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América Latina

Canciller de Costa Rica a la VOA: "El país no puede recibir más migrantes"

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, en entrevista con la Voz de América. (VOA/Twitter).
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, en entrevista con la Voz de América. (VOA/Twitter).

Costa Rica, uno de los países más afectados por la crisis migratoria que enfrentan las Américas se ha visto desbordada por la llegada de migrantes, un flujo que no deja de crecer y cuya solución debe ser "una responsabilidad conjunta" del continente.

"El ingreso de migrantes per cápita excede (...) los límites de la razonabilidad" que tiene la pequeña nación centroamericana para afrontar sola este fenómeno, afirmó en entrevista exclusiva con la Voz de América el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco, quien abogó por un manejo compartido de los procesos de movilidad en la región.

Tinoco llegó a Washington para participar en la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y conversó con la VOA sobre los nuevos centros de procesamiento para migrantes que su país opera en coordinación con organismos internacionales y naciones receptoras como Estados Unidos, Canadá y España.

El ministro de Exteriores también se refirió a los retos que presenta la asimilación de cientos de miles de solicitantes de asilo, y los esfuerzos que realiza su país para garantizar los derechos de los de migrantes que pasan por su territorio en busca del "sueño americano".

Voz de América: Ministro Arnoldo André Tinoco, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista para la Voz de América. Queremos iniciar esta entrevista hablando precisamente acerca de las oficinas de movilidad segura que empezaron a funcionar ya en varios países. ¿Cómo surgió la decisión de habilitar estos centros en Costa Rica?

Canciller Arnoldo André Tinoco: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El tema migratorio es un tema importante para Costa Rica, forma parte de nuestros programas de política exterior. Es un tema muy relevante desde el punto de vista político, económico y demográfico. Y dentro de este tema, dentro de la Declaración de Migración de Los Ángeles y dentro de las conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, es que se desarrolla la idea de estas oficinas de movilidad o de pre-registro para determinar si algunos grupos de poblaciones migrantes califican o no dentro de los programas de inmigración, no solo de Estados Unidos, sino también por ejemplo, de España y eventualmente Canadá.

La idea es que el interesado brinde su información personal y de su núcleo familiar para que los expertos que lo atienden determinen si califica en algunos de los programas de inmigración de estos países que he mencionado: Estados Unidos, Canadá o España, para facilitarle entonces una inmigración vía aérea a ese país de destino, en caso de calificar.

VOA: ¿Cómo van a funcionar estas oficinas y qué capacidad tienen de atención y procesamiento de las solicitudes?

Canciller: En el caso nuestro, en Costa Rica, hemos determinado que la oficina la ubicaríamos en el norte del país, hacia la frontera con Nicaragua, pero no es tan importante la ubicación física porque mucho del proceso va a ser virtual o vía computadora por un website especial. Van a ser los encargados o funcionarios internacionales de la ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, quienes van a atender este proceso.

VOA: ¿Quiénes pueden acudir a estas oficinas de movilidad y cuál es el tiempo de espera de procesamiento de los casos?

Canciller: En el caso de Costa Rica, para el plan piloto experimental inicial hemos definido dos poblaciones: los nicaragüenses y venezolanos, que al 12 de junio ya se hubiesen encontrado en Costa Rica. Es necesario como condición que ya hayan estado en el país, para que el programa se dirija a quienes ya están en Costa Rica y el tiempo de procesamiento, está planeado para que se resuelva la solicitud en pocas semanas.

Va a haber una pre-aplicación vía virtual y quienes califiquen van a ser invitados a la entrevista personal y luego se estaría resolviendo en pocas semanas.

VOA: ¿Cuáles serían los programas a los cuales estos migrantes pueden acogerse a partir de la instalación de estas oficinas?

Canciller: Eso depende de los países receptores. Estados Unidos tiene sus programas, Canadá tiene los propios y España los propios. Pueden ser migraciones laborales, de personas calificadas o semi calificadas por reunificación familiar o por otros motivos, pero va a depender de cada Estado receptor los programas que diseñen para este tipo de migrantes.

VOA: Usted menciona que básicamente la instalación de estas oficinas se da en el marco de un acuerdo con Estados Unidos y en un acuerdo con estos países, que serán los receptores de muchos de estos migrantes. ¿De qué manera la instalación de estas oficinas cree usted va a beneficiar a toda la política y el trabajo que están realizando en Costa Rica para atender la necesidad de esta gran cantidad de migrantes que llegan a su país?

Canciller: Es un programa en función de las personas. Costa Rica en realidad gana y pierde, pero es un respeto a la voluntad de las personas migrantes que quieren continuar su marcha hacia otros destinos que no sea Costa Rica.

Nosotros tenemos prácticamente un 20% de nuestra población, un millón de personas son no nacidas en Costa Rica, en el sentido de que son inmigrantes de alguna forma. Entre 500.000 y 750.000 han de ser nicaragüenses y los otros de otras nacionalidades, los que vienen hacia Costa Rica del norte, pero también tenemos los migrantes de paso que nos entrega Panamá en nuestra frontera sur y que acompañamos a la frontera nuestra con Nicaragua y continúan su paso.

Estos no califican para este programa específico. Porque, como le decía, va a aplicar únicamente a quienes ya han ingresado al país.

VOA: Recientemente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi, mencionó que precisamente la mayoría de los desplazados forzados de alguna manera acuden a países vecinos. Este es en cierta manera el caso de Costa Rica. ¿Ahora, cuál es el llamado de su gobierno a las economías desarrolladas para atender este gran número de refugiados en la región?

Canciller: El llamado de Costa Rica es de mayor cooperación internacional, mayor apoyo y asistencia financiera internacional. El problema de la migración nunca va a parar, no es un problema, es un desafío de las sociedades. Desde antes de Cristo se dan las migraciones mundiales de los pueblos. Ahora estamos viviendo migraciones de sur a norte y de este hacia el oeste.

Sin embargo, las causas son ajenas a Costa Rica. Costa Rica no es el origen de los motivos por los cuales las personas migran, sino somos país receptor y país de paso. En esa condición es que nos parece que es justo y equitativo que el costo de atención de estas poblaciones sea compartido responsablemente por todos los países. La solución a ordenar mejor los procesos para evitar que mujeres solas con sus familias y niños crucen por el Tapón de Darién, entre Colombia y Panamá, para continuar su marcha hacia el norte es una responsabilidad compartida de los países y la solución a la mejor administración de estos flujos de personas para respetarle sus derechos, es conjunta.

VOA: El Gobierno de Colombia en su momento otorgó un estatus de protección temporal a los venezolanos migrantes que están en su territorio. ¿Está Costa Rica dispuesta a considerar un camino similar de otorgar cierto estatus especial a los venezolanos que viven en Costa Rica, como también a nicaragüenses en su país?

Canciller: Efectivamente, Colombia otorgó un estatus de residencia de estancia provisional financiado por la comunidad internacional fuertemente, sin embargo, debo decirle que el 40% de los migrantes de paso que Panamá nos entrega tienen ya una tarjeta de residencia colombiana. Teniendo Colombia abierta su frontera con Venezuela, entonces los venezolanos van a Colombia, algunos logran un estatus de estancia en Colombia, pero también continúan su marcha hacia el norte.

Costa Rica está rebasando los límites de razonabilidad en cuanto al volumen de inmigrantes, los sistemas de Seguridad Social, los hospitales, los sistemas de educación y los sistemas de integración de la población están a su máximo. Ya el ingreso de migrantes per cápita excede, como he dicho, los límites de la razonabilidad y el país no puede ya acoger más migrantes.

VOA: La ACNUR ha señalado que el reto migratorio que actualmente se tiene especialmente en la región, requiere ciertas soluciones regionales y ese fue uno de los aspectos y uno de los temas que se habló al menos a una de las conclusiones que se llegó el año pasado en la cumbre de las Américas. ¿Considera usted que se está cumpliendo en ese mapa esa hoja de ruta para poder asistir a esta población migrante en la región?

Canciller: No suficientemente. El desafío migratorio surge por las condiciones en el domicilio de cada uno, nadie migra normalmente, nadie se va de su barrio, si tiene buena casa, buen trabajo, buena compañía y paz en las calles. Nadie se va de su barrio, de sus amistades, de su familia, voluntariamente. En esa cantidad de personas hay que tratar de solucionar las causas en el origen de la migración para poder reducir este problema.

Costa Rica no siempre es país de destino. Lo ha sido para muchos nicaragüenses que han buscado auxilio en su país vecino del sur. Pero para otros es país de paso, como le decía, los flujos que vienen del sur y buscan el sueño americano tratando de llegar hasta la frontera de Estados Unidos.

VOA: Ministro, ha mencionado precisamente la situación de los nicaragüenses en su país. Entiendo que alrededor de 800.000 nicaragüenses viven actualmente en Costa Rica. ¿Qué vías legales ofrece Costa Rica para atender a esta población?

Canciller: Quien demuestre ser refugiado político en el sentido de las convenciones internacionales de protección a los refugiados, calificaría como tal, pero he de decirle que de una cantidad de 250.000 solicitudes actuales están siendo procesadas con citas de hasta dentro de 9 años por incapacidad administrativa de procesamiento rápido.

Solamente habrán unos 15 ó 20.000 solicitudes de refugio político ya aprobado, porque la gran mayoría de esos 250.000 solicitantes de refugio no califican en el sentido técnico como refugiados, dado que son en su mayoría refugiados económicos. Para eso Costa Rica, la administración del presidente (Rodrigo) Chaves Robles aprobó un decreto de estancia provisional hasta por 2 años para aquellos que no han calificado o no calificarían como refugiados políticos, pero ya se encuentran en el país. No para nuevos, pero sí para quienes ya residen en el país, ya de por sí están semiintegrados a la economía y sociedad nacionales. Se ha diseñado un programa para poderlos legalizar.

VOA: ¿Cuál es el impacto que tiene este súbito incremento de migrantes en su país, tanto positivo como negativo?

Canciller: Como todo en la vida, y usted lo menciona, hay aspectos positivos y negativos. Dentro del aspecto positivo, por supuesto, (los inmigrantes) integran parte de la fuerza laboral del país, auxilian ciertos sectores de la economía que tienen déficit poblacional para generar riqueza y logran integrarse, sobre todo aquellos que son calificados, entrenados o semicalificados.

Los aspectos negativos son, por supuesto, el gran costo para la economía. Si usted piensa, depende de cómo se mida el impacto y volumen, pero puede andar en un costo de entre 200 y 300 millones de dólares anuales el atender 100.000 ó 200.000 migrantes en estatus irregular que coexisten en la población nuestra.

VOA: Costa Rica es uno de los países que, de acuerdo con ACNUR, recibe gran cantidad de solicitudes de asilo al año. ¿De cuántas solicitudes estamos hablando y cuántas de estas solicitudes realmente el país está preparado para poder otorgar o responder?

Canciller: Ya le comentaba que en la actualidad hay unas 250.000 solicitudes pendientes de resolver, de esos un 90% tienen origen de Nicaragua, pero también hay de otras nacionalidades, hay colombianos, venezolanos, ecuatorianos, haitianos, cubanos.

Estamos llegando al límite, la capacidad administrativa no alcanza. La dirección de migración destina ciertos funcionarios públicos ACNUR y OIM apoyan con otros funcionarios públicos, habrán unos 50 actualmente, entre todos procesando estas 250.000 solicitudes. Pero como le explicaba, hay listas de espera hasta de 9 años para resolver.

VOA: Para ir cerrando nuestra entrevista, ¿hay algo más que quiera mencionar?

Canciller: Sí, me interesa mucho reforzar el concepto de respeto de los derechos humanos que hace Costa Rica y de acogida para las personas que buscan refugio en nuestro país.

Destaco la libertad de prensa y expresión. Toda la prensa nicaragüense está operando desde Costa Rica, alguna de la prensa de El Salvador se ha trasladado a operar desde Costa Rica. Y es, en virtud de ello, que el país insiste en los valores democráticos y de principios y de protección a las personas y ese es el rumbo que seguirá defendiendo Costa Rica, tanto a nivel doméstico, como en las resoluciones de organismos internacionales, por ejemplo, ante la OEA esta semana acá en Washington o ante Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad del Consejo de Derechos Humanos al que Costa Rica ha accedido recientemente.

VOA: Ministro, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista para la Voz de América.

Canciller: Con mucho gusto.

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Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN

El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)
El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)

BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.

La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.

El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.

La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".

El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".

"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.

Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".

Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".

Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.

Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.

El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.

Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela

Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.
Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.

La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.

La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.

Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

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