Enlaces de accesibilidad

América Latina

Diálogo en Colombia: ¿Qué piden las partes? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con Duque?

Protestas callejeras en Colombia para pedirle al gobierno que tome acción contra la pobreza

Casi cuatro horas de diálogo entre el presidente de Colombia Iván Duque y miembros del Comité Nacional del Paro, impulsor de las protestas en la nación sudamericana, no alcanzó ni para empezar a ponerse de acuerdo, mientras la convocatoria a seguir en las calles está en pie.

"No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta", dijo Francisco Maltés, integrante del Comité Nacional del Paro, cuando culminó el lunes en la tarde la reunión en la Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia.

Del lado del gobierno colombiano, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, pareció tener menos expectativas, al afirmar que este había sido solo una primera reunión "exploratoria". A su vez, atribuyó a Duque lo que valoró como su voluntad de "construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos".

Algunas claves para entender lo que sucede en Colombia

¿Qué pide el Comité Nacional del Paro al gobierno de Duque?

A casi dos semanas del inicio de las protestas el pasado 28 de abril y tras el diálogo con Duque, se espera que este martes continúen las movilizaciones, incluso los dirigentes del paro han anunciado para el miércoles lo que pretende ser otra jornada nacional de manifestaciones.

Al mismo tiempo, continúan los bloqueos de vías y sectores sociales siguen exigiendo sus demandas en varias ciudades del país. Los dirigentes del paro presentaron a Duque un documento que contiene 104 puntos. Sostienen que se trata de los mismos temas que vienen planteando desde el 2019, cuando otras protestas estremecieron la nación pero se disolvieron dado el embate de la pandemia.

Los dirigentes de las manifestaciones solicitan, en primera instancia, que los colombianos puedan protestar sin que sean expuestos a la muerte de parte de la violencia generada oficialmente o a manos de privados.

Básicamente, los promotores del paro pidieron a Duque que se pronunciara frente a los abusos a los manifestantes y garantizar la protesta social.

Los colombianos, a través del Comité Nacional del Paro, también piden más oportunidades y el respeto por sus derechos, garantía a un mayor acceso a la salud, la educación y al trabajo.

El Comité ha resumido las peticiones en seis puntos, a través de los cuales solicitan el retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una
masiva vacunación. La garantía de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. La defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Así como el otorgamiento de subsidios a las MiPymes y empleo con derecho, y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

Por otro lado, piden la garantía de una matrícula cero o el pago de este concepto para los estudiantes y el no a la alternancia educativa.

También pugnan por la implementación del acuerdo de paz, más participación para las mujeres y la comunidad LGTBI, y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

¿Qué exige el gobierno de Duque?

El gobierno colombiano insistió en que cesen las acciones y los bloqueos en las vías, a lo que achaca el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país.

El comisionado para la Paz de Colombia anunció en la madrugada del martes que el Gobierno colombiano "está en la plena disposición de aceptar una mesa de negociación con el comité" para "avanzar en el tema de la agenda".

"Habrá cero tolerancia a cualquier violación dela constitución y de la ley por exceder las funciones de los funcionario públicos, entre ellos, la fuerza pública, pero aclaró que la fuerza pública "hace el mayor esfuerzo para protegernos" y, por eso, "merecen respeto y su vida también debe ser protegida".

El lunes, indicó el gobierno que ha propuesto a los líderes del paro una nueva reunión, esta vez con la mediación de la Iglesia Católica colombiana y del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

"Sabemos que hay diferencia en la terminología. Algunos miembros del Comité hablan de negociación y queremos ir más allá. Queremos un acuerdo. No se negocia por negociar, se hace para lograr algo. Así lo dijo esta mañana el presidente de la República y yo lo reitero ante el país: la voluntad clara, expresa, del presidente, es crear un espacio para llegar a acuerdos", subrayó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, tras la reunión.

¿Qué han dejado las protestas?

Aunque la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas, las jornadas de protesta han dejado más de 40 personas muertas, según organizaciones de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo informó la semana pasada que se trataban de 24, muchas de ellas víctimas en medio de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, así como cientos de heridos y detenidos. Incluso, grupos de civiles armados han atacado con armas de fuego a los manifestantes.

Estos hechos han sido rechazados por representantes en el país de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen al gobierno respetar el derecho a la protesta pacífica y garantizar la vida de los manifestantes.

El Gobierno asegura que todos los abusos policiales serán investigados y castigados.

Así mismo, las movilizaciones y bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos y combustible, pérdidas de productos por parte de los campesinos. Aunque ya se han abierto corredores humanitarios, el alza de los precios es la comida es latente en las ciudades.

En ciudades como Bogotá, el transporte público se ha visto gravemente afectado, ocasionando que las personas deban caminar horas hacia sus casas. Las protestas también han generado el cierre de negocios y pérdidas económicas.

El plan de vacunación también se vio afectado, cuando las vacunas no llegaban a los puntos de inmunización o porque los ciudadanos temían asistir a su cita por el caos vivido en días pasados. Algunos puntos ya han retornado a la normalidad.

¿Qué dicen los analistas?

La politóloga Dionne Cruz, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, le dijo a la Voz de América que "lamentablemente no hay un acuerdo", pero que el hecho que el Gobierno escuche al comité es "positivo".

"No hay todavía todavía una hoja de ruta clara, concreta para avanzar" y la intermediación de la iglesia y la ONU "es muy positiva", pero el proceso sigue cuando la situación de asesinatos "es muy grave".

Para la analista, la cifra cerca de los "50 asesinatos en medio de las manifestaciones" deja ver "el exceso de la fuerza, la infiltración de grupos radicales, paramilitares, en la movilizaciones y el riesgo tan grande que hay sobre una comunidad que está buscando elevar una voz de inconformidad".

La analista dijo que, desde la Asociación Colombiana de saluda Pública, instan a "las fuerzas vivas del país para que definitivamente nos unamos y llevemos una impronta de diálogo, concertación nacional, de salida pacífica, y desmilitaricemos los espacios porque nosotros necesitamos avanzar en un diálogo social que tenga garantías. La policía debe ser garante".

Para ella, hay que "buscar sensatez, diálogo y unas respuestas racionales e inteligentes a las necesidades que tienen hoy los colombianos, pero no caldear más los ánimos que están bastante alterados".

Jaime Carrión, politólogo de la Universidad Nacional de Medellín, le dijo a El Tiempo, que "es que es muy positivo que exista un encuentro ya entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro" y que no es "catastrófico que no hayan acuerdos porque por parte de los manifestantes, quienes vienen avanzando en la protesta social en el país, hay interés en la negociación. Lo que se busca es que el Gobierno escuche y que se siente en una mesa de negociación a abordar una agenda que es muy grande”.

Vea todas las noticias de hoy

Nicaragua vive "una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones" alerta CIDH

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, durante un acto público en agosto del 2018.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció la "intensificación" del estado de excepción de facto en Nicaragua, de cara a los comicios de noviembre próximo.

please wait

No media source currently available

0:00 0:01:43 0:00


Urrejola destacó que en Nicaragua se está produciendo un "cierre de los espacios democráticos bajo la estrategia que busca impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al gobierno" del presidente Daniel Ortega.

La responsable de la CIDH apuntó que recientemente se ha recrudecido la persecución penal de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en ese país.

Recordó que en los últimos 20 días 5 precandidatos opositores a la Presidencia han sido "detenidos y criminalizados": Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. Entre otros.

En ese mismo lapso, la CIDH ha tenido conocimiento del arresto de al menos 20 dirigentes opositores y empresariales, así como de activistas de derechos humanos y periodistas.

Urrejola detalló que algunas de esas detenciones fueron llevadas a cabo con un "uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional", y que en la mayoría de los casos se allanaron domicilios sin órdenes judiciales.

Puntualizó, además, que gran parte de los detenidos, salvo Cristiana Chamorro, están siendo investigados bajo "la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz", que sanciona actos como traición a la patria, pero que no establece tipos penales en concreto.

Asimismo, denunció que el Estado nicaragüense no está garantizando a los detenidos el derecho a una defensa legal adecuada, ya que restringe el acceso a abogados y les está asignando uno de oficio.

La mayoría de los arrestados se encuentran incomunicados y la CIDH ha recibido información de la celebración de "audiencias secretas sin representación legal" desarrolladas en instalaciones que no son juzgados ni sedes de tribunales en Managua.

Según Urrejola, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el paradero de los detenidos y su estado de salud.

"Actualmente, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria", advirtió Urrejola.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó el informe, que calificó de "falaz y malintencionado". "Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo (la CIDH), que está siendo utilizado como punta de lanza del Gobierno de EE.UU. en su guerra de agresión contra Nicaragua y su descarada injerencia en elecciones", subrayó Alvarado.

Alvarado también criticó a los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Canadá y Uruguay después de que sus representantes criticaran al régimen de Ortega.

[Con información de la agencia EFE y reporte radial de Jorge Orellana para Radio Martí]

El deterioro de los derechos humanos dificulta la celebración de comicios libres en Nicaragua, alerta Michelle Bachelet

Vista de Managua, la capital de Nicaragua. Foto: FAO/Saúl Palma.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre el “preocupante y acelerado deterioro” de la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua en el periodo transcurrido de febrero a la fecha.

En una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet afirmó que dicho deterioro “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Bachelet recordó que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU ha analizado en profundidad la crisis que afecta a Nicaragua y que su Oficina ha emitido recomendaciones al respecto, pero que éstas no se han cumplido.

“Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó.

Frente a este panorama, Bachelet emplazó al gobierno nicaragüense a adoptar un cambio urgente en su curso de acción de cara a las elecciones de noviembre.

Precisó que eso implica, por lo menos “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

También se pronunció por la rendición de cuentas de los responsables de los abusos cometidos desde abril de 2018, fecha que empezaron las manifestaciones de protesta contra el gobierno.

Deploró, asimismo, que el país siga sin contestar las comunicaciones que le ha enviado su Oficina y urgió al Consejo de Derechos Humanos a tomar “todas las medidas a su alcance” para proteger las garantías fundamentales en Nicaragua.

Detenciones sin pruebas

Este mes, la Policía Nacional y el Ministerio Público, detuvieron a cinco precandidatos a la presidencia, al igual que cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales.

Bachelet explicó que esas detenciones violaron las garantías procesales puesto que se hicieron sin pruebas suficientes y bajo conceptos penales ambiguos planteado en dos leyes, sobre los que su Oficina ya había alertado. Una de las legislaciones se refiere al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y la otra a la defensa de la soberanía.

Además de esas detenciones, la Alta Comisionada listó varias transgresiones de los derechos humanos y políticos, como la disolución de la personalidad jurídica de dos partidos políticos por el consejo Supremo Electoral, sin que fueran oídos sus representantes; y la adopción de una ley de reforma electoral que hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil, no establece salvaguardias para la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita las libertades de expresión, asociación pacífica y participación política.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.

Transgresión de la legalidad

“Estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo.

Agregó que su Oficina continúa documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional y dio cuenta de un aumento de la persecución selectiva de activistas de derechos humanos, periodistas y opositores en general.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis.

Estigmatización y amenazas

Bachelet informó que las autoridades y algunos medios progubernamentales han hecho declaraciones públicas en las que estigmatizaron a los opositores. Este hostigamiento se extendió a amenazas en las redes sociales.

El clima de terror propiciado por estas acciones inhibe el ejercicio de los derechos fundamentales cruciales para que haya un proceso electoral libre, creíble y equitativo, subrayó.

Otras transgresiones reportadas por la Alta Comisionada fueron los feminicidios y los ataques armados contra comunidades indígenas en la costa norte del Caribe.

Antes de concluir, Bachelet solicitó que se autorice el regreso de su Oficina a Nicaragua para monitorear la situación y contribuir a la solución de la crisis que atraviesa el país.

La SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua

Miguel Mora, periodista y candidato presidencial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.

La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

Mora, periodista y ex director del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota.

La SIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha marginado del espectro político y social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición.

Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

Cargar más

XS
SM
MD
LG