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América Latina

Gobierno de Colombia pide a la Fiscalía tramitar extradicción de guerrilleros del ELN radicados en Cuba

El jefe negociador del ELN en La Habana, Pablo Beltrán

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, pidió a la Fiscalía que inicie el trámite para conseguir la extradición de parte de la cúpula de la guerrilla del ELN que está en Cuba para que responda por el ataque terrorista contra la escuela de Policía en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos.

En una carta dirigida al fiscal general encargado, Fabio Espitia, Ceballos pide ese procedimiento en contra de cuatro miembros del ELN, entre ellos su jefe máximo, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", y el líder del equipo negociador de paz de esa guerrilla, Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán".

Los otros dos incluidos en la solicitud de extradición son Luz Amanda Pallares, alias "Silvana" o "Ana María", quien también hizo parte de las frustradas negociaciones de paz, y Juan de Dios Lizarazo, alias "David Piñata".

Según la carta, éstos "se encuentran actualmente en la República de Cuba", sede de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), congelados desde agosto pasado, cuando asumió el presidente Iván Duque.

Ceballos recuerda que contra los cuatro "cursan órdenes de captura" por varios delitos relacionados con el atentado del pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, que dejó 22 muertos, entre ellos una ecuatoriana que se formaba en ese centro, y 66 heridos.

Por ello, el comisionado de Paz pide al fiscal encargado "que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, se activen los mecanismos pertinentes para tramitar la extradición" de los cuatro señalados integrantes del ELN.

El anterior Gobierno colombiano y el ELN iniciaron en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto.

Las conversaciones quedaron en suspenso desde entonces por la exigencia del Gobierno de Duque al ELN de que libere a todos los secuestrados que tiene en su poder y renuncie a esa y todas sus actividades criminales.

Tras el atentado, el Gobierno pidió a Cuba la entrega de los negociadores que están en La Habana, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esa solicitud.

Este jueves, Ceballos exigió al ELN pruebas de supervivencia de dos personas que fueron secuestradas en 2018 y reclamó que ambas sean liberadas.

Y en una entrevista que dio hoy a Caracol Radio, denunció que "más de 200 niños han sido reclutados" por la guerrilla, especialmente en la frontera con Venezuela, donde resaltó que el ELN "opera abiertamente" y viven Eliécer Chamorro, alias "Antonio García", y Gustavo Giraldo, alias "Pablito", también miembros de la cúpula de ese grupo.

"El presidente Duque ha mantenido esa puerta abierta (al diálogo)", dijo Ceballos, y recordó que "las FARC lo hicieron (renunciar al secuestro) y por eso avanzó el proceso (de paz)".

Entre tanto, Pablo Beltrán dijo desde La Habana a la misma emisora que "penalizar a los negociadores no le permitirá avanzar al proceso" y resaltó que viajaron a la isla con una agenda de diálogos "programada".

"Nosotros le hemos dicho (al Gobierno) que estamos en disposición de negociar. Tenemos que pasar la página", resaltó el jefe guerrillero.

Guaidó anuncia que Bachelet dejará delegados en Venezuela

Michelle Bachelet y Juan Guaidó.

CARACAS (Reuters) - La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dejará en Venezuela a dos delegados para que hagan un seguimiento a la crisis humanitaria en el país petrolero, dijo el viernes el líder opositor Juan Guaidó.

Bachelet, quien llegó el miércoles a Venezuela en una visita hasta el viernes, no hizo declaraciones tras su encuentro con Guaidó ni tampoco el jueves después de reunirse con representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La alta comisionada, que fue dos veces presidenta de Chile, tiene previsto reunirse más tarde con Maduro y ofrecer una conferencia de prensa la noche del viernes en el aeropuerto, antes de partir.

“Se quedan dos personas de su equipo para el seguimiento en el interior” del país de la crisis en hospitales, escuelas, entre otros, dijo Guaidó a reporteros luego de reunirse con la Alta Comisionada en la sede del Parlamento, del que es jefe.

Después, Bachelet tuvo un encuentro en la sede de la Cancillería de Venezuela con el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del gobierno. No hubo detalles.

Un equipo técnico de Bachelet ya estuvo en el país en marzo, pero que dos de sus delegados permanezcan en el país abre la posibilidad de que eventualmente se negocie la instalación de una oficina permanente, de acuerdo con activistas de derechos humanos que se encontraron el jueves con la alta funcionaria.

Guaidó, quien en enero invocó la Constitución para proclamarse presidente interino argumentando que la reelección de Maduro en mayo del 2018 fue un fraude, dijo que tanto la presencia de Bachelet en el país como que deje a miembros de su equipo son un nuevo reconocimiento a la crisis de Venezuela.

El país OPEP, que posee algunas de las reservas de crudo más grandes del mundo, lleva seis años en recesión y desde hace dos hay voraz hiperinflación que demolió el ingreso de los venezolanos, convertidos en el mayor grupo de migrantes en la historia reciente de América Latina, según Naciones Unidas.

“Nos hubiera gustado que estuviera más en campo” o en otras ciudades porque Caracas “es una burbuja”, dijo Guaidó resaltando que “sabemos que la dictadura se pone piel de cordero” durante la visita de la alta funcionaria.

“Le pedimos a Bachelet que esa comisión se quede en el país(...) Que vaya a Maracaibo que es una ciudad destruida, no hay luz, ni agua y para echar combustible se necesita hacer cola de 18 horas”, señaló Carmen Méndez, de 38 años, quien estaba en una protesta que se realizaba frente a la sede del PNUD al este de Caracas. Su pancarta decía: “Venite para Maracaibo”.

La Guardia Nacional que, junto a milicias progubernamentales, desde inicios del mes pasado impedía a la prensa, y en ocasiones a diputados opositores, el ingreso a la sede del Parlamento, dejó entrar el viernes a reporteros para la cita de Bachelet con Guaidó.

Alfredo Romero del no gubernamental Foro Penal, que participó el jueves al final de la tarde en una reunión de activistas con Bachelet, indicó en un mensaje de Twitter que la alta comisionada comentó en el encuentro que trabajaba en la liberación de algunos de los casi 700 políticos opositores, activistas y militares detenidos.

“Que Bachelet esté acá significa que el chavismo está entendiendo que hay una crisis institucional tremenda y que su legitimidad está en juego (...) y después de 20 años tiene que abrir las puertas”, dijo Luis Carlos Díaz, activista de derechos humanos que estuvo detenido a inicios de año porque las autoridades lo vincularon al apagón eléctrico masivo de marzo.

Protestas en Caracas para mostrar a Bachelet falta de derechos en Venezuela

Trabajadores del sector petrolero protestan cerca de la cancillería en Caracas, Venezuela, ante la vista de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachet, el 20 de junio de 2019. (REUTERS).

Familiares de presos políticos, trabajadores del sector público y activistas de derechos humanos protestaron el jueves en diferentes puntos de Caracas para visibilizar las violaciones de que son vítimas y presentarlas ante la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela.

Frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la periodista Aimara Lorenzo realizó una trasmisión en vivo por la cuenta de Facebook de Radio Televisión Martí, en donde algunos de los participantes ofrecieron sus testimonios.

La señora Mónica Santamaría, hermana del preso político José Luis Santamaría, dijo que su hermano está detenido hace un año y dos meses, acusado “alta traición a la patria, instigación a la rebelión militar”, entre otros.

Sin embargo, explicó la mujer, “él es civil, y debe tener un juicio por los tribunales correspondientes”.

Santamaría es Técnico en economía y redes y tiene como fecha de detención el 16 de abril de 2018, según el cartel que llevó hoy su hermana con logotipo del Foro Penal, una organización de derechos humanos en Venezuela.

En medio de la multitud se podían escuchar gritos y consignas rogando la atención de la expresidenta chilena.

“¡Bachelet, el pueblo te pide una entrevista!”, es parte de las exigencias.

Otra de las mujeres, familiar del ingeniero de Sistemas, Otoniel Ramos, protestó porque “no hay pruebas que lo inculpen”.

Ramos permanece bajo custodia policial desde el 18 de abril pasado, y lo acusan de “destrucción del sistema eléctrico nacional, asociación para delinquir y terrorismo”, explicó.

La mujer agregó que cuatro de los implicados en el caso lograron salir del país y solo el señor Ramos fue detenido. Hasta hoy guarda prisión en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicadas en la Urbanización Boleíta Norte, Petare, Municipio Sucre.

Desde Colombia Dorias María Víctor Cortés se presentó a la manifestación por los 59 colombianos presos en La Yaguara, municipio Libertador de Caracas.

“Él no tenía cédula venezolana, está acusado de ser paramilitar, terrorismo (…) lleva 3 años preso en Ramo Verde”, acusó Cortés.

En la sede del PNUD se encontraba el abogado Alfredo Romero,Director Foro Penal.

"El lunes exigíamos que se liberaran, como condición, a los presos políticos y quiero decir que esa exigencia sigue pendiente, no ha habido un resultado concreto hasta ahora como es la liberación de todos los presos políticos", dijo Romero, citado por la agencia Efe.

Romero denunció que las cárceles del país "están siendo maquilladas" para que la alta comisionada no perciba la "realidad" de las condiciones de reclusión y las "torturas" a las que, aseguró, son sometidos los "presos políticos".

Dijo que desde el lunes hasta la fecha se han excarcelado a 28 personas, la mayoría ciudadanos que participaron en protestas este año.

Según las cuentas de la ONG, en el país aún hay 687 "presos políticos".

Para mañana viernes, la oposición ha convocado a una protesta frente a la sede del PNUD a fin de denunciar la "violación de los derechos humanos" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, a quien responsabilizan de la crisis y del deterioro de todos los servicios básicos en el país.

La visita de la alta comisionada de derechos humanos se produce en uno de los momentos de mayor tensión política en el país y en medio de una aguda crisis económica que ha pulverizado el poder adquisitivo y ha provocado una crisis humanitaria.

Según la ONU, en Venezuela siete millones de personas necesitan asistencia humanitaria de manera urgente.

[Con información de Radio Televisión Martí, redes sociales y la agencia Efe]

Los venezolanos del fin del mundo

Refugiados venezolanos en Colombia.

Yony José Carrero tardó tres días en recorrer los 1.050 kilómetros que separan El Vigía, la ciudad venezolana en la que nació, y Puerto Asís, en el remoto departamento colombiano del Putumayo, y lo hizo con su esposa, su
suegra, tres hijos y una pierna rota.

Él es uno de los 4.000 venezolanos que, según la ONU, viven en Putumayo, un departamento selvático con centenares de pasos irregulares con el vecino Ecuador, lo que hace que sea un lugar de tránsito para muchos.

"Lo que yo tenía era una moto, y con el accidente la agarró la Fiscalía y se perdió. Duré una semana y pico entubado; prácticamente estaba más muerto que vivo", explica Yony José a Efe en lo que podría ser la sala de su casa, en las afueras de Puerto Asís.

Muchos de sus compatriotas están de paso, pero Puerto Asís, de unos 60.000 habitantes, era el destino final de Carrero y su familia porque ahí nacieron los padres de Ana Lucía Quinchoa, su esposa, que responde a las preguntas con su hija recién nacida en brazos.

Yony José Carrero: 28 años, tres hijos, una esposa, una cicatriz en la mejilla izquierda, un diente de oro que brilla como el de Pedro Navaja, una varilla de hierro atornillada a su pierna, que supura pus a la altura del tobillo.

En esas condiciones tuvo que encarar su viaje, todo por carretera: de El Vigía (estado Mérida) a Puerto Santander, en la frontera con Colombia, y de allí a Cúcuta, luego a Bogotá, y de la capital a una casa que comparte con catorce compatriotas en Puerto Asís.

En la vivienda habitan ocho adultos y seis niños que llegaron huyendo de la crisis de su país y que se ganan la vida como pueden: trabajando los más afortunados, vendiendo dulces en las calles la mayoría, pidiendo en semáforos los más desdichados.

En esta casa paga cada uno 380.000 pesos mensuales (unos 117 dólares) por una habitación compartida y por usar los espacios comunes, que son una cocina, baños y un lavadero.

Carrero y su familia viven desde hace poco más de un mes en uno de esos cuartos: cinco metros por cinco, un colchón tirado en el piso, una manta azul con un oso panda dibujado, un catre, un baño sin puerta, una cuna, una joven (26 años, dice) embarazada y con un niño en brazos.

La familia de Carrero podría decirse que es afortunada porque Ana Lucía trabaja como camarera y con eso pueden permitirse la vivienda, la comida y lo que necesitan los niños.

"Aquí uno trabaja y resuelve lo de la comida y resuelve lo de los pañales, pero allí (en Venezuela) es impensable. Aunque yo trabajara en cinco trabajos no me iba a alcanzar ni para la comida", explica Ana Lucía.

Antes del accidente de Yony, que era mototaxista, se ganaban la vida a duras penas, pero su pierna rota complicó su situación hasta que decidieron emigrar con sus hijos.

Todos ellos son irregulares, como aproximadamente el 70 % de los migrantes que llegan al país.

Además, un 60 % de los que llegan son niños, lo que complica todavía más su atención por la dificultad de su condición: las autoridades de Bogotá, por ejemplo, calculan que entre un 10 y un 15 % están desnutridos, lo que hace que sean más bajitos de lo normal.

"En estos niños se está viendo más acentuado este fenómeno. La mayoría empieza a sufrir enfermedades respiratorias y diarreicas", explica Paola Gustín, una de las nutricionistas de la ONG Acción Contra el Hambre en Bogotá.

Para la edad que tienen, los hijos de Yony y Ana Lucía son más pequeños de lo habitual, y una de ellas, Angelimar, tiene una afectación pulmonar.

Además de la miseria y el desarraigo, la población migrante venezolana se ha enfrentado en los últimos meses a un mal que muy pocos esperaban: brotes de xenofobia y racismo que van desde la discriminación pública hasta las amenazas de muerte.

En Puerto Asís, la familia se ha sentido acogida desde el primer momento, según explican ellos mismos, despreocupados, entre carcajadas y chascarrillos.

Aunque Carrero, con su pierna rota e infectada, parece tener una explicación para ello: "Todavía no he salido a la calle".

CIDH insta a Nicaragua a que deje en libertad a todos los presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este lunes al Gobierno de Nicaragua a poner en libertad a más de 80 presos políticos que siguen detenidos como primer paso para el restablecimiento de las libertades individuales y la democracia en el país centroamericano.

El organismo presentó este lunes en Miami su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, un "diagnóstico preciso" en torno a la situación que vive Nicaragua, inmerso en una crisis social desde abril de 2018 y que según datos de CIDH se ha cobrado hasta el 30 de mayo 326 víctimas mortales, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes, así como 21 efectivos policiales.

Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, señaló en la presentación que entre las 4 recomendaciones generales y 43 específicas contenidas en el informe, destaca la necesidad de restablecer en Nicaragua "la plena vigencia del estado de derecho garantizando el principio de independencia y separación de poderes públicos".

"Pese al inicio de la mesa de negociación, persisten en el país las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y persecución y, en general, un ambiente de represión", dijo Urrejola, y agregó que sigue pendiente la restitución de derechos como el de la libertad de asociación y de expresión.

Durante el mandato del actual ejecutivo en el país centroamericano bajo la Presidencia de Daniel Ortega, que para la CIDH tiene controlados el Poder Judicial y el Legislativo, se observa la "judicialización" de líderes y defensores de los derechos humanos, todo lo cual apunta a una tendencia "que busca silenciar, intimidar y criminalizar cualquier voz contraria a la postura del Gobierno", explicó la relatora durante una ponencia en un hotel de Miami.

El organismo advierte de la "intensificación" de ataques y detenciones contra periodistas, lo que es parte de una "fase de cierre de espacios democráticos" que constituye la "instalación de facto de un estado de excepción, caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública", el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.

El diagnostico refleja que por primera vez en 25 años Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2018, donde figuró por última vez en 1993, después de haber sido incluido el país en esa "lista negra" cada año desde 1982.

Según recoge el documento, el Ejecutivo nicaragüense ha rechazado el informe por considerar que adolece de falta de objetividad, imparcialidad y por su "manifiesto sesgo, reflejando intereses políticos desestabilizadores en contra del estado de Nicaragua".

Urrejola aludió a los más de 62.000 nicaragüenses que, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), han debido de abandonar su país desde que estalló la crisis social.

Una crisis en la que también más de 700 personas han sido sometidos a procesos penales, 300 profesionales de la salud despedidos de manera arbitraria y 144 estudiantes universitarios expulsados como represalia, según los últimos datos del organismo.

Lester Alemán, joven estudiante y miembro de la Alianza Cívica, demandó en declaraciones a Efe la devolución de documentos y bienes de todos los presos políticos, a quienes les han sido retenidos hasta los pasaportes.

"Ortega quiere poner lápida a todos los que se manifiestan en contra", sostuvo Alemán.

Por su parte, Edwin Carcacha Dávila, de 28 años, y quien estuvo preso 9 meses en una "prisión de tortura" en Nicaragua, llamada Prisión de Máxima Seguridad y conocida como "la 300", dijo a EFE que ha estado retenido en condiciones infrahumanas "por el solo hecho de pensar diferente".

"Salí la semana pasada, estuve sin derecho a sol y solo con 3 litros de agua por semana. Nos golpearon, nos torturaron, durante ocho días era interrogado por hasta 4 horas. Precarias condiciones humanas, sin duda", dijo el joven, quien pidió que Ortega cumpla las promesas que extendió durante la mesa de diálogo.

El embajador Gonzalo Koncke, jefe del Gabinete del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), saludó en el encuentro la excarcelación de más de un centenar de presos políticos en mayo pasado, pero reforzó la necesidad de que todos sean liberados, así como de que se instauren "reformas institucionales profundas" en el país centroamericano.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 325 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce 199.

El pasado domingo, la Policía nacional atacó la Catedral Metropolitana de Managua, que acogió ese día a cientos de manifestantes antigubernamentales en una misa de "acción de gracias" por la libertad de los que la oposición considera "presos políticos".

El Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH, expresó a través de Twitter su rechazo a ese ataque de la Policía a la catedral, en donde, tras la eucaristía, se dio un enfrentamiento entre manifestantes opositores y agentes antidisturbios que dejaron al menos varios heridos leves.

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