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América Latina

Casi un centenar de heridos en otra jornada de protestas en Colombia (VIDEO)

Una manifestación en Bogotá contra la reforma tributaria propuesta por Iván Duque.

La noche del martes ocurrieron hechos de vandalismo en Bogotá que obligaron a la alcaldesa Claudia López a pedir refuerzos del Ministerio de Defensa para custodiar estaciones y unidades donde están hacinados 2.825 detenidos.

El diario El Tiempo asegura que 91 personas resultaron heridas durante la noche, de ellos 72 de civiles y 19 policías.

Los videos del vandalismo y abuso de autoridad durante el paro han inundado las redes sociales y han despertado un llamado de alerta de la comunidad internacional.

La alcaldesa de Bogotá dijo en Twitter que "en ningún caso hemos solicitado ni habrá militarización de la ciudad”.

Un nuevo "paro nacional" fue convocado para hoy por los sindicatos y organizaciones sociales, que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país.

En las calles de Colombia persisten las protestas contra el Gobierno mientras crece el clamor al presidente Iván Duque para que abra un diálogo nacional y terminen los desórdenes y la violencia policial, que han causado al menos 19 muertos y más de 800 heridos.

Además de en la capital otras movilizaciones se registraron principalmente en carreteras de los departamentos de Cundinamarca, en el centro del país, de Antioquia (noroeste) y en el Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, se han producido las mayores concentraciones populares y también la mayor ola de violencia policial.

Los bloqueos, principalmente por parte de camioneros y taxistas que el lunes se sumaron a las protestas detonadas por un ambicioso proyecto de reforma fiscal del Gobierno, impidieron el tráfico entre Bogotá y Tunja, capital de Boyacá, así como hacia Zipaquirá, una de las localidades cercanas.

En el Valle del Cauca continúan los bloqueos en la carretera entre Cali y la ciudad industrial de Yumbo lo que, según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, impide desde el 29 de abril la circulación de cisternas para abastecer de combustibles a la capital regional.

Numerosas organizaciones denuncian que la violencia policial contra quienes protestan en las calles se ha cobrado la vida de decenas de personas.

La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta hoy contabiliza "31 personas víctimas de violencia homicida" por la brutalidad policial.

Sin embargo, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció el martes agresiones orquestadas por grupos armados en las manifestaciones en contra del gobierno: "Estos vándalos que ya lo hemos denunciado, que actúan sistemática, premeditadamente y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos, ayer el objetivo era la policía... órdenes de disparar en contra de nuestros policías."

Gobierno de Colombia denuncia agresiones de “grupos armados” en manifestaciones
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El ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales.

Diferentes sectores pidieron al presidente Duque que no se cierre a una negociación, "invitando a todos, derechas, izquierdas, centro, lo que sea, a dialogar".

Ante la ola de violencia, el expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018) manifestó el martes su disposición para reunirse con Duque: "Presidente Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento", dijo en un mensaje en Twitter.

Distintos organismos y gobiernos hicieron han hecho un llamado al gobierno colombiano a respetar las protestas pacíficas y poner fin al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

"Lo que es primordial es que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son derechos básicos y esa es nuestra postura", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

Horas antes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció desde Ginebra que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" contra los manifestantes.

La Unión Europea (UE) también condenó la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes y pidió que se lleve ante la justicia a los responsables de la represión.

Estados Unidos expresó su "profunda tristeza" por los episodios violentos en Colombia y mostró su "apoyo" al Gobierno de Duque para solucionar la situación mediante el "diálogo".

Washington también abogó por una "máxima moderación" de la fuerza pública colombiana para evitar más muertes.

Por su parte, Amnistía Internacional pidió poner "fin a la represión de las manifestaciones (y) cesar la militarización de las ciudades".

También la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hizo un llamamiento "a la calma, al cese de la violencia y al diálogo" como única vía para "reconducir las discrepancias" en Colombia.

[Con información de El Tiempo, EFE y AFP]

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Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

CPJ reacciona a orden de tribunal salvadoreño a revista de retirar reportaje

Natalie Southwick, coordinadora regional del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.

“Las autoridades salvadoreñas deben rescindir de inmediato una orden judicial que requiere que el sitio web de noticias independiente Revista Factum retire un artículo”, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el jueves, sobre una orden emitida por un Tribunal salvadoreño.

El CPJ considera que el tema es de “interés público", de ahí que las autoridades de El Salvador “deben permitir que los medios de comunicación informen libremente”.

Según la orden judicial, y una publicación hecha en Twitter por el Ministerio Público de ese país, su único objetivo con la orden es “evitar la instrumentalización de la violencia que sufrieron las víctimas de este asesino”.

El reportaje denominado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a 13 víctimas en el último caso”, revela las declaraciones del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, principal sospechoso de asesinar a las víctimas que fueron encontradas sepultadas en su lugar de residencia. Además, cita el testimonio de un testigo protegido, pero no nombra víctimas ni testigos.

En el mandato, según el CPJ, los fiscales acusaron al medio de comunicación de haber cometido múltiples violaciones de la Constitución y el código penal salvadoreño, incluida la violación del debido proceso en “una investigación penal en curso” relacionada con la tumba y el derecho a la privacidad de las "víctimas indirectas" del crimen.

CPJ y el medio afectado afirman que la orden judicial no cita las leyes específicas bajo las cuales la revista o su personal pueden ser procesados.

Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, reaccionó al tema diciendo que “si las autoridades salvadoreñas están realmente preocupadas por la integridad de un caso penal en curso, deberían aclarar exactamente qué secciones del informe de la Revista Factum ponen ese caso en peligro, en lugar de emitir una prohibición general”.

Así mismo Southwick apuntó que no pueden utilizar “afirmaciones vagas para justificar la censura de un artículo completo y deben revertir esta decisión de inmediato para evitar sentar un precedente peligroso".

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