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Amnistía Internacional: críticas en Cuba se silencian con represalias laborales

Amnistía Internacional afirma que Cuba "es una prisión mental"
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Amnistía Internacional afirma que Cuba "es una prisión mental"

La entidad vigilante de los derechos humanos elaboró un informe sobre los mecanismos de control de la libre expresión en la isla entrevistando a migrantes cubanos que se desempeñaban en la isla en ocupaciones diversas como maestro, deportista o camarero.

El sector laboral en Cuba, donde el Gobierno ejerce como el empleador mayoritario, es utilizado como una herramienta de "represión" destinada a "silenciar" a aquellos que son considerados críticos con las autoridades, revela Amnistía Internacional (AI).

Portada del informe sobre Cuba de Amnistía Internacional.
Portada del informe sobre Cuba de Amnistía Internacional.

El informe, divulgado este jueves bajo el título "Es una prisión mental", Cuba: mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidantes en la vida cotidiana, recopila casos de cubanos "expulsados, despedidos de forma discriminatoria o indebidamente" de sus empleos estatales "por haber expresado una opinión", dijo a la agencia Efe Louise Tillotson, investigadora sobre la isla de AI.

Como Cuba es el único país del área que no permite visitas de Amnistía, la organización hizo su investigación mediante más de 60 entrevistas en profundidad a migrantes cubanos en la frontera norte y sur de México.

Los entrevistados, con edades que oscilan entre los 19 y los 65 años, abarcan un "amplio rango" de profesiones, entre ellas maestros, académicos, deportistas y camareros.

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La investigadora comenta que uno de los aspectos destacados del informe es que los que sufren el "hostigamiento" no son necesariamente quienes "obviamente son opositores del Gobierno", sino que afecta a aquellos que realizan una crítica mucho más "sutil".

Por ejemplo, un ingeniero fue despedido por llevar una pulsera con la palabra "cambio"; un trabajador social que se quejó de falta de recursos fue expulsado; y un camarero fue reprendido por no haber participado en la marcha del Día del Trabajo.

Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, advierte el reporte, que explora la manera en que décadas de uso arbitrario de las leyes penales y otras prácticas ilegales —incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector emergente del empleo por cuenta propia— se traducen en un sistema en el que incluso las personas que en Cuba no son políticamente activas tienen que evitar criticar al gobierno si quieren conservar su empleo.

“Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El gobierno cubano es el principal empleador del país: aproximadamente el 70% de los empleos disponibles están en el sector público. El gobierno también controla el sector privado, pequeño y emergente pero sumamente regulado.

La mayoría de las personas entrevistadas no habían criticado nunca abiertamente el sistema político o económico cubano, y no estaban implicadas en ninguna forma de activismo o de oposición política. Sin embargo, aproximadamente la mitad afirmaron haber sido detenidas y encarceladas al menos en una ocasión, en su mayoría acusadas de delitos contrarios al derecho internacional.

Por ejemplo, una mujer, ex empleada de un comercio, contó a Amnistía Internacional que en 2011 había pasado ocho meses en prisión por “adquirir ilegalmente carne de res”, antes de que un juez la absolviera tras concluir que no había pruebas suficientes para detenerla.

El Código Penal de Cuba también establece una serie de sanciones basadas en la proclividad de una persona a cometer un delito, y en la probabilidad percibida de posibles acciones futuras que podrían ser consideradas “antisociales”. Además, castiga a quienes tengan relación con personas a las que las autoridades consideren “potencialmente peligrosas para la sociedad” o con aquellas que constituyan una amenaza para “el orden social, económico y político del Estado socialista”.

“En Cuba todo es ilegal”, dijo un ex agente de la seguridad del Estado cuyo trabajo consistía en infiltrarse en lugares de trabajo para denunciar a trabajadores y trabajadoras en el país.

Las personas que desaprueban, incluso de forma delicada, las políticas del gobierno cubano son despedidas arbitrariamente de su empleo o acosadas por el Estado hasta que sienten que no tienen más opción que dimitir o abandonar el país. Una vez que te despiden de un empleo estatal por expresar una opinión crítica, resulta casi imposible encontrar otro empleo en el sector público.

La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que, cuando se ponían en contacto con posibles nuevos empleadores estatales, después de haber sido despedidas de un empleo anterior, eran rechazadas; simplemente les decían: “no eres confiable”. La frase, utilizada explícitamente para referirse a una persona que no es confiable políticamente en lo relativo a la ideología del Estado, era con frecuencia la única explicación que los posibles empleadores daban a la persona en cuestión para no darle el empleo.

Jorge Luis, campeón deportivo, contó que, después de decir durante una entrevista en la televisión estatal que el gobierno cubano no financia el deporte, empezó a verse excluido progresivamente de su disciplina y fue despedido de su empleo estatal. Sencillamente le dijeron que ya no reunía los requisitos necesarios para el trabajo.

Según contó, le dieron 20 días para encontrar otro empleo, o de lo contrario, le dijo la policía, lo acusarían de “peligrosidad” por no trabajar. Le resultó imposible encontrar otro empleo, ya que, en todos los lugares a los que acudía, los empleadores le decían que era un “contrarrevolucionario”. Incapaz de mantener a su familia, y decidió abandonar Cuba.

Quienes son expulsados de su empleo a causa de sus opiniones no tienen una instancia a la que acudir para recurrir su despido. La mayoría dijo que el único sindicato legal, la Central de Trabajadores de Cuba, no los representaba, y que no tenían la opción de unirse a un sindicato independiente. Ninguna de las personas entrevistadas había apelado su despido en los tribunales, pues consideraban que éstos estaban bajo el control total del gobierno.

“¿Para qué vas a contratar un abogado si el abogado es del mismo gobierno?”, dijo un hombre de 31 años que había tratado de salir de Cuba seis veces por mar y que luego había visto negado su acceso al empleo y había sido acosado por la policía.

Pese a los cambios introducidos recientemente en las leyes sobre migración cubanas, tratar de salir del país por mar sigue considerándose delito. Quienes tratan de abandonar el país son calificados de “desertores”, “traidores” y “contrarrevolucionarios”, y son detenidos y excluidos del acceso al empleo estatal, igual que otras personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

“El hecho de que las autoridades no hayan respetado los derechos humanos de la gente ha tenido un impacto que va mucho más allá de las personas que han sido blanco de acciones por su activismo, y se filtra en las experiencias y esperanzas cotidianas de personas de todos los sectores sociales” señaló Guevara-Rosas.

“Si las autoridades de Cuba quieren afirmar que tienen un compromiso real de cambiar, deben revisar todas las leyes penales que son contrarias a las normas internacionales y deben poner fin a los despidos discriminatorios e indebidos y al acoso contra trabajadores y trabajadoras como forma de silenciar incluso las críticas más sutiles. Hasta que no lo hagan, el país seguirá siendo una prisión mental.

Por su parte Louise Tillotson dijo a Efe que uno de los aspectos destacados del informe es que los que sufren el "hostigamiento" no son necesariamente quienes "obviamente son opositores del Gobierno", sino que afecta a aquellos que realizan una crítica mucho más "sutil".

Para la investigadora declarar a los trabajadores "no confiables" es una forma de decir que "ideológicamente estas personas ya no son aceptables".

Si una persona es despedida en esas circunstancias, prácticamente le es imposible encontrar otro trabajo en el sector estatal.

La percepción entre los cubanos de que los tribunales están claramente bajo el control del Ejecutivo va en la línea de denuncias previas de Amnistía sobre la falta de independencia del poder judicial en la isla, argumenta Tillotson.

No encontrar un trabajo "en muchos casos es un elemento importante para la salida de personas" del país, porque "no tienen una forma de sostener a sus familiares", apunta la investigadora.

A esto se le suma que los salarios en general son bajos –la media es de 29,6 dólares estadounidenses al mes según las últimas cifras oficiales- e insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

De acuerdo con la activista, aproximadamente la mitad de los migrantes cubanos que participaron en la elaboración del reporte reconocieron que en otra ocasión anterior trataron de salir de la isla sin éxito.

En el informe se observa que los últimos años han sido un período "agridulce" para "quienes confían en que las autoridades suavicen su política de puño de hierro con el que oprimen el derecho de la gente a la libertad de expresión y de reunión" en Cuba.

Tillotson menciona los que considera avances, como la luz verde a una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja o a la de la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas.

"Para muchos, esto daba la esperanza de que (Cuba) empezara a abrirse a un mayor escrutinio internacional", aunque por otro lado, en la visita del expresidente de EEUU, Barack Obama, a la isla el pasado año, el presidente cubano, Raúl Castro, "siguió negando la presencia de presos políticos en Cuba".

Amnistía pide al Gobierno cubano que cese "las leyes y prácticas penales incompatibles con los derechos humanos y las normas internacionales" y que "deje de ejercer el poder que tienen sobre el sector laboral".

En sus recomendaciones, la organización también solicita que los trabajadores no estén obligados a participar en actividades progubernamentales, ni ser castigados por no involucrarse en ellas, y que se permita la inscripción de sindicatos independientes.

(Con información de Amnistía Internacional y EFE)

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"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas

Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias.
Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias.
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La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.

La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.

Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".

Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.

Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.

Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.

Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.

El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.

"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.

El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.

"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.

"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.

Pastor de Palma Soriano preso del 11J es obligado a trabajar a pesar de su enfermedad

El pastor Lorenzo Rosales junto a su esposa. (Foto: Christian Solidarity Worldwide)
El pastor Lorenzo Rosales junto a su esposa. (Foto: Christian Solidarity Worldwide)
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El pastor Lorenzo Rosales Fajardo debe cumplir jornadas enteras de trabajo forzado en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, a pesar de sus padecimientos de salud, para los que no está recibiendo atención médica, denunció el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso.

El religioso de 52 años fue condenado a siete años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano.

Su caso mereció un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias, que en febrero exigió a las autoridades cubanas que le otorgaran la inmediatamente libertad y lo compensaran por la detención arbitraria.

“Las torturas del pastor Lorenzo siguen, porque allí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado, en este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda, su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas en los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital, ni a un policlínico, ni siquiera a hacerle un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal”, advirtió Lleonart Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Marilidegnis Carballo, esposa del preso político.

Advierten sobre las pésimas condiciones que enfrenta el pastor evangélico Lorenzo Rosales en prisión
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El director del Instituto Patmos dijo que este martes la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario, para intentar conocer de primera mano lo que está ocurriendo.

“Marilidegnis, está tratando de ir hoy a la prisión ahí en La Caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo, y asegurarse de que realmente por fin le acaben de hacer un análisis médico. Nosotros pensábamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro", agregó el activista de derechos humanos.

Las fotografías de la violenta detención del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las Boinas Negras, tropas élite de las Fuerzas Armadas de Cuba.

Luego fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, en medio de pésimas condiciones, según denunciaron anteriormente el propio prisionero y sus familiares.

"Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta la cárcel de Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes, que le desprendieron muelas y demás”, recordó el director del Instituto Patmos.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también instó a Cuba a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales Fajardo y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

En el documento fechado el 16 de febrero de 2024 y hecho público esta semana, el Grupo de Trabajo dictaminó que la privación de libertad del líder evangélico contraviene nueve artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que su arresto y detención se ha debido, esencialmente, "al ejercicio pacífico de su derecho a la reunión y asociación, así como de su libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de su fe".

CIDH destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe de 2023

Imágenes de la protesta masiva en Santiago de Cuba el 17 de marzo de 2024
Imágenes de la protesta masiva en Santiago de Cuba el 17 de marzo de 2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que en Cuba existen "violaciones graves" de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa.

“Esto se basa en tres razones estructurales: 1) continuidad de un modelo político de partido único; 2) concentración de facultades y poderes para la conducción de los asuntos públicos; 3) subordinación de la administración de la justicia al poder politico”, detalla el más reciente informe del organismo, correspondiente a 2023.

Al evaluar la situación de derechos humanos en la isla, la CIDH decidió incorporar a Cuba en el capítulo IV-B, dado que considera que en el país se violan los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión observó que, aunque la ley permita la libre participación política de las personas ciudadanas, “el Partido Comunista seguiría regulando, controlando y dirigiendo los procesos electorales ”.

“Las personas defensoras de derechos humanos en Cuba enfrentan persistentemente actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la libertad, seguridad e integridad personal”, explicaron.

Asimismo, señalaron que las autoridades del Estado continúan realizando detenciones arbitrarias con el fin de obstruir sus actividades o imponiéndoles multas como forma de disuadirlas. “En Cuba, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, se observa que estas actividades se desarrollan bajo un ambiente hostil, que se caracteriza por actos de intimidación y hostigamientos por parte de autoridades estatales y la sujeción a procesos penales injustificados".

La CIDH reiteró el llamado al Estado “para adoptar medidas efectivas a fin de garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y demás líderes sociales” y le urgió abstenerse “de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el espacio cívico, así como a garantizar un ambiente propicio" para ello.

El informe reiteró la preocupación de organismo por los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles, "ante la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la situación de esta población, la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención que caracterizan las prisiones cubanas, y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos”.

Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, destacaron, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico

En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la Comisión mostró su preocupación por "hechos de acoso, intimidación y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos, así como los desafíos adicionales que enfrentan las que se encuentran privadas de libertad”.

“La Comisión lamenta que el Estado aún no haya ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente instrumento regional de protección de los derechos de las mujeres. En la misma línea, preocupa la ausencia de legislación especializada para combatir la violencia contra las mujeres en el país”, dijo la CIDH

Por otra parte, la organización reiteró su interés de realizar una visita a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos.

El documento, que llamó al levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba “debido a sus impactos en la población", destacó que este no exime al gobierno “de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

"Están matando de hambre a los presos", condenados por el 11J denuncian condiciones carcelarias

Cárcel "Combinado del Este", en La Habana, Cuba.
Cárcel "Combinado del Este", en La Habana, Cuba.

Presos políticos de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 de la barriada de la Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, condenados por el delito de sedición, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este, en La Habana.

En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni de medicamentos.

Presos políticos del 11 y 12 de julio, denuncian los abusos y críticas condiciones que sufren en las prisiones cubanas.
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“Estoy con el tema de la presión, un dolor de cabeza, y problemas de la acidez producto del alimento”, explicó el preso político.

Por su parte José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos.

“Esto está aquí que no hay ni una pastilla, me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11 años. Las chinches me hacen un daño, me tienen lleno de granos, cada vez que te pica, se te infecta”, dijo Castillo de la Torre.

Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños, también cumple 10 años de condena, en pésimas condiciones en ese centro penitenciario, donde no recibe ni visitas familiares.

“Mayormente para el asma, nosotros no recibimos saco, ni visita, yo si no tengo nada que perder ya porque yo perdí a mi mamá estando ya preso, ella era la que venía a vernos a mí y a mi papá, pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie a una visita mía hace más de dos años, ni visitas ni sacos, ni nada”, relató Castillo Bolaños.

El abogado Juan Carlos González Leyva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad con sentencia de 11 años y 4 meses.

“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, reportó González Leyva.

Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra el preso del 11J, Levys González Piedra, en un campamento de trabajo forzado en Bayamo, a donde fue trasladado desde la carbonera donde laboraba.

Allí se plantó en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo.

El condenado a cinco años de cárcel por los delitos de atentado y desacato por su participación en la manifestación del poblado de Bayamo denunció su situación: “Yo estaba en el carbón, pasando un hambre allí en el monte, que no había ni medicamentos ni nada, yo tuve el problema ese del carbón porque ya no aguantaba más, están matando a los presos de hambre".

"Allí hasta el oficial ese le metía bofetadas a los presos, no pude soportar eso y allí me moleste, les dije abusadores, explotadores, rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá, y ahora estoy trabajando para la construcción, limpieza, agricultura, hay de todo allí, el hambre es dura", declaró el preso político.

En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, la delegación de La Habana afirmó que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".

Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba

Foto Archivo. Perfiles de Candidatos a la Asamblea del Poder Popular. El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales". (CEN) (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Foto Archivo. Perfiles de Candidatos a la Asamblea del Poder Popular. El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales". (CEN) (REUTERS/Alexandre Meneghini)

A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.

Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.

"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.

El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".

Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.

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