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América Latina

Presidente de Colombia se reúne con opositores, se prevén más protestas

Multitudinarias marchas recorrieron las calles de las ciudades colombianas durante los últimos días. [Foto: Karen Sánchez, VOA]

Para este viernes, se tienen previstas nuevas jornadas de movilización ciudadana en diferentes puntos de Bogotá. Según la autoridad de movilidad en el país, hay 30 vías bloqueadas en el país, generando retrasos en la entrega de insumos y alimentos.

El presidente colombiano Iván Duque se reúne este viernes con la denominada 'Coalición de la Esperanza' -una unión política de diferentes sectores políticos de centro izquierda-, en el marco del diálogo nacional propuesto por el presidente, tras las manifestaciones que hoy cumplen su décimo día por parte de la ciudadanía en contra de las políticas de su Gobierno.

En una rueda de prensa, Humberto de la Calle, exnegociador de paz e integrante de la Coalición, dijo que aceptaron la invitación de la presidencia para "colaborar" con la situación actual del país, pero que aclaró que seguirán "siendo opositores al Gobierno del presidente Iván Duque, lo cual no impide que pidamos unidad de los colombianos en esta emergencia extraordinaria", informó la Voz de América, VOA.

La coalición, además de otros políticos, es integrada por Sergio Fajardo, uno de sus grandes rivales políticos en 2018 por llegar a la presidencia. Este sería el primer encuentro para reunirse con ambos excandidatos presidenciales en la Casa de Nariño.

La coalición también insistió en que el presidente establezca un diálogo con Comité Nacional del Paro.

Se espera que el viernes en la tarde, el presidente también se reúna con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales.

Indignación por excesos de la fuerza pública

La comunidad internacional continua pronunciándose respecto a los acontecimiento recientes que han dejado, además, víctimas mortales. El Sistema de Naciones Unidas en Colombia se pronunció el viernes, a través de un comunicado, e hizo un llamado "a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, e insiste que toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos".

"El Acuerdo de Paz firmado en 2016 ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana", agrega el texto.

Condenó, además, cualquier tipo de violencia y exhortó "la celeridad en los procesos investigativos, de judicialización y sanción".

Resaltó el hecho de que el Gobierno invite a diferentes sectores a dialogar y expresó solidaridad con las familias afectadas por fallecimiento y heridos que han dejado las protestas.

VOA: Protestas en Colombia
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Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó su "preocupación" por "la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia". Instó a la paz y al Gobierno colombiano a que "cese la singular violencia institucional que se ha ejercido".

La cancillería colombiana rechazó el trino al señalar que "la institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso".

La Defensoría del Pueblo ha reportado 24 personas fallecidas en las protestas, de las cuales al menos 11 habrían muerto en manos de la fuerza pública. Según la campaña Defender la Libertad, se han recibido 569 denuncias por abusos agresiones y violencia de la autoridad policial y 381 heridos.

La Inspección General de la Policía indicó se han abierto 47 investigaciones por presunto exceso de fuerza policial.

Human Rights Watch (HRW) confirmó que 11 de los fallecimientos estaban relacionados con las protestas, de un total de 31 que se le habían comunicado.

El ministro de defensa colombiano, Diego Molano, culpa a grupos criminales de buscar desestabilizar al país, y ha defendido el actuar de las agencias del orden, pero también ha señalado que se investigará cualquier irregularidad dentro de la institución.

Continúan manifestaciones y bloqueos de insumos

El viernes continúan la convocatorias en el país. En Bogotá, hay previstas cinco movilizaciones, incluyendo homenajes a las víctimas que se realizarán en diferentes universidades de la ciudad. Otras ciudades también han establecido diferentes puntos de encuentro.

El Sistema Público de Transporte TransMilenio de la capital reportó que 53 estaciones están cerradas, por no brindar condiciones de seguridad para los usuarios, y 8 se encuentran habilitadas parcialmente.

El Secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, confirmó el cierre de 30 vías del país en la mañana del viernes. Los bloqueos han generado escasez de gasolina y alimentos en algunas zonas del país, incluso de oxígeno, según han reportado las autoridades. Así mismo, se han registrado alzas en los precios de los alimentos en algunas ciudades capitales.

Diálogo y homenajes

Por su parte, el jueves, el ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que el mandatario “está dispuesto a recibir una delegación del Comité del Paro para empezar a trabajar y mirar la discusión”.

No obstante, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés Tello, aseguró que el Comité está dispuesto a dialogar con el Gobierno, si se retira el Ejército y el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de las calles.

El jueves, miembros del Comité del Paro Nacional explicaron ante el Congreso su pliego de emergencia, que reúne peticiones relacionadas con mejorar las condiciones de empleo, el sistema de pensiones, salud, educación, así como el respeto a la protestas pacifica y rechazo del uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias del orden, y la celeridad en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla FARC.

Este mismo día, el presidente se reunió con representantes de la acción comunal del país, en la tarde, y con las Altas Cortes.

El jueves se registraron manifestaciones, aunque más reducidas que el día anterior, en las principales ciudades del país como Bogotá y Medellín. A pesar de desmanes y saqueos, en su mayoría fueron pacíficas.

Así mismo, se realizaron actos culturales y homenajes a las personas heridas y fallecidas en las recientes jornadas. En especial, por la muerte de un joven que fue baleado, junto a dos compañeros, en la ciudad de Pereira y que, hasta el momento, se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado.

El Gobierno tiene previsto reunirse el lunes con los dirigentes de las protestas.

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Nicaragua vive "una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones" alerta CIDH

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, durante un acto público en agosto del 2018.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció la "intensificación" del estado de excepción de facto en Nicaragua, de cara a los comicios de noviembre próximo.

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Urrejola destacó que en Nicaragua se está produciendo un "cierre de los espacios democráticos bajo la estrategia que busca impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al gobierno" del presidente Daniel Ortega.

La responsable de la CIDH apuntó que recientemente se ha recrudecido la persecución penal de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en ese país.

Recordó que en los últimos 20 días 5 precandidatos opositores a la Presidencia han sido "detenidos y criminalizados": Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. Entre otros.

En ese mismo lapso, la CIDH ha tenido conocimiento del arresto de al menos 20 dirigentes opositores y empresariales, así como de activistas de derechos humanos y periodistas.

Urrejola detalló que algunas de esas detenciones fueron llevadas a cabo con un "uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional", y que en la mayoría de los casos se allanaron domicilios sin órdenes judiciales.

Puntualizó, además, que gran parte de los detenidos, salvo Cristiana Chamorro, están siendo investigados bajo "la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz", que sanciona actos como traición a la patria, pero que no establece tipos penales en concreto.

Asimismo, denunció que el Estado nicaragüense no está garantizando a los detenidos el derecho a una defensa legal adecuada, ya que restringe el acceso a abogados y les está asignando uno de oficio.

La mayoría de los arrestados se encuentran incomunicados y la CIDH ha recibido información de la celebración de "audiencias secretas sin representación legal" desarrolladas en instalaciones que no son juzgados ni sedes de tribunales en Managua.

Según Urrejola, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el paradero de los detenidos y su estado de salud.

"Actualmente, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria", advirtió Urrejola.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó el informe, que calificó de "falaz y malintencionado". "Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo (la CIDH), que está siendo utilizado como punta de lanza del Gobierno de EE.UU. en su guerra de agresión contra Nicaragua y su descarada injerencia en elecciones", subrayó Alvarado.

Alvarado también criticó a los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Canadá y Uruguay después de que sus representantes criticaran al régimen de Ortega.

[Con información de la agencia EFE y reporte radial de Jorge Orellana para Radio Martí]

El deterioro de los derechos humanos dificulta la celebración de comicios libres en Nicaragua, alerta Michelle Bachelet

Vista de Managua, la capital de Nicaragua. Foto: FAO/Saúl Palma.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre el “preocupante y acelerado deterioro” de la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua en el periodo transcurrido de febrero a la fecha.

En una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet afirmó que dicho deterioro “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Bachelet recordó que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU ha analizado en profundidad la crisis que afecta a Nicaragua y que su Oficina ha emitido recomendaciones al respecto, pero que éstas no se han cumplido.

“Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó.

Frente a este panorama, Bachelet emplazó al gobierno nicaragüense a adoptar un cambio urgente en su curso de acción de cara a las elecciones de noviembre.

Precisó que eso implica, por lo menos “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

También se pronunció por la rendición de cuentas de los responsables de los abusos cometidos desde abril de 2018, fecha que empezaron las manifestaciones de protesta contra el gobierno.

Deploró, asimismo, que el país siga sin contestar las comunicaciones que le ha enviado su Oficina y urgió al Consejo de Derechos Humanos a tomar “todas las medidas a su alcance” para proteger las garantías fundamentales en Nicaragua.

Detenciones sin pruebas

Este mes, la Policía Nacional y el Ministerio Público, detuvieron a cinco precandidatos a la presidencia, al igual que cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales.

Bachelet explicó que esas detenciones violaron las garantías procesales puesto que se hicieron sin pruebas suficientes y bajo conceptos penales ambiguos planteado en dos leyes, sobre los que su Oficina ya había alertado. Una de las legislaciones se refiere al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y la otra a la defensa de la soberanía.

Además de esas detenciones, la Alta Comisionada listó varias transgresiones de los derechos humanos y políticos, como la disolución de la personalidad jurídica de dos partidos políticos por el consejo Supremo Electoral, sin que fueran oídos sus representantes; y la adopción de una ley de reforma electoral que hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil, no establece salvaguardias para la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita las libertades de expresión, asociación pacífica y participación política.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.

Transgresión de la legalidad

“Estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo.

Agregó que su Oficina continúa documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional y dio cuenta de un aumento de la persecución selectiva de activistas de derechos humanos, periodistas y opositores en general.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis.

Estigmatización y amenazas

Bachelet informó que las autoridades y algunos medios progubernamentales han hecho declaraciones públicas en las que estigmatizaron a los opositores. Este hostigamiento se extendió a amenazas en las redes sociales.

El clima de terror propiciado por estas acciones inhibe el ejercicio de los derechos fundamentales cruciales para que haya un proceso electoral libre, creíble y equitativo, subrayó.

Otras transgresiones reportadas por la Alta Comisionada fueron los feminicidios y los ataques armados contra comunidades indígenas en la costa norte del Caribe.

Antes de concluir, Bachelet solicitó que se autorice el regreso de su Oficina a Nicaragua para monitorear la situación y contribuir a la solución de la crisis que atraviesa el país.

La SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua

Miguel Mora, periodista y candidato presidencial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.

La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

Mora, periodista y ex director del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota.

La SIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha marginado del espectro político y social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición.

Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

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