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América Latina

Activistas denuncian patrón de persecución contra sindicalistas en Venezuela

Diannet Blanco, expresa política, exige la liberación de su esposo, el activista humanitario Gabriel Blanco, detenido a principios de julio durante una manifestación en Caracas, Venezuela, el viernes, 12 de agosto de 2022.

Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de seis sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios de julio e insisten en que en el país existe una “ola de detenciones selectivas”.

Al elevar su voz en las inmediaciones de la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, Diannet Blanco, expresa política y esposa del sindicalista y activista humanitario, Gabriel Blanco, expuso lo “duro” que ha sido revivir sus momentos de “injusto encarcelamiento”.

“Fui víctima de una detención arbitraria igual que mi esposo, sabiendo toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y todas las diligencias que se hicieron mientras estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo”, dijo a la VOA en medio de una manifestación en el este de la capital venezolana.

Blanco fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en las inmediaciones de su vivienda y, sin presentar “ningún documento” u orden de aprehensión, le solicitaron acudir a la sede del organismo para una “entrevista”, pero se negó y, decenas de vecinos salieron a resguardarlo, detalló en ese entonces la ONG Provea.

Esa madrugada, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron con una orden de aprehensión en la que se le imputaban los delitos de “terrorismo y asociación para delinquir previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT)”.

Néstor Astudillo, Reynaldo Cortez, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín fueron los dirigentes sindicales privados de libertad el mes pasado. A la lista se suma Douglas González, directivo sindical de la empresa estatal Venalum, por incumplir con el régimen de presentación por delitos relacionados con un paro de trabajadores en 2018.

“Es otra acción represiva contra el movimiento sindical que está reclamando sus derechos”, comentó a la VOA Pedro Moreno, secretario ejecutivo de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela (CTV).

“Un patrón”

Para la abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, en el país se registra un “patrón” de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Ellos no son ningunos delincuentes, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores, ellos han venido denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente”, expuso a la VOA.

Forero llamó a “no dejar solos” a los hombres y mujeres que “luchan por los derechos humanos” y considera importante “tocar todas las puertas” para lograr la liberación de los presos políticos.

Kelvi Zambrano, abogado y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, reitera que en Venezuela persiste un patrón de detenciones arbitrarias y procedimientos contrarios a la Constitución y a la ley.

“Una persona solamente puede ser privada de su libertad si existe una orden emitida por un tribula de la República, previa motivación de la fiscalía general y si en efecto son sorprendidos cometidos un hecho punible, ninguno de estos dos supuestos se cumple”, explicó en referencia a varios casos registrados recientemente.

En Venezuela, la política antisindical ha ido avanzando progresivamente hacia formas más “represivas “y persisten amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical, mediante la criminalización, detenciones y procesos penales contra dirigentes sindicales, reveló una investigación de la Coalición Regional Observatorio para la Defensa de la Vida, ODEVIDA que, entre 2015 Y 2020, documentó 82 casos de violencia contra defensores de derechos laborales y líderes sindicales.

A pesar del escenario de criminalización de protestas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 3.892 protestas durante el primer semestre de este año y 1.642 de las manifestaciones estuvieron orientadas a la exigencia de derechos laborales.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para DDHH de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria.

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Litigio territorial entre Colombia y Nicaragua: ¿qué esperar?

Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. (REUTERS/Yves Herman//File)

BOGOTÁ — El lunes 5 de diciembre comienzan las audiencias orales del litigio entre Colombia y Nicaragua en La Haya, relacionadas con la “delimitación de la plataforma continental” entre ambos países, “más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense".

En el 2013, Nicaragua presentó dos nuevas demandas en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La primera está relacionada precisamente con la plataforma y, la segunda, por “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua contra Colombia)”.

En esta última, la Corte aceptó tener una zona contigua integral que uniera a todas las islas en el archipiélago, y rechazó la petición que obligaba a Colombia a reconocer los nuevos límites sin un tratado conjunto; sin embargo, hizo énfasis en que la nación suramericana no podía emitir permisos de pesca en áreas adjudicadas a Nicaragua.

Argumentos de parte y parte

Los nicaragüenses buscan que la Corte les reconozca derechos sobre una supuesta plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de su costa; es decir, el derecho a más espacio marítimo.

En este sentido, que se establezca el curso preciso o los límites de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de plataforma continental, que le corresponden a cada uno, más allá de las fronteras fijadas por la Corte, en su fallo del 19 de noviembre de 2012.

Según un explicativo de la Cancillería colombiana, el país “ha esgrimido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y, como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua”.

Colombia, agrega el texto, demostró que tiene “plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua”. En este último caso, Nicaragua había presentado una pretensión en el sentido de que la Corte fijara un régimen provisional de derechos y obligaciones en el área, pero esta pretensión fue descartada por el tribunal, en la sentencia del 17 de marzo de 2016, al acoger la excepción preliminar presentada por Colombia sobre este punto.

De esta manera, tanto Colombia como Nicaragua responderán ante el tribunal por dos temas claves: los criterios definidos por el derecho internacional para determinar la delimitación del mar territorial ,más allá de las 200 millas náuticas de un país, y la determinación de las líneas base, a partir de las que se mide el mar territorial, más allá de las 200 millas que reclama Nicaragua.

Excepciones preliminares

En este caso, Colombia presentó excepciones preliminares el 14 de agosto de 2014. Entre el 5 y 9 de octubre de 2015, se realizaron las audiencias públicas orales, en La Haya, sobre dichas excepciones preliminares.

En marzo de 2016, La Corte falló sobre excepciones preliminares, le dio la razón a Colombia, pero asumió competencia para conocer el fondo de la demanda sobre las pretensiones restantes.

Sobre la pretensión nicaragüense para que se le reconozcan derechos sobre el suelo y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, la mitad de los jueces de la Corte le dio la razón a Colombia de que Nicaragua ya lo había solicitado y se había rechazado, lo que evitaba una nueva discusión. Pero el empate requirió el voto dirimente del presidente de la CIJ (situación que hasta entonces sólo había ocurrido dos veces en la historia), decidiendo que el tribunal sí tenía competencia para estudiar la demanda de Nicaragua.

¿Qué viene?

Durante una semana, Nicaragua y Colombia presentará oralmente los principales argumentos en los que fundamenta sus pretensiones, y lo propio hará Colombia, quien presentará sus argumentos contra las demandas del país centroamericano. Las audiencias serán públicas y serán transmitidas en vivo y en tiempo real, a través de la página de la ONU.

Según la cancillería Colombia, hasta que no finalicen las audiencias orales, los Estados permanecen en total reserva para no afectar la estrategia jurídica de cada parte.

El equipo jurídico de Colombia estará liderado por el agente Eduardo Valencia-Ospina, agente; los coagentes Carolina Olarte Bácares y Elizabeth Taylor; el asesor Gabriel Cifuentes, asesor y Andrés Villegas Jaramillo, Coordinador de asuntos ante la CIJ, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se espera que la Corte anuncie los pasos a seguir en el desarrollo del proceso, de acuerdo con su calendario y procedimiento. El fallo de la Corte podría tomar varios meses.

Cuba, entre regímenes autoritarios de las Américas, según informe global (VIDEO)

Agentes de civil, armados con palos, se dirigen a reprimir una protesta pacífica en La Habana, durante un apagón el 30 de septiembre de 2022.

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de “regímenes autoritarios” de las Américas, según el Estado Global de la Democracia 2022, que detalla un clima generalizado de retrocesos en todo el mundo.

En el caso de Cuba, se observó en 2022 “un grado interesante de abstencionismo electoral como forma de protesta”, explicó María Ángeles Morales, analista del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés).

“Hemos visto, desde hace algunos meses, cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes. También se intensifica la voz de quienes se manifiestan no solo contra la pobreza, sino contra la falta de atención adecuada ante fenómenos naturales”, añadió Morales en entrevista con Radio Televisión Martí.

IDEA observa “grado interesante de abstencionismo electoral como forma de protesta” en Cuba
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IDEA, con sede en Estocolmo, advierte de problemas graves en El Salvador, que “podría convertirse en el futuro en un régimen híbrido o autoritario”, y llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. Afirma que “tres de cada siete” países en retroceso se encuentran en las Américas, “lo que apunta a instituciones debilitadas”.


En cuanto a Estados Unidos, el estudio habla de “declive desde 2016”, especialmente en cuestiones como la “independencia judicial”.

Morales también mencionó “las acciones del 6 de enero de 2021” y el “retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos”.

El informe asegura que “la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones”.

Incluso en Europa, “casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos cinco años”. En Asia-Pacífico, “el autoritarismo se solidifica” y “solo el 54% de la población vive en una democracia”. Mientras tanto, en África, países como Gambia, Níger y Zambia “están mejorando su calidad democrática”.

“Globalmente, vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un deterioro que, en muchos casos, tiene que ver con el descontento y cómo este ha sido atendido por los gobiernos y las instituciones”, concluyó Morales.

De nuevo, régimen de Nicaragua cancela más de 100 ONGs

El presidente nicaragüense Daniel Ortega, en una foto de archivo. (AP Foto/Ismael Francisco).

El Gobierno de Nicaragua canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 3.126 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018.

La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales, 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel.

Supuestamente, las 86 ONGs nicaragüenses están en abandono o incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre 2 y 24 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.

A través de una declaración pública, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en San José, dijo que fue una cancelación arbitraria.

Según ese organismo humanitario, el propósito del Gobierno de Daniel Ortega "es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente, y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense".

"Continúan atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense. Expresamos nuestra solidaridad con las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas. Exigimos el cese de la represión", añadió ese Colectivo.

Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.

Costa Rica creará en 2023 categoría especial para migrantes de Cuba

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

Costa Rica emitió medidas que restringirán el acceso al refugio, anunció el miércoles Rodrigo Chaves, presidente del país centroamericano, en un intento por reducir las crecientes solicitudes de ese estatus, principalmente de nicaragüenses y venezolanos.

La nueva política contempla prohibir la salida del país a cualquier solicitante de refugio, rechazo a peticiones cuando migrantes tengan más de un mes en Costa Rica y la obligación de cotizar en sanidad social para tener derecho a renovar el permiso de trabajo.

"A veces la gente abusa de la generosidad. Teníamos un portillo abierto en que migrantes económicos se hacían pasar por ese tipo de personas que merecen refugio de tipo político, para poder trabajar en el país", dijo Chaves en conferencia de prensa.


El decreto, firmado por Chaves y su ministro de Seguridad, Jorge Torres, también contempla negar el estatus de refugio a quienes previo a llegar a Costa Rica hayan cruzado por países considerados seguros.

Autoridades costarricenses han dicho que intentan reducir el volumen de peticiones de refugio, las cuales superaron las 222,000 desde 2018, una por cada 23 habitantes.

Desde ese año han aumentado las solicitudes, principalmente debido a la represión en Nicaragua contra protestas sociales.

Recientemente también aumentaron las peticiones de migrantes venezolanos. En octubre alcanzaron los 407 registros, el doble del mes anterior, según cifras oficiales. El mandatario advirtió que entre el 80% y 90% de los solicitantes de refugio no cumplen los requisitos para esa categoría migratoria.

En otro decreto, Chaves anunció que a partir de marzo de 2023 se creará una categoría especial para migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que en suma acreditan el 96% de solicitudes de refugio. El proyecto tendrá vigencia de un año.

El nuevo acuerdo también aplicará para quienes tengan pendiente una solicitud de refugio planteada entre enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2022 o a quienes se les haya denegado, a fin de que desistan de la protección de tipo político y puedan regularizar su permanencia en el país mediante estatus laboral.

Mujeres en Venezuela expuestas a trabajos forzosos, trata de personas y esclavitud

Una mujer en Venezuela. (Foto de Archivo).

La ONG Venezuela Fundaredes denunció el martes, con motivo del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, que mujeres en zonas rurales y semiurbanas son expuestas a trabajos forzosos, trata de personas y esclavitud.

En Venezuela, "la situación de vulneración" ha trascendido, como consecuencia de "un Estado que viola cualquier derecho", especialmente en "zonas rurales o semiurbanas, donde las mujeres son expuestas a trabajos forzosos, trata y hasta esclavitud", dijo la organización en su cuenta de Twitter.

Investigaciones de la ONG muestran que grupos armados irregulares han tomado el control de territorios, lo que ha tenido "consecuencias sociales devastadoras al suscitar vulneraciones de derechos humanos mediante modernas formas de esclavitud como la trata de personas, la explotación laboral, abusos sexuales,
desapariciones y asesinatos", reporta la agencia de prensa Efe.

Por otra parte, Fundaredes destacó la valentía de "miles de mujeres defensoras de DDHH que continúan en la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad, logrando sociedades más justas e igualitarias".

A juicio de la ONG, la defensa de los DDHH es "el arma más poderosa de quienes velan por aquellos que sufren maltratos y vejaciones".

"La labor de las mujeres defensoras de DDHH ha trascendido, logrando que la Asamblea General de la ONU emitiera, en 2016, el documento Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las defensoras de los DDHH y las personas defensoras de los derechos de la mujer", agregó Fundaredes.

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