Enlaces de accesibilidad

América Latina

CIDH denuncia bloqueo informativo de Nicaragua sobre COVID-19

Entierro de víctimas de COVID-19 en Nicaragua

El Comité Internacional de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) vuelve a mostrar su preocupación por el desentendimiento que el régimen de Daniel Ortega muestra respecto al desarrollo de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.

Apoyándose en los reportes de organizaciones pertenecientes a la sociedad civil de país Centroamericano y también de la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), el CIDH considera que la información aportada por Nicaragua hasta el momento es “confusa o inespecífica sobre el modo en que se han producido los contagios y elaborados e implementados los protocolos de seguimiento de casos sospechosos”.

[…] “La información oficial tampoco permite conocer la situación del personal de salud y la capacidad hospitalaria para enfrentar la emergencia, entre otros indicadores”, asegura el informe, que también afirma que, durante una conferencia de prensa ofrecida por la Ministra de Salud, informa “254 personas infectadas desde el comienzo de la pandemia, de las cuales, 199 se habrían recuperado”.

No obstante, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de la sociedad civil, así como medios de prensa no parcializados reportan “una cantidad sustancialmente mayor de casos confirmados por medio de pruebas de laboratorio y personas que presentan los síntomas de haber contraído COVID-19 en Nicaragua”. A esta denuncia se une la carta firmada por nueve ex ministros de salud del país que dieron a conocer irregularidades en el tratamiento de la emergencia sanitaria.

Por su parte, medios de comunicación independientes hablan de unas 1300 personas contagiadas que no han sido reportadas oficialmente y aseguran que Nicaragua ingresó en una “fase de contagio comunitario, aún cuando el gobierno no ha reconocido esta situación”. Estos medios hablan también de entierros de personas fallecidas que habían mostrado síntomas de la enfermedad y que fueron efectuados de manera urgente y durante la noche, sin realizar las pertinentes pruebas de constatación.

A esto se une lo manifestado por la Organización Panamericana de la Salud, según las palabras de su director de Emergencias Sanitarias, Ciro Ugarte, quien ha dicho en conferencia de prensa que “Nicaragua es el único país de la región en el cual no se ha podido determinar la modalidad de transmisión del COVID-19”, y también, agrega, “existe preocupación por el posible aumento de casos no reportados oficialmente en Managua y Chinandega así como del incremento inusual de los fallecidos por neumonía atípica”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha insistido durante el transcurso de la emergencia en que “Los gobiernos están obligados, en virtud de las normas sobre derechos humanos, a proporcionar información fidedigna y desagregada sobre la pandemia, evitando promover la desinformación. También deben ser transparentes en relación con las medidas que las comunidades deben adoptar para protegerse, prestando especial atención a las personas con dificultades de acceso a los medios masivos y a internet".

Vea todas las noticias de hoy

Poder Electoral de Nicaragua extiende plazo para comicios de 2021

Ciudadanos nicaragüenses se buscan en la lista del padrón electoral antes de la apertura de las juntas receptoras de votos en Managua.

El Poder Electoral de Nicaragua extendió el plazo para que los partidos políticos soliciten su personalidad jurídica para participar en las elecciones generales previstas en noviembre de 2021, informó este martes el diario oficial La Gaceta.

En una resolución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, decidieron ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica en un máximo de cinco meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 7 de noviembre del 2021.

La Ley Electoral señala que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales.

En su resolución, el CSE explicó que amplían el plazo debido a que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 "ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales".

Dos organizaciones y un movimiento político, sin personalidad jurídica, rechazaron, por separado, esas medidas del CSE, las cuales catalogan como una "trampa" para mostrar apertura, sin tocar el tema fondo del sistema electoral, que es el control absoluto que ejerce el oficialismo sobre ese poder del Estado.

"La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua", señaló la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una declaración.

5 finalistas en vacante del Relator Especial para la Libertad de Expresión

RELE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, da a conocer la lista de las cinco personas que serán entrevistadas los días 14 y 15 de septiembre de 2020 como parte del proceso de selección para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión, RELE.

En el marco de su 176 Período de Sesiones, la Comisión Interamericana seleccionó de la lista de finalistas anunciada el día 30 de abril de 2020, a las cinco personas que pasan a la fase de entrevistas.

Estas personas son, por orden alfabético: Ana Cristina Ruelas Serna, de México; Carlos Martín Lauría, de Estados Unidos; Damián Miguel Loreti, de Argentina; Paula Ligia Martins, de Brasil; y Pedro Vaca Villarreal, de Colombia.

La CIDH agradece la participación en el proceso de selección, así como el envío de videos y la aceptación a participar en el seminario realizado el pasado 29 de junio de 2020.

La CIDH expresa una vez más su enorme satisfacción con el interés en este concurso de personas altamente calificadas y con amplia experiencia y conocimiento en materia de libertad de expresión.

Asimismo, la Comisión agradeció a las más de 380 cartas y observaciones recibidas por parte de los paísas miembros de la OEA y de la sociedad civil en el marco de la consulta pública realizada entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020.

El proceso por el cual la CIDH selecciona a la persona titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión está regido por las normas reglamentarias pertinentes.

De acuerdo a lo establecido, el 15 de septiembre de 2020 la Comisión anunciará el nuevo titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que comenzará sus labores a partir del 6 de octubre de 2020.

Autorizan extradición a EEUU de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro

Nicolás Maduro toca una barra de oro mientras se dirige a los ministros responsables del sector económico en el Palacio de Miraflores.

El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó este martes a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.

El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República, enviada el pasado 8 de julio, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal, el más importante de este país insular de África occidental, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y tenía un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del gobierno.

Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

“Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”, aseguró a Efe Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un agente del régimen, que se hallaba en tránsito en Cabo Verde para regresar al país.

La defensa de Saab argumenta que el empresario tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde.

El empresario colombiano contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa.

En ese argumento se basarán los procedimientos del exjuez español Baltasar Garzón para defender a Saab ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas, tras haberse incorporado al equipo legal del empresario, señaló Pinto.

El exjuez, que ejerce como abogado, va a liderar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Saab, explicó Pinto a Efe este lunes.

Álex Saab, testaferro de Maduro, contrata al ex juez Garzón para su defensa

En esta foto de archivo el juez español Baltasar Garzón junto a la vice presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Álex Saab, empresario colombiano testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde, confirmó este lunes a la agencia EFE el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.

Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde, tanto ante organismos judiciales internacionales como de ese país insular de África occidental.

En concreto, el ex juez, que ahora ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó Pinto por teléfono en Praia, la capital de Cabo Verde.

En paralelo, Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que se trasladaba hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, de la isla norteña de Sal.

Los casos de Garzón

El valor de la indemnización que la defensa del empresario colombiano planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Garzón dirige actualmente un bufete de abogados con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.

En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990), lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Por otro lado, Saab, según la misma fuente, no está contento con las condiciones actuales de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.

El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, precisó su representante.

Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.

Tras la detención del testaferro, el régimen de Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde y debía volver al país.

El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su “encarcelamiento ilegal”, pero ambos fueron desestimados.

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares” entre otras operaciones de blanqueo de capitales en Venezuela y Colombia.

Bill Richardson viajará a Venezuela para hablar sobre estadounidenses encarcelados

El ex gobernador de Nuevo Mexico Bill Richardson (Foto: The Richardson Center).

El veterano diplomático estadounidense, Bill Richardson, planea viajar a Caracas para reunirse con el presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro, con el propósito de discutir el estado de varios ciudadanos estadounidenses presos allí, dijo el lunes su fundación.

En un mensaje en Twitter, el Centro Richardson dijo que el ex gobernador de Nuevo México y embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas llevaría a cabo lo que llamó una misión humanitaria privada a Venezuela "a pedido de varias familias de prisioneros estadounidenses". No identificó a los detenidos.

No se anunció cuándo tendría lugar la visita.

El gobierno de Venezuela actualmente retiene a dos ex soldados de las fuerzas especiales de EEUU, Luke Denman y Airan Berry, arrestados en mayo por liderar un supuesto intento fallido de incursión armada destinada a capturar a Maduro.

El régimen de Maduro desde 2017 también ha encarcelado a ejecutivos de de Citgo Petroleum Corp, la unidad de refinación de Estados Unidos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, por acusaciones de malversación de fondos.

La administración del presidente Donald Trump ha tratado de derrocar a Maduro imponiendo sanciones al sector petrolero de Venezuela y apoyando al líder de la oposición, Juan Guaidó.

Richardson tiene un historial de trabajo para liberar a los estadounidenses de gobiernos hostiles. Anteriormente estuvo involucrado en la liberación del misionero estadounidense Joshua Holt en Venezuela en 2018.

Estuvo en Cuba y Corea del Norte, buscando la liberación de estadounidenses detenidos.

(Con información de agencias y el Centro Richardson)

Cargar más

XS
SM
MD
LG