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Derechos Humanos

China televisa confesiones a sus disidentes como en la Cuba de Castro o la URSS de Stalin

Los comunistas chinos extraen a la fuerza confesiones a sus críticos y las televisan.

En un informe reciente presentado a las Naciones Unidas, grupos de derechos humanos, entre ellos Safeguard Defenders y Human Rights Watch, indicaron que el Partido Comunista de China, PCC, extrae a la fuerza confesiones de sus críticos que luego son televisadas en el canal estatal en una burla del proceso debido y el derecho a un juicio justo, cosa por demás común a todos los regímenes comunistas de la antigua URSS a la actual Cuba.

“Las confesiones forzosas televisadas son parte de una cadena sistemática y amplia de abusos a los derechos humanos perpetrada con el fin de servir a los intereses políticos del PCC”, según el informe. “Hay muy poco que pueda distinguirlas de las repugnantes prácticas de las audiencias públicas en la era de Mao o de los infames juicios-espectáculo de Stalin”, o los juicios amañados de Castro.

La presentación del grupo sobre “la práctica de China de extraer y divulgar confesiones forzadas antes de un juicio” documenta 87 casos desde el año 2012, en que la seguridad pública o la policía han forzado las confesiones previas a juicios que luego son difundidas por los medios gestionados por el Estado.

Los grupos urgen a las Naciones Unidas a recomendar a los líderes de China que apliquen reformas legales para frenar las confesiones forzadas televisadas y fortalezcan las protecciones del debido proceso.

El PCC apunta a críticos o a supuestos enemigos para extraer confesiones forzosas de acuerdo a vagas órdenes de seguridad nacional o pública como “buscar pelea y provocar problemas“, dice el informe. Entre las víctimas figuran abogados, activistas de derechos, periodistas y blogueros, así como uigures, un grupo étnico minoritario perseguido y sometido al internamiento masivo en la región de Sinkiang por el PCC.

El informe califica a las confesiones forzadas del PCC como un ataque a la dignidad humana y al derecho básico de un debido proceso y un juicio justo. Indica que la práctica está vinculada con la tortura, las amenazas y los arrestos arbitrarios, que muestran que la República Popular China carece de un sistema legítimo de justicia penal.

La difusión de las confesiones forzosas por los medios estatales de China los hace cómplices de los abusos, agrega el informe. La filmación de las confesiones con frecuencia es cuidadosamente coreografiada para maximizar su valor propagandístico, obligando a los prisioneros a leer o memorizar una confesión redactada, y luego se hacen ensayos hasta que los funcionarios de seguridad de China se dan por satisfechos.

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Denuncian que seguridad del Estado en Pinar del Río confiscó donación de medicamentos para opositores enfermos

Julio César Góngora

El miércoles en la tarde, la Seguridad del Estado interceptó en la ciudad de Pinar del Río al activista José Rolando Cásares cuando éste se dirigía a realizar la entrega de un paquete con medicamentos, enviado desde Miami a través de una agencia, y destinado a dos periodistas independientes en delicado estado de salud.

La policía política del régimen condujo al activista hasta la sede provincial del Ministerio del Interior, donde le confiscaron los paquetes de medicinas y se negaron a entregarle un acta firmada de los fármacos ocupados. Cásares declaró a Radio Martí que también presentará una queja formal ante la Fiscalía Militar Provincial.

“Llegando a la jefatura provincial, inmediatamente procedieron a quitarme los medicamentos de Julio Cesar Góngora y de Roberto Blanco Gil, otro periodista independiente que padece de diabetes y al que también le habían mandado algunas medicinas, entre estas Insulina. Fueron confiscados, además, frascos de Ibuprofeno, Azitromicina, parches y cremas para los dolores musculares, gasa antiséptica, y otros materiales de cura, cosas que están en falta en el país y que ni el mismo sistema de salud pública (MINSAP) tiene disponible para los enfermos en la isla”, denunció el activista.

“Eso es una forma arbitraria por parte del departamento de la Seguridad del Estado, a la que estoy denunciando e incluso, estoy preparando una queja para entregarla en la Fiscalía Militar Provincial, es una falta de respeto para una persona que ante todo es un ser humano, que es lo principal”, afirmó.

Poicía política "confisca" medicamentos enviados a enfermos
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Mientras tanto, Góngora alertó que lleva muchos meses siendo hostigado por parte de la policía política y responsabilizó a las autoridades cubanas por su integridad física.

“Primero que nada, mi vida depende de los medicamentos, yo soy parapléjico, sufro de una herida abierta, soy cardiópata, tengo además una afección pulmonar, y padezco la enfermedad celíaca de la piel, son padecimientos crónicos que traen muchas complicaciones, ellos simplemente están cometiendo arbitrariedades, violando todos los derechos de una persona discapacitada, confinado en una silla de ruedas", declaró.

"En mi caso, me tienen sitiado, cercado, con vigilancia constante y no dejan que nadie se acerque a mí, recientemente, incluso utilizaron el hospital provincial Abel Santamaría y el personal médico para hacerme un interrogatorio dentro de la institución médica", agregó.

"En el caso de Roberto Blanco Gil, si no le llegan los medicamentos puede sufrir un coma diabético y morirse también. La dictadura cubana y la Seguridad del Estado nos están sentenciado a muerte en nuestras casas estando enfermos”, alertó el comunicador.

A la cárcel, padre de prisionero del 11J que exigió la libertad de su hijo

Ángel Rolando Castillo Sánchez, padre del preso político Rowland Castillo Castro.

Rolando Castillo Sánchez, padre de Rowland Castillo, manifestante del 11 de julio en La Güinera, fue sentenciado el miércoles a dos años de privación de libertad.

Se le condenó por el delito de coacción a un menor de edad, en un juicio sumario celebrado en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en La Habana.

Yudinela Castro, su expareja y madre de su hijo Rowland, estuvo presente en la vista según dijo a Radio Martí.

Declaraciones de Yudinela Castro
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Días antes de su arresto, el jueves 5 de mayo Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Giuseppe Belaunzaran Guada, acusado de sedición y hurto tras las protestas del 11 de julio en Cuba, expresaba a través de una directa que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior.

En el video pedía libertad para sus amigos presos durante las manifestaciones.

Ahora el menor, vecino y amigo de Rowland y otros jóvenes presos por los sucesos del 11J en La Güinera acusa Castillo de haberlo presionado para grabar el video.

Según Yudinela Castro, Castillo continúa plantado desde el día de su detención y, según afirmó al finalizar la vista, no abandonará su protesta hasta la liberación su hijo sancionado a 18 años de cárcel por el delito de sedición.

Los padres de Rowland han llevado a cabo una fuerte campaña por su liberación y la de los demás presos del 11J. Ambos han sido detenidos, interrogados y amenazados en varias ocasiones por las denuncias sobre la situación de su hijo en las redes sociales y espacios públicos.

Comité Contra la Tortura exige a Cuba respuestas y cifras sobre detenciones, interrogatorios y hostigamiento

Agentes de civil arrestan violentamente a los manifestantes el 11 de julio en La Habana.

El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés), solicitó a Cuba “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar" a los responsables del uso excesivo de la fuerza del 11 de julio de 2021.

A través de un informe, emitido este viernes, el Comité expresó su preocupación por las denuncias que documentan que durante las protestas ocurrieron actos violentos y que violan los derechos humanos como "golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas".

Mitin de repudio frente a la casa de Yunior García el 14N
Mitin de repudio frente a la casa de Yunior García el 14N

El CAT pide a La Habana adoptar las medidas necesarias para prevenir y cesar las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, intimidación, amenazas y descalificación de defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familiares; garantizar que los actos de hostigamiento, represión e intimidación sean debidamente investigados y los responsables sancionados; asegurar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el ejercicio de sus libertades de opinión, expresión y circulación, así como sus derechos de asociación y reunión pacífica y establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Un manifestante detenido en La Habana el 11 de julio, en las protestas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Un manifestante detenido en La Habana el 11 de julio, en las protestas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.

La Comisión solicitó “investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodia, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares” y lamentó que el régimen cubano no haya presentado "información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el periodo de examen del Comité, que fueron en un promedio de 100 al año y cuya causa principal serían las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la información facilitada por Cuba".

Los expertos en derechos humanos que componen el Comité, expresaron su preocupación por la cantidad de juicios sumarios sin garantías al debido proceso y los de civiles que han sido juzgados por los tribunales militares, que "no ofrecen las garantías de independencia e imparcialidad requeridas por la Convención".

Los expertos piden a Cuba que modifique las disposiciones del Código Penal con el propósito de poner fin a la detención con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas como la peligrosidad social predelictiva y la sedición.

El CAT recomienda al régimen de La Habana garantizar que "todas las personas detenidas cuenten, en la ley y en la práctica, con todas las salvaguardias fundamentales contra la tortura desde el momento mismo de su privación de libertad, incluidos los derechos a ser asistidas por un abogado sin demora, en particular durante las etapas de la investigación y los interrogatorios; a solicitar y tener un reconocimiento médico independiente; a ser informadas de sus derechos, los motivos de la detención y los cargos formulados en su contra; a ser inscritas en el registro del lugar de detención; a notificar inmediatamente su detención y el lugar de la misma a un familiar o a cualquier otra persona de su elección; a comparecer ante un juez sin demora; y a contar con recursos efectivos para impugnar la legalidad de su detención. El Estado parte deberá velar también por que se sancione a los funcionarios que no permitan a las personas privadas de libertad el goce de dichas salvaguardias fundamentales".

Además indica que el régimen de Cuba debe adoptar medidas inmediatas para poner término a las prácticas coercitivas en los interrogatorios, incluyendo agresiones, incomunicación prolongada, aislamiento, exposición a cambios bruscos de temperatura y amenazas y que asegure en la práctica la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura.

Cuba dijo al Comité que los establecimientos penitenciarios se encuentran al 81 % de su capacidad, sin embargo no ofrece datos estadísticos oficiales y actualizados relativos a la población reclusa.

Por lo que el CAT muestra preocupación por las informaciones recibidas en las que se denuncian condiciones de detención inadecuadas, hacinamiento, insalubridad y falta de ventilación, atención médica deficiente, malnutrición, provisión insuficiente de agua potable y medicamentos, así como las informaciones que indican un elevado número de huelgas de hambre, y las denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos, que incluirían agresiones físicas y verbales, restricciones injustificadas del régimen de visitas, traslados a centros penitenciarios alejados de su entorno familiar y el uso prolongado de celdas de aislamiento.

Por lo que recomienda "velar por que se abra una investigación siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o se han infligido malos tratos, e investigar restricciones arbitrarias o injustificadas de los derechos de las personas detenidas".

ElComité lamenta no contar con datos estadísticos desglosados sobre el número de personas privadas de libertad, entre ellas aquellas sujetas a prisión provisional, y la poca transparencia del sistema penitenciario y pide a Cuba garantizar que la prisión provisional se utilice solo de manera excepcional y durante el menor tiempo posible, y sin exceder el período previsto por la ley. El Estado también debe contar con un registro actualizado de personas privadas de libertad, desglosado por nombre, sexo, edad, origen étnico o nacionalidad, condición de discapacidad, su situación procesal y el lugar de detención.

El informe menciona "las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía puesto que únicamente los miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pueden ejercer la profesión en el Estado parte, salvo excepciones como la representación y dirección de determinados asuntos propios o de sus familiares por parte de juristas que no sean miembros de esa organización" y recomienda al Estado "velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia de la fiscalía general y del poder judicial, en particular asegurándose de que el nombramiento de los jueces se ajuste a las normas internacionales pertinentes".

El CAT considera que Cuba debe asegurar también el respeto del derecho a la libre asociación y al ejercicio independiente de la abogacía, conforme a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.

El Comité observó con preocupación la persistencia de la violencia de género, las debilidades en el mecanismo de denuncia, y el insuficiente número de centros de acogida para víctimas.

"Al Comité también le preocupa la falta de legislación específica sobre violencia de género y las sanciones poco severas de las agresiones sexuales en el Código Penal. Sin embargo, se toma nota de que el proyecto de Código Penal incluiría como agravantes, cometer el delito como consecuencia de la violencia de género. Por otra parte, el Comité muestra su preocupación por la ausencia de datos estadísticos desglosados sobre la violencia de género en todas sus formas", indica el informe.

Por otra parte, recomienda al régimen cubano establecer protocolos que regulen la actuación de las autoridades en una protesta social.

La entidad lamenta que todavía en Cuba no se haya establecido en el país una institución nacional de derechos humanos independiente, de conformidad con los Principios de París, cuyo mandato incluya la promoción y la protección de los derechos consagrados en la Convención.

El CAT pide la declaración de una moratoria formal de la pena de muerte en Cuba, con miras a su abolición futura.

El Comité dio un plazo hasta el 13 de mayo de 2023, para que Cuba ofrezca información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité concernientes a la inspección independiente de los lugares de detención; los defensores de derechos humanos, periodistas y artistas; y los sucesos del 11 de julio.

Por otra parte, instruye a las autoridades cubanas a dar amplia difusión al informe y las recomendaciones a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las organizaciones no gubernamentales.

Cuba aplica "medidas manifiestamente contrarias a Convención contra la Tortura", concluye Comité ONU (VIDEO)

Agentes de la policía política detienen a un manifestante, el 11 de julio, en La Habana. ((AP/Ramón Espinosa)

El Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas se pronunció sobre la situación en la isla y determinó que el régimen cubano viola la Convención contra la Tortura.

Durante el exámen de Cuba en la 73° sesión de esta entidad, celebrada entre abril y mayo, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT) por sus Estados Parte, habló sobre la situación de los menores encarcelados tras manifestarse el 11 de julio contra el régimen cubano.

Sébastien Touzé, vicepresidente del CAT, mencionó además los arrestos artbitrarios y los casos particulares de José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Denis Solís.

En el Informe de conclusiones y recomendaciones, Touzé reconoció que 55 menores fueron detenidos en las protestas y que muchos siguen detenidos actualmente.

Los expertos apuntan al marco jurídico cubano por facilitar a las autoridades de la isla llevar a cabo una política de represión contra algunos opositores políticos o culturales.

"Las autoridades, es decir los responsables de la Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento de Seguridad del Estado, encarcelan con frecuencia a los activistas para impedirles participar en manifestaciones públicas o reuniones privadas para ejercer sus derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión o circulación", dijo el vicepresidente del CAT.

"Aquí el comité no puede sino expresar su preocupación por la falta de respeto de los derechos fundamentales primordiales libertad de expresión asociación reunión o circulación (...) Las actuaciones de algunas autoridades del Estado en el marco de la represión contra estas personas terminan con medidas manifiestamente contrarias a la Convención contra la Tortura", concluyó.

En un informe alternativo, enviado a este comité en abril, las agrupaciones CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), FREEMUSE, que aboga por la libertad de expresión artística y la diversidad cultural y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunciaron que en Cuba se manifiesta "un fenómeno de serio agravamiento en la persecución de artistas independientes".

Las agrupaciones denuncian que "todo aquel que es de opiniones contrarias al régimen y activa en favor de la vigencia de los derechos humanos, expresándose del modo que sea y asociándose, es perseguido y acosado de diversas formas, y en muchísimos casos encarcelados. Este fenómeno generalizado que incluye un especial ataque hacia los artistas independientes ha significado serias violaciones a los derechos humanos".

Las tres entidades documentaron lo siguiente:

- reiteradas detenciones constantes de corta duración sin cargo alguno (en muchos casos en múltiples ocasiones, incluso día tras día)

- destrucción y confiscación de obras artísticas (que combinadas con el resto del acoso y detenciones producen graves afectaciones emocionales)

- diversas formas de acoso y vigilancia policial constante en los domicilios (patrullas y vigilancias fuera de los hogares de las víctimas) e impedimentos de salir de sus hogares. - acciones violentas durante las detenciones.

- violencia física y maltrato psicológico en los centros de detención (golpizas) - humillaciones de diverso tipo al momento de la detención (traslados sin ropas, en ropa interior o pijamas)

- humillaciones en los centros de detención (obligar a desnudarse, obligar a gritar consignas políticas en favor de la Revolución, etc.)

- aislamientos en los centros de detención - condiciones edilicias inadecuadas en los lugares detención - condiciones sanitarias inadecuadas en los centros de detención

- falta de atención sanitaria

- condiciones extremadamente inadecuadas de alimentación en los centros de detención

La agrupación Cuban Prisoners Defenders también presentó ante eñ CAT el informe “Las torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre los prisioneros políticos en Cuba”.

El régimen cubano dijo que la organización y su presidente Javier Larrondo “sobredimensionan” la población penitenciaria en las cárceles cubanas, a la vez que mienten sobre sus condiciones de reclusión.

"Son unos torturadores", opositor dice que en plena crisis de su enfermedad fue llevado del hospital a la cárcel de Boniato

Eldris González Pozo.

El activista de la organización opositora Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo, ha visto su salud empeorar en la cárcel, especialmente en los últimos días y responsabiliza de ello a la policía política y a los funcionarios implicados en "todos los abusos que han estado ocurriendo" en su caso.

El trabajador por cuenta propia, cumple desde el 18 de mayo de 2021, una condena de tres años en la prisión Confianza, en la carretera de Mar Verde, por los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia, luego que una inspectora estatal de la ciudad de Santiago de Cuba lo denunciara por presiones de la Seguridad del Estado, como explica González Pozo a Radio Martí.

El reo sufrió un infarto la semana pasada en la cárcel de mayor rigor de Boniato, adonde fue llevado por oficiales de la policía política, que lo sacaron del Hospital Provincial Saturnino Lora, donde estaba internado por complicaciones de una enfermedad que sufre desde los 18 años de edad: espondilitis anquilosante en la base de la columna vertebral.

“Allí a los dos días de estar hospitalizado, reportado de grave, porque estaba en crisis por mi padecimiento, se personó el mayor Barrientos, director de la prisión Confianza y un teniente coronel, llamado Camilo, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Me dijeron que tenían información de que yo me iba a manifestarme en ese centro médico en contra del Primero de Mayo y que por medidas de seguridad me trasladarían para la cárcel de máxima seguridad de Boniato, incluso los médicos le dijeron a los oficiales que el traslado sería bajo su responsabilidad”, contó el activista.

Declaraciones de Eldris Gonzalez Pozo
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Estando ya en Boniato, donde el opositor se plantó en huelga de hambre en rechazo por el traslado, el martes 3 de mayo sufrió un infarto, por lo que fue trasladado nuevamente a la institución de salud.

El martes recibió el alta médica y se encuentra en "licencia extrapenal temporaria por seis meses".

"El día 30 de octubre tengo que presentarme nuevamente a la prisión Confianza para seguir cumpliendo mi condena, la licencia se había pedido por mi enfermedad y el faltante de medicamentos, no tiene nada que ver con el infarto", explicó.

"Mi patología es una enfermedad degenerativa, similar a un cáncer en los huesos, el padecimiento te priva de hacer esfuerzos físicos, cuando estás en crisis no se puede caminar, y no tengo tratamiento médico alguno porque no existe en el país el medicamento que tengo que consumir, está en falta total , se trata del metotrexato. No lo hay en Cuba”, agregó Eldris.

“Una vez más se demuestra que son unos torturadores, están las pruebas que son reales, hasta las firmas de los médicos, todo eso fue una manipulación de la policía política cubana para amedrentarme y siempre quedan impunes y nunca pasa nada. Lo que hicieron conmigo ellos deben de pagarlo en algún momento de esta vida, no es justo”, concluyó el cuentapropista y opositor.

En 2007, González Pozo fue expulsado de la Universidad de Oriente donde cursaba el quinto año de la carrera de Derecho, debido a una protesta de estudiantes por las malas condiciones de vida en los albergues y la mala alimentación.

Info Martí | Cuentapropista es llevado a juicio por oponerse al gobierno cubano
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