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América Latina

Allanan edificio donde vive Cristina Kirchner

La expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner deja la corte federal en Buenos Aires el 13 de agosto de 2018.

La policía argentina allanó la noche del lunes en Buenos Aires el edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigada por un megaescándalo de corrupción, que salpica su gestión y la de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner.

El abogado de la exmandataria calificó los hechos de un “circo grande” porque el allanamiento se desarrolló en el piso 1 y 4, que no son de Kirchner.

Ambos apartamentos pertenecerían un empresario cercano a los Kirchner, detenido en otra causa por supuesta evasión.

La policía no entró al apartamento de la expresidenta ya que está amparada por sus fueros como senadora. La exmandataria puede ser imputada y condenada pero no detenida, a menos que el Congreso le retire la inmunidad.

La residencia de la pareja Kirchner en la capital figura como punto de entrega de bolsos con dólares en efectivo que grandes empresarios argentinos dieron supuestamente a cambio de adjudicaciones en obras públicas.

La trama forma parte del caso de sobornos conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que consiste en la bitácora de los recorridos que habría realizado el chofer Oscar Centeno entre 2005 y 2015.

Kirchner compareció el lunes ante la justicia. Durante su comparecencia, recusó al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa.

La exmandataria denunció un complot político contra la izquierda en Argentina y en toda América Latina.

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Justicia niega dos "habeas corpus" y mantiene a Lula en la cárcel

El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, desde la cárcel durante una entrevista con el diario español El País. Archivo. (AFP)

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil negó este martes dos "habeas corpus" intentados por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien seguirá en la prisión en la que está encarcelado desde abril de 2018.

Aunque habían sido retirados de su agenda para este martes, la Segunda Sala acordó juzgar dos recursos que intentaban liberar al exmandatario. Uno por supuestos vicios en el juicio de tercera instancia y otro por sospechas contra el exjuez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, quien le halló culpable de corrupción.

La primera acción juzgada era una apelación contra una decisión del Supremo Tribunal de Justicia, que en tercera instancia negó a mediados del año pasado la libertad del exmandatario.

Según cuatro de los cinco magistrados de la sala, la decisión tomada en su momento por el Supremo Tribunal de Justicia no violó el marco legal, como sostenía la defensa de Lula.

Aún así, los jueces todavía debían decidir sobre otro "habeas corpus" presentado por la defensa del exmandatario, en el que se solicitaba revisar el proceso bajo la sospecha de que el entonces juez Sergio Moro había tenido un comportamiento "parcial" y ajeno al Estado de Derecho.

Este segundo recurso comenzó a ser juzgado a fines del año pasado pero la sesión fue suspendida porque el juez Gilmar Mendes, uno de los miembros de la Segunda Sala, solicitó más tiempo para analizar el caso.

Para ese momento, ya se habían pronunciado por negar el "habeas corpus" los jueces Carmen Lucia Antunes y Edson Fachin, pero al ser retomada la audiencia este martes, Mendes fue favorable al recurso.

Esa posición fue seguida también por el juez Ricardo Lewandowski, pero el último en votar, el magistrado Celso de Melo, también negó la acción intentada por la defensa, con lo que Lula seguirá en la cárcel por una ajustada decisión de tres votos frente a dos.

Las dudas sobre la forma en que se realizó el juicio contra Lula, a cargo del hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, aumentaron en las últimas semanas, cuando surgieron mensajes que el exmagistrado intercambió durante el proceso con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, que llevó al exmandatario a prisión.

La Segunda Sala, sin embargo, juzgó un recurso anterior, que acusa a Moro de "parcial" y dice que esa tesis se "demostró" el año pasado, con el nombramiento del exjuez como ministro en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y principal antagonista político de Lula.

Los mensajes que complican el caso fueron intercambiados en la época del juicio a través de la red de mensajería Telegram y pueden sugerir que Moro dirigió de alguna manera las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público, lo que está expresamente prohibido por la ley.

Moro ha negado con vehemencia la "autenticidad" de esos mensajes, que fueron obtenidos por el portal The Intercept con un "hacker" anónimo, y ha afirmado que su actuación como juez estuvo fuera de toda sospecha.

[Con información de la agencia Efe, y redes sociales]

Cientos de exguerrilleros de las FARC en paradero desconocido

Rebeldes de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Cientos de ex guerrilleros de las FARC están en paradero desconocido, asegura un reporte de la Unidad de Investigaciones del periódico colombiano El Tiempo.

El diario menciona el trabajo de comisiones integradas por funcionarios del gobierno colombiano, las Naciones Unidas y la exguerrilla de las Farc para ubicar a 724 exmiembros de esa organización, mayormente mandos medios y guerrilleros rasos, “que literalmente se esfumaron”.

Inicialmente fueron 15.005 y, luego de expulsar a varios narcotraficantes, se certificaron poco más de 13.000”, apunta El Tiempo.

A finales de la década de 1990 las FARC llegó a tener 17.000 combatientes activos.

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y FARC se firmó el 24 de noviembre de 2016 tras años de negociaciones en La Habana.

El diario alerta que estos insurgentes podrían terminar al servicio de organizaciones ilegales pues se trata de hombres con entrenamiento militar y con formación en el manejo de armamento.

La llamada disidencia de las FARC tiene presencia en 12 departamentos con cerca de 1.600 hombres en armas.

Ariel Ávila, un experto de la Fundación Paz y Reconciliación dijo a la agencia Reuters para un reporte especial publicado en 2018 que en Colombia operan hasta 70 grupos armados y criminales.

La entidad privada de investigación dijo entonces que entre guerrilleros, paramilitares, pandilleros y otros criminales, suman unos 5.000 miembros, incluyendo a disidentes de las FARC.

[Con información de El Tiempo y agencia Reuters]

Observadores de la ONU evaluarán 'in situ' la situación de los presos en Venezuela

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachete, reunida con el mandatario Nicolás Maduro en Venezuela el 21 de junio de 2017. (REUTERS).

Personal de la ONU evaluará en los centros de detención venezolanos la situación de los considerados por la oposición presos políticos, según anunció el viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al finalizar una visita de tres días a Venezuela.

Bachelet, quien dejó establecida una comisión de su oficina para dar asistencia y asesoría técnica, así como para vigilar la situación en materia de derechos humanos, se mostró preocupada por este asunto y dijo que le "duele" lo que sucede en Venezuela, indicó la agencia Efe.

La expresidenta chilena y hoy el importante cargó en la ONU pidió el viernes en Caracas la liberación de todos los que estén detenidos en Venezuela "por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica".

Gráfico del grupo Foro Penal, que revela la cifra de presos políticos en Venezuela. (TWITTER).
Gráfico del grupo Foro Penal, que revela la cifra de presos políticos en Venezuela. (TWITTER).

Tras reunirse con el mandatario Nicolás Maduro, anunció acuerdos con su Gobierno para vigilar la situación del país en materia de derechos humanos.

“Hemos podido alcanzar varios acuerdos (...) tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la comisión nacional de prevención de la tortura, así como para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país", dijo minutos antes deabandonar Venezuela.

En el marco de la vista de la señora Bachelet, familiares de presos políticos venezolanos se reunieron frente a importantes puntos en Caracas para pedir una reunión con la funcionaria.

El grupo Foro Penal (FP), una organización venezolana veladora de los Derechos Humanos en el país, extendió pancartas e informaciones sobre los presos políticos.

Alfredo Romero, director de FP evaluó la vista de la funcionaria.

"Es corta, de alguna forma simbólica, pero es fundamental ya que pisa tierra en el lugar en que sus expertos han venido constatando lo que ocurre", expresó Romero al canal TNT24.

El grupo independiente FP recoge la cifra de 715 presos por motivos políticos, desglosados en: 106 militares y 609 civiles, de los que 714 son adultos, uno es un menor de edad y 51 son mujeres.

Para este sábado a las 12:00 del mediodía Foro penal tiene prevista una conferencia de prensa con una evaluación de la visita de Bachelet a Venezuela.

[Con información de la agencia Efe, Foro Penal, Radio Televisión Martí y redes sociales]

EEUU impone sanciones a cuatro funcionarios de círculo cercano de Ortega

Una integrante del grupo "Madres de Abril" protesta por los hijos caídos durante las manifestaciones contra Daniel Ortega.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el viernes sanciones a cuatro funcionarios de alto rango del gobierno de Nicaragua por presuntamente evitar que los ciudadanos del país ejerzan libertades fundamentales.

Entre ellos están el jefe de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras Cortés; el jefe del estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor), Orlando Castillo; la ministra de Salud, Sonia Castro González; y el ministro de Transporte, Óscar Mojica Obregón, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Los funcionarios son descritos por Estados Unidos como miembros del "círculo íntimo" del presidente Daniel Ortega.

Estados Unidos dice que las instituciones lideradas por esos individuos persiguieron a quienes salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Ortega el año pasado, al negarles cuidado médico, promover las políticas del gobierno contra los manifestantes, silenciar a medios independientes y perdonar a agentes de policía que han sido acusados de matar disidentes.

La medida impide que las autoridades accedan a cualquier propiedad que posean en Estados Unidos, directa o indirectamente, más de un 50% o que esté en posesión o control de estadounidenses.

Ortega, de 73 años, vive su peor crisis política desde que retomó la presidencia en 2007. Masivas protestas exigiendo su renuncia fueron reprimidas por la fuerza pública y, según diversos organismos de derechos humanos, han causado la muerte de más de 320 personas desde abril de 2018.

Gobierno de Colombia pide a la Fiscalía tramitar extradicción de guerrilleros del ELN radicados en Cuba

El jefe negociador del ELN en La Habana, Pablo Beltrán

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, pidió a la Fiscalía que inicie el trámite para conseguir la extradición de parte de la cúpula de la guerrilla del ELN que está en Cuba para que responda por el ataque terrorista contra la escuela de Policía en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos.

En una carta dirigida al fiscal general encargado, Fabio Espitia, Ceballos pide ese procedimiento en contra de cuatro miembros del ELN, entre ellos su jefe máximo, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", y el líder del equipo negociador de paz de esa guerrilla, Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán".

Los otros dos incluidos en la solicitud de extradición son Luz Amanda Pallares, alias "Silvana" o "Ana María", quien también hizo parte de las frustradas negociaciones de paz, y Juan de Dios Lizarazo, alias "David Piñata".

Según la carta, éstos "se encuentran actualmente en la República de Cuba", sede de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), congelados desde agosto pasado, cuando asumió el presidente Iván Duque.

Ceballos recuerda que contra los cuatro "cursan órdenes de captura" por varios delitos relacionados con el atentado del pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, que dejó 22 muertos, entre ellos una ecuatoriana que se formaba en ese centro, y 66 heridos.

Por ello, el comisionado de Paz pide al fiscal encargado "que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, se activen los mecanismos pertinentes para tramitar la extradición" de los cuatro señalados integrantes del ELN.

El anterior Gobierno colombiano y el ELN iniciaron en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto.

Las conversaciones quedaron en suspenso desde entonces por la exigencia del Gobierno de Duque al ELN de que libere a todos los secuestrados que tiene en su poder y renuncie a esa y todas sus actividades criminales.

Tras el atentado, el Gobierno pidió a Cuba la entrega de los negociadores que están en La Habana, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esa solicitud.

Este jueves, Ceballos exigió al ELN pruebas de supervivencia de dos personas que fueron secuestradas en 2018 y reclamó que ambas sean liberadas.

Y en una entrevista que dio hoy a Caracol Radio, denunció que "más de 200 niños han sido reclutados" por la guerrilla, especialmente en la frontera con Venezuela, donde resaltó que el ELN "opera abiertamente" y viven Eliécer Chamorro, alias "Antonio García", y Gustavo Giraldo, alias "Pablito", también miembros de la cúpula de ese grupo.

"El presidente Duque ha mantenido esa puerta abierta (al diálogo)", dijo Ceballos, y recordó que "las FARC lo hicieron (renunciar al secuestro) y por eso avanzó el proceso (de paz)".

Entre tanto, Pablo Beltrán dijo desde La Habana a la misma emisora que "penalizar a los negociadores no le permitirá avanzar al proceso" y resaltó que viajaron a la isla con una agenda de diálogos "programada".

"Nosotros le hemos dicho (al Gobierno) que estamos en disposición de negociar. Tenemos que pasar la página", resaltó el jefe guerrillero.

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