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América Latina

"A mí me absolvió la historia", grita enfurecida Cristina Fernández a los jueces

La expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llega al tribunal en el primer día de un juicio por corrupción.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se consideró el lunes víctima de una persecución orquestada por la justicia y el presidente saliente Mauricio Macri al declarar cerca de cuatro horas ante un tribunal como presunta responsable de la concesión irregular de obras públicas.

A ocho días de su regreso al poder como vicepresidenta de Argentina, Fernández de Kirchner se defendió enfáticamente y en ocasiones a los gritos ante los tres jueces del Tribunal Oral Federal en el primer juicio que afronta por supuestos hechos de corrupción durante su mandato (2007-2015).

La expresidenta cuestionó que el tribunal no le concediera la petición de transmitir en vivo por televisión la audiencia de indagatoria, el mayor acto de defensa de un acusado ante un tribunal, y señaló que es víctima de un caso de “law fare”, que definió como “la articulación de los medios de comunicación y el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos” de los gobiernos centroizquierdistas que gobernaron la región durante las últimas décadas.

Al término de su larga intervención, en la que apuntó que se trata de un juicio “armado” y cuestionó al gobierno saliente por considerarlo impulsor del mismo, la exmandataria dijo a los magistrados que no iba a contestar preguntas.

“Preguntas tienen que contestar ustedes”, increpó Fernández de Kirchner a los tres jueces. “Este es un tribunal de ‘law fare’, a lo mejor tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver a la historia, a ustedes los va a condenar la historia”, sostuvo enfurecida.

Fernández de Kirchner, quien asumirá como vicepresidenta junto al presidente electo Alberto Fernández el 10 de diciembre, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que adjudicó de forma irregular 51 contratos de obra públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena que personas.

Entre los acusados están el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional.

La expresidenta también afronta otros cuatro juicios por supuestos delitos cometidos durante su mandato cuyas fechas de inicio no han sido definidas aún y cinco pedidos de detención que no han prosperado porque, como senadora, cuenta con fueros que le otorgan inmunidad de arresto.

Este primer proceso en su contra se inició en mayo mientras la dirigente política se encontraba en campaña para volver al poder como vicepresidenta. Fernández, su entonces compañero de fórmula, dijo que ella iba a “probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

La dirigente de centroizquierda solo interrumpió su intervención para servirse agua en un vaso y beber algunos sorbos.

Cuestionó que sucesivas audiencias judiciales fueron transmitidas en vivo y en directo y “en los pasajes más escabrosos que decía el fiscal apuntaban a mi cara y el resto de los acusados”, una muestra de que los medios de comunicación hacen conocer a la población “cosas que no figuran en el expediente ni conforman delito para que los jueces no tengan más remedio que condenar”.

Según Fernández de Kirchner, la causa que dio inicio a este proceso se activó en enero de 2016 a partir del entonces recién nombrado responsable de Vialidad, Javier Iguacel.

“La primera resolución que saca (Iguacel) es hay que investigar todas las obras de la constructora Austral de Lázaro Báez, realizadas en la provincia de Santa Cruz, y manda hacer una auditoría”, relató al apuntar a que la orden para impulsar la investigación partió del gobierno de Macri.

Durante su intervención, Fernández de Kirchner intentó refutar una de las acusaciones de los fiscales de que los fondos supuestamente irregulares para las obras ejecutadas por Báez estaban recogidos en varios proyectos de ley de presupuesto que la entonces mandataria envió al Congreso.

La expresidenta se desligó de responsabilidad alguna al respecto y acotó que el Congreso no cuestionó esas iniciativas y los encargados de ejecutar los presupuestos son los jefes de Gabinete de ministros. “Aquí no han citado a ningún jefe de gabinete y no digo que deban ser citados”, puntualizó.

"Van a tener un problema porque van a tener que citar al presidente de la república. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles", dijo sobre el hecho de que Fernández, el próximo mandatario, fue el titular de la jefatura del Gabinete durante parte de su presidencia y todo el mandato de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

La exmandataria también cuestionó que Kirchner - gobernador durante un largo periodo de Santa Cruz- esté considerado supuesto planificador de la asociación ilícita que luego ella encabezó.

“Acá se afirma que había un plan maestro de Néstor Kirchner para ser presidente de la república y saquear las arcas del Estado y traer a Lázaro Báez. ¿Por qué si Néstor fue gobernador de Santa Cruz 16 años no lo hizo antes?" argumentó.

Según la acusación, la "organización criminal" que encabezó la exmandataria y que también funcionó durante el gobierno de su marido sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes y puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez.

Fernández de Kirchner también empleó la indagatoria para arremeter contra la justicia en otras causas en las que está procesada. “Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, no sé cómo tuve tiempo para gobernar este país”, subrayó la dirigente.

Además apuntó contra la “persecución” que sufren sus hijos Máximo -que es diputado electo- y Florencia, sometida a un tratamiento médico en Cuba debido a los estragos que han causado en su salud las investigaciones judiciales en su contra, según ha apuntado en varias ocasiones la exmandataria.

Cuestionó además que la justicia argentina arremeta permanentemente contra dirigentes peronistas y sus allegados por presunta corrupción.

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Rusia divulgó reestructuración de deuda con Venezuela

Vladimir Putin con Nicolas Maduro en Moscú

Rusia divulgó este martes los términos de una reestructuración de deuda acordada previamente con Venezuela que muestra que los pagos anuales de Caracas a Moscú se incrementarán en cinco veces a partir de 2023.

Los detalles se incluyeron en un proyecto de ley gubernamental presentado para su ratificación a la cámara baja del Parlamento, o Duma.

No estaba claro qué pasaría con el acuerdo entre Rusia y Venezuela si la Duma rechaza el proyecto de ley.

Caracas tiene que pagarle a Moscú 133 millones de dólares al año desde 2019 al 2022. La cifra aumenta a 684 millones de dólares entre 2023 y 2026, mostró el documento en el sitio web de la Duma.

El acuerdo, firmado por Rusia y Venezuela en 2018, prevé el reembolso de 3.120 millones de dólares en capital y pagos de intereses por 217 millones de dólares.

Ambos países acordaron la reestructuración de la deuda a finales de 2017.

Moscú ha actuado como prestamista de último recurso para Caracas, con el gobierno ruso y el gigante petrolero Rosneft proporcionando al menos 17.000 millones de dólares en préstamos y líneas de crédito desde 2006.

Panamá incauta más de mil paquetes de droga con apoyo de EEUU y Colombia

Soldado del SENAM en Panamá.

Las autoridades panameñas informaron este lunes de que incautaron 1.049 paquetes de droga, detuvieron a cinco colombianos y además decomisaron 2 embarcaciones en dos operaciones realizadas en aguas del Pacífico con apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Lancha semisumergible encautada en Panamá
Lancha semisumergible encautada en Panamá

En una de estas acciones, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 610 paquetes de droga no identificada y peso total no especificado, dentro de un semisumergible interceptado al sur de Isla Coiba, frente a las costas de la provincia central de Veraguas.

En esta operación, en la que el Servicio Aeronaval contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y el apoyo aéreo de la Guardia Costera de Estados Unidos, se detuvo a 3 colombianos que viajaban en la lancha que transportaba la droga.

"En coordinación con patrullajes marítimos @ArmadaColombia y apoyo aéreo @USCG se logra interrumpir el desplazamiento de una embarcación tipo lancha semisumergible de bajo perfil (LPV), 3 aprehendidos y 610 paquetes de presunta sustancia ilícita, al Sur de Isla Coiba, Veraguas", confirmó en sus redes sociales el Senan.

En otra operación, también en aguas del Pacífico, el Servicio Nacional Aeraonaval, en conjunto con personal del Ministerio Público de Panamá (MP), incautó 439 paquetes de droga no determinada y peso no especificado que era transportada en una lancha rápida en Isla San José.

La Isla San José es una de las más de 30 islas que conforman el Archipiélago de las Perlas, localizado en el Golfo de Panamá.

Drogas confiscadas por el SENAM en Panamá.
Drogas confiscadas por el SENAM en Panamá.

Dos hombres de nacionalidad colombiana, no identificados, fueron detenidos por personal de la fiscalía antidrogas del Ministerio Público por su presunta vinculación con el alijo, indicó la entidad investigadora en sus redes sociales.

Las autoridades de Panamá decomisaron en el 2019 un total de 90,99 toneladas de drogas, una nueva cifra récord para este país de tránsito de estupefacientes, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10 % de ellas extranjeros.

Lancha encautada por el SENAM en Panamá.
Lancha encautada por el SENAM en Panamá.

Expulsa Maduro a embajadora de la UE tras sanciones a funcionarios del régimen

La embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa.

El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes en la tarde que la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante Pedrosa, tiene 72 horas para salir del país.

La acción ocurre después de que el Consejo de la Unión Europea impusiera sanciones a 11 funcionarios chavistas, entre ellos, la directiva paralela de la Asamblea Nacional encabezada por el diputado disidente Luis Parra.

Las nuevas medidas europeas elevan a 36 los funcionarios ligados al régimen de Maduro; las sanciones incluyen una prohibición de viajar y el congelamiento de activos. Están señalados de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros.

Entre los sancionados figuran: Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia declaró en mayo como presidente y vicepresidentes del Parlamento y son reconocidos por Maduro, pero no por la mayoría de los integrantes de la Asamblea, que reeligió en enero al líder opositor Juan Guaidó como el jefe del legislativo.

También aparecen en la lista de los sancionados Juan José Mendoza, presidente de la sala constitucional del Tribunal Supremo, y el general José Ornelas, jefe del Consejo de Defensa de la Nación.

Estatal PDVSA se apodera de gasolineras privadas

Colas para reabastecerse de combustible en Maracaibo, Venezuela, mayo 17 de 2019. (Reuters).

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ordenó la entrega en 72 horas de estaciones de servicio en algunas ciudades del país operadas por privados, una medida unilateral que llegó luego que el gobierno autorizó subir el precio de la gasolina y venderla en ciertos sitios en divisas.

La notificación que PDVSA envió por escrito y fue vista por Reuters el sábado, tomó por sorpresa a operadores de las gasolineras que mantuvieron la concesión de estos negocios por décadas, dijeron dos fuentes conocedoras de este proceso.

"En Caracas son una decena (las que han recibido la carta de PDVSA)", dijo una de las fuentes. El desalojo de las estaciones de servicio, añadió, se produce sin recibir ninguna indemnización.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de más información. El documento de notificación indica que la petrolera "podrá rescindir el contrato en forma unilateral y en cualquier momento".

El cambio de control de las estaciones surge una vez que el gobierno abandonó este mes los fuertes subsidios a la gasolina que por años la hicieron la más barata del mundo, a la par que recibía por primera vez unos 1,53 millones de barriles de combustible iraní como medida para enfrentar las sanciones de Estados Unidos que dificultan sus operaciones en el extranjero.

Fenegas, la asociación que agrupa a las empresarios de las gasolineras, estaría solicitando reuniones con PDVSA y el ministerio de Petróleo para comprender el alcance de las medidas, agregaron las fuentes.

En los últimos días la petrolera estatal también tomó control de otras 17 estaciones de servicio en el central estado Carabobo y notificó de un cambio similar a cuatro operadores de gasolineras en el oriental estado Sucre.

En el país funcionan unas 1.680 estaciones de servicio, la mayoría propiedad de privados y PDVSA es dueña de unas 200 de ellas, que hasta ahora han venido operando compañías privadas con permisos especiales.

No está claro si PDVSA delegará en otros operadores o asumirá control de la venta de gasolina en las estaciones de servicio que reciben la notificación.

Desde inicios de junio los conductores pueden adquirir 120 litros al mes a un precio subsidiado y el resto deben pagarlo a un precio de 0,5 dólares por litro. El Banco Central había ordenado a los bancos vender las divisas que recibieran de esas ventas en las estaciones de servicio en el mercado cambiario.

Consejo Permanente de la OEA condena maniobras de Maduro contra la Asamblea Nacional y partidos políticos

David Smolansky en una sesión de la OEA junto a su Secretario General, Dr. Luis Almagro

Este viernes 26 de junio, en sesión extraordinaria virtual delConsejo Permanente de la OEA, aprobó una resolución de condena a lo que llamaron “continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional” y además contra la presión que ejercen sobre “el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela”.

La resolución rechaza y desconoce la “designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia” y el nombramiento de una directiva para los partidos políticos “Primero Justicia” y “Acción Democrática”.

También le exigen al régimen de Maduro el respeto por las “prerrogativas de la Asamblea Nacional” y el cese de la interferencia en el funcionamiento de los partidos políticos independientes.

La OEA urge a Maduro a que libere a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la Asamblea Nacional, y cesar de inmediato toda detención, persecución y encarcelamiento arbitrario.

Tambien hicieron un llamado “a todos los actores políticos en Venezuela para que inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática en la República Bolivariana de Venezuela”.

La resolución fue adoptada por 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes.

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