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Cuba

A propósito del Decreto-Ley 389: “Esta conversación ahora mismo la están escuchando”

Las llamadas telefónicas pueden ser interceptadas por el gobierno en Cuba durante 24 horas sin una orden de la fiscalía, de acuerdo con el Decreto-Ley 389.

Lo que en tantos países ha sido causa de largos y febriles debates legislativos sobre derechos individuales y violación de la privacidad se resolvió en Cuba de un plumazo: además de no ser una práctica nueva para acosar a disidentes, ahora la vigilancia electrónica es legal con la entrada en vigor esta semana del Decreto-Ley 389.

“Vamos a ser exactos, vamos a ser imparciales: eso lo hacen todos los servicios secretos del mundo, porque todos los países democráticos del mundo lo hacen, pero sin violar los derechos humanos”, dijo desde Puerto Padre, en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló al presentador y reportero de Radio Martí Tomás Cardoso.

“El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas”, subraya. “Van a continuar, y ahora bajo un viso de legalidad. En el caso mío, esta conversación ahora mismo la están escuchando”.

La entrada en vigor del decreto fue reportada inicialmente por la revista digital El Toque.

La Gaceta Oficial de Cuba con el texto del Decreto 389-2019.
La Gaceta Oficial de Cuba con el texto del Decreto 389-2019.

Lo emitió el Consejo de Estado, lo publicó La Gaceta de Cuba y debe someterse a ratificación en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es --de acuerdo con el Artículo 121 de la nueva Constitución-- el mismo del Consejo de Estado: Esteban Lazo.

(Dato curioso: debe someterse a votación para ratificarlo en la Asamblea, pero ya el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lo firmó. Y por cierto: el título que la Gaceta Oficial le atribuye a Díaz-Canel es presidente del Consejo de Estado, no de la República.)

El argumento de prevenir amenazas terroristas esgrimido controversial, pero razonablemente, por muchos poderes ejecutivos de todo el mundo, se convierte aquí en una amenaza en sí mismo: la de calificar de terroristas a personas que, lejos de representar un peligro para la vida de los demás, simplemente cuestionan la gestión de un gobierno que no los representa.

Lo que hace el decreto es “codificar la aplicación de las técnicas especiales de investigación”, dice el texto. “Son técnicas especiales de investigación, a los efectos de esta ley, la investigación encubierta, el colaborador eficaz, el empleo de la vigilancia electrónica o de otro tipo y las entregas vigiladas”.

A primera vista parece que entonces, cuando un “colaborador” no resulte eficaz, queda al margen de la ley. Sin embargo, la figura jurídica de “colaborador eficaz” se refiere al “acusado que brinda información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o se perpetre otro, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados”. O sea, el delator.

"Una herramienta para criminalizar la opinión política"
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Deja bien claro que las técnicas de investigación encubierta pueden aplicarse incluso en “operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país”.

Corresponde al Fiscal General de la República autorizar la vigilancia clandestina, pero el instructor penal (léase policía política) puede iniciarla por su cuenta sin haber recibido el permiso, y pedirlo antes de que pasen 24 horas.

“Voy a hacer de abogado del Diablo: yo lo veo como un paso progresivo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo”, comenta el abogado. “Así funciona en España -claro: también está la intervención de un juez-, y así funciona en Colombia, según la ley de procedimiento penal”.

Aunque el decreto le da un plazo de seis meses, el Fiscal General puede mantener el caso activo, de manera que mientras no encausen al presunto delincuente, la vigilancia es ilimitada.

“No es nuevo”, dice Méndez Castelló. “Bajo la denominación de Técnica Operativa Secreta había o hay una unidad en cada provincia del país, y una dirección general en la nación, dedicada a monitorear las personas de interés operativo, ya sea mediante el chequeo telefónico, el chequeo de la correspondencia, el chequeo microfónico, el seguimiento de las personas en la calle combinado también con un chequeo fílmico”.

Esas técnicas nunca fueron al ámbito judicial, explica Méndez Castelló en la entrevista con Cardoso bajo la producción de Patricia Martínez. Las solicitaban indiscriminadamente los oficiales operativos según sus intereses y las aprobaban los jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que aparece ahora en el Decreto-Ley 389.

El instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, encargado de las acusaciones jurídicas, detalla el abogado.

“Se considera vigilancia electrónica o de otro tipo aquella en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo”, reza el documento.

Pero no queda claro hasta donde llega el concepto de “hecho delictivo”.

“En el Código Penal tiene que quedar bien especificado cuáles son los marcos del terrorismo, conceptualizado todo bien, claramente”, opina el abogado. "Y hay que hacerlo observando los convenios internacionales".

Méndez Castelló observa que si hasta ahora, cada vez que les han cortado las líneas telefónicas a él y a su esposa la compañía ETECSA lo atribuía a una orden policial, en adelante lo achacará a una orden de la fiscalía.

“Claro: ahora hay la oportunidad, y yo la voy a ejercer, de que cada vez que mi teléfono sea interrumpido o mi cuenta sea hackeada o algo así, voy a ir a la fiscalía y voy a quejarme, porque sencillamente están violando la legalidad”, manifiesta el abogado.

No hace falta que el fiscal apruebe el uso de imágenes para encausar a un presunto delincuente cuando hayan sido captadas por cámaras de seguridad públicas “excepto cuando se dirijan al interior de inmuebles o afecten a terceras personas no vinculadas con la investigación”, indica el documento.

El año pasado, vecinos de Guantánamo se quejaron de que el gobierno instaló cámaras de seguridad en áreas de interés oficial, que desataron acciones policiales contra operadores de Conectify y cuentapropistas irregulares, pero no lo hizo en barrios plagados de asesinatos, robo de viviendas y asaltos.

El Decreto-Ley 389 contempla penas de entre cinco y 12 años, y de entre siete y 15 años, por delitos que un estado de derecho jamás vincularía con la actividad política de un opositor pacífico.

Aplicadas a verdaderos terroristas, esas no serían penas muy severas, comenta el abogado.

“El problema es que en Cuba son utilizadas como herramienta para criminalizar la opinión política, la opinión cívica de las personas”, indica Méndez Castelló.

Hay también penas de entre cuatro y 10 años para quien, “por cualquier medio, directa o indirectamente, financie, recaude, provea o tenga en su poder fondos, recursos financieros o materiales, o proporcione el acceso a servicios financieros o conexos de otra índole”, con propósitos que vayan desde organizar viajes de reclutamiento dentro y fuera de Cuba hasta otras formas de presunta complicidad con el terrorismo.

“Van a usar esa ley contra nosotros, criminalizándonos por nuestras ideas cívicas y políticas, no por cometer actos terroristas según se entiende en cualquier país civilizado del mundo”, concluyó.

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Otero Alcántara advierte a la policía que irá al aeropuerto pese a estar "regulado"

Imagen tomada de la cuenta de Facebook del artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara.

Agentes de la policía política intentaron derribar a patadas el miércoles la puerta de la casa del artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, según la denuncia que hizo en Facebook, y en la cual informa también que le han prohibido viajar al extranjero porque está “regulado”.

“Le dije a la policía política que iba al aeropuerto y que si me querían detener lo tendrían que hacer en Emigración, ya que todo esto era ilegal totalmente”, escribió Otero Alcántara en Facebook. “Nos vemos en el aeropuerto mañana [jueves] a las 7 am, que es la hora de mi vuelo”, advirtió.

Una de las fotos publicadas por el artista independiente al denunciar el acoso policial en su vivienda.
Una de las fotos publicadas por el artista independiente al denunciar el acoso policial en su vivienda.

Después de haber recibido una citación el martes, el mismo día en que debía hacer trámites de visa para una gira del Movimiento San Isidro por Latinoamérica, acudió el miércoles a una estación policial donde le notificaron que no podría viajar porque tiene un juicio pendiente, relata.

“Hace ya cuatro meses el régimen cubano me secuestró de forma muy agresiva, y al verme en la estación desaparecido, sin que nadie supiera donde estaba, me informaron de un supuesto juicio que me estaban preparando por los delitos de ‘ultraje a los símbolos patrios’ y ‘desacato agravado”, explica en su mensaje.

En estos cuatro meses dice no haber sabido nada ni de juicio ni de información: solo “puras amenazas y más secuestros de la policía política, alrededor de 10 detenciones en cuatro meses”, parte de las 18 que sufrió en el año.

“Todos estos secuestros a nivel legal echan por tierra la medida cautelar que se me impuso, por lo que el régimen dictatorial cubano viola sus propias leyes”, escribe Otero Alcántara, citando a su abogado.

La gira del Movimiento San Isidro por países latinoamericanos forma parte de un programa para recibir e impartir talleres, manifiesta el artista independiente. De acuerdo con su descripción de los hechos, la agresión policial a su vivienda ocurrió la mañana del miércoles.

“Hoy amaneció la seguridad del Estado sitiando mi casa”, escribe. “Al no querer abrir mi casa si no era con una orden [judicial] y yo no salir hasta que decida, casi derriban mi puerta unos policías a patadas”.

La decisión de acudir el jueves temprano al aeropuerto a pesar de la advertencia policial tiene un sentido, dice Otero Alcántara.

“Yo tengo todo el derecho de moverme libremente, ya que ellos [los agentes del régimen] son unos ilegales”, dice. “Sabemos que no podré viajar, pero ¡nadie me deja preso en mi casa! ¡No tienen el derecho!”

De acuerdo con el Articulo 52 de la Constitución vigente en Cuba, las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

“Este año será un gran año para la libertad de Cuba, 2020, y el fuego ya empezó”, cierra Otero Alcántara su mensaje.

Congresistas Sires y Rooney: presionar a Cuba es importante (VIDEO)

De izq. a der. los congresistas Francis Rooney y Albio Sires. Foto Michelle Sagué.

WASHINGTON- Congresistas estadounidenses dijeron el miércoles que las presiones sobre Cuba impuestas por la Administración de Donald Trump son necesarias mientras La Habana mantenga el respaldo a Nicolás Maduro en Venezuela.

El representante demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, y su homólogo Francis Rooney, miembro de más alto rango de la minoría republicana en el mismo comité, hablaron sobre la política estadounidense en América Latina en una conferencia en el Wilson Center.

Congresistas evalúan las sanciones a Cuba
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El congresista Sires, de origen cubano, expresó que si la crisis en Venezuela no se aborda de la manera correcta, "tendremos otra Cuba en nuestras manos" y añadió que una solución militar no es la respuesta al problema.

Con él coincidió el congresista Rooney, republicano por la Florida, quien dijo favorecer un trabajo de conjunto con el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos en la búsqueda de una solución para Venezuela.

Ambos congresistas están de acuerdo con la decisión de la administración Trump de aumentar las sanciones contra Cuba por su intervención en el país petrolero.

"Creo que es un enfoque legítimo porque Cuba es quien está manejando a Venezuela y si Cuba sigue manejando a Venezuela pues Cuba tiene que pagar las consecuencias de lo que está haciendo porque no está permitiendo que Venezuela llegue a unas elecciones legítimas", dijo Sires a Radio Martí.

Rooney coincidió añadiendo: "Como dice la misa católica, <es justo y necesario>. La mayor presión que podamos imponer es muy importante".

La semana pasada un alto funcionario del Departamento de Estado mencionó la posibilidad de que Washington aplique más sanciones a la isla: "Mientras los cubanos sigan haciendo lo que están haciendo, especialmente en Venezuela..., quiero decir, hemos tenido problemas con lo que hacen siempre en Cuba, pero están de regreso..., ahora interviniendo en otro país. Hemos sido bastante claros con ellos de que la presión sobre ellos seguirá aumentando. Y no hemos descartado ninguna medida específica... Mencioné algunas de las medidas que ya hemos tomado; habrá más”.

En la conferencia de este miércoles también se habló de Nicaragua, Sires dijo que el país centroamericano está siguiendo el ejemplo de Venezuela y que las sanciones de Estados Unidos contra miembros del gobierno en Managua buscan detener el flujo de dinero a Daniel Ortega para que no se convierta en otra Venezuela.

Añadió que continuarán presionando a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua porque esto es un plan de juego que comenzó en La Habana, pasó a Caracas y ahora a Managua.

Jóvenes cuentapropistas obligados a pagar en sobornos casi todo lo que ganan (VIDEO)

Andy Rivera (izq.) y Roberlandy Fabián Montoya.

Dos trabajadores por cuenta propia residentes en La Habana del Este denunciaron en videos publicados en las redes sociales el acoso de que son víctimas por parte de las autoridades policiales y los inspectores estatales.

El activista y comunicador Lázaro Yuri Valle, de la organización independiente Delibera, estuvo indagando sobre la situación de los cuentapropistas y asegura que cuando están realizando ventas en un área conocida por el "intermitente de Alamar", en las afueras de la capital, los policías e inspectores intentan sobornarlos.

Dijo que los cuentapropistas ganan muy poco, apenas les alcanza para cubrir sus necesidades y no pueden dejarle dinero a los inspectores y policías, razón por la que "les ponen multas excesivas, y los amenazan con aplicarle la ley de peligrosidad predelictiva".

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Ante el desamparo en que viven y la falta de un mecanismo gubernamental eficiente para denunciar los abusos, Andy Rivera y Roberlandi Fabián Montoya decidieron exponer sus casos en dos reportajes publicados en YouTube.

Any Rivera, quien también es activista de derechos humanos, realiza ventas de alimentos junto a su padre y ayuda a los choferes de camiones particulares que recogen pasajes para transportarlos hacia otras provincias. Por ambas labores recibe algún dinero para el sustento diario, explicó Valle.

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"Es un joven que no ha cometido ningún delito, no ha violado ninguna ley, sin embargo desde que se unió a nosotros en la organizacion Delibera y nos campaña a presentar denuncias aumentaron el acoso contra él", precisó Valle.

Roberlandi Fabián Montoya no es activista pero mantiene muy buenas relaciones con Rivera porque ambos se dedican a la misma labor.

Explica que está enfermo de Sida y sobrevive con lo poco que gana, pero aún así la policía lo acosa y hostiga con multas excesivas. No recibe ayudas del gobierno y cree que por su padecimiento y la falta de medicinas su vida no se prolongará por mucho tiempo. A esa situación se suma las reiteradas multas que le han impuesto y que nunca podría pagar.

Valle asegura que la crisis por la que atraviesa el país es tan grave que hasta los propios uniformados abusan de los "pobres cuentapropistas que ganan muy poco".

El comunicador agregó que los hechos descritos se dan a menudo en la isla, donde los ciudadanos pasan penurias de todo tipo e intentan "buscar dinero por cualquier vía" para el sostén de la familia, concluyó.

Delibera es una organización que tiene como objetivo "generar un espacio de diálogo entre y con los ciudadanos para que, en ejercicio de las libertades y derechos constitucionales, avancen en la solución de los problemas sociales y los de sus comunidades", según manifiesta en su canal de YouTube.

Amenazan con retirar licencia veterinaria a científico Ariel Ruiz Urquiola

El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en su finca de Viñales. (Captura de video/El Estornudo)

Funcionarios del Ministerio de la Agricultura en Viñales, Pinar del Río, amenazaron este lunes al Doctor en Ciencias Biológicas Ariel Ruiz Urquiola con retirarle la licencia veterinaria para operar en la finca Infierno, donde lleva adelante un proyecto agroecológico.

Ruiz Urquiola había acudido a las oficinas de esa dependencia en Viñales para firmar un talonario de multas cuando el delegado de la agricultura le informó que requería su presencia para "analizar la pertinencia de mi licencia ambiental porque en mi finca, supuestamente, en un corto tiempo ha habido un fallecimiento de ganado mayor".

Agricultura amenaza a Ruiz Urquiola con retirarle licencia veterinaria
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Según el científico, lo que pretenden las autoridades es "retirar la licencia veterinaria" que le permite tener animales en sus tierras en usufructo.

Ruiz Urquiola dijo a Radio Martí que solamente ha fallecido una vaca por problemas de salud en su finca, y el resto es consecuencia del vandalismo de simpatizantes del gobierno, algo que está documentado, denunciado y sin respuesta policial.

Del grueso de ese ganado mayor: cinco vacas, dos de ellas preñadas a punto de parir, y dos lactantes, una sola falleció en medio de la recuperación después de una enfermedad, aseguró. Otra vaca apareció "cercenada en un platanal de un vecino y el resultado de la investigación policial nunca lo conocí".

El biólogo denuncia que esta situación es producto de la complicidad de las autoridades de la agricultura con la Seguridad del Estado por sus posiciones políticas.

"Ha habido manifestaciones despectivas entre miembros de la agricultura de '¿quién fue el loco que le había dado la licencia veterinaria a Ariel?'. Es risible el nivel de atropello de todas estas autoridades al servicio de la policía política", concluyó el científico.

OCDA demanda al régimen poner fin al exilio forzado de los cubanos

Regis Iglesias en Radio y Televisión Martí

La Organización Democrata Cristiana de las Américas (ODCA) demandó este lunes el fin del exilio forzado de los cubanos e hizo un llamado a la comunidad internacional a respaldar el derecho de los nacidos en Cuba a vivir en su patria.

"Uno de los derechos más vulnerados durante el actual régimen totalitario cubano es el derecho de los cubanos a vivir en su propia Patria y, consecuentemente, el derecho a circular y residir en el lugar del país que prefiera y el derecho a entrar y salir libremente de su país, tal como lo consigna el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos", señaló la organización en un comunicado.

ODCA se refirió al caso al caso del ex prisionero político Regis Iglesias Ramírez, Portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, al que no dejaron entrar a Cuba en diciembre a pesar de tener todos sus documentos en regla.

La Organización Demócrata Cristiana de América reiteró que la práctica del exilio forzoso ejecutada por las autoridades cubanas es una franca violación a los principios del derecho internacional.

"Si hay un derecho que, en principio, es absoluto, es el derecho a vivir en la patria, ya que según la doctrina internacional es un atributo de la personalidad, al igual que el nombre y la nacionalidad. La mantención de esta facultad es, por tanto, contraria al derecho internacional y solo un mecanismo de las dictaduras para mantener fuera de su territorio a los disidentes políticos", subrayó.

Todas las convenciones internacionales -advierte ODCA- prohíben la expulsión de los nacionales y excluyen la posibilidad de restringir el ingreso al país donde se nace. La organización demanda al régimen de La Habana "que levante la medida que impide el ingreso a Cuba a todos los disidentes cubanos y restablezca el derecho a regresar y vivir en Cuba".

La entidad continental reafirmó, además, "la necesidad de restablecer todos los derechos ciudadanos del pueblo cubano".

En noviembre pasado, cuatro relatores de Naciones Unidas denunciaron ante esa organización la existencia de un “patrón de persecución” contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas críticos con el régimen en Cuba y la coacción sistemática para forzarlos a salir del país.

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