizando su derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes antes de la celebración de las audiencias.

El 9 de agosto, el MESENI fue informado sobre las detenciones del líder campesino Víctor Manuel Díaz, de la zona de El Fajardo, en el departamento de Río San Juan. También ese día fue informado el arresto de un líder estudiantil de la UNAN Matagalpa, Bayardo Siles, quien habría sido liberado el 18 de agosto. En ambos casos se verificó el modus operandi de detención por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales caracterizado por la ausencia de orden judicial, la falta de información precisa sobre los cargos o motivo de la detención, falta de comunicación oportuna a la familia sobre el lugar de reclusión.

En vez de producir investigaciones imparciales para dilucidar la verdad y administrar justicia, los procesos judiciales contra estas personas muestran serias evidencias de estar destinados a criminalizar la disidencia y la protesta social. “El uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos constituye una violación al derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales”, señaló el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

“Pero en adición a ello, tiene efectos sociales negativos porque afecta estructuras y amedrenta liderazgos grupales y comunitarios. Por eso se vuelve indispensable que el Estado de Nicaragua cese de inmediato la iniciación de procesos penales como mecanismo de represalia en perjuicio de quienes han participado en las protestas y manifestaciones, y que adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y las garantías judiciales en todos los procesos penales”, agregó.

En relación con el régimen penitenciario al que se somete a las personas procesadas, el MESENI ha comprobado que el mismo afecta los derechos de las familias, pues el sistema de visitas es administrado discrecionalmente y se producen postergaciones o reprogramaciones el mismo día de la visita, hay total falta de privacidad por la presencia de agentes penitenciarios o policiales en las visitas, existe una asignación arbitraria de tiempo que fluctúa entre 10 minutos y 2 horas, entre otras afectaciones.

Ante la falta de información por varios días sobre el lugar de detención y otras problemáticas, las madres y familiares se han desplazado a la capital, generando una carga desproporcionada y onerosa para muchas familias que, además de dejar sus empleos y alterar la dinámica de sus núcleos familiares, reportan ser víctimas de amenazas y hostigamiento en sus lugares de residencia.

La Comisión reitera la obligación que tiene el Estado de garantizar condiciones dignas de detención a las personas privadas de libertad, así como un régimen adecuado y previsible de visitas. “Es deber del Estado tomar medidas que aseguren que las personas privadas de su libertad mantengan y desarrollen sus relaciones familiares”, señaló el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

Es de suma gravedad la falta de información oficial del Estado de Nicaragua sobre el número de personas detenidas, así como de otros datos que permitan caracterizar este fenómeno. Esto se suma a la condición impuesta al MESENI de no poder acceder a instalaciones judiciales o penitenciarias. Estos factores dificultan gravemente el monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Nicaragua.

“Es urgente que esta situación cambie y que el Estado ofrezca la información y autorice el ingreso del MESENI a las instalaciones donde están retenidas las personas privadas de libertad y donde tienen lugar los procesos judiciales”, dijo el Comisionado Hernández. Ante la falta de información oficial, la CIDH agradece especialmente la colaboración del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) con la labor del MESENI en esta área.

En adición a ello, la CIDH nota con preocupación que en la práctica, se continúa procesando a adolescentes en el sistema penal para adultos. “Es obligación del Estado garantizar que los y las adolescentes sean tratados bajo una justicia juvenil especializada, basada en el modelo de justicia restaurativa, garantizando la protección de los derechos de la niñez y el interés superior del niño”, dijo la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, continúan registrándose actos intimidatorios, hostigamientos y amenazas contra periodistas en Nicaragua. El MESENI documentó la denuncia realizada por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, el Grupo Venancia y Radio Vos contra las informaciones difamatorias y hostigamientos de las que son víctimas.

El 14 de agosto, el periodista del medio televisivo Vos TV, Gerall Chávez, denunció las amenazas y el mensaje de intimidación que presuntos simpatizantes del gobierno dejaron en las paredes de su casa en El Rosario, Carazo. El 19 de agosto, el MESENI recibió información sobre la agresión, robo y violencia por parte de grupos encapuchados armados contra la periodista alemana Sandra Weiss, del diario suizo NZZ, mientras se encontraba realizando un reportaje sobre la toma de tierras en Chinandega.

Asimismo, en agosto se continúa recibiendo información sobre despidos injustificados de médicos y profesionales de la salud que brindaron atención a las personas heridas en la represión de la protesta social. Particularmente, según los testimonios recibidos por el MESENI, ahora los despidos se estarían realizando de manera individualizada y no masiva, imputando incumplimientos en los contratos colectivos de trabajo o alegaciones de negligencia médica, provocando un efecto amedrentador e inhibitorio en el resto del personal. Hasta el momento, de acuerdo con la información recibida, unas 135 personas habrían sido despedidas, y habría varias más en lista de personas a ser despedidas.

Frente a esta situación, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en relación con la grave situación de derechos humanos registrada en el país. Esto incluye tomar medidas para poner fin al hostigamiento y las amenazas en contra de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, adelantar procesos imparciales y acordes con un debido proceso para el esclarecimiento de la verdad y la administración de justicia en torno a las violaciones a los derechos humanos, cesar la estigmatización y criminalización de manifestantes, opositores y defensores y defensoras de derechos humanos, y garantizar el acceso a información pública confiable que permita monitorear la situación de los derechos humanos en el país.

“La CIDH continuará llevando a cabo sus labores de seguimiento de las recomendaciones y el monitoreo de la situación de derechos humanos de manera seria, rigurosa y responsable con las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad nicaragüense en su conjunto, en cabal cumplimiento de sus mandatos convencionales y reglamentarios”, dijo la Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH.

Por su parte, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, señaló: “La CIDH requiere del Estado de Nicaragua respuesta a todas y cada una de las solicitudes de información elevadas, acceso a los centros de detención, a las audiencias públicas, a las autoridades competentes y a los lugares identificados por el MESENI; así como el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas. Igualmente, requiere al Estado que dé cumplimiento al convenio suscrito con la Secretaría General de la OEA y la CIDH el 30 de mayo de 2018, y que atienda las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de acceder los expedientes de investigación que se hubieran iniciado en el Ministerio Público, así como a las medidas dirigidas a reparar de manera integral las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

(Documento No. 187/18 de la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia)

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Sociedad civil venezolana postula 15 candidatos al Consejo Nacional Electoral

El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Setenta organizaciones de la sociedad civil venezolana anunciaron este martes la presentación de 15 candidatos a las rectorías del Consejo Nacional Electoral (CNE) que elegirá la Asamblea Nacional (AN) en diciembre, de abrumadora mayoría chavista.

Los proponentes valoran que se trata del “primer paso” para lograr un acuerdo político que permita al país restituir la confianza en el voto tras la realización de varios procesos electorales en los últimos tres años sin la participación de la oposición, según Mariela Ramírez, de la organización Dame Letra.

En conferencia de prensa virtual, explicó que los postulantes son conscientes de que el Parlamento vigente “no goza de legitimidad y nace de un proceso cuestionado”, pero acotó que ello no debe ser “un nuevo obstáculo” para la selección de un poder electoral que ayude a destrabar la crisis política nacional.

“Solo un acuerdo político podrá dotar al país de un poder electoral que genere confianza y restituya el valor del voto como instrumento soberano”, dijo.

Las candidaturas representan una estrategia política distinta a la propuesta por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos, quien descarta negociaciones con el chavismo y la participación en las elecciones de gobernaciones y alcaldías previstas para este año.

Por su parte, la UE pide diálogo en Venezuela y considera a Guaidó un "interlocutor privilegiado". El bloque europeo manifestó en enero que la “única salida” a la crisis en Venezuela es retomar las negociaciones políticas y establecer un proceso de transición que se traduzca en unas “elecciones creíbles”.

En una entrevista reciente, Josep Borrell, Alto Representante del bloque europeo para política exterior, dijo que no ve señales para otra negociación y que espera a la postura al respecto del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La lista de postulados al CNE incluye a expertos en el tema electoral venezolano, que se han convertido en referencias sobre la materia dentro de la oposición, como Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, el periodista Eugenio Martínez o el ingeniero Roberto Picón.

También, aspiran a integrar el CNE el expresidente de la cámara empresarial nacional, Francisco Martínez, así como exautoridades universitarias y un grupo de hombres y mujeres que fungieron como asesores del poder electoral.

Ramírez precisó en su intervención que la participación ciudadana en la selección del nuevo CNE busca lograr un escenario idóneo para sacar al país del “estancamiento” mediante unas elecciones genuinamente democráticas.

Acuerdo Imperativo

José Domingo Mujica, de la Red de Observación Electoral venezolana, explicó asimismo que las candidaturas procuran “la búsqueda de consenso” entre los actores políticos y nacen de los pronunciamientos públicos de algunos sectores que llaman a la reincorporación en la vía electoral en el país.

“Ratificamos nuestro compromiso y buena voluntad para la búsqueda de consensos que nos permitan a los venezolanos recuperar nuestros derechos civiles y políticos. Aspiramos a contribuir, a suscitar, un amplio debate nacional sobre el CNE”, declaró tras leer los nombres de los 15 postulados.

Mujica llamó a la comunidad internacional a que apoye “de manera coordinada y propositiva” los esfuerzos de la sociedad civil venezolana para demandar un acuerdo electoral que derive en beneficios para la población.

Ramírez, por su parte, reveló que han tenido conversaciones con actores internacionales y con el mismo chavismo sobre sus postulaciones.

Detalló que las conversaciones con los diferentes actores políticos han sido “permanentes” y expresó el anhelo de la sociedad civil de que los discursos inclusivos recientes de figuras del oficialismo se noten en la elección del CNE.

“Es necesario que esa voluntad política que se ha escuchado en los discursos se convierta en una realidad. No hay sanciones por aceptación de cargos o postulaciones”, expresó ante una pregunta de la prensa sobre sus temores de que los candidatos de la sociedad civil sean sancionados en el extranjero.

Mencionó entre las condiciones electorales a las que se aspiran que el CNE sea un árbitro imparcial, la habilitación absoluta de candidatos y la observación internacional plural, a fin de que la elección nacional sea “justa y verificable”.

¿Único camino?

Mujica, también miembro de la Asamblea de Educación, refirió que “no hay otra vía” que conversar con el chavismo para escoger al nuevo CNE.

“No es posible que esta iniciativa tenga éxito si no se cuenta con una voluntad de entendimiento por parte del sector oficialista, pues domina por completo la Asamblea Nacional. Tiene poder para elegir el CNE que le parezca”, reconoció, antes de apelar a “la buena voluntad” de quienes participen en las eventuales negociaciones políticas sobre asuntos como la selección del ente electoral.

Mujica opinó que el fin del “entrabamiento” de la crisis política podría iniciar con la designación de un CNE balanceado, equitativo, que logre credibilidad.

“No hay otra vía, tenemos que entrar a dar esta batalla en el marco de esta AN actuante, electa en las elecciones de diciembre pasado”, remarcó.

Roberto Picón, uno de los postulados, experto en sistemas electorales, advirtió que la sociedad civil es la única de los cuatro pilares fundamentales de la democracia que aún funciona correctamente en Venezuela.

“Los otros tres no existen: la separación de poderes, [la confianza] en el voto, los partidos. La sociedad civil goza de mucho reconocimiento y se ha mantenido aislada del conflicto existencial (político) y prestando sus servicios”, indicó.

Exhortó a que haya “la presión cívica necesaria para que los acuerdos se den” y se logre un CNE reconocido por todo el país de cara a las futuras elecciones.

(Artículo de la Voz de América)

EEUU mantiene su política de sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela

Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel en La Habana en diciembre del 2019 (Yamil Lage / AFP).

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró este domingo en Twitter que la política de sanciones sigue siendo una herramienta “vigente y aplicable” para castigar a quienes socavan la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Esta herramienta sigue siendo vigente y aplicable para algunos oficiales que socavan la democracia y los derechos humanos en Venezuela“, aseguró el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Jon E. Piechowski, en una conferencia de prensa telefónica.

El diplomático saludó las recientes sanciones adoptadas por la Unión Europea en contra de 19 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, y destacó que varios de ellos ya estaban sancionados por los Estados Unidos.

Piechowski, además, ratificó que para la administración Biden es una prioridad “combatir contra la corrupción e impedir que los oficiales no puedan comprar casas en Florida, no puedan ir de viajes de lujo a Disney World o a Nueva York, y que todo lo que ellos ganen sea honestamente”.

Se inicia registro de personas bajo MPP en Matamoros

El asentamiento informal en Matamoros, en la frontera norte de México. © OIM/Alberto Cabezas

Comunicado de ACNUR, OIM, CICR y UNICEF

Atendiendo a la situación humanitaria de las personas en el campamento informal de Matamoros, Tamaulipas, las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM y UNICEF, preparan el ingreso esta semana del primer grupo de personas de este asentamiento a Estados Unidos, como apoyo a un plan del gobierno estadounidense para poner fin al programa MPP.

Este miércoles, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, comenzará con el registro presencial de las personas del campamento, como complemento al registro virtual que se ha implementado desde el 19 de febrero. Se estima que actualmente unas 750 personas permanecen en el campamento, algunas desde hace dos años.

El primer grupo del campamento, conformado por 25 personas, estaría cruzando la frontera esta semana, luego de que sus datos sean verificados y se realicen las pruebas COVID correspondientes para evitar riesgos de salud pública. También se estará dando seguimiento a la situación de las personas fuera del campamento que tienen casos activos MPP y que están registradas en el sitio web CONECTA o a través de la línea de apoyo telefónico.

Esta respuesta de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales viene a petición de los gobiernos de Estados Unidos y de México para que las 25,000 personas estimadas que tienen casos activos en Estados Unidos pero que fueron retornadas a México bajo la política conocida como MPP o “Remain in Mexico”, puedan esperar que se resuelvan sus casos en suelo estadounidense.

Los gobiernos de México y de Estados Unidos han considerado que en línea con ese proceso para dar fin al Programa MPP, se debe priorizar a las personas en el campamento de Matamoros. ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF, además del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estamos coordinando para materializar esa petición.

Las primeras personas ingresaron bajo este proceso a Estados Unidos el 19 de febrero por el puerto de San Ysidro, California, como parte del operativo para desmantelar el MPP.

ACNUR, OIM, UNICEF y CICR respaldan el fin del Programa MPP para terminar la difícil situación humanitaria de miles de personas que han estado esperando en la frontera México-Estados Unidos desde 2019.

En coordinación con el gobierno de Estados Unidos, el ACNUR estableció el sitio web CONECTA para registrar a todos los casos activos bajo MPP. En los tres primeros días de funcionamiento se registraron más de 8,000 casos, equivalente a unas 12,000 personas.

La página web CONECTA fue lanzada el pasado viernes 19 de febrero, pero por la alta demanda, experimentó retos técnicos. El equipo de ACNUR ya realizó los cambios necesarios y se han habilitado canales adicionales, como un correo electrónico, una línea telefónica de registro e información y números de WhatsApp. Por la alta demanda siempre puede darse congestión en las líneas, pero el ritmo de registro y procesamiento está avanzando. En este sentido es importante reiterar que no hay relación alguna entre la fecha de registro en CONECTA y la fecha de ingreso en los EEUU.

En tanto, la OIM ha realizado los traslados de personas hacia Estados Unidos bajo medidas para proteger su integridad además de aplicar las pruebas COVID-19. Hasta el momento no se han detectado casos de COVID-19. UNICEF apoya en los casos de protección de la infancia más delicados, velando por la unidad familiar y brindando orientación a familias y niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana prestan servicios de llamadas gratuitas en el campamento, para permitir a las personas mantener el contacto con sus familiares antes de ingresar a los Estados Unidos.

Las agencias de Naciones Unidas recuerdan que según la nueva política del gobierno de Estados Unidos todas las personas con casos activos bajo MPP podrán ingresar al país para seguir sus casos. Las fechas y puertos de entrada de acceso a Estados Unidos de las personas que ya han completado el registro son determinadas por el Gobierno de Estados Unidos. El programa no tiene fecha establecida para ser completado del momento que todas las personas eligibles van a poder ingresar a los Estados Unidos, sin embargo, las agencias involucradas, piden paciencia del momento que el proceso puede durar varios meses.

Para más información:

España y Colombia firman acuerdo que incluye atención a inmigrantes venezolanos

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y la canciller colombiana, Claudia Blum

España destinará 120 millones de euros (cerca de 525.000 millones de pesos) de cooperación no reembolsable para Colombia hasta el 2024.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y su homóloga colombiana, Claudia Blum, firmaron el viernes el nuevo 'Marco de Asociación País – (MAP) 2020-2024’, en el cual se consolidan estrategias binacionales y que incluye la atención a inmigrantes venezolanos que viven en el país suramericano.

González Laya manifestó que uno de los intereses de su visita a Colombia es la crisis migratoria y reconoció el esfuerzo "grande, generoso" de Colombia para la atención a los inmigrantes. "En momentos en los que otros países cierran las puertas, que erigen muros, Colombia ha optado por acoger, protegiendo de manera temporal a los miles de venezolanos que se encuentran en sus territorios", sostuvo.

De ahí, enfatizó, su interés en viajar a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, para conocer la situación de cerca.

Así mismo tiempo, dijo que España seguirá acompañando a Colombia, incluso financieramente, y anunció que la nueva conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos será liderada por Canadá y se realizará en la segunda mitad de este año.

España también anunció que destinará 120 millones de euros (cerca de 525.000 millones de pesos) de cooperación no reembolsable para Colombia hasta el año 2024.

Por su parte, la ministra Blum resaltó la firma de la estrategia de cooperación colombo-española que se enfocará en "programas de estabilización de los territorios, la migración como factor de desarrollo y el fortalecimiento del desarrollo rural, sostenible, con enfoque de género".

Otros objetivos

Otros de los objetivos de la visita de González Laya es apoyar los esfuerzos de Colombia en la implementación del proceso de paz.

"Todos sabemos ya todos nos duele que sigan habiendo personas asesinadas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, excombatientes. Por eso, redoblamos con nuestra presencia aquí nuestro apoyo a Colombia y a sus instituciones para poder avanzar en este proceso de paz", manifestó la canciller española.

También, resaltó el trabajo que harán conjuntamente en la recuperación economía del país, tras la pandemia generada por al propagación del COVID- 19 en el mundo.

Arancha González llegó el jueves al país y visitará la frontera colombo-venezolana, el sábado.

Marco de Asociación País | (MAP) 2020-2024
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Militares retirados confirman presencia cubana en gobierno venezolano

Nicolás Maduro en una reunión con militares en junio 2020.

Dos generales retirados de las Fuerzas Armadas de Venezuela reafirman la presencia de funcionarios cubanos en la estructura del gobieno de Nicolás Maduro.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, los militares aseguraron que la presencia isleña está en muchos organismos del país.

Confirman presencia de cubanos en la estructura del gobierno de Maduro
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Además de las Fuerza Armadas, "hay ingerencia en organizaciones donde se lleva el control de las comunicaciones, los registros públicos, y las notarías", aseguró el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt.

Todo eso es "grave y se hace muy difícil la vida en un país que cada día enfrenta una realidad mucho más compleja por la problemática socio económica en que se está viviendo", agregó.

El general Miguel Aparicio, también retirado, señaló que "el control de Venezuela por parte del castrismo es un legado de Hugo Chávez".

Aparicio recordó que el difunto "Chávez puso el país completo, como si fuera un país esclavo, bajo las órdenes del castrocomunismo".

"Ahora ellos (en referencia a Cuba) son los que dirigen la política militar, la parte estratégica, la parte táctica", subrayó.

"Maduro es un títere del régimen cubano que ya se apoderó de todo el control de la sociedad civil", concluyó el general retirado.

(Con reporte de Pedro Corzo para Radio Martí)

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