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Cuba

Amenazan con encarcelar a joven que se niega a pasar el servicio militar en Cuba

Osmel Rubio Santos.

El joven Osmel Rubio Santos pasó el miércoles varias horas confinado en una celda en la unidad policial del Cotorro, en La Habana, por negarse a pasar un examen médico para su reclutamiento al servicio militar obligatorio.

Amenazas a joven que se niega a ser reclutado para el Servicio Militar en Cuba
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"Fui el primero cuando comenzaron a llamar, una doctora me fue a entrar a la sala de oftalmología y le dije que yo había ido allí para cumplir con una citación, pero que no me haría el chequeo", explicó Rubio Santos a Radio Televisión Martí.

El activista dijo que tras exponer su punto de vista una mayor de las FAR lo detuvo y lo sacó del lugar para trasladarlo a la unidad de la Policía del Cotorro.

Allí unos oficiales lo increparon y "comenzaron diciéndome que yo iba a la casa de Ángel Moya y Berta Soler y que ellos son unos terroristas", dijo el joven.

También le informaron que será citado nuevamente para el próximo día, 3 de noviembre, en que debe presentarse en el policlínico "para hacerme los análisis porque si no voy a ir preso", agregó.

El pasado primero de septiembre, hubo un llamado a jóvenes de toda Cuba para iniciar la preparación básica en el Servicio Militar activo.

En esos días Rubio Santos, de 18 años de edad y activista de derechos humanos, entregó una carta en el Comité Militar del municipio Cotorro donde expresó su decisión de no empuñar las armas para defender a la dictadura.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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En Cuba, angustia por los constantes apagones

Un hombre cubano en las calles de La Habana. (Yamil Lage/AFP).

Cubanos manifestaron a Radio Martí su desesperación por los constantes apagones, que en algunos casos traen como consecuencia la falta de agua potable en las viviendas.

Desde Playa Baracoa en el municipio Bauta, provincia Artemisa, Dayana Araluce dijo que "son más las horas sin electricidad, que las que se puede disfrutar del servicio".

Según Dayana, con los cortes eléctricos "las personas tienen que estar pendientes de sus equipos electrodomésticos, muchos de ellos en servicio desde hace décadas".

La provincia Camagüey por estos días es una de las más afectadas con los apagones y una residente en el municipio Esmeralda comentaba a Radio Martí que "con apagones de 8 horas enfrentamos grandes dificultades a la hora de cocinar los alimentos, muchas veces la elaboración se tiene que hacer con carbón".

"En Cabañas, municipio Mariel provincia Artemisa, la situación es crítica entre apagones y la falta de agua potable desde hace más de 10 días". Desde allí, el opositor Moisés Leonardo Rodriguez así lo manifestó a Radio Martí.

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El portal oficialista Cubadebate informaba que la Unión Eléctrica, UNE, prevé afectaciones en el servicio eléctrico por déficit de generación, precisando que para el horario pico de este jueves se pronosticaba la entrada al sistema de la unidad 8 de la Central termoeléctrica Máximo Gómez, en el municipio Mariel, provincia Artemisa.

Cierran proceso contra periodista Camila Acosta, acusada de "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11J

Camila Acosta. (Foto: CubaNet)

Luego de más de 10 meses de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Acosta ha quedado libre cargos y el caso cerrado, según explicó en un artículo para el portal digital CubaNet, con el que colabora.

Acosta detalló que este miércoles, 25 de mayo, fue citada a la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, donde un oficial de la Seguridad del Estado le impuso una multa de 1.000 pesos cubanos bajo el “criterio de oportunidad”, previsto en la Ley 143, Artículo 17, Inciso b, que "permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales".

Le comunicaron, además, sobre la confiscación de varios bienes que las autoridades le incautaron un día después de su detención: dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash, agendas de trabajo, libros, la blusa que llevaba puesta el 11J, 50 USD y 20.000 CUP.

Estos bienes, algunos de los cuales ni siquiera le pertenecían, no fueron "utilizados para la comisión del delito u obtenidos como resultado de él" y, con apego a la ley, no deberían estar sujetos a decomiso.

"No hubo delito y tampoco ninguno de los equipos embargados se utilizaron para la comisión de él; aun así, se impuso la sanción", subrayó la periodista. Pero el oficial de la policía política argumentó que contenían material “contrarrevolucionario”.

Acosta, que tiene un plazo de tres días para pagar la multa, reitera que no cometió un delito, solo hacía su trabajo de reportera cuando fue detenida. "No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente", afirmó.

Aunque la multa la libra de ir a juicio, y de enfrentar una posible sentencia de tres meses a un año de prisión, la comunicadora señala que pagarla significa "aceptar una medida arbitraria, o que cometí ese supuesto delito".

La periodista concluye que, con el cierre de este proceso en su contra, solo "finaliza una etapa" que "abre paso a otra aún peor".

"El nuevo Código Penal es más criminal que el anterior, y dota al régimen de herramientas represivas que atentan directamente contra los periodistas independientes, la oposición y la sociedad civil en general. El calvario está lejos de acabar", concluyó.

Cuba está entre los países del hemisferio donde más se ha agudizado la represión contra los periodistas, dijo en un informe reciente la Sociedad Interamericana de Prensa, que también ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor de la prensa independiente en la isla, una preocupación a la que se unen el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.

Líder opositor celebra desde prisión los 20 años de su movimiento

José Díaz Silva del Movimiento Opositores por una Nueva República.

Familiares del preso político José Díaz Silva lo visitaron este miércoles en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, el mismo día en que el movimiento Opositores por una Nueva República, organización que lidera, cumplió 20 años de creada.

Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo este jueves a Radio Martí que Silva "se mantiene firme exigiendo libertad para Cuba y los presos políticos y que durante la jornada fueron reprimidos varios activistas de su movimiento”.

Esquivel contó que les dieron dos horas de visita y que su esposo “se mantiene aislado en una celda, orgulloso de los miembros de su movimiento, con problemas de salud, gastritis y la columna, pero firme y fuerte a pesar de que se encuentra distante de su vivienda”.

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Díaz Silva fue juzgado en 2021 por un supuesto delito de amenaza, acusado por una vecina que irrumpió en las inmediaciones de su vivienda.

Tras el incidente fue sentenciado a dos años de trabajo correccional sin internamiento, sentencia que fue revocada en marzo por el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Días antes de ser detenido, el pasado 2 de marzo, agentes policiales lo habían amenazado con llevarlo a prisión, si continuaba apoyando a familiares de los manifestantes del 11 de julio, en el reparto La Güinera, en La Habana.

El Movimiento Opositores por una Nueva República, junto al Movimiento San Isidro y la Asociación Yorubas Libres de Cuba recibieron el jueves pasado el Premio Libertad Pedro Luis Boitel por su lucha por la libertad y la democracia en Cuba.

El Premio, creado en 2001 por una coalición de organizaciones no gubernamentales de Europa junto al Directorio Democrático Cubano, fue entregado en Miami por el opositor cubano Jorge Luis García Pérez "Antúnez".

Artista cubano Hamlet Lavastida premiado en España por su obra “República Penitenciaria” (VIDEO)

Hamlet Lavastida. (Foto: Cortesía del entrevistado)

El artista cubano Hamlet Lavastida ganó en España la cuarta edición del Premio Idealista de Arte Contemporáneo con “República Penitenciaria”, un ensayo visual sobre la memoria histórica y la represión en la isla.

“La obra presenta cárceles, formas arquitectónicas en planta, vistas satelitales de prisiones en Cuba, entre ellas 100 y Aldabó, Agüica, Manto Negro, Kilo 8, Kilo 5, Combinado del Este, Sandino, Mar Verde, Combinado del Sur… Una serie de prisiones típicas, donde terminan los presos políticos, pero también los comunes”, explicó Lavastida a Radio Televisión Martí.

El Premio de Arte Contemporáneo 2022 concede una dotación económica y la intervención del artista y su obra en los espacios del portal inmobiliario Idealista, el mayor de su tipo en España, Italia y Portugal.

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“República Penitenciaria” es una reflexión enfocada en ciertas nociones del lenguaje ideológico, dentro del contexto cubano.

“Cuestiones como política cultural, diseño, esfera pública, arqueología e historiografía se abordan desde diferentes soportes como video, collages, performances, intervenciones públicas e instalaciones”, indica Idealista.

La exposición, comisariada por Elisa Hernando y coordinada por Arte Global, presenta 21 ilustraciones de una selección de estructuras arquitectónicas utilizadas por La Habana para recluir a la población penal.


“Centros penitenciarios donde el régimen cubano ha encarcelado a presos políticos, artistas, intelectuales y personalidades culturales críticas con el régimen durante las últimas seis décadas”, destaca Idealista.

Lavastida, sin saberlo, desarrolló el proyecto y finalmente fue encarcelado en 2021 en Villa Marista, uno de esos centros, en represalia por reclamar derechos y libertades en Cuba.

“La obra está dedicada a las protestas, a los que han terminado en prisión el 11 de julio. También a mis amigos, a Luis Manuel Otero Alcántara, Maikel Castillo, Félix Navarro, Saily Navarro, José Daniel Ferrer García y a muchas personas que conocí en prisión en Villa Marista”, indicó el artista.

“República Penitenciaria” permanece expuesta en el Salón Inmobiliario de Madrid hasta el 29 de mayo.

La justicia "a la cubana" que defiende el presidente del Tribunal Supremo en un video filtrado por Diario de Cuba

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (Captura de imagen/Cubadebate).

Un video publicado en exclusiva por Diario de Cuba evidencia la parcialidad de la Justicia en Cuba, sometida al Partido Comunista y el Ministerio del Interior.

El material titulado "Así se pacta la justicia en Cuba" es inédito y se trata de una reunión realizada en noviembre de 2018, encabezada por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, con la participación de fiscales, instructores penales y miembros de Criminalística.

Ferro asegura sin inmutarse que la Justicia en Cuba responde a los intereses del Partido Comunista, el Poder Popular y de la revolución y que así era en 2018 y así seguirá siendo en el futuro.

El presidente del Tribunal Supremo dice al principio del video que una reunión semejante, "con esta composición... que para nosotros es tan natural", es "impensable" en el resto del mundo. Los jueces de otras partes, afirma, “no discuten con nadie, nada; lo más grande del mundo. No escuchan a nadie, lo mío es el proceso... Y no hay nada que interactuar, ni las inquietudes... Sí, sí o no, no, y fuera".

Mientras los militares que asisten a la reunión toman nota diligentemente, Ferro agrega que ellos no son "los jueces del enemigo, siempre lo digo, ni los jueces que están para poner mala la cosa… Nosotros no somos del enemigo, nosotros somos los jueces de la revolución, y los jueces del partido... y por eso estamos aquí también”, señaló.

Según dijo, la inmensa mayoría de los jueces en Cuba responde a esta idea, y que no dice la totalidad para "dejar un resquicio a alguno que esté de gallo tapado por ahí".

Ferro argumenta que “a la revolución, al partido, y al pueblo cubano no le interesa que en nombre de la seguridad y la prevención del delito se sancione a inocentes o se cometan injusticias”.

Sobre los derechos constitucionales del acusado, que estaban siendo reforzados en la revisión de la Carta Magna de 1978 que tenía lugar en ese momento, el presidente del Tribunal Supremo los ve como un "obstáculo" a su labor.

DDC subraya que el nuevo Código Penal cubano resuelve ese "problema", al castigar el "uso excesivo de libertades y derechos constitucionales".

Ferro menciona la "teoría" del uso del derecho penal como instrumento para "defender al acusado frente al poder punitivo del Estado", y aunque admite que en parte es así, se muestra más propenso a utilizarlo "para que no halla impunidad con el delito".

"No soy muy ortodoxo en creer que eso es así. Yo creo que nosotros no podemos... Nosotros tenemos que ver cómo hacemos eso a la cubana, porque si no es el caos", señaló.

Acota que, en Cuba, solo entre el 6% y el 8% de los casos procesados terminan en absoluciones, lo que para él quiere decir que "al final hubo resultados", una expresión que denota su falta de imparcialidad para impartir justicia.

Sobre los reclamos de jueces que no están a favor de que los expedientes de investigación sean devueltos a la Fiscalía, algo que atenta contra la imparcialidad que deben mantener en el proceso, Ferro señala que la petición de devolución es una "señal" que el juez debe atender en aras de lograr una condena. Si no lo hace, alerta, ya verán como este porciento de absoluciones sube.

En una nota sobre las declaraciones de Ferro, DDC recuerda que el Artículo 57 de la Constitución cubana establece que "la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye".

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, como parte del séptimo periodo ordinario de sesiones, aprobó en 2021, tras las protestas del 11J, una nueva Ley del Proceso Penal que entró en vigor en 2022, y “establece el principio de oportunidad, para una mayor transparencia, agilidad y racionalidad en la aplicación de la justicia”.

El presidente del Tribunal Supremo aseguró entonces, en presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel, que con la nueva ley se regula con mayor precisión el carácter excepcional del empleo de la medida cautelar de prisión provisional, y se incorpora el control judicial por los tribunales sobre la permanencia de su institución.

El 24 de julio, el presidente del Tribunal Supremo de Cuba anunció que se mantenía abierta la investigación de "un grupo de hechos de extrema violencia y gravedad", en referencia a las protestas ocurridas días antes, el 11 de julio.

El reporte del Departamento de Estado de EEUU sobre las prácticas de derechos humanos en el 2021 señala que “los problemas significativos de derechos humanos en Cuba incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno; desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias”.

Al presentar el informe, el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que entre los hallazgos más alarmantes en el reporte de este año se encuentra el aumento del encarcelamiento de ciudadanos críticos del gobierno.

El informe también señala serios problemas con la independencia del poder judicial en Cuba; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; represalias contra miembros de la familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, así como la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra las personas que critican al gobierno y serias restricciones a la Internet.

El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, y los jueces a su cargo, han estado detrás de las largas condenas de cárcel a los manifestantes del 11J, entre ellos, menores de edad.

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