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América Latina

Se desploma el peso argentino tras victoria del kirchnerismo (VIDEO)

Los diarios anunciaron la victoria de Fernández en las elecciones. REUTERS/Agustin Marcarian

BUENOS AIRES (AP) - El peso argentino se derrumbaba el lunes y la bolsa registraba una fuerte caída luego de la victoria del kirchnerismo opositor en las primarias de la víspera para las elecciones generales del 27 de octubre, mientras el presidente Mauricio Macri analiza cómo contrarrestar la reacción negativa de los mercados.

La aplastante victoria del opositor Alberto Fernández, acompañado en la fórmula por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), sacudió al mercado donde el dólar cotizaba en promedio a 61 pesos por unidad en bancos y casas de cambio respecto de los 46,55 pesos del cierre del viernes.

Poco más de una hora después de su apertura, el índice Merval que concentra las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomaba 29,13% respecto del cierre del viernes.

Alberto Fernández arranca como favorito en la carrera por la presidencia argentina
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En tanto, alrededor de un tercio de las empresas argentinas que cotizan en el mercado estadounidense perdieron la mitad de su valor. El Grupo Financiero Galicia, un banco centenario argentino, cayó 60%.

Todos los bancos se vieron muy afectados, así como las empresas constructoras o las que prestan servicios de infraestructura. El valor de Loma Negra, que fabrica cemento y presta servicios de transporte ferroviario, también cayó 60%.

“El mercado de capitales está en pánico, tanto la renta fija como la renta variable”, dijo a The Associated Press Marcelo Trovato, de la consultora Pronóstico Bursátil.

El analista señaló que “hay una salida indiscriminada de los activos argentinos y en la Argentina se va se va a ver reflejada sobre todo porque... va a haber ventas de liquidación”.

Fernández, con 47,65% de los votos, se impuso al conservador Macri, quien alcanzó 32,08%, lo que haría casi imposible que el mandatario pueda revertir ese resultado y lograr ser reelecto en octubre.

Para ser elegido presidente se necesitan 45% de los votos o al menos 40% y tener una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales sobre el segundo candidato más votado. En caso de no alcanzarse esas cifras se celebrará una segunda vuelta en noviembre.

Macri programó una reunión con sus ministros para las 15.30 (1830 GMT), informó el gobierno.

Fernández, exjefe de gabinete de Fernández de Kirchner y de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), expresó su satisfacción el día después de su arrollador triunfo por más de 15 puntos porcentuales y apuntó al gobierno por el malestar de los mercados.

“Los mercados están intranquilos por el escenario que planteó este gobierno. El presidente tiene que ordenar el cuadro de situación que él mismo generó. Todos los argentinos acompañaremos ese esfuerzo, pero es una responsabilidad suya", dijo Fernández a Radio 10.

El opositor subrayó que Macri tiene tiempo para cambiar aspectos de la realidad económica antes del 10 de diciembre, cuando tendría que dejar el poder en caso de ser derrotado en las elecciones.

El triunfo de Fernández obedeció en gran parte al descontento por la política de ajuste aplicada por Macri y el deterioro de la situación económica, con un incremento del desempleo, una inflación de más de 47% en 2018 y una proyectada de 40% para este año.

Argentinos entrevistados reflejaron el temor de que si se consuma el giro político en el país Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios podrían ser beneficiados por la justicia en las causas que afrontan por supuesta corrupción. La exmandataria está procesada en 13 expedientes y encara al menos siete pedidos de detención que no se han puesto en práctica porque cuenta con fueros como senadora.

“La bronca que me da es porque es un retroceso... esta gente va a armar todo para salir impune de todo y nadie los va a meter presos... no creo que quieran seguir robando porque ya robaron demasiado pero van a hacer todo para quedar libres”, dijo a AP el taxista Juan Balsa.

Otros se mostraron felices porque creen que su situación podría mejorar.

“Lo que estaba pasando es que nos estaban sacando el futuro. El que tiene hijos, sobrinos tenía una necesidad de decir basta... hay que pensar en ellos, en que un día tengan sus posibilidades y que no tengan que agarrar su mochila e irse del país”, afirmó el empleado judicial Fabián Heredia.

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Nieta de Salvador Allende e hija de diplomático cubano, la nueva ministra de Defensa de Chile

El presidente electo de Chile Gabriel Boric presenta a Maya Fernandez Allende como su ministra de Defensa. (AP/Esteban Felix)

Maya Fernández Allende, nieta del fallecido expresidente Salvador Allende e hija del diplomático cubano Luis Fernández Oña, es la nueva ministra de Defensa de Chile bajo el gobierno del recién electo mandatario Gabriel Boric.

La bióloga y veterinaria chilena nació en Santiago de Chile, el 27 de septiembre de 1971, y vivió exiliada en Cuba durante 17 años, entre 1973 y 1990, detalla en un perfil publicado este viernes el diario chileno La Tercera.

Su padre, Fernández Oña, integró el departamento América del Partido Comunista de Cuba (PCC), y tuvo a su cargo la relación del régimen de La Habana con los partidos y movimientos de izquierda latinoamericanos. Mientras, su madre, Beatriz Allende Bussi, es considerada la más política de las hijas del fallecido mandatario chileno, subraya La Tercera.

Militante del Partido Socialista desde su ingreso a la universidad, Fernández Allende tiene una carrera política en el país andino, donde ha sido diputada durante dos periodos, y presidió la Cámara Baja en el año 2018.También ocupó cargos durante la administración del expresidente Ricardo Lagos.

Según La Tercera, Fernández Allende, de 50 años de edad, se postuló en 2008 como concejala por Ñuñoa, donde vive hasta hoy, y en el 2012 fue candidata a la alcaldía de esa comuna, pero no resultó electa.

Hoy representa el ala que defendió el giro a la izquierda del Partido Socialista, acercándose al Frente Amplio. El diario agrega que fue "una de las primeras figuras públicas del partido que apoyó públicamente la candidatura de Boric, mucho antes de que se definiera la primera vuelta y cuando aún la abanderada presidencial de Nuevo Pacto Social era la senadora democratacristiana Yasna Provoste".

Asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, con las tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas bajo su mando, Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Quince puntos determinantes de los tres años del gobierno interino de Guaidó en Venezuela

Juan Guaidó habla a la prensa en Caracas tras las elecciones regionales de noviembre de 2021. (AP/Ariana Cubillos)

MARACAIBO — Hace tres años, el joven diputado venezolano Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de su país entre acusaciones de que Nicolás Maduro había usurpado ese cargo, días antes.

Demasiada agua ha fluido bajo el puente de la política venezolana desde entonces. La Voz de América destaca 15 puntos clave para entender el complejo proceso político que ha transitado la oposición en esos 36 meses.

1. De la usurpación al interinato

El 10 de enero de 2019 es la piedra fundacional del interinato de Guaidó. Esa fecha marcó el inicio del segundo período de gobierno de Nicolás Maduro como presidente y definió, a su vez, su desconocimiento como mandatario por parte de la oposición venezolana, que dominaba entonces la Asamblea Nacional.

Guaidó, electo presidente de la Asamblea Nacional días antes, se autojuramentó el 23 de enero como presidente encargado del país en un cabildo abierto en Caracas, entre apoyo de los diputados y de masivas manifestaciones en el país.

Sus objetivos políticos eran el cese de la usurpación de la presidencia, la conformación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres.

2. El reconocimiento mundial

Al menos 52 gobiernos del mundo, especialmente de América y Europa, expresaron su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Estados Unidos, presidido entonces por Donald Trump, fue el primero en emitir un comunicado formal en ese sentido. La administración del hoy exmandatario republicano fue clave en las estrategias políticas globales, así como en los apoyos públicos y financieros a la oposición liderada por Guaidó.

El respaldo estadounidense ha incluido esfuerzos diplomáticos, la aprobación de licencias de protección de activos venezolanos en el país norteamericano y la asignación de centenares de millones de dólares en ayuda humanitaria.

El sistema financiero federal de Estados Unidos ha apoyado a la oposición venezolana mediante el congelamiento de fondos decomisados en operativos anticorrupción contra el gobierno madurista y el uso de esos recursos para un fondo de promoción de la democracia en Venezuela, así como el funcionamiento de la presidencia encargada de Guaidó y la Asamblea Nacional de 2015.

El nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, ha continuado su apoyo y reconocimiento a Juan Guaidó y a la oposición venezolana en el último año.

Otros países, como China, Rusia, Turquía, Cuba e Irán, han ratificado su apoyo a Maduro y demandan que no haya intervención de otros Estados en Venezuela.

2. El “show” de Cúcuta

La oposición liderada por Juan Guaidó anunció que intentaría ingresar el 23 de febrero de 2019 toneladas de ayuda humanitaria por los cruces fronterizos de Colombia y Brasil, pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Maduro, aún al frente del poder ejecutivo en Caracas, ordenó cerrar los límites con el país vecino y calificó esas intenciones de Guaidó y sus aliados de “show”. El chavismo y sus aliados consideraban que ese operativo era parte de una estrategia para forzar el ingreso de tropas extranjeras a Venezuela.

Aquellos intentos terminaron en enfrentamientos entre manifestantes a favor Guaidó y colectivos y militares oficialistas. Hubo al menos cinco muertos. Un grupo de uniformados desertó y pidió refugio en Colombia. La ayuda no entró.

4. La intentona de abril

La oposición venezolana, junto a un grupo de oficiales, militares y funcionarios de inteligencia, anunció el 30 de abril de 2019 el inicio de una intentona contra el gobierno de Nicolás Maduro. Juan Guaidó la llamó Operación Libertad.

Entre los disidentes del oficialismo, se encontraba el hasta entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Manuel Cristopher Figuera. Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde, fue liberado ese día.

Maduro y sus aliados más cercanos se apertrecharon en el Palacio de Miraflores. Marchas opositoras fueron reprimidas en varias partes del país. Maduro anunció la noche del 30 de abril que había derrotado “un intento de golpe de Estado” y se refirió a los militares disidentes como “un pequeño grupo”.

5. La traición opositora

Un grupo de diputados antichavistas se aliaron en enero de 2020 con los parlamentarios del Partido Socialista para elegir una nueva directiva de la Asamblea Nacional y desplazar de su presidencia a Juan Guaidó.

Mientras fuerzas militares y policiales impedían que Guaidó y el resto de sus legisladores ingresaran al Palacio Federal Legislativo, ese bloque eligió a Luis Parra, del partido opositor Primero Justicia, como presidente del Parlamento.

La oposición desconoció ese nombramiento y se reunió luego en una locación privada, fuera del hemiciclo, para reelegir a Guaidó como máximo líder de la AN. Los antimaduristas acusaron al chavismo de sobornar a los diputados que nombraron la directiva paralela, a quienes llamaron “traidores” y “alacranes”.

6. El Estado de la Unión

Analistas advertían que el fenómeno Guaidó corría el peligro de agotarse cuando, en febrero de 2020, el presidente Donald Trump invitó al líder opositor a acompañarle durante su discurso del Estado de la Unión, en Washington.

Guaidó, quien se encontraba en una gira internacional para afianzar apoyos globales en su lucha contra Maduro, acudió al evento. Trump lo llamó “muy valiente” y “el verdadero y legítimo presidente de Venezuela”, poco luego de que el político venezolano recibiera una ovación bipartidista en el Congreso.

7. La pandemia

Revestido por un renovado reconocimiento de actores internacionales clave, como Estados Unidos, Juan Guaidó regresó a Venezuela en febrero de 2020 y, de inmediato, convocó a manifestaciones de calle contra el gobierno de Maduro.

Analistas lo interpretaron como un intento de aprovechar su refrescado respaldo global para atizar de nuevo la agenda de cambio político en Venezuela.

Pero, apenas cinco días luego de que participara en una marcha con centenares de jóvenes en Caracas, el oficialismo venezolano respondió ante la incipiente pandemia del COVID-19 con una cuarentena obligatoria y restricciones varias.

Aquella decisión estatal enfrió el subidón de la estrategia opositora tras la gira de Guaidó, consideraron expertos en entrevista con la Voz de América.

Analistas, como Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, advirtió que Maduro demostró con su manejo de la pandemia que era quien realmente presidía de facto el país y mantenía el control del territorio nacional.

8. La continuidad constitucional

Los diputados y partidos que integran la Asamblea Nacional electa en 2015 acordaron extender por un año, desde principios de 2021, su período de vigencia institucional y, por ende, el del gobierno interino de Juan Guaidó.

La oposición consideró necesario aprobar la “continuidad constitucional” de la que consideraban como la única institución legítima del país hasta que se garantizase el retorno de unas elecciones justas para reinstitucionalizar el país.

Con el voto salvado del tradicional partido Acción Democrática, los legisladores leales a Guaidó aprobaron un Estatuto que rige la Transición hacia la Democracia en Venezuela que contempló la vigencia de la presidencia de Guaidó y del Parlamento de 2015 mediante una comisión delegada.

Ese estatuto se reformó en diciembre de 2021 para prolongar por un año más, hasta enero de 2023, la continuidad del interinato de Guaidó y de la misma AN.

9. El manejo de activos

El manejo de activos venezolanos en el extranjero por parte de directivos seleccionados por el gobierno interino de Guaidó y sus diputados aliados se convirtió en un punto crítico de las gestiones de la plataforma opositora cuando, en septiembre de 2021, Colombia intervino la empresa Monómeros.

El gobierno colombiano advirtió que la compañía, fabricante de fertilizantes y uno de los principales activos venezolanos bajo control opositor, estaba en riesgo de liquidez e insolvencia. Surgieron denuncias de corrupción en el caso.

Mientras Nicolás Maduro fustigaba públicamente el “robo” de esos activos, Guaidó enfrentaba una crisis interna por señalamientos del partido Primero Justicia, uno de los cuatro principales de la coalición que le respalda.

El manejo de activos se convirtió, sin embargo, en uno de los principales argumentos de Guaidó y quienes lo apoyan para renovar su continuidad como presidente interino a fin de salvaguardar esas compañías del chavismo.

10. División interna

El interinato de Guaidó experimentó su crisis más significativa a finales de 2021 cuando, en medio de las denuncias de manejos irregulares de los activos de Venezuela en el extranjero, renunció a su cargo su canciller Julio Borges.

Borges, directivo nacional de Primero Justicia, acusó a Guaidó de “pasivo” y criticó que el manejo de empresas hubiese “desenfocado” a su gobierno interino de las estrategias necesarias para lograr un cambio político en Venezuela.

Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial, del mismo partido, opinó entonces que el interinato de Guaidó estaba “muerto”. El presidente encargado opositor se defendió reivindicando la urgencia de proteger los activos y apuntando que la selección de sus directivos se hizo en consenso.

Según el llamado gobierno interino, la gestión de los activos venezolanos sigue “un riguroso proceso de control previo y posterior”, del que destacó auditorías externas y controles de la comisión parlamentaria de contraloría.

Esas diferencias intestinas conllevaron a que la oposición incluyera en su estatuto de “continuidad constitucional” controles más férreos de parte del poder legislativo de 2015 sobre la presidencia encargada de Guaidó.

12. La negociación y el nuevo mantra

Juan Guaidó propuso en mayo de 2021 un “acuerdo de salvación nacional” que incluía negociaciones directas con el gobierno de Maduro con facilitación internacional, donde se mostró dispuesto al levantamiento progresivo de sanciones económicas extranjeras a cambio de elecciones libres en el país.

Esa propuesta arrojó frutos en agosto pasado con la firma de un memorando de entendimiento para un proceso formal de diálogo político sobre Venezuela en Ciudad de México. La agenda incluía debates sobre “derechos políticos para todos” y la suspensión de las restricciones económicas contra el chavismo.

El oficialismo suspendió su participación en ese proceso dos meses luego, tras solo dos rondas oficiales de negociación, sin embargo. La delegación madurista se levantó de la mesa molesta por el “secuestro” (extradición) del empresario colombiano que designó como miembro de su delegación en México, Alex Saab.

Este mes, Guaidó y actores internacionales como Estados Unidos insistieron en la necesidad de volver al diálogo de México. Maduro, entretanto, ha dejado claro que solo volverá cuando se libere a Saab y se regrese el dinero “robado” al país.

Esa nueva estrategia de diálogo incluyó un nuevo mantra para la oposición: negociaciones y elecciones libres, ya sin la exigencia del cese de la usurpación de la presidencia por parte de Maduro ni de un gobierno de transición.

13. El regreso a las elecciones

Partidos aliados de Juan Guaidó anunciaron en 2021 que participarían en las elecciones regionales de noviembre de 2021, mientras el presidente encargado expresaba públicamente sus dudas sobre el regreso a las urnas sin condiciones.

El chavismo ganó 19 de 23 gobernaciones en esas votaciones y más de 200 de las 335 alcaldías del país. Algunos dirigentes de oposición y analistas independientes advirtieron que, habiendo logrado más votos totales que el oficialismo en toda Venezuela, pudieron haber ganado hasta 14 gobernaciones si no hubiese existido multiplicidad de candidatos y divisiones internas.

14. Bajo la mira del chavismo

El chavismo inició el Año Nuevo pidiendo “justicia” para Guaidó y sus aliados, según el discurso del 5 de enero del presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 y jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez.

La Fiscalía General, a cargo del exgobernador chavista Tarek William Saab, abrió al menos 25 causas contra Guaidó. Lo investigan por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.

De acuerdo con un reportaje del diario venezolano Tal Cual, no menos de 10 veces la justicia afín a Maduro ha amenazado a Guaidó con encarcelarlo.

15. La agenda de 2022

El futuro inmediato de la oposición en Venezuela pasa por dos procesos políticos: el regreso a las negociaciones con el oficialismo en México y la posibilidad de convocar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

Guaidó no ha expresado un apoyo claro a la idea de revocar a Maduro. Ha compartido sus dudas sobre su factibilidad, por el contrario. El Consejo Nacional Electoral acaba de fijar el 26 de febrero como la fecha de recolección de voluntades para convocar la consulta sobre la gestión de Maduro. Sus promotores, los dirigentes opositores del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, calificaron de “bufonada” ese cronograma y lo denunció como una violación de los derechos humanos de los electores.

El 26 de enero se recogerán firmas para el revocatorio a Maduro

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Nicaragua castiga con cárcel por criticar al gobierno de Ortega en las redes sociales

Cuestionar a Daniel Ortega en redes sociales podría llevar a la cárcel a cualquier nicaragüense

Unas 10 personas han sido acusadas con la Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua, algunos por publicar en las redes sociales mensajes críticos al gobierno de Daniel Ortega.

SAN JOSÉ — El activista nicaragüense Yoel Ibarra fue detenido el 5 de noviembre, a solo dos días de la celebración de las elecciones donde Daniel Ortega se impuso en un nuevo mandato.

Sus últimas publicaciones en las redes sociales antes de su detención fueron demandas para la celebración de elecciones libres y transparentes en Nicaragua y los perfiles de los seis candidatos opositores arrestados durante el proceso electoral.

La página de Facebook Mentes Libres, fundada por Ibarra, describía a los los candidatos opositores detenidos por el gobierno de Ortega, pero de un momento a otro, Ibarra corría la misma suerte que los candidatos: la cárcel.

Días después también fue detenida la joven opositora Samantha Jirón, quien igual que Ibarra desarrollaba activismo digital.

“Libertad para Yoel Ibarra. Fue secuestrado al salir del gimnasio”, decían las publicaciones en las redes sociales de Mentes Libres, que quedaron en manos de sus colegas activistas.

Tanto Ibarra como Jirón son dos de al menos 10 opositores que han sido acusados con la Ley Especial de Ciberdelitos, que entró en vigencia en Nicaragua el 30 de diciembre de 2020.

Dicha legislación ha sido descrita por activistas de derechos humanos y periodistas como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” porque pretende frenar las críticas a Ortega en las redes sociales, así como las publicaciones de la prensa.

El gobierno de Ortega ha defendido la Ley Especial de Ciberdelitos y, tras su aprobación, los diputados oficialistas dijeron que con ella se les “iba a terminar el negocio a los mentirosos que difunden noticias falsas en las redes sociales”.

Yamilet Ibarra, madre del activista de Mentes Libres, dijo que “ahora expresarse y pensar diferente es un delito grave".

"Es un delito increíblemente parecido al terrorismo, porque así les dicen. Imagínese usted cómo estamos”, dijo a la Voz de América.

El único delito de su hijo “fue haber soñado con una Nicaragua justa, una Nicaragua democrática”, dijo, “esas palabras que ahora son un crimen”.

Tras ser detenido, Ibarra recibió acusaciones de estar financiado por Estados Unidos o por la oposición. Su madre lo niega.

“Él creó la página de Facebook y era el administrador de ella, pero a él no le financiaba nadie. Una página usted sabe que cualquiera la puede hacer. Pero el impacto de su manera de pensar, de que fuera un muchacho así firme con su criterio propio, les molestó", dijo la madre. "Lo seguía mucha gente, inclusive ahora que está secuestrado desde el 5 de noviembre, siguen publicando en esas páginas”, insistió la madre del joven de 25 años.

El abogado Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que a un año de haber entrado en vigencia dicha Ley, se lograron concretar “los alcances perniciosos” para la cual fue creada.

Indica que no solo activistas fueron puestos en la mira, sino periodistas que fueron amenazados con ser detenidos por “divulgar noticias falsas”, como reza uno de los artículos de la ley.

“¿Qué impactos observamos? Un periodismo independiente y medios de comunicación bajo ataque en mayor intensidad, criminalización, cárcel, acusaciones y procesos arbitrarios e inconstitucionales”, dijo Arce.

Agregó que en el proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, miembros del Ministerio Público amenazaron a los periodistas con aplicarles la Ley de Ciberdelitos.

De igual forma, han sido acusados bajo esa ley ambientalistas y defensores de derechos humanos, como el abogado Amaru Ruiz, a quien la Fiscalía le imputó el delito de “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, después que denunciara asesinatos de indígenas.

Arce señala que con dicha Ley, el oficialismo “pretende silenciar a la sociedad para que no siga resistiendo y denunciando los graves abusos del poder que violenta todos los días los derechos humanos de quienes opinan diferente”.

El gobierno estadounidense ha dicho que las acciones tomadas contra la Fundación Chamorro y el arresto de periodistas en Nicaragua son “casos alarmantes del alejamiento de la democracia” en ese país.

Ingrid Betancourt, de secuestrada por las guerrillas a candidata presidencial

Ingrid Betancourt anuncia su aspiración a la presidencia de Colombia. DANIEL MUNOZ / AFP

La política colombo-francesa Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada seis años por la guerrilla en la selva, lanzó este martes su aspiración presidencial 20 años después de haber sido tomada como rehén.

En una conferencia de prensa, Betancourt anunció que participará en la consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro.

"Voy a trabajar desde este instante sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente", afirmó en Bogotá la dirigente del partido Verde Oxígeno.

De ganar la consulta, que se celebrará a la par de las elecciones legislativas el 13 de marzo, disputará la primera vuelta presidencial el 29 de mayo.

Betancourt, de 60 años y quien tras su rescate en un operativo militar se radicó en el exterior, evocó su secuestro hace 20 años a manos de los rebeldes de las extintas FARC cuando estaba precisamente en campaña para la presidencia.
"Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002. Con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo", sostuvo la candidata.

Betancourt se presentó como una alternativa de centro ante la disputa entre la derecha en el poder y la izquierda que encabeza el exalcalde y exguerrillero Gustavo Petro, favorito en las encuestas.

"Por décadas hemos tenido sólo malas opciones: extrema derecha, extrema izquierda. Ahora llegó el momento de tener una opción de centro", dijo la aspirante.

Al mismo tiempo se trazó como objetivos el combate a la inseguridad y a la contaminación ambiental. "Yo creo en un mundo con visión de mujer", agregó.

Betancourt volvió a la vida pública tras apoyar el proceso de paz con los guerrilleros que la secuestraron en 2002. La política fue llevada a lo profundo de la selva y allí estuvo como rehén hasta 2008, cuando el ejército la rescató en una operación junto a otros secuestrados.

Betancourt también se refirió a la indemnización de 36 millones de dólares que deberán pagarle a su hijo las extintas FARC, por el daño que le causó el secuestro de la candidata, según un reciente fallo de la justicia estadounidense.

"Nos hemos acostumbrado a pensar que pedir justicia es abusivo y es indecente (...) yo he venido hoy a exigir a que se indemnice, se compense y se repare a cada hijo, a cada hija, a cada padre, a cada madre, de todas las familias" víctimas del conflicto, declaró.

Lawrence Delloye Betancourt interpuso una demanda en un tribunal estadounidense el 28 de junio de 2018 contra 14 miembros de alto rango de las FARC.

La corte determinó que el hijo de Betancourt sufrió una "angustia emocional significativa", a raíz del prolongado cautiverio de ella.

En 2010 la candidata también reclamó una indemnización al Estado colombiano por no garantizar su seguridad, pero desistió ante la lluvia de críticas.

"Me acusaron de haber sido ingrata, oportunista, codiciosa, por haber pedido que se me reconocieran los derechos que la ley colombiana había establecido para proteger a las víctimas del terrorismo. Pero es que el sistema de corrupción que impera en nuestro país solo le reconoce los derechos a los bandidos", lamentó durante la rueda de prensa.

La aspirante presidencial es una de las víctimas que espera "verdad, justicia y reparación" en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el tribunal de paz conformado tras el pacto de 2016, que terminó con un conflicto de más de medio siglo con la guerrilla marxista.

Quienes confiesen sus crímenes y reparen a los afectados por la guerra podrán eludir la prisión, de lo contrario se exponen a condenas de hasta 20 años.

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