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Contra la censura

Advierte la SIP que se cierne sobre San Isidro la sombra de una segunda Primavera Negra

Una manifestación pro San Isidro en Barcelona, España.

Tras la fuerte represión en contra de artistas, intelectuales y periodistas independientes afiliados al Movimiento San Isidro, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, teme que "el gobierno de Cuba esté en vías de justificar una nueva Primavera Negra" que termine por ahogar la voz de una nueva generación de disidentes.

En 2003, en lo que se denominó la Primavera Negra, el régimen del dictador Fidel Castro frustró una convocatoria a favor de la libertad de expresión condenando a la cárcel a 75 disidentes, entre activistas, médicos y 32 periodistas independientes.

Todos fueron sometidos a juicios sumarios y sentenciados a penas de entre 6 y 27 años de prisión, tras acusarlos de violar la Ley 88 (ley mordaza) que castiga a quienes supuestamente conspiren con ayuda extranjera contra la independencia nacional y la economía.

Años después, la mayoría fue liberada gracias a la presión de las Damas de Blanco. La mayoría también fue forzada al exilio.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que "el gobierno de Cuba reprime, censura, encarcela y ahoga la voz de sus ciudadanos frente a una comunidad internacional silenciosa que parece haberse acostumbrado a las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla".

Canahuati, presidente de Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras, agregó que la represión del Movimiento San Isidro tiene lamentables similitudes en sus orígenes y en su contención con aquella ola de violencia estatal en 2003, "por lo que tememos que el gobierno de Cuba esté en vías de justificar una nueva Primavera Negra".

Quince personas –entre ellas, los periodistas independientes Iliana Hernández, de CiberCuba; Esteban Rodríguez, colaborador de ADN, y Carlos Manuel Álvarez, de la revista literaria El Estornudo– fueron desalojadas por la fuerza el pasado jueves de una casa del barrio de San Isidro en la Habana Vieja, sede del Movimiento San Isidro (MSI).

Los activistas mantenían una protesta pacífica para pedir por la excarcelación del rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por desacato.

Luego del desalojo, la Seguridad del Estado mantiene una estricta vigilancia en los domicilios de los disidentes, a quienes se les prohíbe salir de sus casas, arguyendo que pudieran propagar el Covid-19. Justifican tal acción acusando al periodista Álvarez de violar controles sanitarios desde que regresó del extranjero y se unió a la protesta.

El régimen también ha bloqueado Facebook, Instagram, Youtube, así como el acceso a medios internacionales tales como El Miami Herald y El Nuevo Herald, y el sitio de internet de la SIP.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet –director del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina–, dijo que "no es sorpresa para la SIP que la dictadura cubana obstruya e impida el derecho a la libertad de expresión, lo que desnuda más de 60 años de censura directa contra periodistas independientes y disidentes".

El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en un hecho sin precedentes, accedió a dialogar el viernes pasado con representantes del MSI que reclamaban por libertad de expresión y la excarcelación de Solís, entre otras peticiones. Sin embargo, horas después, Miguel Díaz-Canel negó el diálogo y acusó a los artistas y miembros del MSI de ser mercenarios al servicio de Estados Unidos y de crear un "show mediático".

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Cierran proceso contra periodista Camila Acosta, acusada de "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11J

Camila Acosta. (Foto: CubaNet)

Luego de más de 10 meses de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Acosta ha quedado libre cargos y el caso cerrado, según explicó en un artículo para el portal digital CubaNet, con el que colabora.

Acosta detalló que este miércoles, 25 de mayo, fue citada a la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, donde un oficial de la Seguridad del Estado le impuso una multa de 1.000 pesos cubanos bajo el “criterio de oportunidad”, previsto en la Ley 143, Artículo 17, Inciso b, que "permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales".

Le comunicaron, además, sobre la confiscación de varios bienes que las autoridades le incautaron un día después de su detención: dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash, agendas de trabajo, libros, la blusa que llevaba puesta el 11J, 50 USD y 20.000 CUP.

Estos bienes, algunos de los cuales ni siquiera le pertenecían, no fueron "utilizados para la comisión del delito u obtenidos como resultado de él" y, con apego a la ley, no deberían estar sujetos a decomiso.

"No hubo delito y tampoco ninguno de los equipos embargados se utilizaron para la comisión de él; aun así, se impuso la sanción", subrayó la periodista. Pero el oficial de la policía política argumentó que contenían material “contrarrevolucionario”.

Acosta, que tiene un plazo de tres días para pagar la multa, reitera que no cometió un delito, solo hacía su trabajo de reportera cuando fue detenida. "No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente", afirmó.

Aunque la multa la libra de ir a juicio, y de enfrentar una posible sentencia de tres meses a un año de prisión, la comunicadora señala que pagarla significa "aceptar una medida arbitraria, o que cometí ese supuesto delito".

La periodista concluye que, con el cierre de este proceso en su contra, solo "finaliza una etapa" que "abre paso a otra aún peor".

"El nuevo Código Penal es más criminal que el anterior, y dota al régimen de herramientas represivas que atentan directamente contra los periodistas independientes, la oposición y la sociedad civil en general. El calvario está lejos de acabar", concluyó.

Cuba está entre los países del hemisferio donde más se ha agudizado la represión contra los periodistas, dijo en un informe reciente la Sociedad Interamericana de Prensa, que también ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor de la prensa independiente en la isla, una preocupación a la que se unen el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.

SIP abordará persecución contra periodistas de Cuba y otros regímenes de las Américas con congresistas de EEUU

Vista del lado del Senado del Capitolio. (Foro: AP/Archivo)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abordará los casos de persecución, represión y violencia contra los periodistas en países como Cuba, Nicaragua, México y Venezuela esta semana en Washington D.C., durante encuentros con legisladores y funcionarios estadounidenses.

Representantes de esa organización, que permanecerá en la capital estadunidense del 24 al 26 de mayo, sostendrán entrevistas con senadores y representantes del Congreso sobre el comportamiento de la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación.

La semana pasada, la SIP calificó de retrógrado el nuevo Código Penal cubano y lamentó que la nueva legislación criminalice las libertades de prensa y expresión, entre otros derechos.

"El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar", dijo la organización.

Encabezada por su presidente, Jorge Canahuati, la delegación de la SIP también buscará “conocer la posición y compromiso de los congresistas sobre las iniciativas "Ley de Competencia y Preservación del periodismo" (Journalism Competition and Preservation Act) y "Ley de Sostenibilidad del Periodismo Local Local (Journalism Sustainability Act)”, dijo la organización en un comunicado.

Como parte de sus actividades, la SIP sostendrá reuniones con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca.

La SIP dará a conocer sus conclusiones al término de la misión, señala el comunicado.

CPJ: Código Penal cubano criminaliza aún más el trabajo de los periodistas

Policías con perros recorren las calles de La Habana el 11 de julio, día en que estallaron las protestas antigubernamentales en varias localidades de Cuba. (AFP/Yamil Lage).

El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, reaccionó este martes ante la aprobación de una enmienda al Código Penal castrista que endurece aún más las penas de cárcel y la censura contra periodistas independientes.

“Nos alarma la aprobación del nuevo Código Penal cubano, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.

Núñez agregó que “las autoridades cubanas continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura y asestan un duro golpe a los periodistas y medios independientes”.

La enmienda, propuesta originalmente el 20 de enero por el Tribunal Supremo de Cuba, prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos de fuentes extranjeras y puede emplearse para silenciar a los periodistas y medios independientes que dependen de este tipo de financiamiento para desarrollar sus actividades.

El nuevo Código Penal entrará en vigor en un plazo de 90 días, según las informaciones de prensa citadas.

El Gobierno de Estados Unidos también condenó la medida. Lamentó que "el régimen haya aprobado un nuevo Código Penal que restringe aún más la libertad de expresión, de prensa y de reunión en #Cuba".

Por su parte, la comunicadora Daniela Rojo dijo desde La Habana a Radio Martí que la medida es una variante de la Ley Mordaza.

“Es para eso mismo, para desestimular a los periodistas independientes, para criminalizar lo que viene siendo la realidad, pero ya aprobado en un Código Penal, que ya está tipificado; es decir, lo que le están es dando forma en papel y letra a la dictadura como tal”, afirmó.

Periodista Valle Roca enfrenta nuevas complicaciones de salud en el penal Combinado del Este

Lázaro Yuri Valle /Foto cortesía del activista

El estado de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, recluido en el penal Combinado del Este, ha empeorado y se le está negando la asistencia médica y los medicamentos, denunció este martes en entrevista con Radio Televisión Martí, su esposa Eralidis Frómeta.

El comunicador permanece aún sin fecha de juicio con petición fiscal de seis años de prisión, por los presuntos delitos de “resistencia” y “propaganda enemiga”.

“El pasado viernes fue su visita y lo dejé con un nuevo problema de salud, tiene una pronunciada inflamación en la parte izquierda de la cara y úlceras en la boca", dijo su esposa.

"Este lunes en la tarde hablé con él nuevamente y me reiteró que se mantiene en la misma condición, cuando hablamos le pregunté que si podría ser un problema dental, un absceso, y me dijo que no. Cuando yo lo vi el viernes, ya él llevaba varios días con esa condición y hasta el día de hoy no ha recibido asistencia médica por parte del régimen penitenciario del Combinado del Este, ni al menos un diagnóstico para conocer la causa de esa inflamación en la cara", afirmó Frómeta.

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La señora dice que tampoco le han suministrado medicamento alguno.

"Las autoridades del penal dicen que en la prisión hay medicamentos, pero eso es mentira, allí carecen de medicinas para los reclusos, yo aquí en casa tengo antibióticos y antiinflamatorios para llevárselos, pero no me lo dejan entrar”, explicó la esposa del comunicador.

Según la ley cubana, este lunes expiró el término de tiempo establecido para la instrucción de nuevas evidencias que tenía la fiscalía para presentar nuevos cargos, por tanto a partir de ahora se espera que se establezca ya la fecha del juicio, adelantó Frómeta.

“Ya todos sabemos que fue el último día para la instrucción así me lo informó el abogado, entonces a partir de ahora, ese juicio manipulado y con cargos inventados en su contra, el tribunal tiene que ponerle una fecha", advirtió la activista.

Valle Roca fue detenido el 14 de junio de 2021, al día siguiente de haber filmado y publicado en Facebook una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba.

El periodista fue citado para la estación policial de Zapata y C, posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado, en Villa Marista, y luego enviado para el Combinado del Este, durante todo este proceso ya sufrió un fallo renal y lleva meses padeciendo de un reforzamiento pulmonar.

Periodistas independientes sobre el nuevo Código Penal: "Ya estamos tipificados y declarados como mercenarios"

La medida busca "desestimular a los periodistas independientes... criminalizar lo que viene siendo la realidad", dijo una de las entrevistadas. (Foto ilustrativa/AP/Ramón Espinosa)

Periodistas cubanos reiteraron su compromiso con la información libre, a pesar de la aprobación este domingo del nuevo Código Penal, que criminaliza el financiamiento externo de medios de comunicación independientes.

La nueva legislatura establece sanciones de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba, o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales, que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”, expresa el documento.

Desde La Habana, la comunicadora Daniela Rojo dijo a Radio Martí que la medida es una variante de la Ley Mordaza.

“Es para eso mismo, para desestimular a los periodistas independientes, para criminalizar lo que viene siendo la realidad, pero ya aprobado en un Código Penal, que ya está tipificado; es decir, lo que le están es dando forma en papel y letra a la dictadura como tal”, afirmó.

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El nuevo código pretende penalizar a los activistas y periodistas independientes, sin embargo, el gobierno sí está autorizado a suministrar fondos a organizaciones pro gubernamentales, comenta la comunicadora independiente Aimara Peña González, que reside en la capital espirituana.

“Realmente, el gobierno ha tratado de criminalizar todo el tiempo el financiamiento de la sociedad civil cubana, y lo ha hecho a través de muchísimos métodos. Uno más vendría a ser esta nueva normativa jurídica aprobada en el parlamento”, señaló Peña González.

Alberto Corzo, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), advierte que ahora habrá un aumento significativo del acoso en contra de los comunicadores que ejercen su labor al margen de los medios estatales.

“Los periodistas no vemos la luz al final del túnel. Ahora, con el nuevo Código Penal, se agudizará la maquinaria represiva, sufriremos más represión”, opinó Corzo.

Desde Sancti Spíritus, el periodista Adriano Castañeda recuerda que el parlamento cubano es una extensión del Partido Comunista.

“Las autoridades van a tratar de llevar al límite a todos los que realizan denuncias. Es el caso de los periodistas independientes, quienes están haciendo un trabajo muy importante en las redes sociales, y también en la radio, como es el caso de Radio Martí, denunciado la realidad de Cuba”, dijo.

El director del medio alternativo Amanecer Habanero, que pertenece al ICLEP, Juan Manuel Moreno, asegura que continuará haciendo periodismo en la isla.

“Por medio de este trabajo de periodismo comunitario que hacemos, les llevamos a los cubanos información que les es privada por el oficialismo, y porque muchas personas no tienen acceso a la Internet. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo. Ya estamos tipificados y declarados como mercenarios, con o sin fondos”, aseguró Moreno.

Desde Guantánamo, el realizador de audiovisuales Anderlay Guerra Blanco opinó que la prensa independiente tiene que seguir adelante.

“Yo muestro rostros, muestro personas denunciando todo lo que les ocurre y, entonces, cuando uno ve este tipo de ley, ya uno se da cuenta de que nos temen”, enfatizó el comunicador.

El nuevo Código Penal cubano también establece restricciones a lo que se pueda publicar en redes sociales y mantiene la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte con carácter excepcional.

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