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Derechos Humanos

Artículo 19 deplora la renuncia obligada de periodistas independientes en Cuba

Una imagen de actos de represión contra manifestantes el 11 de julio de 2021 en La Habana, Cuba, difundida por la prensa independiente. (Foto: Facebook).
Una imagen de actos de represión contra manifestantes el 11 de julio de 2021 en La Habana, Cuba, difundida por la prensa independiente. (Foto: Facebook).

La organización Artículo 19 condenó este miércoles la escalada de intimidaciones contra los periodistas independientes en Cuba.

“Desde hace más de tres años, Artículo 19 ha registrado la sistemática violación a los derechos humanos de las y los periodistas independientes en Cuba. Hemos sido testigos del impacto que ha generado el constante hostigamiento, a mediano y largo plazo, no solo contra las y los periodistas sino también contra su familia, sus colegas y amigos”, indicó en conversación con Radio Televisión Martí, Claudia Ordóñez, representante para América Latina y el Caribe de la organización con sede en Londres.

“Esta etapa de agudización que estamos viendo, está caracterizada por la renuncia obligada de periodistas a continuar con su labor informativa, acompañada, en muchos casos del exilio forzado”, subrayó.

A principios de la semana se supo de la llegada a Estados Unidos de la comunicadora Mary Karla Ares, quien fue encarcelada por participar en una manifestación antigubernamental en la calle Obispo de La Habana el 30

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abril de 2021.

Cuatro periodistas del medio independiente El Toque son las más recientes víctimas del despliegue de amenazas y medidas represivas de la Seguridad del Estado contra la prensa alternativa.

Se trata de José Leandro Garbey, Meilín Puertas Borrero, Mauro Roberto Díaz Vázquez y Claudia Bravet Ramírez, a los que se les prohibió la salida del país, una de las herramientas más usadas por el órgano represor para castigar el disenso.

Según El Toque, los miembros de su equipo trataron de viajar a un evento en Argentina y en el Aeropuerto Internacional de La Habana las autoridades migratorias les informaron que están regulados.

“Me voy porque otros me obligan. Me obligan a irme de El Toque y a no trabajar en otro medio alternativo, y guardar, casi, por ende, mi título bajo un colchón”, escribió en Facebook Meilín Puertas, sin mencionar quien o quienes le impusieron tomar tal decisión.

“Frente a esa fuerza mayor que está ahora mismo poniendo en jaque mi derecho a salir del país y mi bienestar, he preferido anteponer mi libertad y mis sueños personales y familiares”, aclaró.

José Leandro Garbey también hizo pública su renuncia en la red social: “No se me permitirá salir del país hasta cumplir ciertas condiciones exigidas por la Seguridad del Estado, entre ellas el compromiso a no colaborar más con esta plataforma u otra no vinculada a la oficialidad”.

Por su parte, Mauro Roberto Díaz Vázquez en su descargo en Facebook lamenta: “me voy porque, egoísta y cobardemente, priorizo mi salud mental y el bienestar de mi familia. Me voy para tener el derecho a la libre circulación”.

Aleiny Sánchez Martínez, igualmente en Facebook, informó su renuncia a El Toque hace una semana: “No será necesario explicar mucho en esta publicación porque, de antemano, esto es como un papel pautado, y este trámite un requisito más de una lista obsesiva”.

En un editorial El Toque afirmó que a nueve de sus reporteros se les requirió decir públicamente que renunciaban a su profesión. Para el medio independiente, esta petición “sin nombrar a la Seguridad del Estado” no fue “la única condición”, y denunció que se les decomisaron “medios básicos de trabajo”.

Entretanto, Ismario Rodríguez Pérez, del medio Periodismo de Barrio, fue citado el martes a un interrogatorio por la Seguridad del Estado.

"Llegué a las 4:00 PM a casa después de que intentaran chantajearme con renunciar a Periodismo de Barrio o dormir en la estación de Zapata y C por 24 horas", escribió el fotógrafo y realizador audiovisual que aseguró a nuestra redacción que no piensa dejar el periodismo, aunque se negó a hacer declaraciones.

Rodríguez explicó que le informaron que el nuevo procedimiento para todos los periodistas independientes es:

  1. Renunciar públicamente al trabajo
  2. Filmar video de Mea Culpa
  3. Enviar una carta de no vinculación a 'organizaciones contrarrevolucionarias' o atenerse a las consecuencias

El joven periodista dijo que también lo amenazaron con el Código Penal, así como con “las coacciones y tretas de toda la vida y que han usado para desactivar al resto de la prensa independiente”.

El nuevo Código Penal cubano, que entrará en vigor en septiembre, criminaliza el trabajo de los periodistas independientes y prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras.

También el anteproyecto de Ley de Comunicación Social presentado en julio reafirma que los medios nacionales (es decir los oficiales) "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

Díaz antes habían renunciado públicamente por presiones de la policía política, Cynthia de la Cantera de Yucabyte y Nelson Julio Álvarez Mairata de Cubanet.

“Como ellos y ellas mismas lo han denunciado en sus redes, han sido amenazados de ser sujetos a un proceso penal bajo acusaciones que acumularían varios, si no es que muchos años, y de seguir siendo hostigados sus familiares”, señaló la funcionaria de Artículo 19.

“Reiteramos que, en gran medida, la estrategia del gobierno cubano está basada en un Código Penal que aún no entra en vigor pero que contiene severas violaciones a los derechos, a la libertad de expresión, asociación, información, libre tránsito, a defender los derechos humanos entre otros, y que se ha convertido una de las armas de amenaza legal más recurrente”, recalcó.

Informar no es un delito y el Gobierno de Cuba le está dando un tratamiento de esa naturaleza. Con la renuncia de las y los periodistas, enfrentamos el riesgo de que la versión oficial sea la que prevalezca, generando escenarios de desinformación y manipulación y que la sociedad cubana no está informada de lo que ocurre realmente en su país, quedando el periodismo ciudadano como única alternativa de difusión de información fuera del control gubernamental”, concluyó Ordoñez.

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Régimen cubano vuelve a "tácticas de línea dura" contra grupos religiosos, alerta CWS

Peregrinos se dirigen al Santuario Nacional de San Lázaro, en el Rincón, La Habana, para venerar al milagroso santo católico, o a su equivalente en la religión yoruba, Babalú Ayé.
Peregrinos se dirigen al Santuario Nacional de San Lázaro, en el Rincón, La Habana, para venerar al milagroso santo católico, o a su equivalente en la religión yoruba, Babalú Ayé.

El gobierno cubano “está volviendo a tácticas de línea dura en sus esfuerzos por afirmar el control sobre la sociedad civil independiente, incluidos los grupos religiosos”, alertó este lunes Christian Solidarity Worldwide (CSW) en su más reciente informe sobre la situación de la libertad de religión o de creencias en la isla.

Según la organización, el número de violaciones de la libertad de religión o de creencias documentadas se mantuvo estable, con 622 registradas en 2023, en comparación con 657 en 2022. Sin embargo, señala que al igual que en 2022, “la gravedad persistente de la represión a lo largo de 2023 se relaciona con los esfuerzos del gobierno para llevar a la población bajo su control tras las protestas a nivel nacional del 11 de julio de 2021”.

El informe dice que “los grupos registrados y no registrados sufren regularmente violaciones de la libertad de expresión y grupos religiosos o de creencias de todo tipo se ven afectados, incluidas las comunidades afrocubanas, los testigos de Jehová, judías, protestantes y católicas romanas”.

“Los cristianos protestantes y los líderes de grupos religiosos afrocubanos independientes denuncian acoso y amenazas constantes, así como la interrupción periódica de sus servicios y rituales por parte de funcionarios del gobierno. La mayoría de estos líderes señalan que no eligen operar ilegalmente, pero el gobierno les ha negado repetidas solicitudes para registrarse y designar lugares autorizados para que practiquen su fe”, subraya CSW.

El informe menciona que “los adultos y niños asociados con grupos religiosos registrados y no registrados sufren regularmente discriminación debido a su fe. Varios casos documentados involucraron a adultos despedidos de su lugar de trabajo o degradados debido a su asociación con un grupo religioso o líder religioso que el gobierno ha calificado de "contrarrevolucionario".

"Todos hemos visto varios casos de personas despedidas de su trabajo por ser parte de un grupo religioso no autorizado, no registrado. También en el caso de niños hemos visto casos ambos de protestantes cristianos y de Testigos de Jehová, niños y niñas abusados en clase a manos de adultos, de los profesores, gente de la administración, abuso ambos verbal y físicos", dijo en entrevista con Martí Noticias, la Jefa de Promoción de CSW, Anna Lee Stangl.

La organización subraya que el gobierno ha atacado especialmente a los presos políticos, sus familias y los líderes religiosos cercanos a ellos.

"A los presos políticos se les niega sistemáticamente el derecho a conservar una Biblia u otra literatura religiosa o a recibir visitas de un líder religioso, en violación de las Reglas Mínimas de la ONU para el Trato de los Reclusos", dice el informe.

CWS menciona entre los presos políticos a varios líderes religiosos encarcelados durante las protestas del 11 de julio de 2021, y después de ellas, incluido el pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo y los líderes religiosos afrocubanos Loreto Hernández García y su esposa, Donaida Pérez Paseiro. "Todos denunciaron violaciones constantes de la libertad de creencias y otros derechos humanos en prisión”, explica la organización.

El informe de CSW apunta que, a pesar de la creación en 2022 del nuevo Departamento gubernamental de Atención a Instituciones Religiosas y Grupos Fraternales, líderes religiosos de la isla han dicho a la organización que, en la práctica, todos los asuntos siguen siendo dirigidos por la Oficina de Asuntos Religiosos (ORA), del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Junto con el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, la ORA sigue siendo el principal responsable de estas violaciones a la libertad religiosa, afirma el reporte.

CSW instó al gobierno cubano a “eliminar la ORA tal como existe actualmente, o reformarla para que funcione de forma transparente dentro de parámetros legales definidos. y con recurso de apelación”.

"Hay una cosa que cambiará todo y es eliminar la Oficina de Asuntos Religiosos, que aunque el gobierno creó otro departamento que supuestamente iba a tratar los asuntos de religión, sigue siendo la Oficina de Asuntos Religiosos la que dirige todo. Todo tiene que pasar por esta oficina y este oficina es del Partido Comunista", dijo Stangl.

Recomendó, además, “modificar la constitución y las leyes civiles, administrativas y códigos penales", para incluir disposiciones reforzadas para la libertad de religión o creencias, y otros derechos humanos en consonancia con las normas internacionales.

También instó al régimen a que, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, defienda “los más altos estándares en la promoción y protección de derechos humanos", y que elimine el requisito para que grupos religiosos se registren en línea, con las mejores prácticas internacionales de registro no discriminatorio.

CSW recomendó además al régimen de la isla que garantize “la libertad de los líderes religiosos para realizar su trabajo sin acoso, amenazas u otra presión gubernamental dirigida a ellos o sus familias”; que salvaguarde la libertad de todos los cubanos de reunirse en un culto, según la religión o creencia profesada; y que ponga fin al "acoso, las amenazas y el encarcelamiento de defensores de los derechos humanos, incluidos defensores de la libertad de religión o creencias”, entre otras recomendaciones.

La ONG también presentó varias recomendaciones para el gobierno estadounidense, entre ellas que la Embajada de Estados Unidos en Cuba mantenga “un diálogo abierto con líderes religiosos de todas las denominaciones, grupos religiosos y regiones del país, teniendo en cuenta las sensibilidades políticas bajo las cuales deben trabajar muchos líderes religiosos”, y que continúe “buscando formas de interactuar con los miembros de sociedad civil independiente cubana, ofreciendo apoyo cuando sea adecuado”.

A la Unión Europa, CSW recomendó que exija una reunión urgente con el gobierno cubano en virtud del artículo 85, apartado 3, del Diálogo Político UE-Cuba y Acuerdo de Cooperación (PDCA), para investigar formalmente y revisar su cumplimiento con sus obligaciones de los derechos humanos, como lo exigen multiples resoluciones del Parlamento Europeo, y que introduzca sanciones Magnitsky a individuos responsables de violaciones de derechos humanos, como pidió el Parlamento Europeo en sus resoluciones del 16 septiembre y 16 de diciembre de 2021.

“Esto debe incluir Oficiales de Seguridad del Estado y altos funcionarios de la Oficina de Asuntos Religiosos responsables de graves violaciones de la la libertad de religión o creencias”, precisó la organización.

Prisoners Defenders registra otros 9 presos políticos en Cuba; la cifra total es de 1.067

La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia de los cuales 113 son mujeres / Foto: Franklin Reyes (AP)
La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia de los cuales 113 son mujeres / Foto: Franklin Reyes (AP)

El régimen cubano encarceló por motivos políticos a otras nueve personas en el mes de febrero, lo que eleva a 1.067 la cifra de prisioneros políticos en la isla, según el más reciente informe de Prisoners Defenders (PD).

"La lista vuelve a crecer", comentó Javier Larrondo, presidente de la organización, en un audio al que tuvo acceso Martí Noticias.

Larrondo precisó que en febrero de este año la cantidad de prisioneros políticos subió un diez por ciento en relación a ese mismo mes de 2023. "Una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo y que ya está comenzando a salir nuevamente a las calles, tanto en el oriente como en el ocidente del país".

"La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia de los cuales 113 son mujeres, dos de ellas trans y 30 menores de edad, aún condenados", puntualizó.

Javier Larrondo: "Cuba sufre de un régimen que no deja respirar a su pueblo"
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La media de presos políticos que entran a la lista de la organización es de 14 al mes. Sólo en el último año se han añadido a 168 nuevos prisioneros políticos en el registro. “Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.234 prisioneros políticos”, destaca el documento.

Larrondo recordó que más de 200 de los encarcelados por motivos políticos en la isla tienen problemas de salud y el sistema les niega la atención médica adecuada.

"Cuba sufre de un régimen que no deja respirar a su pueblo, que lo esclaviza, que no lo deja prosperar, que no lo deja salir ni entrar a la isla, salvo a su antojo", cuestionó.

Hace apenas dos semanas el Parlamento Europeo condenó las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba y reiteró su llamado al Consejo de la Unión "para que aplique las sanciones globales de la UE" contra los responsables.

"La situación de los derechos humanos en Cuba es profundamente preocupante, en particular con respecto a las poblaciones vulnerables, como las mujeres, las minorías étnicas y la comunidad LGBTIQ+", dijeron.

Familia de Navarro responsabiliza a la Seguridad del Estado por mantenerlo sin atención médica en la cárcel de Agüica

De der a izq. la familia de opositores cubanos, Saily Navarro, Sonia Alvarez Campillo y Félix Navarro. El líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel era al momento de su detención en el verano de 2021, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
De der a izq. la familia de opositores cubanos, Saily Navarro, Sonia Alvarez Campillo y Félix Navarro. El líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel era al momento de su detención en el verano de 2021, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

La familia del preso político Félix Navarro responsabiliza a la Seguridad del Estado por mantenerlo sin atención médica en la cárcel de Agüica, en Matanzas.

Las autoridades penitenciarias de la cárcel ubicada en el municipio matancero de Colón, en coordinación con el personal médico de la prisión, informaron al opositor de 70 años que solo había dosis del medicamento que necesita para controlar su diabetes hasta el 29 de febrero. Tampoco hay en el penal las imprescindibles tiras de prueba de glucosa en sangre.

“El martes 5 [de marzo], llevaron a Saily a un conduce para ver a su papá a la prisión de Agüica, el 7 tuve llamada telefónica con ella y me comunicó que su papá desde el 29 de febrero no toma los medicamentos de la diabetes porque no hay en la prisión”, explicó a Martí Noticias, la esposa de Navarro, Sonia Campillo.

De igual modo, responsabilizó del riesgo que corre el preso político por la falta de una atención médica adecuada “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.

Navarro, condenado tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, es uno de los exprisioneros políticos y de conciencia de la Primavera Negra de Cuba que se negó al destierro.

El líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel era al momento de su detención en el verano de 2021, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

En los meses de octubre y noviembre pasados sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias y también ha experimentado una notable baja del peso corporal, según dijo su familia, que luego denunció ante la Fiscalía Municipal de Colón que las autoridades penitenciarias no garantizaban la debida atención médica a Navarro.

Fue arrestado, junto a su hija Saylí Navarro, en la localidad de Perico, en Matanzas, cuando se presentaron en la estación de la policía local a pedir información sobre algunos miembros de su organización. Ella fue condenada a 8 años años de privación de libertad.

“A Saily, mi hija que está en la cárcel de mujeres conocida como La Bellotex, le hicieron una requisa, sin motivos. Le quitaron su libreta de diario, dos fotos que tenía y también una libretita donde ella tenía anotado los números de teléfono para llamarnos a nosotros”, relató Álvarez Campillo.

Saily Navarro, junto a Tania Echevarría y Sissi Abascal, las tres Damas de Blanco, llevaron a cabo un ayuno el 11 de julio de 2023 en recordación del histórico suceso en que los cubanos salieron a las calles a protestar contra el régimen y que, con otros cientos de personas, las condujo a prisión.

La Habana rechaza decenas de recomendaciones sobre derechos humanos y dice que son "sesgadas políticamente"

Delegación de Cuba en el EPU, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez. La Habana recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, y el nuevo Código Penal.
Delegación de Cuba en el EPU, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez. La Habana recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, y el nuevo Código Penal.

El régimen de La Habana rechazó decenas de recomendaciones que le hicieron en el IV Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

En el EPU, celebrado en noviembre de 2023 Cuba recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal, la necesidad de tipificar como delito el feminicidio y de ratificar los Pactos de Derechos Humanos la ONU. También hubo llamados a respetar las libertades de expresión, asociación y movimiento y a no criminalizar a los activistas y prensa independiente.

El Consejo de Derechos Humanos aprobó el informe con las 361 recomendaciones presentadas a Cuba.

Sin embargo, La Habana descartó decenas de señalamientos. Para ello, el gobierno comunista argumentó que se trata de un grupo minoritario de recomendaciones "sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano. Esas recomendaciones no se avienen al espíritu de cooperación y respeto que exige este ejercicio".

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) dijo este jueves que se trata de observaciones que apuntaban "precisamente, al núcleo duro de la represión en Cuba y exigían la liberación de los presos políticos".

"El régimen se opone a liberar a los presos políticos y de conciencia, un reclamo presentado en el EPU por países como Nueva Zelandia, Alemania o Lituania, y que está en sintonía con el de importantes actores internacionales, realizados en otros contextos, como el Vaticano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo. Muy preocupante es además su rechazo a la recomendación que pedía “garantizar la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados", indicó la ONG con sede en Madrid, España.

La entidad criticó que el régimen de Cuba se niega a reformar o derogar los artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

Lista de las recomendaciones descartadas por el gobierno de Cuba

44.92 Poner fin al acoso, la represión y las detenciones y privaciones de libertad arbitrarias que sufre la sociedad civil, en particular los defensores de los derechos humanos, y salvaguardar todos los derechos civiles y políticos, incluida la libertad de circulación, garantizados por la Constitución cubana (Reino de los Países Bajos);

44.93 Poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia que hayan sido privados de libertad por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica (Nueva Zelandia);

44.94 …. permitir el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad (Suecia);

44.95 Poner en libertad a todas las personas recluidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de opinión y de expresión, especialmente a los niños (Ucrania);

44.96 Poner en libertad a las aproximadamente mil personas recluidas injusta o arbitrariamente, entre ellas las que, según se informa, fueron encarceladas por ejercer su derecho de reunión pacífica, por investigar actividades del Gobierno e informar sobre ellas o por expresar su disidencia. Una vez puestas en libertad, se les debe permitir viajar libremente, tanto dentro como fuera del país (Estados Unidos de América);

44.99 Poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas recluidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica (Bélgica);

44.101 Poner en libertad sin demora a todas las personas que siguen encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021 y a todos los demás presos políticos (Alemania);

44.102 Derogar el artículo 176 del Código Penal cubano (Irlanda);

44.112 Poner fin a su sistema unipartidista para permitir la celebración de elecciones realmente libres y limpias, en las que participen múltiples partidos políticos y que ofrezcan a los ciudadanos alternativas reales para su gobierno (Estados Unidos de América);

44.119 Introducir las modificaciones necesarias en la legislación para retirar a los tribunales militares la competencia de juzgar a civiles (Montenegro);

44.126 Mejorar la transparencia de las debidas garantías procesales en el momento de la detención y antes del juicio, así como durante las audiencias de imposición de la pena, especialmente en el caso de las personas que han sido privadas de libertad por defender los derechos humanos en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 u otras protestas (Canadá);

44.127 Modificar la competencia de los tribunales militares para impedir que conozcan de casos en los que haya civiles implicados (Chile);

44.139 …poner en libertad a todos los presos políticos, en particular los menores de edad, …(Lituania);

44.141 Prevenir y erradicar las privaciones de libertad arbitrarias, el acoso y la intimidación, las amenazas y los ataques contra la reputación sufridos por los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los artistas (Luxemburgo);

44.148 Velar por que los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan actuar con libertad y seguridad, particularmente mediante la derogación de las restricciones que establece el nuevo Código Penal (Rumanía);

44.149 Reformar las disposiciones del Código Penal que impiden el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación (España);

44.152 Modificar las disposiciones de su Código Penal a fin de impedir que se utilice para restringir la libertad de expresión y de reunión (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

44.153 Poner fin a la práctica de recluir arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, agentes religiosos y otras personas que intentan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales (Estados Unidos de América);

44.155 Poner fin a las restricciones arbitrarias y la criminalización del derecho a la libertad de reunión pacífica y adoptar nuevas medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden que vigilan las reuniones (Armenia);

44.156 Modificar o derogar las disposiciones del nuevo Código Penal que limitan aún más la libertad de expresión, como los artículos 143 y 120, apartado 1 (Bélgica);

44.159 Modificar el nuevo Código Penal para erradicar el acoso y la intimidación contra las organizaciones no gubernamentales y eliminar las restricciones que les son aplicables, también en lo que respecta a los periodistas independientes, los artistas, los estudiantes universitarios y los activistas de la oposición (Canadá);

44.160 Velar por que el Gobierno no obstaculice indebidamente el acceso a Internet mediante controles de uso injustificados, reconociendo que los cubanos han adoptado ampliamente la utilización de la tecnología móvil para ejercer el derecho a la libertad de expresión (Canadá);

44.166 Prevenir y hacer cesar los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra defensores de los derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias (Ecuador);

44.169 Derogar las leyes que restringen la libertad de expresión y de asociación y adecuar el marco jurídico a las normas internacionales, como se recomendó anteriormente (Finlandia);

44.172 … crear un clima favorable para una sociedad civil independiente, en particular modificando debidamente los artículos 143 y 120 del Código Penal cubano, entre otros (Alemania);

44.175 Poner en libertad a las personas que han sido recluidas por ejercer la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión (Irlanda);

44.176 Modificar las disposiciones del Código Penal que tipifican como delito la difamación y que limitan la libertad de opinión y de expresión, tanto en línea como en medios no electrónicos (Irlanda);

44.178 Salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de los derechos humanos y los periodistas sin que esta entrañe ningún tipo de perjuicio ni consecuencia legal o penal (Italia);

44.198 Cumplir las normas internacionales del trabajo y dejar de utilizar prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores a fin de que participen en el programa de exportación de mano de obra, como las misiones médicas (Estados Unidos de América);

44.200 Establecer un marco jurídico que garantice plenamente y sin restricciones los derechos laborales de los periodistas, en particular la posibilidad de asociarse para crear medios de comunicación independientes y trabajar en ellos (Bélgica);

44.221 Garantizar la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados (Eslovaquia).

“Fue traumática la estancia mía en prisión... la represión", confiesa un condenado del 11J tras cumplir sanción

El preso político recién liberado Carlos Michael Morales Rodríguez relató que fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros.
El preso político recién liberado Carlos Michael Morales Rodríguez relató que fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros.

Las autoridades cubanas liberaron este miércoles al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, un periodista independiente y youtuber apresado durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Caibarién, provincia Villa Clara.

El 24 de noviembre de 2021, el Tribunal Municipal de su localidad lo encontró culpable de cometer “Desórdenes públicos”, delito por el que lo condenó a dos años y 10 meses de cárcel.

“Fue traumática la estancia mía en prisión, la represión. Hoy no me querían soltar. En la Prisión Provincial de Villa Clara, conocida como El Pre de Santa Clara, desde el desayuno sueltan a los presos que les corresponde libertad y eran las 11 de la mañana y a mí no me habían soltado, yo estaba al punto de estallar”, refirió a Martí Noticias, el preso político pocos minutos después de llegar a su hogar.

“Entonces los presos políticos me llamaban a la calma: ‘Ten cuidado’, me decían; porque hasta el día anterior [los jefes del penal] estaban valorando la posibilidad de levantarme otra causa. Lo que pasa es que el alto mando de la Seguridad del Estado no los dejó”, señaló.

Morales Rodríguez relató que durante su prisión política fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros, que repetidas veces lo recluyeron en celdas de aislamiento y en tapiadas.

“Para contrarrestar el efecto de estas acciones represivas que tomaban, tuve que recurrir a las huelgas de hambre en múltiples ocasiones. Estoy pagando las consecuencias de ellas: muchos dolores de columna, dolores en los huesos, extremadamente delgado”.

Las huelgas de hambre debilitaron su salud: padece gastritis y una úlcera en el estómago, problemas en la vesícula y en los riñones, agregó.

Atrás dejó, con dolor, a varios de sus compañeros, pero sabe que ellos están tan orgullosos de él, como él de ellos.

A mediados de 2022, el fiscal general de Cuba emitió un comunicado en el que detallaba la condena de los manifestantes a los que el gobierno acusó de atentar contra la estabilidad del Estado socialista.

Más de la mitad de los detenidos el 11 y 12 de julio de 2021 siguen tras las rejas, incluidos menores de edad.

En los últimos días de su encierro, fue amenazado por oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos el Jefe de Enfrentamiento a la Contrarrevolución de la provincia, quienes le advirtieron que regresaría a la cárcel si no se abstiene de su labor como periodista independiente, pero Morales Rodríguez asegura que las amenazas no lo amilanan.

“Yo extinguí mi sanción por completo. Decidí no acogerme a ningún plan de reeducación. Para mí es indigno trabajar en un campamento para el MININT (Ministerio del Interior), las fuerzas represivas. Percibir un salario que beneficia a las fuerzas represivas, para mí es indigno. Yo no critico al que lo haga porque tiene muchos años echados, por la familia, por los hijos, pero yo, particularmente, decidí cumplir mi sanción completa”, recalcó.

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