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Cuba

El caso de Roberto Ribalta: Otra muerte bajo custodia en Cuba

Roberto Ribalta Junco

No es el único país donde ocurren fallecimientos bajo custodia, pero la indiferencia por los reclusos en peligro de muerte va haciéndose la norma en la isla. Y al parecer, a los que protestan, los ayudan a morir.

El pasado 17 de febrero falleció --según las autoridades en el puesto médico de la prisión de Guamajal, en Villaclara, Cuba-- el recluso común Roberto Antonio Ribalta Junco. Al momento de fallecer, Ribalta, quien había sido sancionado antes por otra causa, había cumplido 38 días de huelga de hambre tras ser encarcelado por un presunto robo que aseguraba no haber cometido.

Su fallecimiento, bajo custodia de las autoridades penitenciarias villaclareñas, podría catalogarse como otro caso de desidia o negligencia criminal de los carceleros, muy frecuentes en el sistema penal cubano.

En mayo del 2009 el diario El Nuevo Herald reportó, citando a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y otras fuentes, que sólo en los primeros cinco meses de ese año habían fallecido bajo custodia 18 presos comunes, en la mayoría de los casos por negligencia de las autoridades penitenciarias. Esta suele incluir la negación o dilación de la asistencia médica, como en los casos de ataques al corazón o sobredosis de fármacos.

NORMAS INTERNACIONALES

En ese sentido las Reglas Mínimas para el Tratamiento a Reclusos aprobadas por Naciones Unidas en 1957 prescriben (46.1) que “la administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios”.

Estas mismas reglas también señalan (22.1) que “Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado (…). Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación (…) 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional”.

Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el derecho a la vida fue el primer derecho citado en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948, luego de los dos primeros, que proclaman la igualdad de derechos para todos

¿Se hizo todo lo posible para salvar la vida de este villaclareño de 44 años? ¿Se cumplían las prescripciones de Naciones Unidas en los penales donde transcurrió la tragedia de Ribalta Junco? ¿Hubo algo más que negligencia de los carceleros?

EL HERMANO

Hablamos al respecto con Alexander Ribalta, hermano del fallecido.

Alexander Ribalta: El se mantuvo sin comer desde el 10 de enero, cuando lo detuvieron, hasta el 17 de febrero cuando falleció. En todo ese tiempo a mi madre la dejaron verlo una vez y casi a diario la llamaban de la prisión para decirle que mi hermano estaba bien, que su vida no corría peligro, que estaba hidratado, etc. Hasta el momento en que le trajeron la noticia de su muerte, que es lo que no entendemos los familiares.

Martinoticias: ¿Qué supieron ustedes extraoficialmente durante ese tiempo?

AR: Por una persona que llamó supimos que en la prisión de La Pendiente lo habían puesto en una celda tapiada, donde lo habían golpeado y le habían negado el agua. Y el día antes de su muerte, por otra persona anónima supimos que estaba muy mal y que lo iban a trasladar a un hospital civil. Eso no lo tenemos muy claro porque en ningún momento mi hermano estuvo en un hospital civil sino en el de la prisión de Guamajal.

Martinoticias: Tengo entendido que tú fuiste al hospital mientras le estaban practicando la necropsia…

AR: Cuando nos avisaron, sobre las 10:00 am del 17 fui rápido para el hospital con mi sobrina y pedimos ver el cadáver, porque no lo podíamos creer, pero nos dijeron que no podíamos verlo hasta que terminaran de trabajar con él. A las 6 de la tarde fue que mi sobrina intentó vestir el cadáver, pero lo único que hizo fue ayudar, porque tampoco la dejaron.

Martinoticias: Tu hermana Elianey, que es enfermera y vive aquí en Miami, está convencida de que cuando él murió estaba solo, sin asistencia, porque para cerrarle los ojos y la boca hubo que coserlos debido al rigor mortis, que sólo ocurre de 3 a 4 horas después del fallecimiento.

AR: Sí, porque los tenía muy rígidos. En el transcurso de todo este dolor hemos ido sabiendo que debió haber muerto muy solo, y que lo encontraron en la mañana. Un oficial nos dijo que debe haber sido a las 7 de la mañana, porque antes le preguntó algo a un recluso de otra celda.

Martinoticias: ¿Sabes qué tiempo hacía que lo habían trasladado al hospital?

AR: A las cuatro de la tarde del viernes. El murió el sábado. Y no sabemos para qué lo llevaron, porque en ningún momento nos comunicaron a los familiares que mi hermano estaba en el hospital. Cuando preguntamos de qué había muerto, la persona que hizo la necropsia nos dijo que no había una causa de muerte aparente, que en su momento oportuno nos darían respuesta.

MUERTES BAJO CUSTODIA: UNA PERSPECTIVA

Un jurista brasileño que ha escrito sobre las muertes bajo custodia, Genival Veloso de França, señala la necesidad de que, además de la necropsia, las autoridades emprendan una investigación criminal en todos los casos de muerte bajo custodia, ya que en todas cabe una sospecha. En los países del mundo donde ocurren, las autoridades son a menudo acusadas de abusos, negligencia, racismo o encubrimiento de las causas de estas muertes.

Veloso de França señala que todos los casos de muerte bajo custodia “merecen una actitud enérgica del poder público y un tratamiento especial por parte del peritaje médico legal ante la garantía que la sociedad debe tener de que la autoridad actuó de forma correcta”. También precisa que “tal posición es la que se espera de todo gobierno democrático con políticas claras de derechos humanos y que vele por el mantenimiento de un estado de derecho”.

LA MADRE

Doraida Junco, la madre de Ribalta tiene varias razones para sospechar. Una de ellas es que cuando fueron a buscar la ropa con que iba vestido su hijo el día del arresto les dijeron que no aparecía. Pero también sospecha porque la llamaron reclusos del penal La Pendiente.

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Doraida Junco: Me llamaron y me dijeron que lo habían golpeado. Inclusive, cuando mi nieta fue al hospital a vestirlo, no la dejaron terminar. Ella le revisó el cuerpo a petición de mi hijo Alexander, pero no pudo verle la espalda, porque no podía voltearlo, y entonces vino un guardia, le quitó el pulóver y le dijo: “Dame acá para ponerle el pulóver”. También me dijeron que él gritaba que le dieran agua y el guardia le decía “Si no quieres comer tampoco te voy a dar agua”. Y lo tenían en celda tapiada.

Martinoticias: ¿Recibió otras llamadas?

DR: El día 15, sobre las 4 de la tarde, me llamó un señor que después he podido averiguar que era un guardia. No voy a revelar su nombre, pero me dijo que a mi hijo se lo habían llevado remitido en bastante mal estado para el hospital nuevo (el provincial Arnaldo Milián), aunque no sabía si lo llevarían allí o lo desviarían. Pero yo creo que nunca lo llevaron al hospital nuevo, porque cuando él estaba allí (como recluso) siempre buscaba la manera de avisarme con alguna persona y esta vez me desvelé esperando por esa llamada y nunca llegó.
Martinoticias: ¿Adonde fue su hijo a ver el cadáver?

DR: A la prisión de Guamajal. Y todo fue un misterio, porque después me llamó un pariente que está preso en régimen abierto, en un campamento y me dijo: “Doraida, no dejes esto de la mano, que con tu hijo hubo algo, porque a la brigada de mi campamento que trabaja en el patio de Guamajal ese día la viraron”.

Martinoticias: ¿Sabe si el hospital de Guamajal tiene condiciones para tratar una persona en la situación de su hijo?

DR: No, no tiene condiciones. Yo se lo digo porque yo he entrado a ese hospital, precisamente a verlo a él, que ha estado ingresado otras veces allí. Allí las camas son unos cuartos cerrados, aislados, Lo único que tienen allí es sueros y algunas inyecciones, pero no tienen equipos como para una persona grave. Esos equipos sólo los tiene el hospital civil. Allí hay un enfermero que va a sus horas a darles los medicamentos, ya después sale de allí y no entra más. O sea, que si algún paciente se pone grave como se puso mi hijo, simple y llanamente lo encuentran muerto.Y ya.

DOS O MÁS ¿NO ES UN PATRÓN?

Aunque Roberto Antonio Ribalta Junco era un recluso común, hay algo que vincula su caso con el de dos presos políticos muertos en los últimos años en Cuba bajo custodia: su huelga de hambre.

En Cuba los presos recurren a atentar contra su salud, y eventualmente sus propias vidas, como último recurso contra los abusos del sistema judicial-penal. En huelgas de hambre murieron, en febrero de 2010, Orlando Zapata Tamayo, tras 83 días de ayuno; y en enero del 2012, Wilman Villar Mendoza, tras 50 días sin comer. Sus familiares también se quejaron de que los dejaron morir sin asistencia médica.

Además, la madre de Zapata, Reyna Loyda Tamayo, no se ha cansado de decir que el gobierno de Cuba mató a su hijo cuando ordenó cortarle el suministro de agua para que dejara la huelga. Durante 16 días. Y que sólo cuando ya no tenía salvación lo llevaron al Hospital Nacional de Reclusos y, para salvar la cara, al hospital insignia del sistema nacional de salud, el Hermanos Amejeiras.

Cualquier semejanza ¿le parece pura coincidencia?

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Guardia Costera advierte que detendrá y repatriará a migrantes interceptados en el mar (VIDEO)

Una mujer y un niño rescatados en el naufragio cerca de Islas Bimini. (Foto: Royal Bahamas Defence Force)

La Guardia Costera de Estados Unidos reiteró su pedido a los migrantes irregulares de no lanzarse al mar en su intento de llegar a costas estadounidenses, y dijo que continúa monitoreando las aguas cercanas a Cuba, Haití, República Dominicana y Las Bahamas.

Navegar en embarcaciones que no están preparadas para hacerlo es "extremadamente peligroso y puede provocar la pérdida de vidas", señaló la agencia federal en un mensaje en Twitter, acompañado de una advertencia en video del capitán Benjamin Golightly, jefe de respuesta del Séptimo Distrito de la Guardia Costera de EEUU.

"La Guardia Costera y nuestras agencias asociadas continuarán deteniendo estos viajes. Será interceptado y debe esperar ser retornado, repatriado, a su país de origen", señaló el oficial.

"Entendemos que estos países tienen desafíos políticos y económicos, pero elegir esta forma ilegal e insegura de migrar a los Estados Unidos no es la mejor opción", concluyó el capitán Golightly.

El viernes pasado, la Real Fuerza de Defensa de Bahamas (RBDF) y la Guardia Costera de EEUU rescataron a 31 migrantes de un naufragio en aguas del suroeste de Islas Bimini, cerca del Sur de Florida.

Las autoridades bahamenses dijeron que se trató de un esfuerzo de búsqueda y rescate en medio de una operación sospechosa de tráfico de migrantes.

"Una mujer quedó atrapada debajo de la embarcación volcada y, con la ayuda de un buzo de la Real Policía de Bahamas, también fue rescatada", informó la RBDF en un comunicado. La nacionalidad de los migrantes no fue revelada.

Desde el 1 de octubre de 2021, al comienzo del año fiscal, la Guardia Costera ha rescatado a más de 500 cubanos en el mar.

Otros cinco muertos y más de 3,500 casos de COVID-19 en Cuba

Los contagios por COVID-19 se mantienen sobre los 3 mil diarios en Cuba, según el reporte oficial. ( REUTERS/Alexandre Meneghini)

Las autoridades sanitarias reportaron este domingo otros 5 fallecidos y 3,508 contagios por COVID-19 en Cuba, en una jornada con más de 16 mil 500 casos activos y casi 33 mil ingresos por la enfermedad.

Del total de contagios, 3,409 fueron contactos de casos confirmados; 41 con fuente de infección en el extranjero y 58 sin fuente de infección precisada, dijo el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en su parte diario.

Las Tunas, con 437 casos, y Holguín, con 405, presentan la situación más compleja, con otras siete provincias por encima de los 200 contagios.

Algunos cubanos se alarman ante el avance de la enfermedad, y critican el incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de la población.

"Todo en aumento. Qué está pasando. Las colas, no se ponen la vacuna, no usan máscara. Esto es demasiado", se quejó Carmen Francisca Núñez.

"(...) esto da miedo, muchos creen que es un catarro, pero están muriendo personas", comentó en el Facebook la residente en Nueva Paz, Mayabeque, Kirenia Jorge. La provincia informó de 246 nuevos casos de coronavirus.

Mientras, otro usuario de esa red social, que se identifica como O Melo Coto González, denunció que en Ciego de Ávila "se contaminaron pruebas, y los muertos siguen".

Aunque en los últimos reportes del MINSAP las altas médicas superan los nuevos casos, el número de fallecidos ha ido en aumento. El sábado también se informó de cinco muertes por el virus.

El país acumula, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, 1 millón 022 mil 112 contagios y 8,363 fallecidos por COVID-19, según cifras oficiales que no es posible confirmar de forma independiente.

Cuba reporta cinco muertos y 3,401 nuevos casos de COVID-19

Un centro de aislamiento en La Habana en agosto de 2020.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba reportó este sábado cinco muertes por coronavirus y 3,401 nuevos casos positivos.

El número de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia es de 1018604 y de víctimas fatales 8358.

De acuerdo al conteo de las autoridades sanitarias de Cuba, existen 16,969 casos activos, 16,917 presentan una evolución clínica estable y hay 52 pacientes en terapia intensiva: 18 críticos y 34 graves.

Varios lectores de medios oficialistas que reproducen la nota del MINSAP indican que la aparente estabilidad en la cifra de casos esta dada porque se están realizando menos pruebas de diagnóstico.

Un usuario llamado Sergio comentó: "Hoy se analizaron 3,000 tests menos y dieron casi 400 positivos más que el jueves pasado. El jueves fueron 3,195 casos con 38,570 tests analizados. Hoy fueron 3,401 casos con 35,776 muestras analizadas. Por lo cual, nada de meseta, si se analizasen más muestras, probablemente dieran más positivos, los datos hay que ponderarlos, no nos podemos ir con "la primera bola".

Otro lector identificado como Ritalong alertó: "Menos muestras, más casos... de aplicar más muestras, tendríamos el Everest encima....cuidado ahí...."

Un tercer usuario pregunta con suspicacia: "¿Cuál será la fórmula de la provincia capital del país para mantener reportes inferiores a municipios como el de Holguín? Alguien tiene idea de cómo logran mantenerse por debajo de 200 casos con 2 millones de personas".

Desalojo orientado, la técnica de moda contra la sociedad civil independiente en Cuba (VIDEO)

Seguridad del Estado ordena desalojo de vivienda a periodista independiente
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Llámele como guste, desalojo por presión, forzado u orientado. Así opera la policía política cubana que se cobra una nueva víctima con este accionar para nada novedoso.

Es la técnica de implantar el miedo entre propietarios que arriendan a miembros de la sociedad civil independiente cubana. Su objetivo, lograr la asfixia y descentrar a la víctima de su labor cotidiana y profesional.

La periodista independiente, Yadiris Luis Fuentes, colaboradora de ADN deberá abandonar la vivienda que alquila desde junio pasado en el municipio Centro Habana antes del cinco de febrero, por negarse a acudir al llamado del agente de la policía política, alias, "Manolo",“el compañero que la atiende” (sección 21 de la policía política, atención a disidentes) para concertar un interrogatorio sin citación oficial.

No pasaron muchas horas después de dar el no a Manolo para que el propietario de la vivienda le comunicara apenado que debía mudarse [por instrucciones de la Seguridad del Estado].

Además, según refirió Luis Fuentes, el señor podría ser multado con 15 mil pesos y arriesgarse al decomiso de su domicilio.

La Marcha Cívica por al Cambio

Vivió sitiada entre el 13 y 16 de noviembre pasados, cuando reinó la expectación en torno a la marcha de la plataforma Archipiélago que el régimen impidió.

Recuerda que el casero fue citado para interrogatorio el día 10 de noviembre, dos días antes que ella.

En aquel momento, confiesa que esperaba la orden de desalojo. Estaba lista para recoger pertenencias, empacar y dejar la vivienda, pero no, parece que aún no era objetivo de interés para la seguridad.

“Me levantaron un acta de advertencia para que no cometiera delitos, ni actividades que conllevaran a la comisión de delitos, muy risible. El objetivo era que yo no saliera el 14, ni el 15, que no fuera a la marcha”, indicó.

Graduada en 2015 de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, su provincia natal, la informadora tiene pago el arriendo hasta el cinco de febrero, de ahí que haya emprendido una carera contra el tiempo en busca de un alquiler que hasta ahora no ha encontrado.

“Es una técnica muy usada en el pasado, la han usado contra otras periodistas mujeres como Katherine Bisquet, Camila Lobón, Camila Acosta, Marthadela Tamayo, entre otras y es una historia que podría repetirse en mi caso y en el de otras personas que disienten en Cuba”, dijo a Radio Televisión Martí, la periodista que también colabora con la publicación independiente El Toque Jurídico.

Su colega Camila Acosta, periodista de Cubanet y corresponsal del diario español ABC, actualmente pendiente a juicio y en reclusión domiciliaria, tuvo que mudarse cinco veces en 2020 luego de que agentes de la policía política presionaran a sus caseros.

En una entrevista con Radio Televisión Martí el 20 de octubre último, en ocasión de su quinto desalojo, Acosta explicó: "En Cuba no existe una ley que le prohíba a una persona rentar a un periodista independiente, a un disidente, o a un opositor pero sabemos que la dictadura viola sus propias leyes, viola constantemente los derechos humanos y se vale del miedo y de la presión sobre los cubanos para lograr siempre lo que ellos quieren”.

Del desalojo forzado por la Seguridad del Estado no escapa ningún casero, ni el que tiene licencia y paga regularmente sus impuestos por la renta, ni el que alquila por la izquierda, de manera ilegal. No les queda otra opción que ceder a la presión del órgano represor aunque las ganancias por concepto de renta sean el único sustento.

“Quien no haya vivido esto no tiene ni idea. En América Latina uno tiene colegas que ni se lo imaginan, ni por asomo lo que puede ser vivir en dictadura”, lamentó Luis Fuentes.

El pago promedio de una renta en La Habana hoy oscila entre 9 mil y 15 mil pesos. De no encontrar el alquiler que busca antes del 5 de febrero, confía en la bondad y generosidad de buenas amistades que, por seguro, no la dejarán desamparada en la calle.

“Las rentas ilegales están mucho más diseminadas que las legales y entonces por ahí pueden ser presionados los caseros y nosotros vernos en la situación estresante de tener que cambiar de alquiler, buscar otro sitio donde vivir, estar descentrados en nuestro trabajo”, dijo la periodista, que ha pasado cursos auspiciados por la organización Cosecha Roja, de Argentina, y es parte de la Sexta Generación de la Redlat, de jóvenes de distintas latitudes.

“A ellos (la Seguridad del Estado) les molesta muchísimo que la gente se supere y en los interrogatorios me sacan eso, estas haciendo esto o estas estudiando tal cosa. Es horrible”, agregó la joven de 30 años.

Ella no tiene documentación de registro en La Habana, tampoco libreta de abastecimiento, no es parte de la estadística demográfica en la ciudad y con esta falta de información pareciera muy difícil rastrear su vida en la capital.

Entonces, sobreviene el sentimiento de sospecha, ese estado que describe como de paranoia, de silencio, de no atreverse a contar determinadas cosas incluso siendo periodista.

“Tampoco voy a dejar de tener amigos porque la seguridad tenga un infiltrado. Eso es lo que ellos quieren, aislarte del universo y que no seas persona. Cuando la gente es infeliz no puede ser efectivo en lo que hace”, apostilló.

Hermanas Garrido aprovecharon su propio juicio para denunciar torturas e injusticias tras el 11JCuba

Las hermanas María Cristina y Angélica Garrido

El Tribunal Municipal de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque, ratificó el viernes las peticiones fiscales de 15 años y 10 años de prisión para las hermanas María Cristina Garrido Rodríguez y Angélica Garrido Rodríguez, respectivamente, señaladas por liderar las protestas populares del 11 de julio, en Quivicán, provincia Mayabeque.

Las hermanas Garrido llevan meses recluidas en la Prisión de Mujeres de Occidente, en el Guatao, La Habana, bajo la medida cautelar de prisión provisional y ahora deben esperar allí a que su se haga firme su sentencia el 18 de febrero.​

María Cristina, 41 años, acusada de desacato atentado y desórdenes públicos

Michael Valladares, esposo de María Cristina, dijo a Radio Martí que, a pesar de las injusticias cometidas en el caso de las opositoras, “ellas estaban firmes”.

Michael Valladares y María Cristina Garriga Tomado de sus perfiles de Facebook
Michael Valladares y María Cristina Garriga Tomado de sus perfiles de Facebook


El hombre relató que la sala estaba totalmente militarizada, con policías y brigadas especiales y que la primera en testificar fue su esposa.

La mujer denunció ante jueces y fiscales todas las injusticias y torturas que ha sufrido en todo el proceso y las afectaciones de salud a causa de las agresiones físicas que sufre en la cárcel.

“Confirmó frente a los fiscales y frente a los jueces su posición política, su forma de pensar. En ese momento, el juez la mandó a callar”, contó Valladares.

“Los mismos policías y todos los que estaban hablando ahí dando su testimonio en contra de los acusados, se vio que todo era mentira, una contradicción. Las declaraciones no venían (al caso) con lo que decían ellos... le cogían las mentiras ahí mismo. Todo está manipulado por la Seguridad del Estado”, afirmó Valladares.

A su juicio, la abogada de defensa hizo un buen trabajo pues defendió los derechos de las acusadas y exigió la liberación inmediata de ambas y recordó que manifestarse es un derecho constitucional.

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Angélica, 39 años de edad, acusada de desacato atentado y desórdenes públicos

Angélica denunció en el juicio el proceso turbio en su contra, construido a partir de falsos testimonios por parte de la Fiscalía y dijo no arrepentirse de haber marchado junto al pueblo el 11 de julio.

Su esposo Luis Rodríguez, quien también estuvo en la vista, declaró a Radio Martí que ella relató ante los jueces "la Odisea, lo que viene pasando Angélica. Lo que pasó en El Técnico de San José y después para la Prisión del Guatao, cuando pasaron a María Cristina para la Prisión del Sida y todo lo que lo que pasó allí, las torturas que padeció allí”.

Angélica Garrido Rodríguez Foto cortesía de María Cristina Garrido
Angélica Garrido Rodríguez Foto cortesía de María Cristina Garrido


Rodríguez dijo que la abogada fue "desbaratando los argumentos absurdos de los testigos de la Fiscalía".

"Todo se cayó. Sabemos que nada de eso va a interesarnos porque la sentencia de ella hace rato está escrita, pero por lo menos es gratificante ver cómo tienen que pasar la vergüenza de ser expuestos por lo menos delante de ellas mismas", dijo Rodríguez.

Durante el juicio, las hermanas expresaron la tristeza de estar lejos de sus hijos y a la vez de sus padres, pues ellas dos son las únicas hijas de esa familia.

“Sus hijos están sufriendo por ellas y los padres de ellas, lo único que las tienen es a ellas dos”, recalcó Valladares.

La detención de las activistas sucedió el 12 de julio cuando se dirigían a la unidad policial local a interesarse por sus amigos aprehendidos el día anterior. En el violento arresto ambas fueron proyectadas contra el suelo, cargadas por las manos y los pies e introducidas por la fuerza dentro del auto del jefe de la policía.

El prestigioso diario estadounidense The Washington Post se hizo eco de la brutal detención y de los abusos sufridos bajo custodia policial.

[Con entrevistas realizadas por Tomás Cardoso para Radio Martí]

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