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Derechos Humanos
Casi 200 "regulados" en Cuba: el régimen insiste en política violatoria de DDHH
Ya suman 189 los miembros de la sociedad civil que están "regulados" en Cuba con prohibición de viajes al exterior, informó este lunes el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart.
"Es muy triste" que esta sea "la respuesta que el gobierno está dando a Guillermo del Sol", recalcó Lleonart.
Varias organizaciones internacionales están interesadas en promover la denuncia de esta situación, que es una clara violación de los derechos humanos por parte del gobierno de la isla, agrega el pastor.
"Una de esas organizaciones es Civil Rights Defenders, en Europa, y esta organización quiere que compilemos también muchos otros detalles de cada uno de los 189 casos" para poder tener la información en su base de datos, donde será accesible al "mundo entero" y a "organizaciones a nivel mundial".
Este martes, Del Sol cumple 51 días en huelga de hambre en reclamo al gobierno cubano de que respete el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos bajo la categoría de "regulados".
La víspera, el opositor anunció que ya tiene sustituto para su protesta, en caso de un empeoramiento de su estado de salud.
"Quiero aclarar que yo ya tengo sucesor, y que mi sucesor ya en la lista tiene sucesor, o sea, que con mi deceso no va a terminar el reclamo", afirmó Del Sol.
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Fariñas denuncia incremento del acoso contra activistas del FANTU
El opositor Guillermo Fariñas, Premio Andrei Sájarov a la Libertad de Pensamiento y Coordinador General del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), denuncia el incremento del acoso contra dos integrantes del grupo opositor en la isla en los últimos dos meses.
Oscar Luis Milián Reinoso y Orlando Márquez Montes de Oca recibieron presiones por parte de la Seguridadel Estado. Al primero para que abandonara Cuba de inmediato y al segundo para que dejara de realizar acciones en las calles a favor del crecimiento del FANTU, explicó Fariñas.
El joven Milián Reinoso, residente en el central Mariana Grajales en Villa Clara, dejó la isla a finales de diciembre pasado tras un inminente arresto por un supuesto delito de agresiones a un colaborador de la policía cuando en realidad el golpeado fue el opositor, aseguró el joven a RadioTVMartí.
Según él en ese momento la policía le advirtió que si no se iba del país lo llevarían para la cárcel y como tenía visa para México porque en el pasado había ido a eventos en ese ciudad, lo llevaron hasta el aeropuerto para que abordara y dejara Cuba de inmediato.
El joven ahora se encuentra en Palenque, Estado de Chiapas, en México y espera gestionar una visa humanitaria que le permita estar en el país sin temor a ser deportado para Cuba.
Orlando Márquez Montes de Oca fue deportado desde México hacia Santa Clara meses atrás y desde que volvió a la isla ha estado sometido a un acoso permanente.
Fariñas dijo que el activista "ha logrado reunir a otros opositores que fueron deportados como él desde México a Cuba para que se unan al FANTU e inicien acciones opositoras y por eso lo acosan y amenazan".
Márquez Montes de Oca dejó Cuba hace dos años por el acoso al que estuvo sometido y luego de un largo peregrinar por Centroamérica logró llegar a México para cruzar la frontera hacia los Estado Unidos y pedir asilo político, sin embargo fue detenido por las autoridades mexicanas y regresado a la isla a mediados del pasado año.
En un video que compartió vía WhatsApp Márquez denunció el acoso al que ha sido sometido y las constantes citaciones policiales.
A juicio de Fariñas, su viaje a Lituania en diciembre pasado cuando pidió a las autoridades de ese país no ratificar el acuerdo entre Cuba y la Unión Europea, ha motivado el hostigamiento de la Seguridad del Estado para intentar debilitar FANTU.
"Están tratando de desmantelar la organización, de que no tenga apoyo de los opositores y por eso presionan a los activistas clave para que se vayan del país", aseguró.
La salida de Milián de Cuba es un fuerte golpe para la organización por el trabajo que realizaba coordinando la revista Nacán mientras que el acoso contra Márquez busca que las personas no lo sigan.
Fariñas considera que ninguna de esas acciones van a impedir que la ciudadanía siga presionado al régimen porque "la situación del país es cada vez peor y el grado de descontento crece cada día".
Abogado de EEUU asume defensa de familia judía cubana víctima de acoso oficial
El conocido abogado cubanoamericano Jason Poblete asumió la defensa de la familia judía camagüeyana de Olainis Tejeda Beltrán, cuyos hijos han sido víctimas de acciones antisemitas en la ciudad de Nuevitas.
“Lo que empezó como un incidente de abuso por una kipá en el patio de una escuela ha escalado en una serie de acciones antisemitas por parte de funcionarios del régimen, incluido el acoso de Brigadas de Respuesta Rápida”, dice una carta dirigida al gobierno de Estados Unidos y suscrita por Poblete a nombre del grupo Global Liberty Alliance (Alianza de Libertad Global).
Aunque Tejeda Beltrán y su esposa, Yeliney Lescaille, decidieron que sus hijos --Danel Moisés Tejeda, alumno de tercer grado en la primaria Aurelio Castillo, y Liusdán Martínez Lescaille, que cursa el séptimo grado en la secundaria América Latina—fueran a la escuela sin la kipá, el gorro propio de su religión, el hostigamiento continuó y se hizo aún más agresivo.
“Un estudiante de un grado superior al hijo mío, Liusdán, lo agredió verbalmente dos veces: la primera le dijo ‘contrarrevolucionario’, y la otra le dijo ‘me c… en tu religión”, le contó recientemente Tejeda Beltrán al presentador y periodista de Radio Martí Tomás Cardoso.
Al día siguiente, los padres fueron con urgencia a la secundaria América Latina para evitar mayores problemas, pero lo que les dijeron en la dirección de la escuela no pudo ser más indignante.
“Las conclusiones de la dirección de la escuela fue decir que nuestro hijo es un mentiroso, y que todo eso es una manipulación” por parte de la familia, dijo Tejeda Beltrán a Cardoso. “Simplemente ya declararon que todo lo que hagan contra nuestros hijos ellos lo apoyan, ellos lo hacen impune”.
La carta de Poblete está dirigida a Sam D. Brownback, embajador del Departamento de Estado para la Libertad Religiosa Internacional.
“El hijo mayor del Sr. Tejada Beltrán, Liusdán Martínez Lescaille, recibió instrucciones del Ministerio de Educación de Cuba para que deje de usar una kipá en el colegio”, escribe Poblete. “Si no cumplen, los padres de Liusdán han sido amenazados con encarcelamiento por los funcionarios del Partido Comunista. Este asunto es similar al caso de la familia Rigal, que ahora está en prisión por educar a sus hijos en casa”.
Según el abogado, el acoso a los que quieran usar una kipá en Cuba no es más que la inquisición comunista contra quienes expresan su judaísmo libremente.
“Como no vamos a defenderlos”, le dijo Poblete en Nueva York a la periodista de Radio Televisión Martí Carmen María Rodríguez.
“Nosotros estamos dispuestos a ayudar a la persona que sea, de la religión que sea, y esta familia no solo merece ser defendida, sino que el mundo sepa”, y lo que está pasando en el gulag cubano quede desenmascarado con esta y otras familias a través de la isla, declaró Poblete en el programa Hoy en Cuba, producido por Patricia Martínez.
En su carta al embajador para la Libertad Religiosa Internacional, con copia a Elan S. Carr, enviado especial del Departamento de Estado para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, Poblete recuerda que aunque la nueva Constitución cubana prohíbe la discriminación por motivos religiosos, “esas cláusulas y todo el sistema legal cubano son una farsa”.
Parece que el régimen cubano quiere meterse en problemas graves, dijo a Cardoso desde Washington el pastor bautista Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos.
“La comunidad hebrea cubana oficialmente reconocida es muy pequeña, y está muy manipulada, boicoteada y amenazada por el régimen”, declaró Lleonart. “Lo vimos ya en el caso de Alan Gross, cuando esta comunidad, que era beneficiada por él, le dio la espalda rápidamente, porque el régimen usa a ese pequeño número [de judíos] para confundir”.
El caso de la familia de Tejeda Beltrán ha sido informado incluso por el diario israelí The Jerusalem Post. Poblete y organizaciones como Global Liberty Alliance están contando la verdad a grupos judíos internacionales que empiezan a entender varias cosas, explica Lleonart.
“Por un lado, que esa comunidad hebrea cubana ha sido manipulada históricamente, lo que es otra violación por parte del régimen, y por otro lado están entendiendo que hay hermanos suyos en Cuba que sufren antisemitismo”, y ellos entonces pasan por alto al grupo oficialista “para ayudar a estos judíos que están bajo presión en este momento”.
Nota del Editor: Aunque en artículos y reportes anteriores se identificó a la fuente como Olaine Tejada, y en la carta del abogado Jason Poblete aparece como Olainis Tejada, su nombre correcto es Olainis Tejeda Beltrán, según ha confirmado él mismo a Radio Televisión Martí.
Identifican a vicegobernadora de La Habana como represora del régimen (VIDEO)
El proyecto Estado de SATS, que encabeza en Cuba Antonio Rodiles, denunció en un video publicado en Facebook que la recién designada vicegobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, participó en un operativo que la Seguridad del Estado montó frente a la sede del foro opositor en el 2013.
Estado de SATS señala en el video que Hernández Pérez, en ese entonces directora provincial de Educación, reclutó a menores de edad para que participaran en un acto de repudio y la calificó como "Represora".
"Utilizaron a niños y adolescentes, sacados de sus escuelas sin la autorización de los padres, para enmascarar el acto represivo bajo un supuesto evento cultural. Entre los personajes al frente de ese bochornoso y violento evento, estuvo Yanet Hernández, en aquel entonces Directora de Educación, designada ahora vicegobernadora de La Habana", denunció el grupo.
El video muestra la violencia con que fueron arrestados los activistas Kizzy Macías, Calixto Martinez, Walfrido López y Antonio Rodiles, para impedir que celebraran el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El 18 de enero fueron designados cargos de gobernadores y vicegobernadores en las 15 provincias de Cuba. Estas posiciones fueron restituidas luego de 60 años siguiendo una nueva estructura de poderes propuesta en la constitución aprobada en 2019.
Los candidatos fueron propuestos por Miguel Díaz-Canel y en la mayoría de los casos era presidentes de las Asambleas Provinciales del Poder Popular.
Relatores de ONU hacen llamado urgente al régimen cubano sobre Quiñones Haces
Relatores Especiales de Naciones Unidas para la libertad de expresión y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exigieron la atención urgente del gobierno cubano sobre el caso del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión por supuestos delitos de resistencia y desobediencia.
El comunicador independiente fue detenido cuando realizaba "actividades periodísticas (...) en la cobertura de un proceso judicial de interés público", señalaron.
En una misiva dirigida al régimen de La Habana el 15 de noviembre, los relatores expresaron "profunda preocupación" por la persistencia de la criminalización por parte de las autoridades hacia "quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y de prensa" en la isla.
Las autoridades cubanas tuvieron un plazo de 60 días para responder a los relatores de ONU, un período tras el cual se hace pública esta comunicación.
La carta llama la atención, además, sobre la práctica del régimen cubano de "utilizar detenciones como método para la intimidación y hostigamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas", una acción violatoria y arbitraria bajo el derecho internacional.
La carta hace referencia a un reciente informe de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, que señala a "agentes estatales" como la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa.
Esta práctica, subrayan, debe ser desmantelada y sancionada.
"Los actos de violencia contra periodistas vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo", afirman los relatores en el documento.
Advierten que de ser verificadas las denuncias sobre este tipo de violaciones en Cuba, "formarían parte de un claro patrón de represión hacia las actividades de los periodistas independientes, y en particular hacia el libre ejercicio de la libertad de expresión" por parte de las autoridades de la isla.
Los relatores exigieron al gobierno cubano, entre otros aspectos, informar sobre "qué medidas han sido adoptadas para garantizar que [los periodistas] puedan llevar a cabo sus actividades sin temor de acoso, estigmatización o penalización de ningún tipo".
En el caso de Quiñones Haces, pidieron a La Habana "proporcionar información sobre los motivos y las bases legales de las detención efectuada, así como sobre las garantías procesales que se siguieron para evitar que la persona privada de libertad fuera sujeta a tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Los relatores comunicaron su intención de expresar públicamente estas preocupaciones sobre Cuba "en un futuro cercano", bajo la consideración de que "existe un asunto que justifica una atención inmediata".
Multado por 'afear ornato público' con campaña por libertad de Ferrer
"Afear el ornato público" fue el motivo por el que inspectores reunidos en la estación de la Policía de Palma Soriano impusieron una multa de tres mil pesos a un activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que ha exigido en la calle y en Facebook la libertad del líder de esa organización, José Daniel Ferrer.
Pero antes, la Seguridad del Estado lo declaró "líder negativo de la comunidad", según el testimonio del propio Geordanis Muñoz en entrevista con la reportera de Radio Televisión Martí Idolidia Darias.
Muñoz fue uno de los cuatro activistas de UNPACU citados a comparecer la semana pasada en la estación de policía. Las multas que le han impuesto con argumentos semejantes se elevan a 20,350 pesos, dice. En enero de 2018 terminó de cumplir un año y medio de cárcel por dos condenas, y una de ellas era precisamente no haber pagado multas.
Él y Yosvani García Rusindo fueron multados; a Yeroslandi Calderín Alvarado el delegado del MININT del municipio lo amenazó con que “iba a fabricarle un delito común y lo iba a volver a meter preso, porque en la calle ya se estaba convirtiendo en un peligro para ellos”, y Andrés García Almenares no se presentó.
“La citación aparentemente era por la Policía, por el jefe de Sector, pero cuando llego allí me encuentro que estaba la policía política detrás de esto”, le dijo Muñoz a Darias. “Me levantaron un acta de advertencia por supuesta peligrosidad social pre delictiva; por reunirme según ellos con personas de conducta antisocial, y por ser líder negativo aquí en mi comunidad", agregó.
Concluida esa parte, el segundo jefe de la Policía, “el mayor Miguelito”, lo condujo a un salón donde lo esperaban los inspectores que le impusieron la multa de tres mil pesos por “reincidente”, relata.
“El artículo por el que ellos ponen la multa es ‘afear el ornato público”, declara Muñoz. “Puede ser por llevar un cartel en la mano, puede ser poner algún graffiti, pero en este caso fueron fotos que yo postée en mi cuenta de Facebook con diferentes activistas de aquí de Palma Soriano para sumarnos a la campaña de los 100 días pidiendo la liberación de José Daniel”, manifiesta.
Allí estaban el jefe de la policía política de Palma Soriano, el oficial “Adolfo”, y también el oficial “Wilfredo”, informa Muñoz, que es miembro de la dirección nacional de UNPACU.
Esta es la primera multa del 2020, precisó el activista, que en octubre de 2019 recibió una advertencia de la policía política por no haber pagado multas anteriores que también le impusieron luego de salir a las calles a participar en acciones cívicas de su grupo opositor.
“Prácticamente ellos me están diciendo: no te salvas con esta”, indica.
Muñoz asegura que ninguno de los activistas pagará las multas. Todos se niegan por considerarlas arbitrarias, y sostienen que ejercer derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un delito.
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