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América Latina

Invalida Tribunal Electoral de Brasil candidatura presidencial de Lula (Video)

Lula se queda fuera de la boleta electoral
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En una sesión que se extendió hasta la madrugada del sábado, seis de los siete jueces sufragaron contra el expresidente, que está encarcelado por una condena de corrupción. Partido de los Trabajadores tiene diez días para sustituir a Lula en la boleta para las elecciones de octubre.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil votó el viernes en contra de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se postule a los comicios presidenciales de octubre a pesar de que encabeza las encuestas.

En una sesión que se extendió hasta la madrugada del sábado, los jueces sufragaron 6-1 en contra del expresidente, que está encarcelado por una condena de corrupción, la primera en ocho causas radicadas contra él que incluyen cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula emitió un comunicado en el que afirma que apelará, pero parece haber pocas probabilidades de que tenga éxito.

Aparentemente eso dejaría el destino del partido en manos de su actual candidato a vicepresidente Fernando Haddad, un exalcalde de Sao Paulo que hasta ahora ha registrado un solo dígito en las encuestas y tendría que apoyarse en el carisma de Lula para poder ganar.

El juez del Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso emitió el primer voto contra Lula, diciendo que el fallo fue “muy simple” porque la Ley de Ficha Limpia prohíbe la participación de candidatos cuya declaración de culpabilidad ha sido confirmada por una corte de apelaciones.

“Aquí no hay margen para que el tribunal electoral haga ninguna otra evaluación salvo la que muestra que hay una declaración de culpabilidad, y esa condena afecta los requisitos del candidato para poder participar”, señaló Barroso.

El juez Edson Fachin no estuvo de acuerdo, y mencionó una exhortación reciente de una comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas para que se permitiera que Lula se postulara mientras sigue apelando su declaración de culpabilidad.

Mientras los jueces debatían, el PT difundió en las redes sociales anuncios protagonizados por Lula, apegándose a una estrategia de mantener al expresidente a la vista del público lo más posible.

Lula, exlíder sindical de 72 años, fue el primer mandatario de Brasil durante un período de auge de 2003 a 2010, promoviendo políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza.

Pero él y su partido han perdido mucho de ese atractivo en los últimos años debido a un desplome económico durante el gobierno de Dilma Rousseff, la sucesora que él eligió, y una amplia pesquisa anticorrupción en la que se han visto involucrados muchos altos empresarios y políticos, incluido el mismo Lula.

El expresidente cumple una sentencia de 12 años por corrupción y lavado de dinero tras ser declarado culpable de favorecer con millonarios contratos a la compañía constructora Grupo OAS a cambio de un apartamento triple de lujo en la playa de Guarujá.

Barroso dijo que el PT deberá reemplazar a Lula en un plazo de 10 días, y que él no debe aparecer como candidato presidencial en el tiempo gratuito que se les concede a los partidos políticos en la televisión y radiodifusoras nacionales a partir del sábado.

En un comunicado el viernes por la noche, la organización política dijo que apelará el fallo del Tribunal Electoral..

Con Lula fuera de la contienda, se espera que Haddad ocupe su lugar en la postulación del Partido de los Trabajadores. Las encuestas muestran un apoyo tibio a la postulación de Haddad, pero el partido espera que la popularidad de Lula pueda impulsar las aspiraciones del exalcalde.

La vacante que dejaría Haddad como vicepresidente sería ocupada por la comunista Manuela D'Avila, de conformidad con un plan B concertado entre el PT y esa agrupación.

(Con información de AP y Globo).

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Guatemala cancela mandato a organismo de la ONU que investiga corrupción

Jimmy Morales, presidente de Guatemala

"Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG(Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes", dijo Morales en un anuncio.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el viernes que notificó a Naciones Unidas la no renovación de su misión anticorrupción enel país, argumentando que sus integrantes violaron las leyes,hicieron persecución penal selectiva y sembraron terrorjudicial.

"Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG(Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes", dijo Morales en un anuncio.

La Fiscalía General de Guatemala y la CICIG solicitaron estemes nuevamente un antejuicio contra Morales por presuntofinanciamiento electoral ilícito, luego de que el año pasado elmandatario evadiera ser investigado por el mismo delito almantener su inmunidad.

Morales, que Cicig sembró "el terror judicial" después de que denunciara ante la ONU que violaba las leyes locales.

"Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios y reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la Cicig", proclamó Morales.

El presidente hizo estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en la que no aceptó preguntas y aunque no hizo mención explícita a ello se refería a la acusación de financiación electoral ilícita en su contra y por la que se presentó una solicitud de desafuero que debe ser aprobada en el Congreso.

La sombra de la corrupción está sobre Guatemala, el tercer país
de América Latina con mayor incidencia en este delito, según
Transparencia Internacional, en el que el 23,4 por ciento de la
población está en pobreza extrema, un 59,3 por ciento por debajo de
la línea de la pobreza y donde la desnutrición crónica afecta a casi
la mitad de los niños menores de 5 años.

Contra esta lacra, el Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada desde 2015 con la desarticulación de varios casos en los que están implicados altos funcionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.

Pero sus investigaciones también han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.

Esta situación elevó las tensiones y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.

El artículo 12 del convenio de creación de la Cicig, firmado por la ONU y el Gobierno de Guatemala, señala que para solucionar las controversias relacionadas con la aplicación de sus funciones se debe dar una negociación y un diálogo, que supuestamente comenzó el año pasado pero del que no se conocen más detalles.

(Con información de las agencias,Reuters, EFE y el diario La Hora de Guatemala)

Ortega ordena salida de Alto Comisionado de ONU para DDHH

Protestas en Nicaragua, en contra del gobierno de Daniel Ortega

El presidente Daniel Ortega ordenó el viernes la expulsión de Nicaragua de un equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas dos días después de que publicara un informe en el que culpó al gobierno de la violenta represión de las protestas opositoras.

Un funcionario de derechos humanos de Estados Unidos que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre la situación dijo que el gobierno le pidió al grupo que abandone el país. El funcionario agregó que el Consejo de Seguridad de la ONU discutirá la situación en Nicaragua el 5 de septiembre.

El informe publicado el miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describió la represión que se extendió desde las calles hasta los tribunales, donde algunos manifestantes enfrentan acusaciones de terrorismo.

El gobierno respondió que el informe era parcial y no consideró que las protestas se dieron en el marco de un intento de golpe de Estado.

El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.

Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.

El gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al Ejecutivo.

Además señaló que la misión del organismo no fue invitada a hacer una observación con fines de verificar el estado de los derechos humanos, por lo tanto el contenido del informe era el resultado de un trabajo que se había extralimitado en sus alcances.

El Ejecutivo nicaragüense ha negado los excesos en el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.

A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El mandatario retiró los cambios pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.

Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas para despejar barricadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.

El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocarlo y dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.

Las protestas siguen pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.

Las detenciones arbitrarias se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan dónde están retenidos.

(AP y diario La Prensa)

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