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América Latina

"A mí me absolvió la historia", grita enfurecida Cristina Fernández a los jueces

La expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llega al tribunal en el primer día de un juicio por corrupción.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se consideró el lunes víctima de una persecución orquestada por la justicia y el presidente saliente Mauricio Macri al declarar cerca de cuatro horas ante un tribunal como presunta responsable de la concesión irregular de obras públicas.

A ocho días de su regreso al poder como vicepresidenta de Argentina, Fernández de Kirchner se defendió enfáticamente y en ocasiones a los gritos ante los tres jueces del Tribunal Oral Federal en el primer juicio que afronta por supuestos hechos de corrupción durante su mandato (2007-2015).

La expresidenta cuestionó que el tribunal no le concediera la petición de transmitir en vivo por televisión la audiencia de indagatoria, el mayor acto de defensa de un acusado ante un tribunal, y señaló que es víctima de un caso de “law fare”, que definió como “la articulación de los medios de comunicación y el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos” de los gobiernos centroizquierdistas que gobernaron la región durante las últimas décadas.

Al término de su larga intervención, en la que apuntó que se trata de un juicio “armado” y cuestionó al gobierno saliente por considerarlo impulsor del mismo, la exmandataria dijo a los magistrados que no iba a contestar preguntas.

“Preguntas tienen que contestar ustedes”, increpó Fernández de Kirchner a los tres jueces. “Este es un tribunal de ‘law fare’, a lo mejor tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver a la historia, a ustedes los va a condenar la historia”, sostuvo enfurecida.

Fernández de Kirchner, quien asumirá como vicepresidenta junto al presidente electo Alberto Fernández el 10 de diciembre, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que adjudicó de forma irregular 51 contratos de obra públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena que personas.

Entre los acusados están el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional.

La expresidenta también afronta otros cuatro juicios por supuestos delitos cometidos durante su mandato cuyas fechas de inicio no han sido definidas aún y cinco pedidos de detención que no han prosperado porque, como senadora, cuenta con fueros que le otorgan inmunidad de arresto.

Este primer proceso en su contra se inició en mayo mientras la dirigente política se encontraba en campaña para volver al poder como vicepresidenta. Fernández, su entonces compañero de fórmula, dijo que ella iba a “probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

La dirigente de centroizquierda solo interrumpió su intervención para servirse agua en un vaso y beber algunos sorbos.

Cuestionó que sucesivas audiencias judiciales fueron transmitidas en vivo y en directo y “en los pasajes más escabrosos que decía el fiscal apuntaban a mi cara y el resto de los acusados”, una muestra de que los medios de comunicación hacen conocer a la población “cosas que no figuran en el expediente ni conforman delito para que los jueces no tengan más remedio que condenar”.

Según Fernández de Kirchner, la causa que dio inicio a este proceso se activó en enero de 2016 a partir del entonces recién nombrado responsable de Vialidad, Javier Iguacel.

“La primera resolución que saca (Iguacel) es hay que investigar todas las obras de la constructora Austral de Lázaro Báez, realizadas en la provincia de Santa Cruz, y manda hacer una auditoría”, relató al apuntar a que la orden para impulsar la investigación partió del gobierno de Macri.

Durante su intervención, Fernández de Kirchner intentó refutar una de las acusaciones de los fiscales de que los fondos supuestamente irregulares para las obras ejecutadas por Báez estaban recogidos en varios proyectos de ley de presupuesto que la entonces mandataria envió al Congreso.

La expresidenta se desligó de responsabilidad alguna al respecto y acotó que el Congreso no cuestionó esas iniciativas y los encargados de ejecutar los presupuestos son los jefes de Gabinete de ministros. “Aquí no han citado a ningún jefe de gabinete y no digo que deban ser citados”, puntualizó.

"Van a tener un problema porque van a tener que citar al presidente de la república. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles", dijo sobre el hecho de que Fernández, el próximo mandatario, fue el titular de la jefatura del Gabinete durante parte de su presidencia y todo el mandato de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

La exmandataria también cuestionó que Kirchner - gobernador durante un largo periodo de Santa Cruz- esté considerado supuesto planificador de la asociación ilícita que luego ella encabezó.

“Acá se afirma que había un plan maestro de Néstor Kirchner para ser presidente de la república y saquear las arcas del Estado y traer a Lázaro Báez. ¿Por qué si Néstor fue gobernador de Santa Cruz 16 años no lo hizo antes?" argumentó.

Según la acusación, la "organización criminal" que encabezó la exmandataria y que también funcionó durante el gobierno de su marido sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes y puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez.

Fernández de Kirchner también empleó la indagatoria para arremeter contra la justicia en otras causas en las que está procesada. “Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, no sé cómo tuve tiempo para gobernar este país”, subrayó la dirigente.

Además apuntó contra la “persecución” que sufren sus hijos Máximo -que es diputado electo- y Florencia, sometida a un tratamiento médico en Cuba debido a los estragos que han causado en su salud las investigaciones judiciales en su contra, según ha apuntado en varias ocasiones la exmandataria.

Cuestionó además que la justicia argentina arremeta permanentemente contra dirigentes peronistas y sus allegados por presunta corrupción.

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OEA apoya plan para democracia en Venezuela y exige salida de agentes cubanos

Elliott Abrams (izq.), representante especial de Estados Unidos para venezuela, junto a Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó el martes en un comunicado que la vuelta a la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la recuperación de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y la salida de los miles de agentes de la inteligencia cubana en esa nación.

El texto hace referencia al plan presentado el martes por el secretario de Estado Mike Pompeo, titulado Marco para la Transición Democrática en Venezuela, que propone levantar las sanciones a Venezuela a cambio de un acuerdo para compartir el poder entre miembros de la oposición y del partido del gobernante Nicolás Maduro, en un gobierno de transición antes de las elecciones.

Pompeo anunció formalmente el plan, que ofrece una "ruta de salida" de las duras sanciones, incluyendo las que pesan sobre la industria petrolera, si Maduro y sus aliados se muestran receptivos.

"El régimen está ahora bajo una presión más fuerte que nunca", afirmó el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, citado por Reuters. "Quizás esta presión conduzca a una discusión seria dentro del régimen".

La propuesta, que Abrams confirmó que fue aprobada por el presidente Donald Trump, pide que Maduro "se haga a un lado" y que la Asamblea Nacional controlada por la oposición "elija un gobierno de transición inclusivo aceptable para las principales facciones". Según el plan, el presidente encargado Guaidó también renunciaría durante la transición.

Al pronunciarse, la OEA reiteró que "resulta imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, así como recuperar la institucionalidad representada por la Asamblea Nacional y sus integrantes democráticamente electos, así como la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia".

La declaración del organismo hemisférico subrayó que "la vía posible para recuperar la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjeros".

La Secretaría General de la OEA considera "que el plan presentado constituye una propuesta válida de solución para salir de la dictadura usurpadora y recobrar la democracia en el país".

Y amplió: "El camino propuesto en el plan del Departamento de Estado en el día de hoy merece el apoyo de todos aquellos que bregamos por elecciones libres y transparentes en Venezuela, de acuerdo a los estándares de la Carta Democrática Interamericana, y con observación internacional, incluyendo la OEA".

Propuesta de EEUU para transición democrática en Venezuela incluye a chavistas

A Venezuelan holds a national flag during a protest against the government of President Nicolas Maduro at Santander square in Cucuta, Colombia, border with Venezuela, on February 12, 2019. - The tug of war between the Venezuelan government and opposition

Estado Unidos pidió el martes un gobierno de transición para compartir el poder en Venezuela compuesto por la oposición y algunos miembros del Partido Socialista del presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado indicó que también se podrían levantar las sanciones de Estados Unidos que han presionado al régimen de Maduro, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

A continuación publicamos el "Marco para la transición democrática de Venezuela" divulgada hoy por el Departamento de Estado:

Pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retira la orden de desacato y restaura todos los poderes de la AN, incluyendo las inmunidades de los diputados; se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos retiran las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC.

Se liberan de inmediato todos los presos políticos.

Todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la AN.

La AN elige a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25% o más de los miembros de la AN. (Esto otorgaría poder de veto tanto al PSUV como a la coalición multipartidista de Guaidó respecto a personal para cualquiera de estos cargos.) Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos.

La AN aprueba una ley de un “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.

Todas las facultades conferidas al presidente por la constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único.

Una vez se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido (a menos que se aprueben con ¾ de los votos de la AN), quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

El Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Los Estados Unidos retiran las sanciones a exmiembros del gabinete que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos anteriores. Los

Estados Unidos también retiran las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por el cargo que desempeñan en el organismo.

La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad. Todos los ciudadanos venezolanos deben tener el mismo acceso a los programas de bienestar social actuales, que ahora recibirán apoyo complementario internacional. Se inician negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a los principales programas de apoyo.

Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y esta informa a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión cuenta con cinco miembros que el Secretario General de las Naciones Unidas nombra con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía de conformidad con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubre todos los delitos de carácter político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional.

El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar las elecciones simultáneas a la presidencia y a la AN en un plazo de 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano apto conforme a la Constitución de 1999 puede presentarse a las elecciones.

Se celebran las elecciones a la presidencia y a la AN. Se retiran todas las sanciones de los Estados Unidos restantes con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales.

Se establece una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición.

Las autoridades estatales o locales se mantienen durante el periodo de transición.

El senador cubanoamericano Marco Rubio advirtió que el plan puede fracasar "si deja de lado a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional legítimamente elegida que dirige. O si incluye a Nicolás Maduro y ciertos miembros de la mafia que él controla ”.

El presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer enfatizó en que "la crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos facciones políticas legítimas" sino una lucha "entre una red de delincuencia organizada dirigida por Nicolás Maduro y una Asamblea Nacional legítima y electa democráticamente".

El presidente encargado Juan Guaidó agradeció la iniciativa de Pompeo y el respaldo de EE.UU. a la conformación de un Gobierno de Emergencia y Consejo de Estado para resolver la crisis.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que la soberanía de Venezuela no está en negociación.

"Ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran pero las decisiones en Venezuela, se toman en Venezuela, con sus instituciones y su constitución. Nosotros no estamos tutelados por EEUU", afirmó Arreaza en entrevista con la emisora colombiana BluRadio.

Guerrilla colombiana anuncia cese el fuego por el coronavirus

Un miembro del Ejército de Liberación Nacional en la selva colombiana. (Archivo)

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el lunes a los colombianos un cese el fuego unilateral durante abril como un gesto humanitario para contribuir a contener la expansión del coronavirus.

"El Ejército de Liberación Nacional estima conveniente declarar un cese unilateral activo, por un mes, a partir del 1 hasta el 30 de abril, gesto humanitario del ELN con el pueblo colombiano, que padece la devastación del coronavirus", dijo el grupo rebelde en un comunicado en su página de Internet.

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que pidió un cese el fuego global para que el mundo pueda concentrarse en combatir la pandemia, recibió con beneplácito el anuncio y confió en que ayude a aliviar a las comunidades de las zonas afectadas por conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos, reportó la agencia de noticias Reuters.

Este grupo, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, advirtió que el cese es activo porque sus combatientes se reservarán el derecho a defenderse de los ataques de las Fuerzas Militares.

El grupo convocó al Gobierno del presidente Iván Duque unirse con su delegación que se encuentra en Cuba para concertar un cese al fuego bilateral y temporal, algo que parece improbable luego que el mandatario canceló una posible negociación tras un ataque con un carro bomba en una academia policial en Bogotá, en enero de 2019, que dejó 22 cadetes muertos.

Duque exige a esa guerrilla, que cuenta con unos 2.000 combatientes, un cese unilateral de hostilidades incluyendo la suspensión de secuestros y ataques contra la infraestructura petrolera del país, además de concentrar sus combatientes con supervisión internacional, como condición previa para iniciar un diálogo de paz, demandas que el ELN no acepta.

El grupo también pidió al gobierno descongestionar las cárceles en medio de la emergencia sanitaria liberando a los presos políticos, un subsidio monetario a todos los desempleados y la suspensión del pago de las deudas de las personas con el sistema financiero.

Por su parte, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que el gobierno colombiano "no bajará la guardia y vigilará el cumplimiento de lo anunciado por esta guerrilla".

Cwballos insistió en la urgencia de que el ELN suspenda las acciones violentas, libere a las personas secuestradas y deje de reclutar a menores.

Colombia permanece en un aislamiento preventivo obligatorio de 19 días hasta el 13 de abril, como parte de las medidas del gobierno para prevenir la propagación del Covid-19.

HRW denuncia "desinterés temerario" de López Obrador respecto a COVID-19

El presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador, asegura que el coronavirus no es un problema.

En su más reciente informe, Human Rights Watch da a conocer su preocupación por el “desinterés temerario” que muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al negarse a brindar información real a los ciudadanos del país sobre la epidemia COVID-19.

Pese a que ya son seis los fallecidos y la cifra de contagiados asciende a 475 casos, el presidente de México rechaza cumplir con protocolos, orientaciones y recomendaciones de los organismos de la Salud Pública y tampoco cumple con el deber de ofrecer información verídica sobre la trascendencia de la situación.

Según afirma HRW, López Obrador llega incluso a contradecir abiertamente las disposiciones de las autoridades especializadas, exhortando a los mexicanos “a que sigan saliendo a espacios públicos”.

“El comportamiento del presidente López Obrador de cara a la crisis del CVID-19 es un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos”, declara José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ha mostrado una renuencia indignante a brindar información precisa y comprobada sobre los riesgos de un virus que ya ha matado a miles de personas en todo el mundo. Es necesario que aborde este problema con seriedad, a fin de proteger la salud y la vida de la población mexicana”.

Las ligeras palabras del presidente de México: “no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”, o, a sus efectos: “Hay quien dice que, por lo del Coronavirus, no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse. No pasa nada”. Han salido a relucir en el presente informe.

Hace apenas una semana, los empleados del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, encargada de realizar las pruebas y atender a los afectados, elevó una protesta por la total “ausencia de protocolos” para actuar contra el virus, “el secretario de Salud llegó tarde a la fiesta del Coronavirus”, apuntaron.

Por su parte, el personal médico apunta directamente hacia el gobierno de AMLO por su reticencia a aceptar que la epidemia se propaga rápidamente entre los ciudadanos, limitando con ello la posibilidad de las pruebas, dificultando también el conocer cuál es la cantidad de casos que “casi seguro es muy superior” a los reconocidos oficialmente.

No fue, sino después de varias sentencias obtenidas por varias ONG en colaboración con activistas mexicanos que, el pasado 23 de marzo el gobierno de López Obrador reconoció que el COVID-19 se estaba propagando dentro de México.

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