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América Latina

Pandora Papers: el plan del chavismo para sacar miles de millones de Venezuela

Una mujer pasa frente a un graffiti de la campaña de Nicolás Maduro

Los 'e la investigación conocida como 'Pandora Papers' o 'Los Papeles de Pandora” revelan cómo actuaron ex altos cargos del chavismo para esconder dinero de las arcas públicas en paraísos fiscales sin levantar sospechas.

MIAMI, EEUU — El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) dio a conocer los resultados de una extensa indagación en la que se exponían las actividades de más de 300 políticos, en activo y retirados, además de personajes de gran relevancia pública que utilizaban empresas en paraísos fiscales con el objetivo de evadir impuestos y otros gravámenes.

En los documentos revelados se exponen varios nombres de presidentes y exmandatarios de América Latina: Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; César Gaviria y Andrés Pastrana, ambos expresidentes de Colombia; Porfirio Lobo, expresidente de Honduras; Alfredo Cristiani y Francisco Flores, ambos expresidentes de El Salvador; Horario Cartés, expresidente de Paraguay; Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú; Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, expresidentes de Panamá son algunas de las identidades que se expusieron.

| El modus operandi en los paraísos fiscales

La periodista Brenda Medina, que forma parte del equipo investigativo de ICIJ y que firma el reportaje que atañe a las supuestas actividades ilícitas en América Latina con el modus operandi de las sociedades offshore, explicó que el denominador común en todo este entramado “son personas que tienen poder”.

“Son las personas que tienen muchísimo dinero y servidores públicos, como jefes de Estado, que quizás tienen el poder de cambiar el sistema para que sea más transparente y equitativo, pero no tienen el incentivo de hacerlo porque ellos también se benefician de ello”, comentó la reportera en declaraciones a la Voz de América.

Tras una larga investigación de más de 14 meses, los 600 periodistas de más de 140 medios de comunicación pudieron confirmar que muchos de estos dirigentes latinoamericanos mencionados anteriormente “hicieron negocios que ahora son cuestionados” -como el caso Odebrecht o el escándalo de la FIFA- gracias a la opacidad de los paraísos fiscales ya que pueden “guardar bajo un velo de secreto sus bienes y sus dineros”.

El plan secreto del chavismo

La investigación también pone el foco en algunos exfuncionarios del chavismo que utilizaron este entramado financiero para esconder miles de millones de dólares.

“Un montón de venezolanos están acusados de guardar dinero, a través de estructuras (offshore) y en cuentas de bancos de Europa, que fue prácticamente robado de las arcas de Venezuela, un país que estaba en crisis”, relata Medina.

Las sociedades instaladas en paraísos fiscales, que ofrecen una tasa impositiva baja con un total secretismo, permitieron a las altas figuras del chavismo poder actuar con total impunidad en el resto del mundo.

“Todos estos reportes han salido de cuestionamientos sobre cómo se hicieron millonarios exfuncionarios públicos venezolanos, cómo compraron mansiones en Europa, cómo se gastaron dinero en caviar y en botellas de vino de más de diez mil dólares”, dijo la periodista.

“Ya han sido acusados en varios países”, recalcó.

El desmantelamiento de PDVSA

Una buena parte del dinero procedía de las arcas públicas de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que fue transferido a compañías localizadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas o Belice. De ahí se enviaba a bancos de Europa y Estados Unidos sin levantar ninguna sospecha.

“Eso permitió que se sacara una gran cantidad de dinero de Venezuela mientras el país entraba en crisis y se iba prácticamente a la quiebra”, subraya Brenda Medina sobre los más de 4.000 millones de dólares que se calcula que han salido de forma ilícita de Venezuela a través de estos mecanismos.

Los periodistas que han trabajado en esta investigación han podido dar con algunas identidades gracias a la filtración de datos. Si no llega a ser por eso, hubiese sido imposible dar con las personas que están detrás de esas empresas porque en muchos casos se utilizan nombres de testaferros “que nada tienen que ver con esa compañía”.

“Los nombres reales de los dueños están en todos los documentos que hemos podido encontrar, y también se ha contrarrestado la documentación con información pública, con documentos en los que se reflejaban datos como sus fechas de nacimiento, tarjetas de identificación (…) todo eso para asegurarnos de que estábamos hablando de la persona correcta”, asegura.

Crear una offshore es legal

Lo más curioso del caso es que crear empresas en paraísos fiscales es completamente legal. Lo ilícito es no declarar el dinero que hay en las cuentas de esas empresas y esconder la existencia de este tipo de movimientos empresariales.

“Esconder el nombre no es ilegal. El secretismo que este sistema vende se presta a que se utilicen estas entidades para cometer actos ilegales sin que las personas que los cometen puedan ser descubiertas por la justicia ni por las autoridades”, comenta.

Tras esta filtración de documentos, varios países de todo el mundo han expresado su preocupación y han asegurado que van a investigar estos casos y que, de encontrar suficientes pruebas, estas personas tendrán que enfrentarse a la justicia.

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Elecciones en Brasil: habrá segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula da Silva

Ciudadanos de Brasil celebrando tras las elecciones presidenciales del 2 de octubre de 2022. (AP Photo/Ton Molina).

Las elecciones presidenciales de Brasil se decidirán en una segunda vuelta electoral el 30 de octubre entre el presidente derechista Jair Bolsonaro y el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, informó el domingo la autoridad electoral nacional.

Con el 99,18 % de las máquinas de votación contadas, Lula tenía el 48,24 % de los votos válidos, frente al 43,36 % de Bolsonaro, de acuerdo a los datos divulgados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado del domingo deja fuera de alcance una victoria en primera vuelta.

Brasil cuenta con más de 150 millones de posibles votantes y votar es obligatorio, pero como se esperaba, la tasa de abstención ha sido superior al 20%, de acuerdo a los resultados oficiales.

De acuerdo a las reglas electorales de Brasil, se precisa de una segunda ronda cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos.

Lula

Lula, de 76 años, votó en el estado de Sao Paulo, donde fue obrero metalúrgico y líder sindical. Salió de la pobreza para llegar a la presidencia y se le reconoce la creación de un gran programa de prestaciones sociales durante su mandato entre 2003 y 2010 que ayudó a llevar a decenas de millones de personas a la clase media.

Pero también se le recuerda por la implicación de su gobierno en amplios escándalos de corrupción que involucraban a políticos y ejecutivos de empresas.

Las propias condenas de Lula por corrupción y lavado de dinero le supusieron 19 meses de prisión y lo dejaron fuera de la campaña presidencial de 2018, que según los sondeos lideraba frente a Bolsonaro. La Corte Suprema anuló más tarde la condena de Lula con el argumento de que el juez no había sido imparcial y conspiró con la fiscalía.

La última encuesta de Datafolha publicada el sábado mostraba que el 50% de los consultados que pensaban votar dijeron que optarían por Lula, frente al 36% por Bolsonaro. La firma entrevistó a 12.800 personas, con un margen de error de más/menos 2 puntos porcentuales.

Bolsonaro

Bolsonaro creció en una familia humilde antes de entrar en el ejército. Más tarde entró en política después que fue expulsado del ejército por su presión explícita para que se subiera el salario de los militares. Durante sus siete legislaturas como parlamentario minoritario en la cámara baja del Congreso expresó a menudo su nostalgia por las dos décadas de dictadura militar en el país.

Sus gestos a las fuerzas armadas han causado preocupaciones de que su posible rechazo de los resultados electorales puedan contar con el apoyo de oficiales de alto rango.

Tras votar en Rio de Janeiro y portando una camiseta con los colores de la bandera brasileña, Bolsonaro dijo a periodistas que unas elecciones justas deben ser respetadas y que la primera ronda será decisiva. Cuando se le preguntó si respetaría los resultados, alzó el pulgar y se fue.

(Artículo de la Voz de América, VOA)

En Nicaragua, el destierro de opositores al estilo cubano

El aeropuerto de Managua, Nicaragua. (Foto de Houston Castillo, VOA)

Salir de Nicaragua para una reunión que sostuvo con la CEPAL en Chile significó el destierro para la activista y feminista María Teresa Blandón, quien al abordar un avión para regresar a su país de destino, le fue denegado el ingreso.

La línea aérea Avianca le informó que el Gobierno de Nicaragua le prohibía su entrada al país, sin dar mayores detalles, dijo Blandón a la Voz de América.

El gobierno nicaragüense busca así "castigar a quienes hemos denunciado la violación sistemática de derechos humanos y exigimos la salida del régimen Ortega-Murillo, y un cambio de rumbo para el país”, señaló la activista, quien dice sentirse desterrada y a quien meses atrás el gobierno le canceló la ONG La Corriente, que dirigía y apoyaba a mujeres sobre derechos sexuales y reproductivos.

A inicios de junio, la periodista nicaragüense Tifani Roberts, de la cadena Univisión, dijo que se le negó el ingreso al país cuando intentaba retornar para ver a su familia. La aerolínea Avianca le indicó que el gobierno de Nicaragua la había rechazado.

El 27 de septiembre, las autoridades migratorias prohibieron el ingreso al país del religioso Guillermo Blandón, párroco de una iglesia en Boaco, quien regresaba de un viaje por Israel, y al vicerrector de la Universidad Centroamericana, UCA, Jorge Huete. Blandón no está relacionado con la activista María Teresa Blandón.

Periodistas, activistas de derechos humanos, sacerdotes y opositores al presidente Daniel Ortega han denunciado que les han impuesto la misma prohibición de regresar a su propio país, una práctica que recuerda la que utiliza el gobierno de Cuba, aliado de Ortega, como arma política, dijeron analistas consultados por la VOA.

Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad y Derechos Humanos, dijo que el gobierno cubano le impide la entrada a los disidentes, y mencionó el ejemplo de Anamely Ramos, líder del movimiento San Isidro de Cuba, a quien las autoridades de la isla no le permitieron retornar tras visitar Estados Unidos en febrero pasado.

Algo similar vivió la periodista Karla Pérez, cuyo caso hizo titulares cuando en marzo de 2021 el gobierno de La Habana le impidió entrar a la isla por sus vínculos con opositores. Actualmente Pérez vive en Costa Rica, donde obtuvo refugio.

El gobierno cubano también le impidió el regreso a la isla a la opositora Omara Isabel Ruiz Urquiola, quien estaba en tratamiento médico en Estados Unidos, denunció el Centro para una Cuba Libre (CFC) en junio. De acuerdo con el CFC, la opositora llegó al aeropuerto con sus documentos en regla para regresar a su país y una representante de la aerolínea le dijo que no podía abordar el vuelo por instrucciones de Cuba.

De acuerdo con el exdiplomático e historiador cubano Guillermo Belt, en la isla desde hace años el Partido Comunista ha impuesto la práctica de no dejar entrar a ciudadanos críticos del gobierno. Esta práctica viola un derecho humano, que es el derecho a la nacionalidad y a retornar a su propio país, dijo.

Regresar a su propio país "es un derecho que tenemos todos, y que no está sujeto a una autorización del gobierno", dijo Belt. “Yo diría que esto que está poniendo en práctica ahora la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua se parece muchísimo al sistema que impera en Cuba”, señaló.

Prohibiciones para salir del país

En Cuba antes de una reforma migratoria de 2012, se debía realizar una solicitud para viajar al exterior, que era otorgada a discreción de las autoridades. Ahora el gobierno de la isla aplica las llamadas “regulaciones” a determinados ciudadanos, como personal militar y funcionarios con acceso a información sensible, así como a personal de salud y otros profesionales. Los “regulados” tienen que pedir permisos especiales para salir del país que no siempre son autorizados.

En Nicaragua las autoridades han impuesto una medida similar, denunciaron activistas.

En las universidades se debe informar con un mes de anticipación sobre la salida del país de estudiantes y profesores, según una misiva del Consejo Nacional de Universidades dirigida a rectores de universidades.

De acuerdo con la misiva, los avisos de “las salidas por asuntos personales, tales como turismo, visitas a familiares, vacaciones” de los estudiantes se deben hacer con 30 días de anticipación.

La medida se ha extendido a funcionarios y trabajadores de entidades del Estado, según un empleado del Ministerio de Gobernación que habló bajo condición de anonimato.

“Nos prohíben salir, debemos informar minuciosamente a dónde vamos”, dijo.

El Gobierno de Ortega no se ha pronunciado sobre esta medida. Las autoridades de Emigración y Extranjería de Nicaragua y la oficina de la vicepresidencia no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentario de la Voz de América.

[Con la colaboración de la periodista de VOA Yeny García, desde Miami]

Diosdado Cabello se convierte en el gran censor de artistas musicales extranjeros en Venezuela

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela. (AP Photo/Ariana Cubillos).

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, considerado el segundo líder político más influyente del chavismo, ha criticado vehementemente a cantantes latinoamericanos, como el colombiano Juanes y el puertorriqueño Luis Fonsi, por su reciente oferta de shows en el país suramericano.

Cabello, quien ejercía como vicepresidente de la República durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez, en abril de 2001, ha proferido fuertes reproches e insultos contra al menos cuatro cantantes de talla mundial en su programa semanal "Con el Mazo Dando". Sus opiniones han derivado en la suspensión de conciertos de al menos dos de ellos.

Este año marcó el retorno a Venezuela de artistas de talla internacional, como Alejandro Fernández, Wisin y Yandel, Natti Natasha e Il Divo, luego de casi una década de inestabilidad política con una serie de protestas violentas de calle, la pandemia del COVID-19 y una crisis económica caracterizada por un prolongado ciclo inflacionario.

El primer artista al que Cabello vetó públicamente fue Juanes, el solista que más Grammy Latinos ha ganado (26) y que ha vendido más de 16 millones de discos en todo el mundo.

El vocalista tenía pautado un concierto el 4 de noviembre en Caracas, pero Cabello lo llamó “inmoral supremo” y “gusano” en su programa televisivo del 17 de agosto pasado.

“Juanes, te voy a decir algo: el presidente aquí sigue siendo Nicolás Maduro. El mismo que, según tú, no te dejaba entrar. Es una inmoralidad. Eres un gran inmoral, vienes por dinero, después de decir que no venías a Venezuela, y que cantaste en un concierto donde pedías una invasión al país”, dijo, en referencia a su participación en el Venezuela Live Aid.

“Puede venir”, pero…

Cabello, quien se exculpó por la suspensión del concierto de Juanes y dijo que solo quería recibirlo en el aeropuerto para llamarlo “inmoral” en su cara, arremetió contra Luis Fonsi y Olga Tañón un mes después de hacer lo propio contra el cantante colombiano.

También los llamó “inmorales” en su programa de mediados de septiembre y los acusó de recibir dinero por hablar mal de Maduro y del chavismo en numerosas oportunidades.

Presentó en su programa televisivo el extracto impreso de una entrevista de Fonsi con el diario El Español en abril de este año, donde afirmó que le dio “un parado” a Maduro por querer utilizar su exitosa canción Despacito para propaganda y lo calificó de “dictador”.

Cabello dijo no tener problemas con que Fonsi celebrara sus conciertos pautados en Caracas y el estado Carabobo, pero insistió en llamarlo “inmoral” y mencionó que su país natal, Puerto Rico, era “un cachorrito del imperio”, en referencia a Estados Unidos.

“Él puede venir, en Venezuela no tenemos esos rollos (inconvenientes), pero jamás ni nunca se le podrá quitar que es un inmoral. Esta gente cobraba por decir lo que decían, porque ahora con su cara muy lavada vienen a cantar a Venezuela”, manifestó.

La productora del concierto de Fonsi en Caracas anunció la semana pasada que el evento se postergaba “hasta nuevo aviso”, alegando “cambios inesperados en la logística”.

Cabello denunció en el mismo programa de televisión que Olga Tañón habría dicho que “no venía a Venezuela ni prendida en candela, pues, porque aquí había una dictadura”. La venta de entradas para su concierto del 1 de octubre en el Poliedro de Caracas sigue en marcha, con ofertas que van desde los 25 hasta los 500 dólares.

Amenazas y dineros

Carlos Baute, cantante venezolano que reside en el extranjero desde hace años, es el último artista que Cabello ha criticado públicamente por sus posturas políticas de vieja data.

Lo acusó de querer “buscar plata” a pesar de haber declarado el año pasado que fue “amenazado” por las autoridades venezolanas en su última visita al país.

Baute declaró en octubre pasado a la Cadena SER que autoridades aeroportuarias le transmitieron “una amenaza brutal” durante su última visita a Venezuela, en 2009, advirtiéndole que lo acusarían de narcotráfico al sembrarle cocaína en su equipaje.

“Yo siempre he sido un opositor, no tengo filtro ni pelos en la lengua, he dicho que Maduro es un dictador y muchas otras cosas (…) No puedo volver. Tengo familia, es un país sin ley. Es una dictadura”, confió entonces a una presentadora de la cadena española.

Cabello ironizó la semana pasada sobre ese episodio, asegurando que un trabajador del aeropuerto solo quiso exigirle a Baute el pago “completo” por movilizar sus maletas.

“Doce años después, parece que pasó la amenaza. Yo les voy a decir algo, señores opositores. Es una gente que es desechable absolutamente por sus opiniones, no tienen constancia de nada, y cuando los ponen así entre sus principios y la plata, no hay nada que comparar. Principios y plata, ¿pa’ dónde crees que agarra Carlos Baute? Pa’ la plata”, dijo.

Cabello acaba de ser mencionado en un informe de la Misión para la Determinación de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como uno de los máximos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país.

Según los investigadores de las Naciones Unidas, el militar retirado codirigió un plan diseñado para atacar a la disidencia mediante torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles. El gobierno venezolano calificó ese informe como un “panfleto”.

Una de las canciones más conocidas de Baute, “Yo me quedo en Venezuela”, fue icónica en las manifestaciones opositoras de calle contra los gobiernos de Chávez y Maduro. Cabello también se refirió a ello. “El ‘bicho’ se les fue y ahora viene a buscar plata. ¿A quién le hace daño, al gobierno, a la revolución? Se hace daño él y a ustedes que creyeron en él”, expresó.

Baute tiene pautados dos conciertos en Venezuela: se presentará el 26 de noviembre en el Hotel Hesperia WTC de Valencia, y al día siguiente en el Eurobuilding de Caracas.

“Después de muchos años sin ir a mi lindo país, Venezuela, llegó el día de contarles que regreso, para reencontrarme con mi gente”, escribió en sus redes sociales el artista, días antes de las críticas en su contra por parte del segundo líder del chavismo.

Nacho, sin permiso

El artista venezolano Nacho suspendió un concierto gratuito previsto para el sábado pasado en la isla de Margarita, en el oriente de Venezuela, debido a que no obtuvo los permisos correspondientes “por orden de arriba”, según denunció en sus redes sociales.

Nacho es uno de los artistas de mayor proyección de Venezuela. Durante años, fue uno de los principales críticos de Maduro entre los cantantes locales. Dio un discurso en 2016 ante la Asamblea Nacional del país suramericano donde denunció los privilegios y lujos que exhibían líderes del chavismo, según su opinión, mientras el pueblo pasaba necesidades.

De acuerdo con la versión que compartió el artista en sus redes sociales, el responsable de la suspensión de su concierto gratuito sería el máximo comandante militar de Margarita.

El cantante venezolano, de 39 años, improvisó en cambio un show la noche del sábado en un sector popular de la isla, repartió decenas de bolsas de comida a los presentes y aseguró que se trató de “uno de los mejores conciertos” que ha tenido en su carrera.

(Voz de América)

Analistas critican declaraciones del canciller de Nicaragua en la ONU

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, en Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2022. (Reuters/Eduardo Muñoz).

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, brindó este lunes su discurso en la 77ª Asamblea de las Naciones Unidas reiterando el llamado del presidente Daniel Ortega de respeto a “la soberanía e independencia” de los pueblos y pidiendo que se levanten las sanciones impuestas contra su gobierno, las cuales tildó de “medidas coercitivas”.

El discurso, según los analistas consultados por la Voz de América, “fue repetitivo, pobre y triste”, al no ofrecer una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de cuatro años.

Moncada tampoco se refirió a los más de 200 presos políticos que hay en el país centroamericano, ni a la persecución desatada contra la Iglesia católica. Tampoco de la creciente emigración de nicaragüenses que buscan mejorar sus condiciones de vida.

“El canciller de la dictadura no trajo nada nuevo a la mesa. Ignoró los mensajes enviados por el Vaticano, naciones y organismos de derechos humanos que han pedido la liberación de presos políticos. Para la dictadura los presos políticos no existen al no mencionarlos del todo”, indicó a la VOA el exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields.

El canciller Moncada también reiteró el respaldo de Ortega a sus aliados, como Venezuela y Cuba, y apoyó a Rusia, de quien dijo que luchaba “contra el fascismo y por la paz”, pese a que la invasión del Kremlin a Ucrania ha sido cuestionada por la comunidad internacional.

Moncada también extendió palabras para China, nuevo aliado político de Ortega desde finales de 2021, y a quien, según los analistas, ve como un posible sustituto sociocomercial tras las sanciones de Estados Unidos a Managua.

“Nuestro abrazo solidario a la admirable resistencia, y desarrollo justo de la República Popular China, que genera tanta incomodidad, inquietud y envidias, a los enemigos del bien común”, señaló el canciller nicaragüense.

Finalmente el diplomático concluyó el discurso apelando a la independencia y soberanía de Nicaragua, al igual que hicieron los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, Alejandro Giammattei, Nayib Bukele y Xiomara Castro, respectivamente.

Algo que, de acuerdo con el analista salvadoreño Napoleón Campos, experto en temas internacionales, “es un punto común en los libretos de todas las tiranías y regímenes autoritarios en el mundo”.

“El uso de este argumento por los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador, nos dice que a ambos les llegó la hora de esa argumentación ante los crecientes señalamientos... por el desmantelamiento democrático, constitucional e institucional; y las graves violaciones a los derechos humanos que ambos perpetran”, sentenció Campos.

El experto enfatizó que Ortega pasa por alto el artículo 46 de la Constitución en el que el Estado de Nicaragua asume la obligación de la protección de “los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Mientras, Bukele –prosigue el analista- no honra el compromiso del Artículo 144 de la Constitución, que establece que los tratados y convenios internacionales celebrados por El Salvador “constituyen leyes de la República”, y que “en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

Organizaciones piden más presión de la ONU por la "persecución a la Iglesia" en Nicaragua

Conferencia de prensa en Nueva York con destacados miembros de organizaciones de derechos humanos que denunciaron la represión contra los miembros de la Iglesia en Nicaragua por oponerse a las políticas del presidente Daniel Ortega.

Hace un mes, el arresto del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua, uno de los mayores críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, causó una gran indignación por parte de la comunidad internacional al considerarse que era un “abuso de las autoridades”, informa la Voz de América, VOA.

Ese no ha sido un caso aislado. En los últimos tiempos, varios sacerdotes nicaragüenses, entre ellos Monseñor Silvio Báez o el Padre Edwin Román, se han visto obligados a huir y exiliarse a causa de la fuerte represión que, según denuncian algunas organizaciones, han sufrido por parte del Gobierno de Nicaragua.

Lamentan que el único “delito” que han cometido ha sido el de oponerse públicamente a las políticas del presidente Ortega.

“Se está ensañando en contra de ellos por ser voces, por denunciar esas violaciones a los derechos humanos de la población, y esa es parte de la criminalización a la que están siendo sometidos”, dijo Leyla Prado Vanegas, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, durante una conferencia de prensa en Manhattan, Nueva York, para denunciar la situación que está viviendo la Iglesia en Nicaragua.

“La situación empeorará”

Advierten que la situación contra los líderes religiosos en el país centroamericano ha empeorado en los últimos meses y que, si no se actúa desde la comunidad internacional, el acoso seguirá agudizándose. Por eso, insisten en que la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estos días se celebra en su sede principal, en la Gran Manzana, debe servir para presionar a Ortega y buscar una solución.

“Hoy hablamos de una decena de sacerdotes detenidos, pero mañana puede haber más. Es una situación dramática y que genera una enorme incertidumbre y mucho temor”, manifestaba Juan Carlos Arce, abogado y miembro de la organización Nicaragua Nunca +, que también vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el país liderado por Ortega.

La situación no ha pasado desapercibida para los principales organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras naciones han expresado su preocupación por las medidas de Ortega contra todo aquel que se oponga a sus políticas.

Apoyo de Washington, rechazo desde Managua

Estados Unidos por su parte ha mostrado su apoyo total a los miembros de la Iglesia perseguidos en Nicaragua y el compromiso de seguir denunciando estos abusos ante las instancias diplomáticas de alto rango internacional, como la ONU, porque, insisten, se está viendo un agravamiento de la represión.

“El aumento de los ataques contra la Iglesia Católica y sus partidarios es particularmente alarmante. Desde junio, el régimen expulsó por la fuerza a 18 monjas, persiguió a varios sacerdotes católicos hasta el exilio y encarceló a otros seis”, explicó Rashad Hussain, embajador especial de Estados Unidos designado para la Libertad Religiosa Internacional, que también participó en el evento.

Pese a las voces del exterior, el Gobierno de Daniel Ortega acusa a la Casa Blanca y a otros países de mentir sobre la represión contra los opositores en Nicaragua, como los miembros de la Iglesia, activistas o periodistas.

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