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América Latina

Como en Cuba, Internet tampoco es libre en Venezuela

El dinosauro que aparece en la pantalla de los venezolanos cuando experimentan fallas en el servicio a internet.

El "puño de hierro" de las revoluciones cubana y bolivariana golpea duro las comunicaciones en Cuba en Venezuela, advierte este domingo el diario caraqueño El Nacional en un amplio artículo sobre las restricciones para el uso de internet en ambos países.

Bajo el titulo de "Internet no navega en el mar de la felicidad", el escrito cita recientes informes de organizaciones internacionales que dejan mal parados a los gobiernos de La Habana y Caracas en materia de conectividad y libertad en la red.

"La llamada revolución bolivariana y la cubana se encuentran a la zaga del continente en cuanto a la conectividad de Internet. Tanto en Caracas como en La Habana se bloquean portales poco convenientes para ambos regímenes y la infraestructura tecnológica es obsoleta", advierte El Nacional.

Con una velocidad de navegación de apenas 1,3 megabites por segundo, Venezuela se queda a la zaga de la región, donde el promedio es de 5,6. Las quejas de los usuarios y las fallas del servicio son constantes, señala el diario, que cita un estudio reciente del Instituto Prensa y Sociedad.

Venezuela pasó de la clasificación de “parcialmente libre” en 2016 a "no libre", como Cuba, en el informe más reciente sobre libertad en Internet de la organización Freedom House.

Elementos como "el deterioro del acceso y de la calidad de los servicios de telecomunicaciones, los bloqueos selectivos de sitios web, las detenciones arbitrarias de reporteros y activistas, así como los mayores niveles de violencia física y técnica registrada contra periodistas, medios digitales y sitios web de organizaciones ciudadanas", influyeron en que Venezuela recibiera esa baja calificación.

Como en Cuba, el gobierno chavista promovió políticas que aparentemente apuntaban a la masificación del acceso a Internet. El Nacional recuerda que entre entre los años 2000 y 2006 se establecieron en el país "zonas de acceso a conexiones inalámbricas (wifi) libres, la creación de infocentros para que los ciudadanos usaran la red y la entrega de computadoras Canaima en escuelas y liceos".

Pero esa política dio un giro a partir de 2007, tras la nacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, y años más tarde, en 2010, con la reforma de la ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

Según la periodista y académica venezolana Raisa Uribarri, autora del informe de Freedom House, desde entonces impera en Venezuela una "censura invisible", que se vale del "desmantelamiento de la infraestructura de las telecomunicaciones" para impedir al sector privado "hacer las adecuaciones tecnológicas" necesarias para brindar mejor acceso a la red a los ciudadanos.

Otra censura, visible, es la que que ejerce el gobierno cuando aplica sanciones a los sitios web, u ordena el hackeo a sitios personales y la detención de infociudadanos o periodistas, subraya Uribarri.

Aunque la disponibilidad el servicio a la red es mayor en Venezuela que en Cuba, el costo es un problema en ambos países, afectados por una profunda crisis económica, y donde el salario mínimo apenas alcanza para subsistir.

(Con información de El Nacional)

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Panamá incluye a Maduro en lista de funcionarios de alto riesgo por Blanqueo de Capitales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (c), camina junto a su esposa, Cilia Flores (i), y a Tareck El Aissami (d) en un acto de gobierno el 4 de enero de 2017.

En el listado están, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, el fiscal general, Tarek William Saab y la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena.

PANAMÁ- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera "reforzada", en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y el financiación del terrorismo.

Medios locales difundieron hoy el listado, conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas, elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el miércoles anunció que lo publicaría.

De acuerdo a la información difundida por la cadena local TVN, en el listado están, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal general, Tarek William Saab.

También la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena; la rectora principal de ese ente de comicios, Socorro Hernández; y el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides.

Adán Chávez, hermano de fallecido gobernante y padre de la revolución bolivariana Hugo Chávez (1954-2013) y el dirigente chavista Diosdado Cabello aparecen en la lista "de personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

El "Anexo A de la resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018" difundido este jueves indica que "se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada (...) para cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar, en la que se sospeche (...) pudiesen estar relacionadas (...) directa o indirectamente" con "la lista inicial detallada".

El Ministerio de Economía informó el miércoles de que emitió dos resoluciones en el marco de sus medidas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo, una de ellas para la adopción de las listas publicadas por otros países de personas venezolanas políticamente expuestas.

Se trata de la resolución 02-018, que recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas, indicó el Ministerio el miércoles.

El sujeto obligado es la persona natural o jurídica que debe cumplir con la regulación prudencial en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, según definición de la Asociación Bancaria de Panamá.

La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.

[Agencia EFE]

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