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América Latina

Casi un centenar de heridos en otra jornada de protestas en Colombia (VIDEO)

Una manifestación en Bogotá contra la reforma tributaria propuesta por Iván Duque.

La noche del martes ocurrieron hechos de vandalismo en Bogotá que obligaron a la alcaldesa Claudia López a pedir refuerzos del Ministerio de Defensa para custodiar estaciones y unidades donde están hacinados 2.825 detenidos.

El diario El Tiempo asegura que 91 personas resultaron heridas durante la noche, de ellos 72 de civiles y 19 policías.

Los videos del vandalismo y abuso de autoridad durante el paro han inundado las redes sociales y han despertado un llamado de alerta de la comunidad internacional.

La alcaldesa de Bogotá dijo en Twitter que "en ningún caso hemos solicitado ni habrá militarización de la ciudad”.

Un nuevo "paro nacional" fue convocado para hoy por los sindicatos y organizaciones sociales, que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país.

En las calles de Colombia persisten las protestas contra el Gobierno mientras crece el clamor al presidente Iván Duque para que abra un diálogo nacional y terminen los desórdenes y la violencia policial, que han causado al menos 19 muertos y más de 800 heridos.

Además de en la capital otras movilizaciones se registraron principalmente en carreteras de los departamentos de Cundinamarca, en el centro del país, de Antioquia (noroeste) y en el Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, se han producido las mayores concentraciones populares y también la mayor ola de violencia policial.

Los bloqueos, principalmente por parte de camioneros y taxistas que el lunes se sumaron a las protestas detonadas por un ambicioso proyecto de reforma fiscal del Gobierno, impidieron el tráfico entre Bogotá y Tunja, capital de Boyacá, así como hacia Zipaquirá, una de las localidades cercanas.

En el Valle del Cauca continúan los bloqueos en la carretera entre Cali y la ciudad industrial de Yumbo lo que, según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, impide desde el 29 de abril la circulación de cisternas para abastecer de combustibles a la capital regional.

Numerosas organizaciones denuncian que la violencia policial contra quienes protestan en las calles se ha cobrado la vida de decenas de personas.

La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta hoy contabiliza "31 personas víctimas de violencia homicida" por la brutalidad policial.

Sin embargo, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció el martes agresiones orquestadas por grupos armados en las manifestaciones en contra del gobierno: "Estos vándalos que ya lo hemos denunciado, que actúan sistemática, premeditadamente y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos, ayer el objetivo era la policía... órdenes de disparar en contra de nuestros policías."

Gobierno de Colombia denuncia agresiones de “grupos armados” en manifestaciones
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El ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales.

Diferentes sectores pidieron al presidente Duque que no se cierre a una negociación, "invitando a todos, derechas, izquierdas, centro, lo que sea, a dialogar".

Ante la ola de violencia, el expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018) manifestó el martes su disposición para reunirse con Duque: "Presidente Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento", dijo en un mensaje en Twitter.

Distintos organismos y gobiernos hicieron han hecho un llamado al gobierno colombiano a respetar las protestas pacíficas y poner fin al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

"Lo que es primordial es que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son derechos básicos y esa es nuestra postura", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

Horas antes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció desde Ginebra que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" contra los manifestantes.

La Unión Europea (UE) también condenó la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes y pidió que se lleve ante la justicia a los responsables de la represión.

Estados Unidos expresó su "profunda tristeza" por los episodios violentos en Colombia y mostró su "apoyo" al Gobierno de Duque para solucionar la situación mediante el "diálogo".

Washington también abogó por una "máxima moderación" de la fuerza pública colombiana para evitar más muertes.

Por su parte, Amnistía Internacional pidió poner "fin a la represión de las manifestaciones (y) cesar la militarización de las ciudades".

También la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hizo un llamamiento "a la calma, al cese de la violencia y al diálogo" como única vía para "reconducir las discrepancias" en Colombia.

[Con información de El Tiempo, EFE y AFP]

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EEUU emite una licencia ampliada para permitir a Chevron importar petróleo venezolano

Un tanque de petróleo en el campo Boscán, operando bajo una empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana PDVSA y la estadounidense Chevron en las afueras de la ciudad de Maracaibo en Venezuela.

Estados Unidos emitió el sábado una licencia ampliada que permite a Chevron Corp importar petróleo o productos petrolíferos producidos por sus empresas en Venezuela, después de que el gobierno venezolano y la oposición dijeran que reanudarían las conversaciones políticas.

"Esta acción refleja la política de larga data de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específicas basado en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyen la restauración de la democracia", dijo el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una declaración.

En el mismo documento se hace mención a la “reanudación de las conversaciones en Ciudad de México” entre gobierno y oposición, cuyo enfoque principal se basa en “un acuerdo humanitario sobre programas de educación, salud, seguridad alimentaria, respuesta a las inundaciones y electricidad que beneficiarán al pueblo venezolano”, además de un “acuerdo sobre la continuación de las conversaciones centradas en las elecciones de 2024”.

“Tras este anuncio y de conformidad con la política del gobierno de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General (LG) de Venezuela 41, que autoriza a Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela”, señala el comunicado, al tiempo que subraya que “esta acción refleja la política de larga duración de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que alivian el sufrimiento del pueblo venezolanos y apoyan la restauración de la democracia”.

La Casa Blanca aclaró que “esta autorización impide que PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) reciba ganancias por las ventas de petróleo de Chevron”. De la misma forma, la autorización solo permite “la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron únicamente en Venezuela y no autoriza otras actividades con PDVSA”, de manera que el resto de sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela “siguen vigentes”.

“Estados Unidos hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela”, advierte.

Con todo, la autorización GL 41 permitirá “las transacciones necesarias para ciertas actividades relacionadas con la operación y administración de Chevron Corporation o las subsidiarias de sus empresas conjuntas que involucran a la petrolera estatal venezolana bloqueada PVSA (Petróleos de Venezuela, SA) o cualquier entidad en la que PdVSA sea propietaria, directa o indirectamente, con una participación del 50 % o más”.

Por otro lado, Estados Unidos también celebró el reinicio de las conversaciones entre gobierno y oposición venezolana, defendiendo que este acercamiento “son pasos importantes en la dirección correcta para restaurar la democracia en el país”.

“Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro, como parte de nuestra política de apoyar la restauración pacífica de la democracia, elecciones libres y justas, y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos”, agrega al respecto.

Un portavoz de Chevron dijo que la empresa estaba revisando los términos de la licencia.

(Con información de Reuters)

Venezuela: gobierno de Maduro y oposición reanudarán diálogo en México el fin de semana

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Noruega confirmó el jueves que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición decidieron reiniciar el proceso de negociación en México, donde “firmarán un acuerdo parcial en materia social”.

La Delegación de la Plataforma Unitaria informó que se reiniciará el proceso de negociación fundado en el Memorando de Entendimiento suscrito con la mediación del Reino de Noruega, en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021.

“Ratificamos la disposición de trabajar en conjunto, con el fin de lograr acuerdos que permitan materializar los mecanismos que aseguren el bienestar de todos los venezolanos; entendiendo que no habrá una salida real de la crisis sin que medie un acuerdo político integral que dé soluciones a nuestro pueblo”, expone un comunicado divulgado el jueves.

El gobierno de Maduro también se pronunció ratificando el reinicio del proceso e hizo referencia al “Segundo Acuerdo Social”, discutido en Caracas con la facilitación de Noruega, que aseguran, crea un mecanismo “práctico, dirigido a abordar necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional”.

Además, anunció la incorporación a la delegación del gobierno de Camila Fabri, esposa del empresario colombiano, Alex Saab.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había anunciado el miércoles que los diálogos suspendidos en octubre se reiniciarían el fin de semana.

“Este 25 y 26 de noviembre se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter el miércoles por la tarde.

Días atrás, fuentes cercanas al proceso aseguraron a la Voz de América que las conversaciones entre la oposición y el gobierno en México, facilitadas por Noruega y suspendidas hace más de un año, tras la extradición a EEUU del empresario colombiano Alex Saab, se reiniciarían en los próximos días.

Está previsto que en las conversaciones se abarquen las elecciones presidenciales, el estatus de cientos de presos políticos, las sanciones de EEUU a Venezuela y un “acuerdo social” para brindar ayuda humanitaria con el que se buscarían usar 3.000 millones de dólares mediante un fondo administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El anuncio de Petro ocurre cuando la Administración del presidente Joe Biden estaría por anunciar en los próximos días la aprobación de una licencia para ampliar las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, según reportó la agencia Reuters también este miércoles.

A inicios de este mes, los negociadores del gobierno y la oposición venezolana en el proceso de diálogo en México se reunieron a puerta cerrada al margen del V Foro de París por la Paz.

En ese encuentro participaron el jefe de la delegación del Gobierno de Maduro en el proceso de diálogo en México, Jorge Rodríguez; el coordinador de la Plataforma Unitaria de la oposición, Gerardo Blyde; la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt y los presidentes de Francia, Colombia y Argentina, Emmanuel Macron, Gustavo Petro y Alberto Fernández, respectivamente.

Al término de la reunión, Petro dijo que los representantes del gobierno y la oposición venezolana en el proceso de diálogo manifestaron estar en el “camino” de llegar a acuerdos en México y reiteró la disposición de su gobierno y el de Argentina de apoyar, “sin intervenir”, en un acuerdo entre venezolanos.

El mandatario colombiano anunció también que propuso un “desescalamiento” de la conflictividad política, una amnistía general para presos por razones políticas y un “desbloqueo general de la economía venezolana”, como parte de una medida humanitaria, así como garantías para las fuerzas políticas que participen en las elecciones presidenciales previstas para 2024, en las que la expresión debe ser “la del pueblo soberano”.

En agosto, días después de que Petro asumió el poder, Nicmer Evans, disidente del chavismo y pre candidato presidencial postulado por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) para un proceso de primarias de cara a las elecciones previstas para 2024, planteó que el mandatario colombiano podría jugar un papel fundamental en un proceso de negociación para lograr condiciones electorales en Venezuela y, en general, avanzar en soluciones a la crisis.

En ese entonces, expertos consultados por la VOA coincidieron en que Petro podría convertirse en una “especie de propulsor de un proceso de diálogo o entendimiento en Venezuela”, porque pertenece a la misma “órbita de política” de Maduro y pudiera hacerle entender la necesidad de “resolver asuntos” en el país.

Esto redundaría en un beneficio para Colombia, como resaltó el politólogo, experto en estrategia política y consultor en opinión pública, José Vicente Carrasquero.

El gobierno español “celebró” la reanudación del proceso de negociación y señaló que las partes han dado "un paso muy importante en la reconciliación del país".

Así mismo, señaló que seguirá trabajando para “fortalecer al diálogo en esta nueva etapa, poniendo su capacidad de interlocución" al servicio tanto del gobierno como de la oposición venezolana.

Ante el Senado de México, el presidente de Chile denuncia la violación a los DDHH en Nicaragua; "uno no se puede callar"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, a la izquierda, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México el 23 de noviembre de 2022. (Reuters/Henry Romero).

El presidente chileno, Gabriel Boric, hizo de su discurso el jueves por la tarde ante el Senado mexicano una oda a la defensa de la democracia y los derechos humanos en toda la región pero solo mencionó directamente a un país, Nicaragua.

“No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua ", afirmó. "Cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina, uno no puede callar", afirmó tras reconocer que también en su país tiene este tipo de violaciones.

Además, apostó por solucionar los problemas políticos y de convivencia "siempre con más democracia y no con menos”, palabras que conllevaron comentarios de algunos senadores y a los que el chileno contestó que no le correspondía a él involucrarse en política interna mexicana.

Boric enumeró también objetivos conjuntos de la región, como “la transición energética, el enfrentar la crisis climática, la igualdad de género, el combate a la violencia, el combate al narco”.

En la actualidad hay una mayoría de presidentes latinoamericanos que se autodenominan progresistas o de izquierda pero las diferencias entre ellos son muchas, y no solo entre los denunciados internacionalmente por su falta de libertades -Nicaragua, Venezuela o Cuba- sino también entre los que hay alternancia política, informa la agencia Prensa Asociada.

Pero el discurso del chileno estuvo marcado por un llamamiento a la unidad latinoamericana, la misma por la que abogaron los ministros de la Alianza del Pacífico reunidos en México ante la imposibilidad de que lo hicieran sus presidentes.

No obstante, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la cita a nivel presidencial de este organismo de integración comercial se llevará finalmente a cabo en Perú en una fecha que se anunciará la próxima semana.

Ebrard enfatizó que hay muchos países que se quieren sumar a la Alianza (constituida formalmente solo por México, Perú, Colombia y Chile) ya sea como socios plenos o asociados, entre los que hay no solo latinoamericanos sino también países como Canadá, Corea del Sur o Singapur.

(Artículo de Prensa Asociada, AP)

En Nicaragua, cada vez menos espacio para la sociedad civil

En San José de Costa Rica una protesta contra la represión en Nicaragua. (Reuters/Mayela López).

El Gobierno de Nicaragua llevó a cabo el cierre de otras 100 organizaciones sin ánimo de lucro, elevando de este modo a más de 3.000 las asociaciones disueltas tras las protestas sociales de abril de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha ilegalizado 91 ONG de carácter nacional, y otras nueve de origen extranjero, entre las que se encuentran tres de Estados Unidos, tres de España, una mexicana, otra italiana y una última neerlandesa, ha informado el diario online Nicaragua Investiga.

Estas organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua (AJUPIN), no habrían cumplido supuestamente con sus obligaciones de informar sobre sus cuentas y periodos fiscales, con un desglose de ingresos y retiradas de dinero.

En este sentido, varias de las organizaciones deslegitimadas son cristianas y católicas, además de fundaciones de desarrollo en comunidades rurales u organismos de defensa de los derechos de los animales, según el citado diario.

Tanto la oposición como la comunidad internacional, incluida la ONU, han cuestionado esta campaña contra las ONG, que se enmarca dentro de una ola de represión que se inició tras las protestas de 2018 y se reforzó en los meses previos a las elecciones de 2021.

Más represión en Nicaragua: denuncian detención de ex asesor del Frente Sandinista

Un agente de la Policía Nacional de Nicaragua. (AP).

Familiares del sociólogo nicaragüense y escritor Óscar René Vargas, denunciaron este martes su detención en Managua.

Vargas, un crítico del presidente Daniel Ortega exiliado en Costa Rica desde el año 2018, comentaba el panorama político que se vivía en Nicaragua por medio de diversos artículos de opinión y entrevistas.

Su retorno al país se dio bajo el secretismo y fue arrestado cuando visitaba a su hermana, cuya condición de salud es delicada, informó el medio digital Confidencial.

“El régimen de Ortega-Murillo ha capturado a mi padre, Oscar Vargas”, denunció su hijo René Vargas. “Mi padre es una persona mayor, con una salud delicada. Hago responsable al régimen por cualquier malestar que le suceda”.

La justicia nicaragüense no ha informado de las causas de la detención de Vargas, no obstante sigue el patrón de los más de 200 políticos arrestados actualmente en el país, cuyas causas judiciales se dan a conocer semanas después.

Vargas fue asesor del Frente Sandinista durante la revolución de 1979 y tras el retorno de Ortega al poder, en 2007, había sido nombrado como embajador de Nicaragua en Francia, sin embargo fue destituido por unas declaraciones al medio local La Prensa.

“Yo no voy a dejar de pensar ni de opinar. Yo decía en mi entrevista que pensar trae mucha adversidad”, indicó en aquel entonces.

Condición delicada

La condición de salud del sociólogo nicaragüense, hoy crítico a Ortega es delicada. Vargas tiene 76 años y un marcapasos, además de ser hipertenso, según medios locales.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) responsabilizó “al régimen de Ortega” por la seguridad y vida del opositor, a la vez que demandó la libertad “inmediata” de este.

Nicaragua vive una crisis política desde abril de 2018, cuando surgieron protestas contra el presidente Daniel Ortega. A la fecha hay más de 200 políticos permanecen presos, entre ellos empresarios, campesinos, líderes estudiantiles, así como aspirantes a la presidencia.

Ortega ha tildado a estos opositores de “hijos de perra” y de “golpistas” que, según, él, intentaron desestabilizar a su gobierno.

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