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América Latina

Auguran días de incertidumbre y tensión en Perú tras estrecho margen en presidenciales

La noche de las elecciones en Perú, el 7 de junio de 2021. (Reuters/Liz Tasa).

LIMA/TACABAMBA, Perú, 7 jun (Reuters) - La derechista Keiko Fujimori lideraba el lunes la carrera presidencial frente al socialista Pedro Castillo en Perú, pero su rival estrechaba la diferencia en un final de fotografía en la elección más polarizada en décadas en el país.

El recuento oficial muestra a Fujimori con un 50,5% y a Castillo con un 49,5%, con cerca del 90% de los votos escrutados, y la diferencia se está reduciendo ya que se espera que los votos contabilizados al final provengan de áreas rurales, más favorables al candidato de izquierda.

Un recuento rápido no oficial realizado por Ipsos Perú a última hora del domingo daba al maestro Pedro Castillo una pequeña ventaja después de que una encuesta a pie de urna dijera que su rival Keiko Fujimori conseguiría la victoria, dejando al país, a los inversores y a las empresas mineras en una situación de elevada incertidumbre.

El probable final de fotografía podría dar lugar a días de incertidumbre y tensión, ya que la votación pone de manifiesto la fuerte división entre la capital, Lima, y el interior del país, que ha impulsado el inesperado ascenso de Castillo.

Lucía Dammert, académica peruana radicada en Chile, predijo que los próximos días serían febriles, con posibles impugnaciones de los votos y solicitudes de recuento. Dammert pronostica protestas sobre todo si Fujimori ganaba.

"Lo que está claro es que si Keiko gana va a tener que encerrarse en una fortaleza en Lima y aguantar lo que pase en el resto del país", dijo.

El domingo por la noche, Castillo, de 51 años, hijo de campesinos y quien ha prometido reformar la Constitución y la legislación minera de Perú, convocó a sus partidarios a "defender el voto", aunque luego llamó a la calma.

Fujimori, de 46 años, hija del expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por abusos contra los derechos humanos y corrupción, también pidió "prudencia, calma y paz a ambos grupos".

INCERTIDUMBRE AGUDIZADA

J.P. Morgan dijo en una nota que podrían pasar días antes de que se aclare el resultado final de las elecciones en la nación andina, rica en cobre, y que los dos candidatos podrían optar por esperar a que termine este proceso antes de declarar la victoria o conceder la derrota.

El lunes por la mañana, Fujimori tenía 8,1 millones de votos frente a los 8 millones de Castillo, con una diferencia de 135.116 que se iba reduciendo. Se espera que el voto rural, más lento de contar, ayude a Castillo, aunque los votos no contados en el extranjero podrían ayudar a Fujimori.

"A no ser que el ajustadísimo escenario que muestran el conteo rápido resulte erróneo, parece que se avecinan varios días de gran incertidumbre", afirma el informe.

La tensa elección, que se produjo después de que Perú pasara por tres presidentes en una semana el año pasado, ha sacudido sus mercados de divisas y de deuda, mientras que las empresas mineras temen que Castillo pueda dar paso a una mayor intervención estatal en el sector.

Sin embargo, los analistas también afirman que quien gane tendrá un mandato debilitado, dadas las fuertes divisiones existentes en Perú, y se enfrentará a un Congreso fragmentado en el que ningún partido tendrá mayoría, lo que podría paralizar cualquier reforma importante.

Los dos candidatos prometieron remedios muy diferentes para un país que ha sufrido escándalos de corrupción en los últimos años y una fuerte caída económica provocada por el brote de COVID-19 más mortífero del mundo por cantidad de habitantes.

Fujimori ha prometido seguir el modelo de libre mercado y mantener la estabilidad económica en Perú, segundo productor mundial de cobre, con "mano dura de madre".

Castillo, que se ha convertido en un paladín de los pobres, ha prometido reformular la Constitución para reforzar el papel del Estado y quedarse con una mayor parte de los beneficios de las empresas mineras.

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El deterioro de los derechos humanos dificulta la celebración de comicios libres en Nicaragua, alerta Michelle Bachelet

Vista de Managua, la capital de Nicaragua. Foto: FAO/Saúl Palma.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre el “preocupante y acelerado deterioro” de la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua en el periodo transcurrido de febrero a la fecha.

En una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet afirmó que dicho deterioro “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Bachelet recordó que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU ha analizado en profundidad la crisis que afecta a Nicaragua y que su Oficina ha emitido recomendaciones al respecto, pero que éstas no se han cumplido.

“Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó.

Frente a este panorama, Bachelet emplazó al gobierno nicaragüense a adoptar un cambio urgente en su curso de acción de cara a las elecciones de noviembre.

Precisó que eso implica, por lo menos “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

También se pronunció por la rendición de cuentas de los responsables de los abusos cometidos desde abril de 2018, fecha que empezaron las manifestaciones de protesta contra el gobierno.

Deploró, asimismo, que el país siga sin contestar las comunicaciones que le ha enviado su Oficina y urgió al Consejo de Derechos Humanos a tomar “todas las medidas a su alcance” para proteger las garantías fundamentales en Nicaragua.

Detenciones sin pruebas

Este mes, la Policía Nacional y el Ministerio Público, detuvieron a cinco precandidatos a la presidencia, al igual que cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales.

Bachelet explicó que esas detenciones violaron las garantías procesales puesto que se hicieron sin pruebas suficientes y bajo conceptos penales ambiguos planteado en dos leyes, sobre los que su Oficina ya había alertado. Una de las legislaciones se refiere al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y la otra a la defensa de la soberanía.

Además de esas detenciones, la Alta Comisionada listó varias transgresiones de los derechos humanos y políticos, como la disolución de la personalidad jurídica de dos partidos políticos por el consejo Supremo Electoral, sin que fueran oídos sus representantes; y la adopción de una ley de reforma electoral que hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil, no establece salvaguardias para la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita las libertades de expresión, asociación pacífica y participación política.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.

Transgresión de la legalidad

“Estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo.

Agregó que su Oficina continúa documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional y dio cuenta de un aumento de la persecución selectiva de activistas de derechos humanos, periodistas y opositores en general.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis.

Estigmatización y amenazas

Bachelet informó que las autoridades y algunos medios progubernamentales han hecho declaraciones públicas en las que estigmatizaron a los opositores. Este hostigamiento se extendió a amenazas en las redes sociales.

El clima de terror propiciado por estas acciones inhibe el ejercicio de los derechos fundamentales cruciales para que haya un proceso electoral libre, creíble y equitativo, subrayó.

Otras transgresiones reportadas por la Alta Comisionada fueron los feminicidios y los ataques armados contra comunidades indígenas en la costa norte del Caribe.

Antes de concluir, Bachelet solicitó que se autorice el regreso de su Oficina a Nicaragua para monitorear la situación y contribuir a la solución de la crisis que atraviesa el país.

La SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua

Miguel Mora, periodista y candidato presidencial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.

La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

Mora, periodista y ex director del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota.

La SIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha marginado del espectro político y social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición.

Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

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