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América Latina

CIDH urge a Nicaragua a cesar criminalización de manifestantes, opositores y defensores de derechos humanos

Manifestantes enfrentan represión de paramilitares sandinistas en Nicaragua.

Han fallecido 322 personas, de las cuales 21 serían policías, y 23 niñas, niños y adolescentes (...) Conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado

Managua / Washington D.C. - A cuatro meses de iniciadas las protestas sociales en el país, y cerrando la octava semana de trabajo en terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

El MESENI ha registrado una disminución de las acciones violentas y el empleo desproporcionado de la fuerza letal en la represión de las protestas. Sin embargo, la Comisión nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización. Esto incluye la emisión de comunicados oficiales, así como declaraciones y pronunciamientos de las autoridades, que intentan promover un aparente clima de normalidad en el país, a la vez que estigmatiza a manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.

La CIDH actualiza la cifra de personas fallecidas en el contexto de los hechos acaecidos en el país desde el 18 de abril pasado a 322 personas, de las cuales 21 personas serían policías, y 23 niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, según la información recibida por el MESENI, cientos de personas estarían detenidas. La CIDH insiste en la necesidad de que el Estado de Nicaragua proporcione las cifras oficiales y la información detallada sobre las personas detenidas.

Ante el cuestionamiento público del Ministerio de Relaciones Exteriores a la metodología de trabajo de la CIDH, incluyendo las cifras sobre el número de personas fallecidas, la Comisión reitera que la labor de monitoreo que se realiza a través del MESENI y de los otros mecanismos a su disposición, se lleva a cabo con extrema rigurosidad metodológica. Esto incluye contrastar varias fuentes, dentro de las cuales se encuentran testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, información que aportan organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como también fuentes oficiales.

La CIDH lleva un registro con la indicación de la fuente de la información sobre las personas asesinadas. Como puede apreciarse en el anexo del informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Marco de las Protestas Sociales en Nicaragua, la CIDH incorporó a su registro todas y cada una de las personas fallecidas que el Estado de Nicaragua identificó e informó a la Comisión.

En sus posteriores comunicados, la CIDH ha continuado incorporando la información aportada por el Estado. No obstante, conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado.

Asimismo, las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son inconsistentes. Mediante notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio de 2018, el Estado informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al gobierno.

Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, mediante nota del 7 de agosto el Estado reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio. En el desglose de esa cifra, el Estado informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”; y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas, que fueron manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del Gobierno de Nicaragua”.

No obstante, el informe no presenta el listado de las personas fallecidas. Frente a la inconsistencia de las cifras reportadas por el Estado y sus cuestionamientos al registro de fallecidos de la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquéllas que ofrecen las autoridades nicaragüenses.

La Comisión también reitera el llamado al Estado a adelantar investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes de personas manifestantes como consecuencia de la represión de la protesta social, así como de todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde el 18 de abril.

Asimismo, la CIDH insta al Estado a suministrar la información referida a las investigaciones judiciales que están en curso con el objeto de establecer los autores materiales e intelectuales. En particular, es indispensable que el Estado nicaragüense rinda cuentas del número y la identidad de las personas imputadas, detenidas, juzgadas y sancionadas por esos hechos.

De igual manera, es urgente que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH dirigidas a asegurar la realización de las autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales que actuaron con la anuencia de éste.

La CIDH expresa su máxima preocupación ante la persistencia de la violencia en la represión de la protesta social, que sigue provocando muertes y heridos, y por la información sobre detenciones arbitrarias, todo lo cual ha sido registrado por el MESENI a través de su trabajo de monitoreo de marchas, plantones y protestas, tanto de oposición como de apoyo al gobierno. En particular, el 11 de agosto, la CIDH fue informada sobre la muerte de una persona, Lenin Mendiola, ocurrida en el contexto de las protestas sociales convocadas en Matagalpa. La CIDH lamentó este hecho y recordó la obligación del Estado de proteger la integridad de todas las personas y de investigar imparcialmente los hechos. Posteriormente, el 19 de agosto, se recibió información de que agentes de la policía nacional y grupos progubernamentales agredieron a participantes en una caravana a Masaya, lo cual habría dejado dos personas heridas.

Por otra parte, en el mes de agosto el MESENI ha documentado la persistencia de declaraciones y pronunciamientos por parte de las más altas autoridades estatales tendientes a la estigmatización de las personas que participan en las actividades de protesta social, acusándoles de “golpistas” y “terroristas”, entre otras graves descalificaciones. Estos discursos crean un ambiente que genera condiciones de hostilidad e intolerancia, poniendo bajo amenaza la vida, la integridad y la seguridad de personas manifestantes, líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a los discursos y las declaraciones estigmatizantes.

En ese contexto social de criminalización de la protesta se dan cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados. Se está utilizando de modo generalizado el tipo penal de terrorismo. Asimismo, tal como lo ha evidenciado MESENI, no se han respetado reglas básicas de debido proceso. Por ejemplo, se impide o se obstaculiza el acceso a los abogados defensores antes de las audiencias programadas. Los defensores públicos, en forma generalizada, sugieren la autoincriminación como estrategia de defensa. Se realizan audiencias en horarios o lugares inusuales, impidiendo u obstaculizando la comparecencia de la defensa privada. Se celebran audiencias en que se impide el acceso al público y a veces a las propias familias de las personas detenidas.

La Comisión observa asimismo una práctica de centralización de los procesos y juicios penales en contra de personas opositoras y manifestantes en los tribunales de Managua, pese a que en muchos casos los hechos investigados sucedieron en otros municipios. El MESENI ha recibido información que indica que la Fiscalía cuenta con formatos de acusación preestablecidos para imputar graves delitos como terrorismo, crimen organizado y otros similares a quienes participaron en las protestas o prestaron apoyo, inclusive quienes proveyeron asistencia humanitaria como donaciones de alimentos y medicamentos.

En ciertas audiencias judiciales, las autoridades nicaragüenses denegaron el ingreso a los familiares, a la prensa independiente, y a representantes del MESENI y de las Naciones Unidas. Esto ocurrió en la audiencia judicial contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, que tuvo lugar el 14 de agosto. Volvió a ocurrir el 15 de agosto, en la audiencia por el asesinato del periodista Ángel Gahona, en que están acusados dos jóvenes de Bluefields, Brandon Lovo Taylor y Glen Slate. Asimismo, la CIDH toma nota sobre las amenazas de muerte en contra de la abogada de las personas acusadas de la muerte del periodista Ángel Gahona, las cuales se habrían producido minutos antes de iniciada la audiencia.

El MESENI también ha comprobado la persistencia de un patrón de represión selectiva, con un conjunto de detenciones arbitrarias e ilegales en las últimas semanas, luego de la deposición voluntaria o por la fuerza estatal de los tranques a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el MESENI recibió la denuncia sobre la detención arbitraria en Juigalpa de al menos cinco personas que habrían participado en los tranques de la comunidad.

Los testimonios de las víctimas y sus familiares son consistentes en cuanto a señalar la forma en que se realizan estas detenciones arbitrarias, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de orden judicial, la falta de comunicación sobre los motivos de la detención, la falta de información a los familiares de las personas detenidas sobre el lugar en que serán recluidos y la falta de cumplimiento con los plazos legales para ponerlos a disposición de un juez. Es de especial preocupación para la CIDH la información documentada por el MESENI en el sentido de que a las personas procesadas no se les estaría garantizando su derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes antes de la celebración de las audiencias.

El 9 de agosto, el MESENI fue informado sobre las detenciones del líder campesino Víctor Manuel Díaz, de la zona de El Fajardo, en el departamento de Río San Juan. También ese día fue informado el arresto de un líder estudiantil de la UNAN Matagalpa, Bayardo Siles, quien habría sido liberado el 18 de agosto. En ambos casos se verificó el modus operandi de detención por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales caracterizado por la ausencia de orden judicial, la falta de información precisa sobre los cargos o motivo de la detención, falta de comunicación oportuna a la familia sobre el lugar de reclusión.

En vez de producir investigaciones imparciales para dilucidar la verdad y administrar justicia, los procesos judiciales contra estas personas muestran serias evidencias de estar destinados a criminalizar la disidencia y la protesta social. “El uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos constituye una violación al derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales”, señaló el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

“Pero en adición a ello, tiene efectos sociales negativos porque afecta estructuras y amedrenta liderazgos grupales y comunitarios. Por eso se vuelve indispensable que el Estado de Nicaragua cese de inmediato la iniciación de procesos penales como mecanismo de represalia en perjuicio de quienes han participado en las protestas y manifestaciones, y que adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y las garantías judiciales en todos los procesos penales”, agregó.

En relación con el régimen penitenciario al que se somete a las personas procesadas, el MESENI ha comprobado que el mismo afecta los derechos de las familias, pues el sistema de visitas es administrado discrecionalmente y se producen postergaciones o reprogramaciones el mismo día de la visita, hay total falta de privacidad por la presencia de agentes penitenciarios o policiales en las visitas, existe una asignación arbitraria de tiempo que fluctúa entre 10 minutos y 2 horas, entre otras afectaciones.

Ante la falta de información por varios días sobre el lugar de detención y otras problemáticas, las madres y familiares se han desplazado a la capital, generando una carga desproporcionada y onerosa para muchas familias que, además de dejar sus empleos y alterar la dinámica de sus núcleos familiares, reportan ser víctimas de amenazas y hostigamiento en sus lugares de residencia.

La Comisión reitera la obligación que tiene el Estado de garantizar condiciones dignas de detención a las personas privadas de libertad, así como un régimen adecuado y previsible de visitas. “Es deber del Estado tomar medidas que aseguren que las personas privadas de su libertad mantengan y desarrollen sus relaciones familiares”, señaló el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

Es de suma gravedad la falta de información oficial del Estado de Nicaragua sobre el número de personas detenidas, así como de otros datos que permitan caracterizar este fenómeno. Esto se suma a la condición impuesta al MESENI de no poder acceder a instalaciones judiciales o penitenciarias. Estos factores dificultan gravemente el monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Nicaragua.

“Es urgente que esta situación cambie y que el Estado ofrezca la información y autorice el ingreso del MESENI a las instalaciones donde están retenidas las personas privadas de libertad y donde tienen lugar los procesos judiciales”, dijo el Comisionado Hernández. Ante la falta de información oficial, la CIDH agradece especialmente la colaboración del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) con la labor del MESENI en esta área.

En adición a ello, la CIDH nota con preocupación que en la práctica, se continúa procesando a adolescentes en el sistema penal para adultos. “Es obligación del Estado garantizar que los y las adolescentes sean tratados bajo una justicia juvenil especializada, basada en el modelo de justicia restaurativa, garantizando la protección de los derechos de la niñez y el interés superior del niño”, dijo la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, continúan registrándose actos intimidatorios, hostigamientos y amenazas contra periodistas en Nicaragua. El MESENI documentó la denuncia realizada por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, el Grupo Venancia y Radio Vos contra las informaciones difamatorias y hostigamientos de las que son víctimas.

El 14 de agosto, el periodista del medio televisivo Vos TV, Gerall Chávez, denunció las amenazas y el mensaje de intimidación que presuntos simpatizantes del gobierno dejaron en las paredes de su casa en El Rosario, Carazo. El 19 de agosto, el MESENI recibió información sobre la agresión, robo y violencia por parte de grupos encapuchados armados contra la periodista alemana Sandra Weiss, del diario suizo NZZ, mientras se encontraba realizando un reportaje sobre la toma de tierras en Chinandega.

Asimismo, en agosto se continúa recibiendo información sobre despidos injustificados de médicos y profesionales de la salud que brindaron atención a las personas heridas en la represión de la protesta social. Particularmente, según los testimonios recibidos por el MESENI, ahora los despidos se estarían realizando de manera individualizada y no masiva, imputando incumplimientos en los contratos colectivos de trabajo o alegaciones de negligencia médica, provocando un efecto amedrentador e inhibitorio en el resto del personal. Hasta el momento, de acuerdo con la información recibida, unas 135 personas habrían sido despedidas, y habría varias más en lista de personas a ser despedidas.

Frente a esta situación, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en relación con la grave situación de derechos humanos registrada en el país. Esto incluye tomar medidas para poner fin al hostigamiento y las amenazas en contra de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, adelantar procesos imparciales y acordes con un debido proceso para el esclarecimiento de la verdad y la administración de justicia en torno a las violaciones a los derechos humanos, cesar la estigmatización y criminalización de manifestantes, opositores y defensores y defensoras de derechos humanos, y garantizar el acceso a información pública confiable que permita monitorear la situación de los derechos humanos en el país.

“La CIDH continuará llevando a cabo sus labores de seguimiento de las recomendaciones y el monitoreo de la situación de derechos humanos de manera seria, rigurosa y responsable con las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad nicaragüense en su conjunto, en cabal cumplimiento de sus mandatos convencionales y reglamentarios”, dijo la Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH.

Por su parte, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, señaló: “La CIDH requiere del Estado de Nicaragua respuesta a todas y cada una de las solicitudes de información elevadas, acceso a los centros de detención, a las audiencias públicas, a las autoridades competentes y a los lugares identificados por el MESENI; así como el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas. Igualmente, requiere al Estado que dé cumplimiento al convenio suscrito con la Secretaría General de la OEA y la CIDH el 30 de mayo de 2018, y que atienda las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de acceder los expedientes de investigación que se hubieran iniciado en el Ministerio Público, así como a las medidas dirigidas a reparar de manera integral las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

(Documento No. 187/18 de la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia)

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Nicaragua, cada día con menos prensa

Violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. (VOA/Archivo).

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció el ataque que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen contra la Iglesia Católica en Nicaragua, principalmente en contra de la Diócesis de Matagalpa.

"El brutal ataque del régimen Ortega-Murillo contra el clero católico, instalaciones radiales y miembros de la comunidad en Sébaco es otro golpe a las libertades de religión y expresión en Nicaragua", escribió el alto funcionario diplomático en su cuenta de Twitter.

Nichols cuestionó además el papel de los agentes de la sancionada Policía, quienes asedian al sacerdote Uriel Vallejos, además de profanar la capilla Divino Niño Jesús de Praga, en donde funcionaba la radio y el canal católico de Sébaco.

También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el gobierno de Ortega creó “un nuevo desierto informativo en el interior del país”.

La SIP recalcó que la mayoría de las estaciones “confiscadas” recientemente estaban ubicadas en el departamento de Matagalpa -al norte de Nicaragua- y pertenecían a la Iglesia Católica, crítica de la administración sandinista.

La organización señaló que esto forma "parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente y representa un nuevo avance sobre la libertad de culto y de pensamiento en esa nación".

"Con un solo golpe, el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas. Es obvio que se pretende acabar con todo vestigio de prensa independiente", afirmó el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

(Con información del Departamento de Estado, la SIP y la Voz de América)

Petro deja en manos de Cuba ser sede de diálogos con ELN

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, habla con los estudiantes de la Universidad Externado en Bogotá, el martes 26 de julio de 2022. (AP Foto/Fernando Vergara)

BOGOTÁ (AP) — El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dejó el viernes en manos de Cuba la decisión de mantenerse como anfitrión de los diálogos de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que espera reanudar luego de su asunción el 7 de agosto.

La suspensión de la mesa de negociación por parte de Colombia, en cabeza del presidente saliente Iván Duque en 2019, tensó las relaciones diplomáticas con Cuba por el cumplimiento de los protocolos firmados entre el Estado colombiano y los países garantes, que contemplaba que en caso de rompimiento la comandancia guerrillera tendría unos días para volver a sus campamentos.

Duque pidió a Cuba extraditarlos para que cumplieran con sus deudas con la justicia colombiana, pero Cuba no cedió salvaguardándose en los protocolos. En Colombia Duque continuó combatiendo a la guerrilla y exigiendo el cese de actos terroristas y la liberación de los secuestrados como requisito para volver a la mesa de negociación. La causa del quiebre de los diálogos fue un ataque del ELN a una escuela policial en Bogotá en el que murieron 22 personas.

"A Cuba no le fue tan bien, porque lo convirtieron en la excusa para una ofensiva diplomática en ese país", dijo Petro a la prensa tras reunirse en Bogotá con embajadores de América Latina y el Caribe, entre los que se encontraba el representante diplomático de Cuba, Javier Caamaño Cairo.

Petro, próximo a convertirse en el primer presidente de izquierda en Colombia, señaló que ese mismo protocolo permite que las negociaciones se reanuden en La Habana y extendió la invitación a otros países garantes como Noruega a decidir si mantienen su rol. También indicó que sabe de la disposición de otros países para ayudar en el proceso de paz como España y Chile.

La víspera, Chile se ofreció como sede para las negociaciones de paz. Sin embargo, Petro aseguró que aún no han avanzado formalmente en la propuesta que le hizo el presidente chileno Gabriel Boric a la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, durante una visita a su país.

Se trata de reanudar un proceso que arrancó en 2017 con el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018). Fue en Quito donde se llevaron a cabo los ciclos iniciales de las negociaciones en los que se lograron ceses al fuego bilaterales y temporales bajo la verificación de las Naciones Unidas. En mayo de 2018, Cuba se convirtió en la nueva sede del diálogo, luego de que Ecuador declinara continuar como anfitrión.

Petro, quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19, dijo que tiene como un primer objetivo buscar un nuevo cese al fuego bilateral con el ELN, lo que "automáticamente traería menos violencia" a los territorios colombianos. Sin embargo, el ELN no es el único grupo armado en Colombia, persiste el Clan del Golfo, el cártel más peligroso del país, y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no cumplieron con el acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.

"El cese bilateral al fuego que yo quisiera que se extendiera a otro tipo de organismos armados que pululan en el país es un buen comienzo porque disminuiría los muertos", dijo Petro, sin embargo, advirtió que con el Clan del Golfo no buscaría una negociación política sino un sometimiento a la justicia.

Además de buscar respaldo para llevar a cabo nuevos acercamientos con grupos armados, Petro abogó por una mayor integración regional en la reunión con los embajadores de países como Chile, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Panamá, México, Haití, Argentina, Perú y Cuba.

Aseguró que pueden trabajar de manera coordinada en combatir el cambio climático, el narcotráfico y los delitos trasnacionales, así como dar un salto hacia las energías limpias con un proyecto impulsado por las empresas petroleras estatales de cada país.

Petro se propone abrir relaciones hacia África, fortalecer los lazos con Europa y mantener una buena relación con Estados Unidos. Abogó por no dejar que la "conflictividad mundial en crecimiento con China y Rusia se convierta y haga parte de nuestro territorio. América Latina debe ser siempre un territorio de paz".

Bukele es popular, Pedro Castillo no tanto, dice el sondeo CID Gallup

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. (Reuters/José Cabezas).

Dos encuestas de la empresa CID Gallup divulgadas esta semana arrojaron que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es la persona política más popular en su país y goza de una aprobación del 86%, muy distanciado de sus homólogos de América Latina.

En dos mensajes de Twitter, CID Gallup dijo que las encuestas Persona Política Más Popular y Desempeño de Presidentes Latinoamericanos se hicieron por teléfono del 10 al 19 de mayo entre 1.200 ciudadanos de cada país escogidos como muestra.

Las duras políticas de Bukele contra las pandillas en El Salvador han sido criticadas internacionalmente por gobiernos y organizaciones de derechos humanos, pero tienen un gran apoyo entre la población, que considera que han reducido la violencia en uno de los países más inseguros del mundo.

Con un 86%, la aprobación al desempeño de Bukele es un 17% superior al que le sigue en la encuesta, el presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica, quien obtuvo un 69% de aprobación. El tercero en la lista es el mandatario de República Dominicana Luis Abinader con un 61%.

Curiosamente, el político más popular en Costa Rica no es Chaves, sino Pilar Cisneros, una periodista y diputada a la Asamblea Legislativa que ha sido presentadora de noticieros de televisión.

Cabe destacar que el cuarto puesto (57%) entre los presidentes corresponde a Xiomara Castro, de Honduras, cuyo mandato, al igual que Chaves en Costa Rica, comenzó en el primer semestre de este año.

El resto de los mandatarios no llegan a un 50% de aprobación: Andrés Manuel López Obrador, de México, obtuvo un 39%; Daniel Ortega, de Nicaragua, un 37%, mientras que Iván Duque, de Colombia, y Guillermo Lazo, de Ecuador, comparten un 26%.

Los últimos cuatro son Nicolás Maduro, de Venezuela, con un 23%; Laurentino Cortizo, de Panamá, con un 21%; Alejando Giammattei, de Guatemala, con un 19%, y en último Pedro Castillo, de Perú, con apenas un 19%.

En la encuesta de la persona política más popular en cada país se observan casos como el de Costa Rica, y algunos casos corresponden a figuras o expresidentes que han sido sometidos a procesos por corrupción u otras irregularidades.

Ese es el caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli, a quien se ha asociado a una trama de sobornos, y el ecuatoriano Rafael Correa, sobre quien pesan diversas acusaciones y es reclamado por la justicia de su país.

No sorprenden, sin embargo, la presencia de Cristiana Chamorro en Nicaragua, encarcelada por el gobierno de Daniel Ortega, pero que mantiene una popularidad del 54% en el país, y de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, quien asumirá el cargo a principios de agosto, con un 50%.

Cabe destacar los casos de López Obrador en México, que a pesar de su coeficiente de aprobación del 39% es también la principal figura política de la nación, según la encuesta, con un 38%, y Keiko Fujimori en Perú, que supera al resto de los políticos con solo un 26% de simpatía.

En Venezuela, ni el presidente Nicolás Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó son la figura política más popular. La encuesta refleja que ese puesto lo ocupa Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo y miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Exigencia de derechos laborales: principal causa de protestas en Venezuela durante primer semestre de 2022

Un trabajador en Caracas en medio de una protesta (AFP/Juan Barreto).

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 3.892 protestas durante el primer semestre del año, “equivalente a un promedio de 22 diarias”, según el más reciente informe divulgado el martes.

“Esta cifra representa un aumento de 15% en comparación con el mismo período del año pasado”, puntualiza la organización independiente.

De acuerdo al OVCS, un 73% de las manifestaciones, es decir 2.856, estuvieron relacionadas con exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y destaca que 1.642 de las protestas estuvieron orientadas a la exigencia de derechos laborales.

“La documentación y análisis del OVCS destaca que las protestas laborales continúan liderando el índice (…) las principales demandas de los trabajadores son relacionadas con salario digno y suficiente, que le permita cubrir sus propias necesidades y la de su núcleo familiar”, expone la investigación.

El segundo motivo de protestas, según el Observatorio, fueron debido al colapso de los servicios y la falta de soluciones efectivas y de largo plazo por parte de las autoridades.

El OVCS también resalta que 1.036 manifestaciones estuvieron orientadas a la exigencia de derechos civiles y políticos.

Durante los últimos años, la VOA ha cubierto manifestaciones del personal sanitario, docente, de transporte, así como de pensionados y jubilados que denuncian que sus sueldos como empleados públicos no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

El gobierno de Nicolás Maduro no suele informar sobre las protestas en Venezuela.

En el caso de los jubilados y pensionados, el OVCS destaca que el sector se ha mantenido “con una participación activa en aproximadamente 460 protestas realizadas a nivel nacional”.

Luis Cano, presidente del Frente en defensa de jubilados y pensionados de Venezuela, ha denunciado que, para ellos, por ejemplo, recibir atención médica de calidad y consumir proteína se ha vuelto “un lujo”.

“Es bien difícil porque nosotros, aparte de lo que le estamos exigiendo al gobierno en lo que se refiere a que nuestra pensión sea digna, también le estamos exigiendo que eso tiene que ir acompañado de políticas para que el sector público de salud pueda brindarnos atención”, comentó recientemente a la VOA.

El artículo 80 de la Constitución, entre otras cosas, establece que a los ancianos se les debe garantizar “atención integral y beneficios de seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”. Situación que, asegura, a pesar de la constante presencia en las calles, no se cumple.

Actualmente en Venezuela, tras el aumento anunciado en marzo por el presidente Nicolás Maduro, el salario mínimo mensual que percibe el sector público, incluyendo pensionados, es el equivalente en bolívares a unos 30 dólares y de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), solo para cubrir la canasta básica alimentaria, en mayo se requerían 382 dólares mensuales.

Una extradición que prende alarmas en la comunidad venezolana de España

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La reciente decisión del ejecutivo español de extraditar al venezolano Ernesto Quintero, reclamado por el gobierno de Nicolás Maduro por presuntos delitos de estafa, ha causado un gran revuelo entre la comunidad venezolana residente en el país ibérico.

“Ese es el gran miedo que tenemos muchos que huimos de nuestro país o que nos expatriaron" dijo a la Voz de América desde Madrid el opositor Jesús Alemán, quien explicó que estuvo preso en la cárcel de Los Llanos, en Venezuela, y actualmente tiene una orden de búsqueda y captura. "Lo que sucedió con Ernesto nos prende las alarmas, porque esto abre las puertas a que cualquier persona que se esté refugiando en España pueda ser devuelta” añadió.

El joven, de 29 años, que es cofundador de la ONG Refugiados Sin Fronteras, la cual lucha por los derechos de refugiados y migrantes, comparó el caso de Quintero con el de Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y apodada como “la enfermera de Hugo Chávez”, quien fue extraditada en mayo desde España a EEUU por presunta conspiración por blanquear dinero:

“A la enfermera de Chávez la estaba solicitando la dictadura venezolana y no se la dan a la dictadura venezolana porque la Audiencia Nacional dice que 'su vida corre riesgo en Venezuela'. ¿Cómo tomas una decisión con una persona y con otras tomas otra y la entregas a las garras de la dictadura?”

Por otra parte, Alemán denunció que el hecho de ser enviado a una cárcel venezolana puede tener “consecuencias muy graves”, como la tortura, el aislamiento, o incluso la muerte.

En la misma línea se muestra la abogada defensora de DDHH y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Sujú, quien habló con la VOA desde República Checa y calificó la extradición de Quintero como un hecho “insólito”.

“No es un delincuente ni una persona que haya asesinado ni matado a nadie, sino que a simple vista se ve como un caso de retaliación” afirmó a la vez que declaró que en el país liderado por Nicolás Maduro “no hay Estado de derecho”, sino “una institucionalidad de la tortura y represión sistemática contra cualquiera que se le opone”.

Asimismo, Sujú expuso el caso de la hispano-venezolana María Delgado Tabosky, quien lleva tres años detenida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por presuntos delitos como terrorismo y traición a la patria. La abogada explicó que las “torturas blancas, psicológicas y malos tratos” que ha recibido Delgado han sido denunciadas por la ONU y por el Instituto Casla ante la fiscalía española.

“A España le consta cómo el régimen tortura y detiene de forma arbitraria, sino que se lo pregunten al mismísimo Zapatero, quien sabe y está empapado de la situación de cómo tratan a los presos políticos porque él ha estado allá” explicó la letrada venezolana sobre el antiguo presidente socialista de España.

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone que las 52 prisiones del país liderado por Nicolás Maduro están minadas de problemas “complejos” de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violaciones de derechos fundamentales a decenas de miles de hombres y mujeres detenidos”.

“Indignación y estupor ha causado, en la extensa y masiva comunidad venezolana en España, la extradición a Venezuela del compatriota Ernesto Quintero”, afirmó a través de Twitter el embajador en España del gobierno interino de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, tras conocer la noticia. El diplomático también calificó el proceso como “un grave precedente que preocupa e indigna a todos” y advirtió haber “pedido explicaciones a las autoridades”.

Por otro lado, varios políticos españoles de tendencia derechista también condenaron la extradición.

Acusado por presunta estafa

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) anunció que el ciudadano venezolano Ernesto Quintero, extesorero de la compañía ABA Servicios Financieros, implicada en delitos de presunta estafa, fue imputado por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores, así como asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas.

Saab aseguró se ha intentado politizar el caso en el que se han judicializado 4 de 25 personas investigadas y expuso que, “se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia”.

“En delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares. Son lamentables los casos de muy connotados corruptos, por ejemplo, una ex tesorera que han utilizado esta artimaña y han logrado evadir la justicia”, afirmó en declaraciones transmitidas por el canal del Estado.

Saab dijo que, en febrero de este año, el dirigente opositor Leopoldo López “salió en defensa” de Quintero y se le dio trato opositor “cuando no se le conoce militancia política alguna” y celebró que, en este caso, “el intento de politización no pudo” contra la evidencia presentada por el Ministerio Público (MP)

Además, evaluó como un “importante precedente”, el hecho de que España haya acreditado la investigación del MP y dijo esperar que “lo hagan con otros prófugos que se encuentran allá”.

El artículo 6 del Tratado de Extradición entre Venezuela y España establece que “no se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza”.

“Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos”, continúa.

Garantías en Venezuela

Consultado por la Voz de América, Zair Mundaray, exfiscal del MP de Venezuela, considera que ninguna persona debería ser extraditada a Venezuela mientras se mantenga “un sistema ideado, diseñado para la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos” y evalúa la extradición de Quintero como un precedente negativo.

Para el abogado, la situación se pudo haber resuelto de una manera jurídica “más cónsona” y “garantista de los derechos fundamentales”, mediante la aplicación del “principio de extraditar o juzgar”, previsto en el Tratado de Extradición entre Venezuela y España.

Expone que España pudo haber solicitado a Venezuela “todo el acervo probatorio” de la investigación y someterlo a juicio en ese país, borrando así “cualquier atisbo de posibilidades de que haya alguna violación al debido proceso”.

Mundaray explica que los tratados internacionales deben ser interpretados pro homine (a favor de las personas, del ser humano) y tutelar cualquier derecho o amenaza de violación del derecho y añade que, por ese motivo, las decisiones que se toman en materia de extradición son de carácter jurídico y pasan por una suerte de control político.

El abogado recuerda que países como EEUU, Colombia no extraditan a “nadie pedido por Venezuela”, partiendo de razonamientos coherentes con su política exterior.

Además, alerta que Venezuela ha venido “afinando las fórmulas de persecución, simulando supuestos delitos ordinarios para lograr que las personas sean sometidas a procesos de extradición y que se cumplen con los supuestos en materia internacional y burlar al concierto de naciones de que las personas podrían tener eventualmente procesos justos”.

En la actualización del informe de 2020 presentado en marzo de este año, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM), que no es reconocida por el Estado venezolano, resaltó que se “necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia”.

“La Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”, acotó Marta Valiñas, presidenta de la FMM.

En noviembre del año pasado, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

Quintero llegó a España en 2018 y fue detenido por la Guardia Civil en Madrid el 10 de febrero de 2021 cuando se dirigía a su trabajo. El exempleado de bolsa recurrió varias veces su posible deportación, pero finalmente el recurso de súplica del acusado no fue atendido por la Audiencia Nacional.

El ministerio del Interior también denegó varias solicitudes de asilo por parte de Quintero. Su mujer y su hija, que se encuentran en España, sí que consiguieron obtener la protección temporal.

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