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América Latina

Ante falta de independencia judicial, Venezuela necesita monitoreo internacional, afirman 125 organizaciones civilistas

Fuerzas del orden desplegados ante una protesta en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, el 11 de agosto de 2022. (Reuters/Leonardo Fernández Viloria).

"El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela", señalaron 125 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en temas de Venezuela.

"La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso, manifestaron las organizaciones en un documento conjunto de preguntas y respuestas", indicó Human Rights Watch (HRW) en un comunicado de prensa.

Los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre. Se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre. En el pasado, un grupo de países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación, requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.

"Los gobiernos latinoamericanos", señalaron los 125 grupos civilistas, "deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato". Estas ofrecerán una conferencia de prensa sobre este tema el 17 de agosto a las 10 am, hora de Caracas.

El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.

En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y [...] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.

En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba "como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos", precisó HRW.

La falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional, dijeron las organizaciones.

Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión "ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos".

Si se renovara el mandato, "los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias".

Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2024, y las elecciones legislativas y regionales para el 2025. La represión gubernamental ha alcanzado niveles máximos durante los últimos períodos electorales. En este contexto, la misión puede tener un papel clave de alerta temprana que contribuya a disuadir tales abusos, señalan las organizaciones.

El documento conjunto explica que la misión de determinación de los hechos complementa y respalda el papel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). También destaca que la misión puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela.

Las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración —que no es genuina— con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020, indicó HRW. No obstante, en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos.

Las autoridades tampoco pusieron en práctica recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las 125 organizaciones.

Los firmantes:

AC Conciencia Ciudadana

AC Instituto Mead de Venezuela

AC Liderazgo y Vision

AC Los Naguaritos

AC Médicos Unidos de Venezuela

AC Trabajando Sin Frontera

Acceso a la Justicia

Acción En Positivo

Acción Solidaria

AlertaVenezuela

Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (AlfavicVzla)

Amnesty International

Asociación Cauce

Asociación de Liderazgo para la Mujer (ALMA)

Asociación Mujeres Sin Fronteras

Asociacion Venezolana para la Hemofilia

Asosaber

Aula Abierta

Bandesir Lara

CADAL

Caleidoscopio Humano

Caminos de la Memoria

Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

Center for Intercultural Dialogue (North Macedonia)

Center for Justice and Peace (CEPAZ)

Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre)

Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual (CAIPI)

Centro de Atención Psicosocial CAPS

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la,Mujer (CISFEM)

Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Children Believe

Ciudadanía Con Compromiso AC

Civil Rights Defenders

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

Comisión de Derechos Humanos/COMISEDH

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Comisión Episcopal de Acción Social – Peru

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara

Comisión ULA Mujer

Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad

Comunidad en Movimiento AC

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Coordinadora de Lucha Vecinal Lara

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

DefensActiva

Defiende Venezuela

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley

Doria Esther Benaim

Due Process of Law Foundation/Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Entretejidas

Epikeia Derechos Humanos

Espacio Público

Foro Penal

Freedom House

Funcamama, fundación de lucha contra el cáncer

Fundacion Aguaclara

Fundación Aylwin Chile firma

Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Fundación Construir

Fundación Euménica para el desarrollo y la paz (FEDEPAZ)

Fundación Iribarren Lucha

Fundación Lucelia

Fundacion Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez

FundaRedes

FUNDEMUL Venezuela

Global Centre for the Responsibility to Protect

GobiérnaTec

Hearts On Venezuela

Hombres por la equidad e igualdad

Human Rights Watch

Iniciativa para Una Justicia Igualitaria ONG

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX

Instituto Prensa y Sociedad IPYS (Perú)

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP

International Center for Transitional Justice

International Commission of Jurists (ICJ)

International Service for Human Rights (ISHR)

Justicia Encuentro y Perdón

KISTH

Laboratorio de Paz

Maria Antonieta Torres Ferrer

María Teresa Sánchez.

Monitor de Víctimas

Movimiento Manuela Ramos

Movimiento Ciudadano Dale letra

Movimiento Decode

Movimiento San Isidro (MSI)

Mulier

Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes

Observatorio Global de Comunicacion y Democracia

Observatorio Venezolano de Prisiones

ODEVIDA, Capítulo Venezuela

Ong Hombres por la equidad e igualdad

Operación libertad internacional

Pacientes Oncologícos

Panamerican and Caribbean Union for Humans Rights PACUHR

Paz y Esperanza

People in Need

Prepara Familia

PROMEDEHUM

Provea

Proyecta Ciudadanía AC

Race & Equality (Raza e Igualdad)

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos

Red naranja Venezuela

Robert F. Kennedy Human Rights

Rosibel Torres

Sinergia, Red venezolana de organizaciones de la sociedad civil

SOS Pacientes Renales

The Kota Alliance

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad

UNFPA

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

Veneactiva Perú

Washington Office on Latin America (WOLA)

Women Riots

Women’s Link Worldwide

WUNRN-Women’s UN Report Network

100 voces

100% Estrógeno ONG

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Analistas critican declaraciones del canciller de Nicaragua en la ONU

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, en Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2022. (Reuters/Eduardo Muñoz).

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, brindó este lunes su discurso en la 77ª Asamblea de las Naciones Unidas reiterando el llamado del presidente Daniel Ortega de respeto a “la soberanía e independencia” de los pueblos y pidiendo que se levanten las sanciones impuestas contra su gobierno, las cuales tildó de “medidas coercitivas”.

El discurso, según los analistas consultados por la Voz de América, “fue repetitivo, pobre y triste”, al no ofrecer una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de cuatro años.

Moncada tampoco se refirió a los más de 200 presos políticos que hay en el país centroamericano, ni a la persecución desatada contra la Iglesia católica. Tampoco de la creciente emigración de nicaragüenses que buscan mejorar sus condiciones de vida.

“El canciller de la dictadura no trajo nada nuevo a la mesa. Ignoró los mensajes enviados por el Vaticano, naciones y organismos de derechos humanos que han pedido la liberación de presos políticos. Para la dictadura los presos políticos no existen al no mencionarlos del todo”, indicó a la VOA el exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields.

El canciller Moncada también reiteró el respaldo de Ortega a sus aliados, como Venezuela y Cuba, y apoyó a Rusia, de quien dijo que luchaba “contra el fascismo y por la paz”, pese a que la invasión del Kremlin a Ucrania ha sido cuestionada por la comunidad internacional.

Moncada también extendió palabras para China, nuevo aliado político de Ortega desde finales de 2021, y a quien, según los analistas, ve como un posible sustituto sociocomercial tras las sanciones de Estados Unidos a Managua.

“Nuestro abrazo solidario a la admirable resistencia, y desarrollo justo de la República Popular China, que genera tanta incomodidad, inquietud y envidias, a los enemigos del bien común”, señaló el canciller nicaragüense.

Finalmente el diplomático concluyó el discurso apelando a la independencia y soberanía de Nicaragua, al igual que hicieron los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, Alejandro Giammattei, Nayib Bukele y Xiomara Castro, respectivamente.

Algo que, de acuerdo con el analista salvadoreño Napoleón Campos, experto en temas internacionales, “es un punto común en los libretos de todas las tiranías y regímenes autoritarios en el mundo”.

“El uso de este argumento por los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador, nos dice que a ambos les llegó la hora de esa argumentación ante los crecientes señalamientos... por el desmantelamiento democrático, constitucional e institucional; y las graves violaciones a los derechos humanos que ambos perpetran”, sentenció Campos.

El experto enfatizó que Ortega pasa por alto el artículo 46 de la Constitución en el que el Estado de Nicaragua asume la obligación de la protección de “los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Mientras, Bukele –prosigue el analista- no honra el compromiso del Artículo 144 de la Constitución, que establece que los tratados y convenios internacionales celebrados por El Salvador “constituyen leyes de la República”, y que “en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

Organizaciones piden más presión de la ONU por la "persecución a la Iglesia" en Nicaragua

Conferencia de prensa en Nueva York con destacados miembros de organizaciones de derechos humanos que denunciaron la represión contra los miembros de la Iglesia en Nicaragua por oponerse a las políticas del presidente Daniel Ortega.

Hace un mes, el arresto del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua, uno de los mayores críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, causó una gran indignación por parte de la comunidad internacional al considerarse que era un “abuso de las autoridades”, informa la Voz de América, VOA.

Ese no ha sido un caso aislado. En los últimos tiempos, varios sacerdotes nicaragüenses, entre ellos Monseñor Silvio Báez o el Padre Edwin Román, se han visto obligados a huir y exiliarse a causa de la fuerte represión que, según denuncian algunas organizaciones, han sufrido por parte del Gobierno de Nicaragua.

Lamentan que el único “delito” que han cometido ha sido el de oponerse públicamente a las políticas del presidente Ortega.

“Se está ensañando en contra de ellos por ser voces, por denunciar esas violaciones a los derechos humanos de la población, y esa es parte de la criminalización a la que están siendo sometidos”, dijo Leyla Prado Vanegas, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, durante una conferencia de prensa en Manhattan, Nueva York, para denunciar la situación que está viviendo la Iglesia en Nicaragua.

“La situación empeorará”

Advierten que la situación contra los líderes religiosos en el país centroamericano ha empeorado en los últimos meses y que, si no se actúa desde la comunidad internacional, el acoso seguirá agudizándose. Por eso, insisten en que la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estos días se celebra en su sede principal, en la Gran Manzana, debe servir para presionar a Ortega y buscar una solución.

“Hoy hablamos de una decena de sacerdotes detenidos, pero mañana puede haber más. Es una situación dramática y que genera una enorme incertidumbre y mucho temor”, manifestaba Juan Carlos Arce, abogado y miembro de la organización Nicaragua Nunca +, que también vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el país liderado por Ortega.

La situación no ha pasado desapercibida para los principales organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras naciones han expresado su preocupación por las medidas de Ortega contra todo aquel que se oponga a sus políticas.

Apoyo de Washington, rechazo desde Managua

Estados Unidos por su parte ha mostrado su apoyo total a los miembros de la Iglesia perseguidos en Nicaragua y el compromiso de seguir denunciando estos abusos ante las instancias diplomáticas de alto rango internacional, como la ONU, porque, insisten, se está viendo un agravamiento de la represión.

“El aumento de los ataques contra la Iglesia Católica y sus partidarios es particularmente alarmante. Desde junio, el régimen expulsó por la fuerza a 18 monjas, persiguió a varios sacerdotes católicos hasta el exilio y encarceló a otros seis”, explicó Rashad Hussain, embajador especial de Estados Unidos designado para la Libertad Religiosa Internacional, que también participó en el evento.

Pese a las voces del exterior, el Gobierno de Daniel Ortega acusa a la Casa Blanca y a otros países de mentir sobre la represión contra los opositores en Nicaragua, como los miembros de la Iglesia, activistas o periodistas.

Preocupación en la Asamblea General de la ONU por las crisis en Venezuela y Nicaragua

Migrantes de Venezuela y América Central en Chiapas, México, el 7 de junio de 2022. (AP Foto/Marco Ugarte).

Las crisis humanitarias en Venezuela y Nicaragua, el inédito flujo de migrantes y sus consecuencias para la región estuvieron en la mira de los presidentes latinoamericanos que tomaron la palabra este martes en la apertura de la 77ª Asamblea General de la ONU, donde se alzó un reclamo unánime por el “cese inmediato” a la guerra en Ucrania.

El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, fue el más vocal en su crítica al nicaragüense Daniel Ortega, al que denunció por su persecución y encarcelamiento de religiosos católicos que se han opuesto a su administración.

Bolsonaro tampoco se cortó en su rechazo a la gestión de Nicolás Maduro y aseguró que han recibido en Brasil a unos 600 refugiados venezolanos cada día, a quienes han garantizado acceso a “al mercado laboral, servicios públicos y prestaciones sociales”.

En su estreno ante la ONU, el chileno Gabriel Boric, también admitió que la llegada de cientos de venezolanos ha puesto una “enorme presión” a las estructuras de su país y además pidió trabajar “por la liberación de los presos políticos en Nicaragua”.

Boric insistió en que el aplastante rechazo popular a su propuesta de Constitución no era una derrota en sí sino un paso más hacia la democracia, que “consiste en escuchar al pueblo”.

Mientras, el paraguayo Mario Abdo, aseguró que su país impulsó una resolución dentro del Consejo de Seguridad de la ONU para investigar “a profundidad” las violaciones de DDHH de Venezuela. El mandatario abogó porque las naciones más desarrolladas asumieran “compromisos políticos concretos.

Por el contrario, el presidente colombiano Gustavo Petro, que ha mostrado su disposición a dialogar con Caracas y Managua, evitó hacer denuncias explícitas sobre Nicaragua y Venezuela y en su lugar centró su primer discurso en la ONU en la guerra contra las drogas en su país y la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Frente unido por Ucrania

Ucrania fue la gran protagonista de la mañana en Nueva York. Cada presidente llamó la atención sobre la necesidad del “cese inmediato” del conflicto y las consecuencias económicas que la “injusta invasión de Rusia” ha causado en el mundo entero.

Para ello pidieron a las Naciones Unidas jugar un papel más protagónico en la resolución “pacífica y diplomática” de la guerra.

“Necesitamos una salida digna de la crisis de Ucrania y solo podrá ser a través de una solución diplomática que sea justa y funcional”, precisó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Los temas de América Latina en la nueva Asamblea General de la ONU

Emblema de las Naciones Unidas. (AP Photo/John Minchillo).

Los 33 países latinoamericanos que comienzan sus disertaciones este martes ante la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con los presidentes de Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador y Chile ante el foro de naciones, llegan -como el resto de ls naciones- en momentos de turbulencia económica y desigualdad, reporta la Voz de América, VOA.

La elevada inflación, que ha tocado picos históricos en más de 40 años en potencias económicas como Estados Unidos (9.1% en junio), ha sido un golpe en el bolsillo de los latinoamericanos que arrastran todavía una lenta recuperación post pandemia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe más reciente, ha dicho que la región afronta “un escenario de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria que presenta la economía global” que, aunado a un menor crecimiento del comercio “y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, afectarán negativamente a los países de la región”.

La economía crecerá un promedio regional del 2,7%, según el​ 'Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Dinámicas y desafíos para impulsar la recuperación sostenible e inclusiva', crecimiento que estaría muy por debajo del efecto rebote que experimentó la región en 2021 luego de la reapertura posterior al cierre por la pandemia de COVID-19 durante 2020.

"En un contexto de múltiples objetivos y crecientes restricciones se requiere una coordinación de políticas macroeconómicas que apoyen la aceleración del crecimiento, la inversión, la reducción de la pobreza y la desigualdad, a la vez que enfrentan la dinámica inflacionaria”, declaró Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de la CEPAL, al presentar el informe a finales de agosto.

Insostenible negación al cambio climático

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió recientemente que esta Asamblea General “se reúne en un momento de gran peligro” porque “las brechas geoestratégicas son las más amplias desde al menos la Guerra Fría”, lo que dificulta dar una respuesta a los “dramáticos desafíos que enfrentamos”.

El titular del máximo organismo del consenso global ha dicho que este es un contexto que está marcado por los efectos del cambio climático, que ha desatado olas migratorias, ha profundizado la pobreza en amplias regiones del mundo y más peligroso aún ampliado la desigualdad.

“Nuestro mundo está arruinado por la guerra, azotado por el caos climático, marcado por el odio y avergonzado por la pobreza, el hambre y la desigualdad (…) la crisis del costo de la vida está golpeando más duramente a las personas y comunidades más pobres, con efectos dramáticos”, opinó recientemente Guterres en rueda de prensa.

Guterres ha manifestado su preocupación acerca de que los países en desarrollo carecen de espacio fiscal "y no tienen acceso a los recursos financieros necesarios para recuperarse de la pandemia de COVID-19 y proteger a su gente del impacto devastador del cambio climático”.

En este contexto llegan las naciones latinoamericanas al encuentro de presidentes, delegaciones gubernamentales y de la sociedad civil, que este año se reúnen en Nueva York bajo el título: 'Un momento decisivo: soluciones transformadoras para desafíos entrelazados'.

Una desigualdad transversal en la región

Un estudio realizado por los investigadores Germán Alarco Tosoni y César Castillo de la Universidad del Pacífico, en Perú, refleja cómo se han profundizado las brechas de desigualdad en el subcontinente americano al medir varios indicadores desde la década de 1980 hasta la llegada de la pandemia.

Se entiende la desigualdad como el efecto de la distribución de la riqueza del país, en polos opuestos: una pequeña minoría acumula más y más riqueza y recursos, mientras amplias franjas se van quedando rezagadas. También cuando el costo de vida se eleva y los salarios son insuficientes para el suplir las necesidades básicas que se van acumulando en el tiempo con un efecto “devastador”, según los expertos citados por la VOA.

“La elevada desigualdad tiene impactos económicos, sociales y políticos negativos, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que en lo económico genera un crecimiento más bajo y menos sostenible en el largo plazo", explica el informe publicado en la red de global de bibliotecas SciELO.

Los investigadores sostienen que una "elevada desigualdad" tiende a promover la formación de "burbujas en los precios de los activos, en la medida que el crecimiento en la demanda se impulsa más por el crédito al consumo que por los sueldos y salarios”.

Los académicos de la Universidad del Pacífico creen que “la elevada desigualad en la riqueza y los ingresos” es una tendencia global con implicaciones que pueden repercutir hasta una década hacia adelante, y que en Latinoamérica se agudizan “compartiendo esta característica con el cambio climático, la degradación del ambiente y el envejecimiento poblacional”.

Mirada analítica desde Washington

La exdirectora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center en Washington DC, Cynthia Arnson, comentó a la VOA que la región latinoamericana llega a la Asamblea General en situación similar al resto de los mercados emergentes del planeta con economías bajo una fuerte presión inflacionaria, no vista en los últimos 25 años.

“Los precios de la canasta básica están en alza, afectando a los pobres especialmente y a la seguridad alimentaria de decenas de millones de personas. La inflación junto con el incremento de las tasas de interés ya afecta la deuda pública”, explica la experta.

Para Arnson, es lamentable que temas tan cruciales en la región centroamericana como los retrocesos en la institucionalidad democrática y violaciones a derechos humanos no tengan ningún asomo en la discusión global.

“El autoritarismo y la violación de derechos humanos en Centroamérica desgraciadamente no van ser un tema en la Asamblea General, menos aún en una cita de los presidentes y autoridades nacionales”, puntualiza Arson.

Por su parte, Eric Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas (AS/COA), centro de análisis económico sobre América Latina en la capital estadounidense, explica a la VOA que en el contexto de la Asamblea General de la ONU Latianomérica no figura a simple vista con un rol protagónico por varios factores, aunque se esperen intervenciones de los presidentes "notables".

“Brasil intentará demostrar que la destrucción del Amazonas no es tan mala como se informa, Colombia denunciará la guerra contra las drogas, México puede presentar un plan de paz para Ucrania que será ignorado. Y Gabriel Boric probablemente discutirá temas ambientales”, comentó.

Sin embargo, para Farnsworth no se prevé que los mandatarios de la región aborden el tema de “China de manera significativa” y que es muy seguro que se escuchen llamados a las naciones desarrolladas para “que ‘hagan más’ para ayudar con el cambio climático y la recuperación económica, pero no anticipo mucho progreso en los grandes temas", puntualiza el vicepresidente de AS/COA.

La perspectiva desde Centroamérica

El exrepresentante de El Salvador en Naciones Unidas y embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, dijo a la VOA que hay organismos en Naciones Unidas como lo es el de derechos humanos que va a marcar la agenda de la 77ª Asamblea General.

“Es muy difícil definir el rumbo de la temática, sin embargo hay organismos de la ONU que son más neutrales en torno a ideologías. El de Derechos Humanos, por ejemplo, está haciendo señalamientos muy serios tanto a El Salvador como a Nicaragua”, dijo Zamora.

El 15 de septiembre, el pleno del Parlamento Europeo condenó por mayoría abrumadora la “represión” en Nicaragua contra ciudadanos y religiosos.

Horas después, el presidente de El Salvador anunciaba la intención de reelegirse en las presidenciales de 2024. Un camino imposible de seguir de acuerdo a tres artículos de la Constitución de ese país.

Ese panorama hace que expertos en relaciones internacionales, como Napoleón Campos, aseguren que la “recuperación del multilateralismo” en el mundo será clave en la Asamblea General. Uno, por la ruptura de la misma tras la invasión de Rusia a Ucrania y dos porque en Centroamérica esa visión está por perderse.

“En países como Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador parece que se pierde este enfoque de multilateralismo y se cree que las acciones que se hacen desde el poder de turno tienen supremacía sobre los compromisos internacionales”, dijo Campos a la VOA.

Nicaragua y El Salvador fueron los únicos países de la región centroamericana que se han mantenido callados ante la condena internacional a Rusia por la guerra en Europa Oriental. “Al parecer estos países no condenan las rupturas del sistema internacional”, agregó el experto.

En la Asamblea no faltará la promoción de más condenas, sostuvo Campos, lo que dejará espacio a Centroamérica para ubicarse al lado de la mayoría democrática o aislarse de ella.

“La violación a los derechos humanos que acontece en Nicaragua y la ruta que lleva El Salvador sí prosiguen los sucesos lamentables que han desembocado (…) el anuncio del presidente Nayib Bukele de que está dispuesto a violar la letra de la Constitución para la reelección es un hecho que no hace más que vaticinar un deterioro mayor de la situación política del país ya de por sí agravada”, afirmó Campos.

La paciencia de EEUU no es infinita, advierte Nichols sobre urgencia de reanudación de diálogo en Venezuela

Subsecretario de Estado, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se equivoca gravemente si considera que la paciencia de Estados Unidos es infinita, declaró este jueves el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, y reiteró que la administración Biden sigue "firmemente comprometida" con la restauración de la democracia en ese país.

"Estamos listos para retirar las sanciones, y listos para tomar medidas integrales", si las conversaciones no se reanudan y avanzan, dijo Nichols en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que evaluó la política estadounidense hacia Venezuela.

Las conversaciones entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó se llevaron a cabo por última vez en la Ciudad de México, el año pasado, pero dieron poco resultado.

“Estados Unidos usará las diversas herramientas que ustedes nos han brindado: sanciones, acciones de aplicación de la ley. Trabajamos con nuestros socios y aliados para garantizar que el régimen no tenga acceso a los activos que actualmente están congelados o en poder del gobierno interino”, explicó Nichols cuando se le preguntó cuáles eran los planes de la administración ante la falta de progreso.

Asimismo, añadió que "el gobierno de Estados Unidos sigue firmemente comprometido con la creencia de que los venezolanos tienen derecho a la democracia y merecen un gobierno de su elección, que proteja y defienda su derechos humanos y libertades fundamentales".

Por su parte, el senador Bob Menéndez (D-NJ), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el grupo cree en la diplomacia y que apoya una solución negociada a la crisis de Venezuela, pero que “un trato unilateral por parte de la administración Biden con un régimen que secuestra a ciudadanos estadounidenses para aumentar su influencia es simplemente inaceptable”, así como “las concesiones unilaterales a un líder que tortura a sus oponentes políticos”.

Menéndez subrayó que Venezuela se está hundiendo cada vez más en una crisis, con un tráfico de drogas y una corrupción desenfrenados, mientras persiste una renovación de las conversaciones.

“Hasta donde puedo discernir, Maduro no ha hecho ninguna concesión significativa o pasos concretos para volver a las negociaciones en la Ciudad de México”, señaló.

Con él coincidió el republicano de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Jim Risch, quien dijo que “la administración está realizando esfuerzos defectuosos e incoherentes que fortalecen al régimen de Maduro”.

“En casi dos años, la administración no ha sancionado a una sola entidad o individuo vinculado al régimen de Maduro… De hecho, la administración está cediendo ante el régimen de Maduro al aliviar las sanciones sin ningún progreso concreto hacia el orden democrático”, concluyó Risch.

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