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Contra la censura

Al menos 15 periodistas fueron detenidos y luego puestos en prisión domiciliaria a raíz del levantamiento nacional del 11 de julio en Cuba

Un hombre es arrestado durante una manifestación contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021.

La organización Artículo 19, que resguarda y promueve alrededor del mundo el derecho a la libertad de expresión, llamó al régimen de Cuba y a su titular Miguel Díaz-Canel a cesar la ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio y los que cubrieron los acontecimientos.

“Es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas en el cumplimiento de su labor”, dijo a Radio Televisión Martí, Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.

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La entidad, con una de sus sedes en México, documentó y denunció las agresiones sufridas por 15 comunicadores cubanos a raíz de las protestas del 11 de julio: 8 hombres y 7 mujeres.

“De estos 15 periodistas, seis hombres y tres mujeres fueron detenidos y después liberados, pero les siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas”, destacó la defensora de los derechos humanos.

“Este es el caso, por ejemplo, de Camila Acosta Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Orelvis Cabrera y Neife Rigau. Todos se encuentran sujetos a proceso investigativo acusados de ‘desorden público’ y en el caso de Camila Acosta, también está acusada por ‘instigación a delinquir’. Todos, ellos y ellas, se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Orelvis Cabrera, periodista de CUBANET, quien se encuentra aún detenido”, puntualizó Ordóñez.

La organización apunta que el año 2021 ha sido complejo para Cuba y su ciudadanía debido a la pandemia y su impacto en el turismo hacia la Isla, la escasez de alimentos y el previo endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

Asimismo, resalta que la respuesta de las autoridades a los reclamos de la población “constituye una clara violación a la libertad de expresión y a la libertad de reunirse y manifestarse pacíficamente”.

En ese sentido señala que el llamado del gobernante Díaz-Canel el mismo 11 de julio “para que sus partidarios ocuparan las calles” y confrontaran a los manifestantes indujo “escenarios peligrosos de violencia que en nada aportaron a dar una solución pacífica al descontento” popular.

“La opacidad y discrecionalidad con que las autoridades han manejado la información de las personas detenidas contraviene los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, aseguró Artículo 19.

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CPJ: 2022 fue un año mortal para la prensa; Latinoamérica la región más golpeada (VIDEO)

Una vigilia en memoria de Fredid Román Román, un periodista asesinado a tiros en su auto en Chilpancingo, México, el 22 de agosto de 2022.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) calificó el 2022 como un año mortal para la prensa, con al menos 67 periodistas y trabajadores de medios fallecidos.

Los principales factores del aumento fueron el elevado número de periodistas muertos en la cobertura de la guerra de Ucrania y el drástico incremento en los casos de asesinato de periodistas en Latinoamérica, indicó este martes Jennifer Dunham, subdirectora editorial del CPJ.

Más de la mitad de los 67 casos de muerte de periodistas se registraron en apenas tres países: Ucrania (15), México (13) y Haití (7).

La mayoría de los periodistas que murieron cubriendo la invasión rusa a Ucrania, perdieron la vida en la etapa inicial de la guerra. Sin embargo, el CPJ alerta que "la situación en el terreno continúa siendo sumamente peligrosa: con frecuencia los comunicadores resultan heridos por el fuego de artillería mientras dan cobertura al conflicto, y algunos han informado que han sido blancos de las fuerzas militares rusas".


Latinoamérica fue la región más violenta para el ejercicio del periodismo, con 30 casos de muerte de periodistas en 2022, casi la mitad de la cifra mundial, lo cual refleja los enormes riesgos que los periodistas de la región enfrentan al dar cobertura a temas como la delincuencia, la corrupción, la violencia de las pandillas y el medio ambiente.

"En México y Haití, los comunicadores fueron blancos de asesinato por su labor informativa, y la gran mayoría de los responsables de esos crímenes no han rendido cuentas ante la Justicia", indica el CPJ.

El informe indica que otros periodistas que perdieron la vida en el transcurso del año daban cobertura a distintos temas: la delincuencia y la corrupción, en Colombia; la inestabilidad política, en Chad, Israel y el Territorio Palestino Ocupado, y Myanmar; el medio ambiente, en Brasil; y la política local, en Turquía y Estados Unidos.

Jodie Ginsberg, la presidenta de CPJ, dijo que la elevada cifra de periodistas fallecidos en 2022 indica un declive abrupto de la libertad de prensa, con el número más alto de periodistas asesinados desde 2018”.

“Cubrir la política, el crimen y la corrupción, puede ser igualmente o más mortífero que cubrir una guerra a gran escala", dijo.

La funcionaria criticó que los Gobiernos continúan encarcelando a un número récord de periodistas, y la espiral de la violencia y la cultura de impunidad, que efectivamente han silenciado a comunidades enteras alrededor del mundo, sigue sin respuesta.

El CPJ destaca en su mapa interactivo el caso del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado en el Combinado del Este desde 2021.

El periodista de 60 años fue detenido tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja, en Centro Habana. Luego fue condenado por el Tribunal Provincial de La Habana, acusado de los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia.

En agosto de 2022, el Comité para la Protección de los Periodistas criticó la sentencia de 5 años de prisión que el régimen comunista impuso a Valle Roca y dijo que era una medida extrema para mantener la censura.

Esposa de periodista encarcelado denuncia que sigue sin ser atendido

Foto Archivo. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle detenido en plena vía pública. ADALBERTO ROQUE / AFP

El preso político Lazaro Yuri Valle Roca, encarcelado en la cárcel Combinado de Este, en La Habana, continúa delicado de salud y sin recibir atención médica adecuada, denunció su esposa Eralidis Frómeta.

La señora dijo que acudió a la Fiscalía General de la República para entregar un documento en el cual demanda la excarcelación del periodista "por el estado que está presentando".

Frómeta explicó a Radio Televisión Martí que pudo visitarlo el martes en la prisión y constató que no se le suministra el medicamento que requiere para eliminar totalmente unos quistes que presenta en la nuca.


Explicó que las autoridades del penal no "le han hecho una prueba específica para determinar qué tipo de bacteria es".

"Sencillamente le han puesto antibiótico para mejorarlo, pero no para combatir radicalmente esta bacteria", denunció.

Eralidis Frómeta junto a su esposo Lázaro Yuri Valle Roca (Foto tomada de su perfil de Facebook)
Eralidis Frómeta junto a su esposo Lázaro Yuri Valle Roca (Foto tomada de su perfil de Facebook)

Entre otros padecimientos que se encuentra sufriendo el periodista, sentenciado a cinco años de cárcel por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia, también está la pérdida de visión y, hasta el momento, no ha sido atendido por un oftalmólogo.

"Prácticamente tiene que cerrar los ojos para poder caminar porque no tiene la visión clara", aclaró Frómeta.

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Una vez más, la esposa del preso político responsabilizó al gobierno cubano por la vida e integridad física de Valle Roca.

El periodista de 60 años fue detenido el 15 de junio de 2021, tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja, en Centro Habana. Luego fue condenado por el Tribunal Provincial de La Habana, acusado de los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia.

En agosto de 2022, el Comité para la Protección de los Periodistas criticó la sentencia de 5 años de prisión que el régimen comunista impuso a Valle Roca y dijo que es una medida extrema para mantener la censura.

“Las autoridades cubanas ya han encarcelado injustamente al periodista Lázaro Yuri Valle Roca por más de un año. Ahora el periodista enfrentará más años de cárcel sencillamente por compartir información”, declaró en ese momento Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Otro periodista forzado a renunciar a los medios independientes en Cuba

El periodista cubano Alberto C. Toppin. (Foto: Twitter/@toppin1893)

Otro periodista ha sido forzado en Cuba a abandonar su labor en los medios independientes, denunció este domingo en sus redes sociales la organización defensora de los derechos humanos Cubalex.

Alberto C. Toppin fue obligado por la Seguridad del Estado a firmar un documento en el que queda explícita su renuncia.


“(…) hoy, en una oficina de una estación policial, la Seguridad de Estado me ha obligado a redactar y firmar una renuncia a colaborar con cualquier medio que trate la realidad cubana, no importa que yo esté escribiendo sobre un acelerador de descargas para usarlo en lo que dice Etecsa es 4G”, escribió el viernes el periodista en un hilo en Twitter.

Toppin, ex colaborador del portal independiente elToque, y especializado en temas de tecnología, señaló que su situación es la misma por la que han pasado otras personas que conoce, en referencia a varios periodistas de ese medio obligados por las autoridades cubanas a renunciar a su labor bajo amenazas de encarcelamiento.

Explicó que su vínculo con elToque había terminado en noviembre pasado, pero que algunos trabajos salieron publicados después de esa fecha con su firma porque ya estaban entregados.


Añadió que también fue forzado por la Seguridad del Estado a entregar los equipos con los que ha hecho periodismo, “aun cuando estos no han sido donados por ninguna institución o proyecto”.

En el hilo de Twitter, en el que recordó parte de su trabajo como comunicador, incluido un recorrido por la zona industrial de Moa, en Holguín donde encontró “testimonios desgarradores”, dijo que “ejercer el periodismo en Cuba no es siempre sinónimo de satisfacción”.


“Incluso cuando se tiene el valor de recorrer una zona como Moa, uno se asusta cuando alguien se te queda mirando porque estás fotografiando el río donde se vierten desechos industriales. Uno teme que alguien rechace darte una opinión de mala manera sencillamente porque dices que trabajas para un medio independiente. Uno anda con los ojos bien abiertos, como pronosticando el instante en que la Seguridad de Estado va a caer sobre ti para impedirte continuar, para amedrentar a tu familia, para truncar los proyectos de vida que pudieras idear a partir de tu trabajo”, confesó.

Toppin afirmó que de lo único que se arrepiente es de no haber hecho mejor periodismo cuando pudo. “Del resto, no”, aclaró.

En noviembre pasado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba calificó de vergonzoso el uso de videos y declaraciones en la televisión estatal cubana donde aparecen los colaboradores de El Toque, grabados durante largos interrogatorios, efectuados bajo presión en sedes de la Seguridad del Estado, como habían denunciado semanas antes los periodistas de esa publicación, fundada en 2014.

El medio independiente, al que se vieron obligados a renunciar decenas de colaboradores, subrayó entonces en una declaración: "Hemos estado antes en situaciones críticas. Hacer periodismo para audiencias cubanas es un acto arriesgado que tiene costos y hoy nos toca pagarlos".

Proyecto de Ley de Comunicación en Cuba sigue dejando fuera la libertad de expresión

En La Habana un hombre lee el diario oficial Juventud Rebelde. (Yamil Lage/AFP/Archivo)

Cuba publicó una nueva versión de su proyecto de Ley de Comunicación Social que continuará supeditando la libertad de prensa a la ideología socialista.

La nueva versión “ha sido un reflejo de los debates que se han producido entre el sector más reaccionario, y el de los reformistas”, dentro del gobierno cubano, manifestó en conversación con Radio Televisión Martí el abogado y periodista cubano asentado en Canadá, Eloy Viera Cañive.

El experto, uno de los coordinadores del medio independiente El Toque, dijo que algunos entendieron que el proyecto original “favorecía la glasnost”, la política de un gobierno consultivo más abierto y una mayor difusión de la información, iniciada en 1985 por el líder soviético Mijaíl Gorbachev.

“Eso me parece totalmente desacertado, porque el proyecto original no era, excesivamente, abierto y reformista. Además, que en una norma jurídica cubana se plasme la posibilidad de una reforma no indica que esa reforma se produzca, porque lo cierto es que, en un régimen totalitario como el cubano, reformas profundas, sobre todo de sectores que son vitales para el régimen, como es la propaganda, solo pueden impulsarse, no porque la ley lo diga, sino porque haya voluntad política de un sector con poder real, más allá del Parlamento cubano, que es el que va a aprobar esto”, recalcó.

En referencia a la posposición de la anuencia de esta ley, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, dijo que el Consejo de Estado pidió retrasar su aprobación por su "complejidad" y los cambios que se le hicieron.

Las discusiones entre los reformistas y el sector reaccionario que consideraba el proyecto original extremadamente reformador, y rechazaba las bondades que podía traer para el sistema de medios cubanos el mecenazgo, la publicidad o el acceso de los periodistas a la información, devino en una transformación, precisó Viera Cañive.

“Primero, en la dilación de la aprobación de un proyecto que había sido anunciado para ser aprobado en diciembre de 2022. Ahora nos entregan este proyecto definitivo, que no es más que el resultado de todas estas pujas”.

La nueva versión, como la anterior, establece que los medios de comunicación "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad", lo que mantiene en la ilegalidad a los medios digitales independientes en Cuba.

“Creo que lo que está claro es que no tendremos libertad de prensa en Cuba, ni con este proyecto, ni bajo el régimen de Partido Comunista”, puntualizó Viera Cañive.

Sobre el contenido de esta última versión del proyecto de ley, el experto explicó que “elimina elementos importantes del proyecto original, como el hecho de reconocer que los periodistas y las personas tenían derecho a solicitar información pública a las instituciones estatales”.

Asimismo, decreta “que la información que la gente necesita saber, será la que obtenga de los medios de comunicación, que siguen siendo controlados por el Partido Comunista y que responderán, por supuesto, a esa lógica declarada de defender la Revolución, el Partido y la Constitución”.

Determina, además, “que la libertad de prensa y la libertad de expresión no son otra cosa que la capacidad que tengan las personas de utilizar los medios de comunicación para amplificar un mensaje que no puede ser contrario, ni a la Constitución, ni a las leyes, ni a la sociedad socialista en general”.

“Por tanto, lo que está diciendo es que la libertad de expresión en Cuba, la libertad de comunicación, única y exclusivamente, alcanza a los intereses propios del Partido Comunista. Fuera de eso, la libertad de expresión en Cuba no existe”, concluyó el abogado y periodista.

Info Martí | EEUU critica “deplorables acciones” del régimen cubano para controlar la información
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En su capítulo 2, Artículo 1, el proyecto de ley establece que el Sistema de Comunicación Social contribuye a la construcción de una “sociedad democrática (...) en correspondencia con los principios del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”.

En opinión de Rolando Rodríguez Lobaina, director de la Agencia Audiovisual Independiente Palenque Visión, esta ley constituye “la demostración de la urgente necesidad que tiene la dictadura cubana para frenar al peor enemigo: la libertad de expresión”.

El nuevo proyecto plantea que su propósito es “promover la justicia social, la igualdad de oportunidades y la ética humanista forjada por la Revolución”, pero "no solamente ataca a la prensa independiente dentro de Cuba, sino a la población que ha empezado a ejercer la crítica abierta a través de las redes hacia las propias figuras de la dictadura, los gobernantes, a los funcionarios y hacia lo que divulgan los medios oficialistas”, expuso Rodríguez Lobaina.

La normativa, aún por aprobarse, prohíbe contenidos como "el odio entre las personas con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social”.

Al respecto, Rodríguez Lobaina apuntó que “la dictadura nos ve como un colofón para una guerra externa, y no como una forma de sentido crítico interno de los propios ciudadanos", que han visto la necesidad de recurrir a la prensa independiente como vía para expresar sus inconformidades, "por la ineficiencia estatal y la burocracia comunista”.

“No hay una guerra externa, hay una guerra interna entre la dictadura, los gobernantes que quieren acallar las voces de los ciudadanos que quieren libertad, y que quieren decir y criticar la situación en Cuba y, fundamentalmente, en torno a la libertad de expresión, cuya violación condujo al encarcelamiento de cientos de jóvenes que se manifestaron el 11 de julio”, concluyó el periodista independiete.

El proyecto de normativa puede leerse en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y los cubanos podrán enviar sus opiniones sobre el proyecto al correo electrónico comunicacion@anpp.gob.cu.

Seguridad del Estado quiere obligar a emigrar al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez

El periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez. (Foto: Facebook).

La policía política intentó coaccionar al periodista independiente, Jorge Enrique Rodríguez, para que salga definitivamente de Cuba, durante un interrogatorio el jueves.

“Lo mismo que quieren imponer a todo el mundo: el destierro o que uno mismo recurra al auto destierro. Y entonces, las amenazas son esas, amenazando a uno de que o se va o, de lo contrario, aquí no va a tener vida que es literalmente lo que, al menos a mí, me dijeron, que no iba a tener vida mientras estuviera aquí adentro. Y esa es la idea. Pero yo no voy a pactar ese tipo de negociación con ellos, ni esa ni ninguna otra”, aseguró el escritor a Radio Televisión Martí.

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Esta no es la primera vez que el órgano represor enseña sus garras al reportero de Diario de Cuba, que reside en La Habana: ha tenido que escuchar amenazas acerca de los graves resultados que le traerá su decisión de permanecer en Cuba, como detenciones arbitrarias, reclusiones domiciliares y suspensión del acceso a sus datos móviles, entre otros actos hostiles.

El régimen cubano usa con frecuencia el exilio forzado o presiones como mecanismo para eliminar sus opositores y ciudadanos molestos.

Numerosos representantes de la Sociedad Civil independiente cubana se han visto obligados o presionados a abandonar el país, el más reciente José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, quien lleva más de 15 años oponiéndose públicamente al régimen, su esposa la Dama de Blanco Lourdes Esquivel, la activista Keilili de la Mora, la periodista Luz Escobar de 14ymedio, el escritor Abraham Jiménez Enoa de El Estornudo y el artista Julio Llópiz Casal.

También José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, y el activista de la UNPAU, Zaqueo Báez, fueron presionados para salir del país, mientras que Omara Ruiz Urquiola desea regresar a Cuba pero el gobierno no se lo permite.

Otros que saltaron más recientemente a la palestra pública, como la curadora de arte Carolina Barrero, la activista Saily González Velázquez, Pedro López, el cuñado del preso político Andy García, y los médicos disidentes Alexander Pupo Casas y Alexander Figueredo, han tenido que vivir en el exilio.

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