América Latina
Amnistía Internacional expresa su preocupación por Venezuela en carta abierta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
Amnistía Internacional en una carta abierta firmada por Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de esta organización, expresó su preocupación por la situación de Venezuela en torno a los derechos humanos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, en el marco de su visita al país.
A continuación el texto completo:
Estimado Sr Volker Türk,
En los últimos años, Amnistía Internacional ha formado parte del esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales que buscan asegurar la vigencia y continuidad de mecanismos de escrutinio y justicia internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la población venezolana. Algunas de estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, como lo han determinado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (la Misión) y nuestra propia investigación.
Si bien desde el año 2019 su Oficina ha contado con presencia en el terreno, con un doble mandato de informar sobre la situación de derechos humanos en el país y otro de cooperación técnica, en Amnistía Internacional mantenemos una seria preocupación por la forma en que las autoridades venezolanas mantienen vigente una política de represión contra toda forma de disidencia o critica al gobierno y de impunidad rampante alrededor de las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Adicionalmente, continúa deteriorándose el acceso de la población a los derechos económicos y sociales. Por ello, nos permitimos sugerirle tenga a bien prestar especial atención a los siguientes aspectos en su visita al país:
- Cierre del espacio cívico y estigmatización de la defensa de derechos humanos
La sociedad civil venezolana, las personas defensoras de derechos humanos y activistas, el personal de ayuda humanitaria y, en general, todas las personas que trabajan en favor de los derechos humanos en Venezuela realizan sus labores bajo constantes amenazas, intimidaciones y ataques que buscan silenciarles y neutralizar sus denuncias. Desde hace años, las autoridades venezolanas han utilizado distintos mecanismos administrativos, judiciales y de propaganda para frenar la labor de estas personas, erosionando el espacio cívico, el acceso a la justicia y la independencia de los poderes públicos.
Recientemente, ha resurgido la posibilidad de que se apruebe una ley de fiscalización y regulación de la cooperación hacia organizaciones no gubernamentales. Dicha iniciativa, que durante años ha servido de amenaza en contra de personas defensoras de derechos humanos y personal humanitario, tiene como finalidad controlar, supervisar arbitrariamente, amedrentar e impedir la labor de las organizaciones no gubernamentales en el país. Consideramos de máxima prioridad que su Oficina interceda para ponerle freno a esta iniciativa en virtud del grave riesgo que conllevaría para organizaciones de derechos humanos, organizaciones de trabajo humanitario, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, cuyas labores son esenciales para la defensa y protección de los derechos fundamentales en Venezuela. Referencia: AMR 53/6371/2023 Volker Türk Alto Comisionado para los Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas 26 de enero del 2023 www.amnesty.org
- Liberación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos
Las organizaciones de derechos humanos y su propia Oficina han documentado el uso de las detenciones arbitrarias para silenciar las críticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con las distintas organizaciones en el país que se dedican a la defensa legal de estas personas, en la actualidad alrededor de 300 personas se encuentran aún detenidas arbitrariamente por estos motivos, y cientos de personas que han sido objeto de detenciones en el pasado, aún cuentan con fuertes restricciones a la libertad. Ello, al estar sometidas a procesos penales arbitrarios y sin garantías judiciales. Las autoridades venezolanas deben poner fin a la política de represión y de detenciones arbitrarias sistemáticas.
Resulta de particular preocupación las detenciones del periodista Roland Carreño o de personas defensoras de derechos humanos, como Javier Tarazona, coordinador de la organización no gubernamental FUNDAREDES, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el 2 de julio de 2021, como retaliación de su labor de defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional reitera el llamado a que se ponga fin de inmediato e incondicionalmente a tales detenciones, y que se proteja su salud e integridad durante el tiempo que estén privados de la libertad.
Es de señalar que estas detenciones constituyen una violación grave de los derechos humanos, pero también envía un mensaje desalentador y atemorizante al resto de personas que defienden los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, cualquier intento de avanzar hacia una mejora de la situación en Venezuela debe tomar en cuenta la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y en especial de las personas defensoras de derechos humanos.
- Fortalecimiento de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros mecanismos de escrutinio internacional
Amnistía Internacional ha acompañado al movimiento de derechos humanos de Venezuela en la búsqueda de mecanismos para el escrutinio internacional sobre la grave situación de derechos humanos en este país. Por ello, la organización ha acompañado los llamados de establecimiento de mandatos específicos para su Oficina y también del establecimiento de la Misión, con miras a que ambas instancias puedan de manera complementaria incidir en la prevención de violaciones de derechos humanos y aumentar las probabilidades de procesos de rendición de cuentas.
Amnistía Internacional considera indispensable fortalecer la presencia de su Oficina en el terreno, no sólo con capacidades financieras y recursos humanos, sino con el respaldo institucional para que su labor de denuncia en el país tenga un real efecto disuasorio de prevención de violaciones graves de derechos humanos y sirva de protección para las personas que defienden derechos humanos en el país.
Asimismo, es fundamental que la valiosa labor de asistencia técnica, monitoreo y denuncia que ha llevado a cabo por años su Oficina, también sostenga una observación rigurosa y pública sobre cómo las autoridades avanzan o retroceden respecto de las recomendaciones hechas en años anteriores. De lo contrario, se corre el riesgo de que la falta de seguimiento a su implementación erosione la importancia y credibilidad de su mandato.
Para aumentar el escrutinio y monitoreo sobre Venezuela, también resulta de suma importancia que se realicen gestiones pertinentes para que los procedimientos especiales de las Naciones Unidas visiten el país. Tal como fue acordado con su antecesora en el cargo, Michelle Bachelet, Venezuela había asumido un compromiso de diez visitas para los próximos años. Al respecto, es de señalar que no solo se han concretado apenas tres visitas, sino que además ninguno de los mecanismos que han obtenido invitación oficial por parte de Venezuela corresponden a mandatos de monitoreo de derechos civiles y políticos. Por lo tanto, consideramos una prioridad que su Oficina insista con las autoridades para que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial contra la Tortura y la Relatoría Especial para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como otros mandatos relacionados con derechos civiles y políticos puedan visitar el país en un futuro cercano. Por otra parte, Amnistía Internacional valora como un hito el trabajo realizado por la Misión instalada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuyo mandato ha sido renovado hasta 2024. La organización hace un llamado a que los esfuerzos de documentación de violaciones de derechos humanos de su Oficina funcionen de manera complementaria y coordinada con la Misión. Esta Misión tiene como mandato la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y ha establecido que hay elementos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que los esfuerzos de su Oficina de documentar y brindar cooperación técnica al gobierno venezolano, deben –al menos- y en función www.amnesty.org de mantener coherencia entre ambos mandatos, considerar la naturaleza sistemática y generalizada de las violaciones de derechos humanos y su correspondencia con una política que se deriva del más alto nivel gubernamental.
En conclusión, las autoridades venezolanas continúan con la férrea política de represión de la disidencia que amenaza con silenciar a aquellas personas que son consideradas críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, la situación de acceso a los derechos económicos y sociales se precariza aún más día a día, obligando a la población a reclamar sus derechos, por lo que la coexistencia de estas realidades pone en riesgo y vulnerabilidad a las personas que están a merced de la arbitrariedad de las autoridades.
Como consecuencia a la grave crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja, para finales del 2022, la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela estimaba que 7.13 millones de personas venezolanas han abandonado el país, el 84% buscando protección en 17 países de América Latina y el Caribe. La mayoría de estas personas han enfrentado diversos obstáculos en el acceso a su derecho a solicitar asilo o recibir protección internacional, en muchas ocasiones experimentan violaciones a los derechos humanos, que van desde la violencia basada en género, la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, hasta la muerte y desaparición forzada.
La Oficina que Usted dirige tiene un rol privilegiado de acceso frente a otras instancias internacionales, y esto, a nuestro entender, debe ponerse al servicio de la protección de las víctimas y sobrevivientes que buscan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, dentro y fuera del país, así como de las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela.
Finalmente, Amnistía Internacional le hace un atento llamado para que Usted y su Oficina intercedan por el mantenimiento del espacio cívico; la protección de personas defensoras de derechos humanos; la liberación de personas detenidas por motivos políticos y personas defensoras de derechos humanos, como el preso de conciencia Javier Tarazona; la protección de activistas sindicales y trabajadores, así como otros activistas sociales, que fuertemente reivindican su derecho a un salario y condiciones de vida dignas. Asimismo, que aboguen por el fortalecimiento y apertura del escrutinio internacional a través de la presencia de su Oficina en el país; también por la invitación efectiva de procedimientos especiales y órganos de tratado relevantes para las denuncias de la sociedad civil; y que se establezca un diálogo y retroalimentación con el mandato de la Misión internacional e independiente de determinación de los hechos.
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Fiscalía revela detalles de trama de corrupción en Venezuela
El fiscal general de Venezuela ofreció detalles sobre la más reciente trama de corrupción en la industria petrolera por la que 10 altos funcionarios y 11 empresarios fueron detenidos y que condujo a la renuncia de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo.
CARACAS — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el sábado que la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) e implicó “operaciones paralelas” con cargas de crudo en buques, sin “ningún tipo” de control administrativo ni garantías, “incumpliendo con las normativas de contratación”.
“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a PDVSA, ahí es donde estamos viendo el daño patrimonial, la parte que hace una negociación al margen de la ley incumple con los pagos, estamos viendo de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron”, dijo.
Saab también informó que se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario y demostrando un “estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público”.
El fiscal añadió que se captaba a jóvenes para incluirlos en la red de lavados de activos y que estos eran premiados “con una vida desmedida suntuosa, ilegal y criminal”.
Los detenidos serán imputados por apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación. A los funcionarios públicos, además, se le sumará el delito de traición a la patria.
En rueda de prensa este sábado, a través del canal del Estado, fue divulgado un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban máquinas utilizadas para la minería de bitcoin y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y flotas de vehículos.
“Ya están a buen resguardo los bienes de estos sujetos obtenidos de manera ilícita, es una recuperación importante”, insistió.
El fiscal evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial argumentando que se encuentran en una “fase de investigación”.
¿Quiénes son los detenidos y por qué?
Saab precisó que diez funcionarios y once empresarios fueron detenidos por la trama de corrupción.
Los funcionarios son: Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y a quien señaló como “jefe principal” de la estructura de corrupción; Joselit Ramírez Camacho, ahora ex superintendente de la Sunacrip, quien figura en una lista del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU de buscados por “lavado de dinero y evasión de sanciones”.
Además, el ahora ex parlamentario Hugbel Roa, quien según explicó el fiscal usaba su condición de diputado de la Asamblea Nacional para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban y a quien calificó como “uno de los más desfachatados de la banda criminal”.
José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Oduardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior, detalló el fiscal.
También fueron detenidos Rajiv Alberto Mosqueda y Reny Gerardo Barrientos, ambos funcionarios de la Intendencia de Minería Digital.
Los empresarios son Manuel Meneces, a quien identificó como operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Roger Martínez, “coordinador de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios asociados”; Rafael Perdomo y Roger Perdomo, “hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar criminales”.
Además, Daniel Prieto, “empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional que fue detenido en República Dominicana por requerimiento del Estado venezolano.
También mencionó a Cristopher Barrios, Joana Torres, Alejandro Arroyo, Bernando Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.
“Todos vinculados a esta red de corrupción, con la misma modalidad, lavar dinero, legitimar capitales, se les asignaban contratos millonarios que casi nunca cumplían, incluso desde que Hugbel Roa era ministro de Alimentación”, especificó Saab.
Orden de aprehensión
Saab anunció que fueron liberadas órdenes de aprehensión para once personas más: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, “hermanos como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales obtenidos ilícitamente”; William Ribas, Ximena Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvanis Gaspari, Railyn Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yurabic Ravelo, respecto a estos últimos no especifico cómo están implicados.
“Aparecen vinculadas varias de estas damas que aparecen como captadoras para legitimar capitales por estos sujetos”, agregó.
Alcalde
El fiscal hizo especial mención a Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua en el centro del país, detenido por su vinculación con “el Conejo”, uno de los criminales más buscados en Venezuela y quien fue abatido esta semana según confirmó el viernes el ministro de Interior, Remigio Ceballo.
“Este alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales, entre ellos el de este sujeto (…) la máxima pena le va a recaer a este grupo de personas”, aseguró.
Respecto al alcalde, Saab lo señaló de tener vinculación directa con el criminal Héctor Guerrero, alias “el niño Guerrero”, quien dirige “células terroristas a nivel internacional” en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
El alcalde fue imputado por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria.
Sistema judicial
El fiscal reiteró que el abogado Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y José Mascimino Márquez, juez cuarto de Control con competencia en casos vinculados en delitos de terrorismo, fueron detenidos por haber eliminado cargos y otorgada medida sustitutiva a Cheremo Carrasquel, un hombre procesado como integrante del Ten del Llano, un grupo de delincuencia organizada.
Confirmó también que, en el estado Falcón, el abogado Bracho Gómez, fue detenido por haber acordado la entrega de vehículos automotores que eran objetos de una medida cautelar de incautación.
Gobierno interino
Respecto a miembros del extinto gobierno interino, Saab recordó que han abierto aproximadamente unas 22 investigaciones por delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, corrupción y traición a la patria, entre otros.
“Hemos logrado 288 ordenes de aprehensión, han sido y detenidas y acusadas 129 personas, aquí no ha habido impunidad contra este sector llamado gobierno interino, hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas han sido condenadas y se han practicado 137 allanamientos y 149 incautaciones. Hay un resultado importante”, expuso.
Según Saab, desde agosto del 2017 el MP ha investigado 31 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción, particularmente a la industria petrolera, lo que ha dejado 194 personas judicializadas y procesadas y 75 condenadas.
Se inicia la Cumbre Iberoamericana con la apuesta de fortalecer la cooperación entre América Latina y Europa
La Cumbre Iberoamericana fue inaugurada el viernes en República Dominicana con el sorpresivo anuncio de la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada por España y otros países miembros de este foro.
Latinoamérica apuesta por un mayor acercamiento con Europa en la Cumbre Iberoamericana
Los presidentes y representantes de los 22 países de América Latina, España, Portugal y Andorra se darán cita a partir de hoy en República Dominicana para la vigésimo octava edición de la Cumbre Iberoamericana en la que se buscará relanzar las relaciones entre los gobiernos latinoamericanos y la Unión Europea, eclipsadas en el último año por la crisis que se desató tras la invasión rusa a Ucrania.
Dejando atrás las secuelas de la pandemia del coronavirus, que obligó a la mayoría de los presidentes a participar de forma virtual en la última cumbre del 2021 en Andorra, los integrantes del bloque internacional se reunirán de manera presencial entre el 24 y 25 de marzo en la isla caribeña para debatir sobre políticas medioambientales, derechos digitales, seguridad alimentaria y arquitectura financiera internacional.
El secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, indicó que se aprovechará la cumbre para relanzar las relaciones entre Latinoamérica, el Caribe y la UE. Para ello, se buscará el apoyo del Alto Representante del bloque europeo para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien participará como invitado en el foro.
En los últimos meses, Borrell ha intensificado los esfuerzos para lograr el acercamiento entre las regiones. El jefe de la diplomacia europea realizó gestiones en ese sentido durante la III Cumbre de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y UE que se efectuó en octubre pasado en Buenos Aires.
Carlos Cerda Dueñas, académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, afirmó que esta cumbre "puede ser el empuje" para estrechar las relaciones, especialmente en el área comercial y financiera, que se han "enfriado" por la crisis de Ucrania. Agregó que el hecho de que España asuma en julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea puede abonar esfuerzos en ese sentido.
Pero la ausencia en la cumbre de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de México, Andrés Manuel López Obrador, deja en duda el interés de los dos países más grandes de la región en sumarse a esa iniciativa de acercamiento.
Hasta la fecha, los organizadores de la cumbre han confirmado la participación 14 presidentes y vicepresidentes.
Además de los cuatro temas centrales que se discutirán en la cumbre, Chile y República Dominicana han adelantado que llevarán al foro la problemática de migración que enfrenta la región, que se ha agravado en los últimos años por el flujo de más de 7 millones de venezolanos que han salido del país suramericano para escapar de la crisis económica y social.
En ese sentido, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció a mediados de mes que sostendrá una reunión con los "presidentes amigos" de América Latina para abordar el tema de la migración irregular. El asunto se ha convertido en las últimas semanas en un dolor de cabeza para su gobierno, luego de que ordenara el envío de militares a la zona norte de Chile para reforzar el control fronterizo ante el ingreso masivo de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos.
Boric indicó que sostendría un encuentro con los presidentes de Argentina, Honduras, Colombia, Bolivia y México para discutir sobre esa problemática. La oficina de prensa de la presidencia chilena informó que la reunión se efectuaría en el marco de la Cumbre Iberoamericana.
Al respecto, Cerda Dueñas dijo que la discusión sobre el tema migratorio es posible que "ensombrezca" la cumbre, debido a que hay posiciones encontradas entre algunos socios del bloque como Venezuela y Bolivia, que han cuestionado la política de expulsión de migrantes ilegales promovida por Chile.
Durante el foro se espera que los 22 miembros del bloque aprueben un plan cuatrienal de cooperación iberoamericana y cuatro instrumentos que incluyen una carta medioambiental en la que se establecen lineamientos para orientar las políticas públicas de los países sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Asimismo, está en agenda una carta de derechos digitales para promover legislaciones nacionales en esa materia, un documento sobre estrategias para alcanzar la seguridad alimentaria y un comunicado sobre arquitectura financiera internacional que busca estimular condiciones para que las naciones iberoamericanas puedan afrontar la recuperación en la postpandemia, la transición energética y la adaptación climática.
Panamá alerta sobre aumento de cruces de migrantes por la selva del Darién
El tránsito de menores de edad por la selva de la provincia panameña del Darién, en la frontera con Colombia, creció durante enero y febrero respecto a igual periodo de 2022, lo que va en línea con un aumento exponencial que registra ese flujo irregular por esa zona inhóspita en lo que va de este año, advirtieron organismos de derechos humanos y que trabajan con la infancia.
En enero y febrero cruzaron por el Darién 9.683 menores de edad, 8.305 más que en igual lapso del año pasado, que terminó con un récord histórico con el tránsito de 40.438 niños y adolescentes, 1.119 de ellos no acompañados, según estadísticas oficiales recogidas en un informe sobre la situación de los derechos humanos de los niños que cruzan solos o acompañados la peligrosa frontera colombo-panameña con rumbo a Norteamérica.
Ese incremento en menores, que es siete veces superior, podría deberse al hecho de que durante los dos primeros meses de este año han cruzado casi 50.000 extranjeros, cinco veces más que en igual periodo del año anterior, cuyos mayores picos de tránsito se registraron en septiembre y octubre.
Al presentar el miércoles ante la prensa las conclusiones del informe, la Defensoría del Pueblo de Panamá y dos organismos de Naciones Unidas expusieron que esa ruta se está consolidado y que no se prevé que paren los casos de tránsito irregular a corto plazo.
"Año a año se superan las cifras de personas migrantes en tránsito por Panamá y la tendencia de los primeros meses de 2023 indican un crecimiento sin precedentes", señaló Alberto Brunori, representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, junto a Unicef, tomó parte del informe.
Brunori instó a reforzar las medidas que, según él, implementan Panamá y agencias de Naciones Unidas para proteger integralmente a los niños que se desplazan a través de las fronteras del país centroamericano.
El año pasado casi un cuarto de millón de migrantes cruzaron el Darién, en lo que representó el mayor flujo registrado en esa ruta hasta ahora y que fue dominado por los venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Este año los mayores tránsitos han sido de haitianos, ecuatorianos y venezolanos, respectivamente.
Ese flujo no se ha detenido a pesar de las medidas implementadas por Estados Unidos desde octubre para controlar la migración irregular en su frontera sur de miles de venezolanos, haitianos y cubanos, muchos de los cuales hacen el tránsito por tierra y agua a través de la porosa frontera colombo-panameña.
EEUU protesta por la toma del puerto mexicano que recibiría envíos desde Cuba
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que estaba "preocupado por que nuestras empresas reciban un trato justo en México" después de que la policía mexicana tomara ilegalmente un puerto de carga propiedad de una compañía con sede en Alabama.
La incautación por parte de México del puerto de carga en la costa caribeña mexicana se extendió a su segunda semana el martes. La policía mantiene retenido el puerto y al parecer lo ha utilizado para descargar cemento y áridos para la compañía mexicana Cemex.
Vulcan Materials, con sede en Alabama, señaló el martes que la policía y los fiscales aún no habían presentado ningún documento legal que justifique la toma del puerto.
El Departamento de Estado dijo que "casos como estos tienen el potencial de impactar nuestra capacidad de lograr nuestra visión compartida de mejorar los medios de subsistencia en una de las regiones económicamente más desfavorecidas de México. También impacta en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones".
El despacho del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre la situación.
El presidente ha estado enfrascado en una disputa pública con Vulcan desde hace más de un año. López Obrador necesita el muelle para recibir cemento, piedra triturada y otros materiales para concluir su proyecto conocido como el Tren Maya.
Una parte del cemento descargado en el muelle la semana pasada aparentemente iba destinado al proyecto del Tren Maya, que el presidente ha prometido inaugurar en diciembre a pesar de que va sumamente atrasado.
Vulcan indicó que la policía entró a la fuerza en su muelle de Punta Venado, cerca de Playa del Carmen, el martes pasado.
"Debe quedar claro que el Estado de derecho ya no está garantizado en México para las compañías extranjeras", declaró la empresa en un comunicado. "Esta invasión, no respaldada por órdenes judiciales, viola los derechos de propiedad y comerciales de Vulcan".
Vulcan dijo que tenía un acuerdo con Cemex, la empresa mexicana, para arrendarle una parte del puerto de carga, pero que el acuerdo expiró el 31 de diciembre y no había sido renovado.
Cemex reconoció que el contrato había expirado, pero dijo que había estado tratando de renegociarlo, aunque infructuosamente. Cemex dijo que tenía otros tres contratos con Vulcan que seguían siendo válidos.
Cemex señaló que interpuso una denuncia penal contra Vulcan y que la fiscalía estatal le concedió medidas cautelares y una orden judicial para acceder a la propiedad y seguir operando.
La declaración es extraña, debido a que ese tipo de medidas cautelares generalmente son emitidas por los tribunales federales de México y no por los fiscales, y ese tipo de disputas se resuelven mediante denuncias penales.
Debido a que no hay suministros locales de la piedra triturada necesaria para estabilizar las vías del tren, López Obrador se ha visto obligado a importar el producto, denominado balasto, desde Cuba.
Aun así, los buques cubanos se ven obligados a llegar al puerto de Sisal, al otro lado de la Península de Yucatán, desde donde el producto es transportado en camiones por unos 300 kilómetros (180 millas) hasta el lugar donde se está construyendo el tren.
El único muelle de carga privado de la costa del Caribe que podría manejar los envíos cubanos — y otros envíos de cemento y acero — es propiedad de Vulcan. López Obrador ha ofrecido comprar la propiedad, pero al parecer las negociaciones no han ido bien.
En mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México cerró la cantera de piedra caliza de Vulcan y prohibió a la empresa exportar piedra que se ha utilizado durante mucho tiempo en proyectos de construcción estadounidenses y mexicanos. El presidente acusó a la compañía de extraer y exportar piedra sin los permisos necesarios. Vulcan afirma que cuenta con dichos permisos.
López Obrador quiere que la cantera llena de agua se utilice como parque para rivalizar con el cercano parque XCaret. También quiere que Vulcan construya un muelle para cruceros en la terminal de carga.
La línea del Tren Maya de 1.500 kilómetros (950 millas) de longitud recorrerá la península de Yucatán en un circuito irregular que conectará complejos turísticos de playa y sitios arqueológicos.
López Obrador promociona el tren como una forma de llevar parte de los enormes ingresos del turismo de Cancún a las comunidades del interior. Pero aún no existen estudios de viabilidad creíbles que demuestren que los turistas querrán utilizar el tren.
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