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Contra la censura

Artículo 19: el régimen cubano impone el silencio y mata a la prensa

Protesta del 11 de julio en Cuba. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

La ONG británica Artículo 19 denunció que la prensa en Cuba está “bajo un asedio sistemático por parte del gobierno”.

“Pareciera insignificante frente a la alza de asesinatos de periodistas en la región, pero el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio matando el periodismo”, dice la organización en el informe “Cuba, una democracia de papel que violenta la libertad de expresión”, que abarca los años 2019 a 2021.

“Se destacan las violencias y obstáculos que enfrentan periodistas y personas que buscan ejercer la libertad de expresión y el periodismo en Cuba", indicó a Radio Televisión Martí la abogada Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.

"Como Estado totalitario, busca controlar las narrativas, los flujos informativos a través de un sistema legal que aplica sanciones y obstaculiza y niega la posibilidad de ejercer este derecho a través de marcos administrativos, de prácticas de abuso de poder, prácticas sociales, prácticas culturales que al final van reduciendo el campo para evitar, por todos los medios, que las personas puedan expresarse; desde salir a las calles o la creación artística, una canción, un poema, un cartel, una pintada en la pared; o bien a través del ejercicio periodístico”, precisó Ordóñez.

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La entidad, desde su oficina en México, documentó en 2020, 681 ataques contra 119 periodistas y activistas. De éstos, 65% fueron cometidos contra periodistas.

El 69% del total ocurrieron en un lapso de seis semanas, del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, durante las cuales se desarrollaron protestas.

Durante 2019, Artículo 19 había argumentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó a ocho veces.

En la primera mitad de 2021 se cometieron 656 agresiones contra 84 periodistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y artistas. De éstas, 49% fueron perpetradas contra comunicadores.

“Resaltamos cómo las agresiones son generalizadas y sistemáticas contra periodistas, artistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos; y que esta sistematicidad y generalización va provocando que al final, en el caso de periodistas, vayan, digamos, retirándose o teniendo menos posibilidades para ejercer el periodismo, acompañado también de bloqueos a Internet que les imposibilitan el ejercicio”, apuntó Ordóñez.

“O bien, que el acoso y el hostigamiento sea tal hacia ellos, ellas y sus familias, que terminen yéndose del país en una especie de ‘autoexilio’, particularmente, a partir de las movilizaciones del 11 de julio y del 15 de noviembre (del 2021), pero más hacia el 11 de julio, vemos esta práctica de implantar el terror, de implementar castigos que sirvan de escarmiento para las otras personas: juicios sumarios que tienen sanciones de hasta diez o treinta años de prisión por el hecho de salir a protestar”, afirmó.

En este sentido, los casos más recientes son los de los periodistas de ADN Cuba, Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, que fueron presionados para salir del país por la Seguridad del Estado, y el de Orelvis Cabrera, de Cubanet, que se vio obligado a emigrar a Rusia.

“En las mujeres hemos visto agresiones con marcados tintes de género. Un ejemplo es las amenazas que han sufrido las periodistas de que les implementen el Código de Familia a través del cual puedan retirarle la Patria Potestad de sus hijos e hijas”, señaló la representante de Artículo 19.

La Ley No. 1289, el Código de la Familia, estipula que los padres y madres pueden perder la Patria Potestad de sus hijos cuando observen una conducta peligrosa o incumplan con el deber de “inculcarles el amor a la patria, el respeto a sus símbolos y la debida estimación a sus valores, el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista”.

El informe presenta recomendaciones al Estado cubano, entre las cuales se encuentran:

  1. Liberar a todas y todos los presos políticos y eliminar las restricciones domiciliarias a las que han sido sujetas las personas periodistas y manifestantes en el marco de las movilizaciones del 11 de julio y del 15 de noviembre de 2021.
  2. Reconocer el derecho a la protesta en su sentido más amplio, de conformidad con los estándares internacionales y adoptando lo dispuesto en el Comentario General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
  3. Procesar y fijar sanciones administrativas en contra de los agentes del Estado que cometieron actos de brutalidad durante las protestas de noviembre y diciembre de 2020 y de julio de 2021.
  4. Adaptar las normas constitucionales a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
  5. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo periodístico de manera libre y sin violencia.
  6. Garantizar el acceso a la información de manera universal. Eliminar los bloqueos informativos.

En la exposición virtual del informe estuvieron el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca; la curadora de arte y activista cubana, Anamely Ramos; la periodista cubano-mexicana Peniley Ramírez; la periodista y escritora María Matienzo; y el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

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La cárcel o el exilio, periodistas de CubaNet denuncian presiones de la Seguridad del Estado a su regreso a Cuba

Vladimir Turró Páez. (Foto: CubaNet)

Los periodistas Vladimir Turró y Enrique Díaz, ambos colaboradores de la publicación independiente CubaNet, denunciaron que fueron detenidos temporalmente el miércoles en La Habana y amenazados con ir a prisión, bajo el nuevo código penal vigente en Cuba.

“Yo y mi colega, Enrique Díaz fuimos detenidos en la mañana del miércoles sobre las nueve de la mañana. Estábamos intentando hacer una entrevista referente al tema de los apagones cuando somos interceptados por un auto patrullero que nos pide la documentación nuestra y la documentación de la moto”, dijo Turró a Radio Martí.

Según el comunicador, el oficial de la Seguridad del Estado apareció en la escena en “menos de cinco minutos” y era el mismo que los recibió a su llegada al aeropuerto el pasado 9 de mayo, "cuando regresábamos de una capacitación en Suecia”.

Ambos denunciaron días atrás que habían sido detenidos en el aeropuerto José Martí a su regreso de Suecia, donde asistieron a un curso de capacitación como periodistas.

Según Turró, en esa ocasión los agentes de la Seguridad del Estado les comunicaron que los habían dejado salir de Cuba con la intención de que decidieran no regresar a la isla.

Tras la detención del miércoles Turró relató: “Este oficial nos dice que tenemos que ir hacia la estación de la policía de la 6ta. Unidad de Marianao, donde nos conducen. Allí nos introducen en una oficina, donde estuvimos un promedio de más de cuatro horas, hasta que aparece el otro oficial de la Seguridad del Estado, que es el encargado de reprimirnos directamente, y nos hacen interrogatorios por separado”.

Detenidos y amenazados periodistas del medio independiente CubaNet
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El periodista independiente dijo que le amenazaron con que podían quitarle la moto “por la actividad que yo estoy haciendo, porque era una actividad totalmente ilegal, que, bajo el nuevo código penal podían encarcelarme hasta diez años, porque yo recibo financiamiento desde el exterior. El pago que recibo por mi trabajo en CubaNet, ellos dicen que eso es financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y que pueden encarcelarme con penas de hasta 10 años”.

Turró agregó que el oficial les advirtió que ya tenían que irse de Cuba o, de lo contrario, irían a la cárcel

La Asamblea Nacional cubana aprobó el 15 de mayo el nuevo Código Penal que ha sido denunciado por periodistas, activistas y organizaciones internacionales como una amenaza a la libertad de expresión y prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de retrógrado el nuevo Código Penal que "retrotrae a Cuba a épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios".

La SIP lamentó que la nueva legislación criminalice las libertades de prensa y expresión, así como de asociación y reunión.

"El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar", denunció.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Cierran proceso contra periodista Camila Acosta, acusada de "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11J

Camila Acosta. (Foto: CubaNet)

Luego de más de 10 meses de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Acosta ha quedado libre cargos y el caso cerrado, según explicó en un artículo para el portal digital CubaNet, con el que colabora.

Acosta detalló que este miércoles, 25 de mayo, fue citada a la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, donde un oficial de la Seguridad del Estado le impuso una multa de 1.000 pesos cubanos bajo el “criterio de oportunidad”, previsto en la Ley 143, Artículo 17, Inciso b, que "permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales".

Le comunicaron, además, sobre la confiscación de varios bienes que las autoridades le incautaron un día después de su detención: dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash, agendas de trabajo, libros, la blusa que llevaba puesta el 11J, 50 USD y 20.000 CUP.

Estos bienes, algunos de los cuales ni siquiera le pertenecían, no fueron "utilizados para la comisión del delito u obtenidos como resultado de él" y, con apego a la ley, no deberían estar sujetos a decomiso.

"No hubo delito y tampoco ninguno de los equipos embargados se utilizaron para la comisión de él; aun así, se impuso la sanción", subrayó la periodista. Pero el oficial de la policía política argumentó que contenían material “contrarrevolucionario”.

Acosta, que tiene un plazo de tres días para pagar la multa, reitera que no cometió un delito, solo hacía su trabajo de reportera cuando fue detenida. "No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente", afirmó.

Aunque la multa la libra de ir a juicio, y de enfrentar una posible sentencia de tres meses a un año de prisión, la comunicadora señala que pagarla significa "aceptar una medida arbitraria, o que cometí ese supuesto delito".

La periodista concluye que, con el cierre de este proceso en su contra, solo "finaliza una etapa" que "abre paso a otra aún peor".

"El nuevo Código Penal es más criminal que el anterior, y dota al régimen de herramientas represivas que atentan directamente contra los periodistas independientes, la oposición y la sociedad civil en general. El calvario está lejos de acabar", concluyó.

Cuba está entre los países del hemisferio donde más se ha agudizado la represión contra los periodistas, dijo en un informe reciente la Sociedad Interamericana de Prensa, que también ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor de la prensa independiente en la isla, una preocupación a la que se unen el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.

SIP abordará persecución contra periodistas de Cuba y otros regímenes de las Américas con congresistas de EEUU

Vista del lado del Senado del Capitolio. (Foro: AP/Archivo)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abordará los casos de persecución, represión y violencia contra los periodistas en países como Cuba, Nicaragua, México y Venezuela esta semana en Washington D.C., durante encuentros con legisladores y funcionarios estadounidenses.

Representantes de esa organización, que permanecerá en la capital estadunidense del 24 al 26 de mayo, sostendrán entrevistas con senadores y representantes del Congreso sobre el comportamiento de la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación.

La semana pasada, la SIP calificó de retrógrado el nuevo Código Penal cubano y lamentó que la nueva legislación criminalice las libertades de prensa y expresión, entre otros derechos.

"El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar", dijo la organización.

Encabezada por su presidente, Jorge Canahuati, la delegación de la SIP también buscará “conocer la posición y compromiso de los congresistas sobre las iniciativas "Ley de Competencia y Preservación del periodismo" (Journalism Competition and Preservation Act) y "Ley de Sostenibilidad del Periodismo Local Local (Journalism Sustainability Act)”, dijo la organización en un comunicado.

Como parte de sus actividades, la SIP sostendrá reuniones con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca.

La SIP dará a conocer sus conclusiones al término de la misión, señala el comunicado.

CPJ: Código Penal cubano criminaliza aún más el trabajo de los periodistas

Policías con perros recorren las calles de La Habana el 11 de julio, día en que estallaron las protestas antigubernamentales en varias localidades de Cuba. (AFP/Yamil Lage).

El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, reaccionó este martes ante la aprobación de una enmienda al Código Penal castrista que endurece aún más las penas de cárcel y la censura contra periodistas independientes.

“Nos alarma la aprobación del nuevo Código Penal cubano, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.

Núñez agregó que “las autoridades cubanas continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura y asestan un duro golpe a los periodistas y medios independientes”.

La enmienda, propuesta originalmente el 20 de enero por el Tribunal Supremo de Cuba, prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos de fuentes extranjeras y puede emplearse para silenciar a los periodistas y medios independientes que dependen de este tipo de financiamiento para desarrollar sus actividades.

El nuevo Código Penal entrará en vigor en un plazo de 90 días, según las informaciones de prensa citadas.

El Gobierno de Estados Unidos también condenó la medida. Lamentó que "el régimen haya aprobado un nuevo Código Penal que restringe aún más la libertad de expresión, de prensa y de reunión en #Cuba".

Por su parte, la comunicadora Daniela Rojo dijo desde La Habana a Radio Martí que la medida es una variante de la Ley Mordaza.

“Es para eso mismo, para desestimular a los periodistas independientes, para criminalizar lo que viene siendo la realidad, pero ya aprobado en un Código Penal, que ya está tipificado; es decir, lo que le están es dando forma en papel y letra a la dictadura como tal”, afirmó.

Periodista Valle Roca enfrenta nuevas complicaciones de salud en el penal Combinado del Este

Lázaro Yuri Valle /Foto cortesía del activista

El estado de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, recluido en el penal Combinado del Este, ha empeorado y se le está negando la asistencia médica y los medicamentos, denunció este martes en entrevista con Radio Televisión Martí, su esposa Eralidis Frómeta.

El comunicador permanece aún sin fecha de juicio con petición fiscal de seis años de prisión, por los presuntos delitos de “resistencia” y “propaganda enemiga”.

“El pasado viernes fue su visita y lo dejé con un nuevo problema de salud, tiene una pronunciada inflamación en la parte izquierda de la cara y úlceras en la boca", dijo su esposa.

"Este lunes en la tarde hablé con él nuevamente y me reiteró que se mantiene en la misma condición, cuando hablamos le pregunté que si podría ser un problema dental, un absceso, y me dijo que no. Cuando yo lo vi el viernes, ya él llevaba varios días con esa condición y hasta el día de hoy no ha recibido asistencia médica por parte del régimen penitenciario del Combinado del Este, ni al menos un diagnóstico para conocer la causa de esa inflamación en la cara", afirmó Frómeta.

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La señora dice que tampoco le han suministrado medicamento alguno.

"Las autoridades del penal dicen que en la prisión hay medicamentos, pero eso es mentira, allí carecen de medicinas para los reclusos, yo aquí en casa tengo antibióticos y antiinflamatorios para llevárselos, pero no me lo dejan entrar”, explicó la esposa del comunicador.

Según la ley cubana, este lunes expiró el término de tiempo establecido para la instrucción de nuevas evidencias que tenía la fiscalía para presentar nuevos cargos, por tanto a partir de ahora se espera que se establezca ya la fecha del juicio, adelantó Frómeta.

“Ya todos sabemos que fue el último día para la instrucción así me lo informó el abogado, entonces a partir de ahora, ese juicio manipulado y con cargos inventados en su contra, el tribunal tiene que ponerle una fecha", advirtió la activista.

Valle Roca fue detenido el 14 de junio de 2021, al día siguiente de haber filmado y publicado en Facebook una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba.

El periodista fue citado para la estación policial de Zapata y C, posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado, en Villa Marista, y luego enviado para el Combinado del Este, durante todo este proceso ya sufrió un fallo renal y lleva meses padeciendo de un reforzamiento pulmonar.

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