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América Latina

Dos senadores de EEUU piden se investigue operaciones de ZTE en Venezuela

Estructuras de ZTE en Venezuela.

Dos senadores de Estados Unidos pedirán el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump que investigue si ZTE Corp, la compañía de telecomunicaciones china, violó sanciones al ayudar a Venezuela a establecer una base de datos que supervisa el comportamiento de sus ciudadanos.

En una carta, los senadores Chris Van Hollen y Marco Rubio pedirán a los secretarios de Estado, Tesorería y Comercio determinar si ZTE trabajó con individuos sancionados por los Estados Unidos, usó ilegalmente componentes norteamericanos o ayudó al gobierno de Venezuela a burlar procesos democráticos o los derechos humanos.

La carta, que surge tras una investigación de Reuters sobre la base de datos y un programa asociado al documento de identidad venezolano, publicado el 14 de noviembre; será entregada el miércoles a funcionarios del gabinete, según asistentes de los dos congresistas.

ZTE, que a principios de este año pagó 1.000 millones de dólares a Estados Unidos por violar sanciones contra Irán y Corea del Norte, no respondió a una solicitud de comentario.

El Ministerio de Información venezolano tampoco respondió un pedido de comentarios.

El presidente Nicolás Maduro, que lidia con la hiperinflación y una economía en caída libre, ha dicho que las sanciones estadounidenses son parte de una “guerra económica” de Washington para derrocar a su gobierno.

Funcionarios de los Departamentos de Estado, Comercio y el Tesoro no respondieron el miércoles temprano a solicitudes de comentarios.

El miembro del Partido Demócrata Van Hollen, y Rubio, un republicano, han impulsado en el pasado medidas contra ZTE.

La empresa, de la que una compañía estatal china es el mayor accionista, es señalada por funcionarios occidentales de ayudar a China a exportar tácticas de vigilancia y equipamiento para gobiernos autoritarios de todo el mundo.

ZTE trabaja cada vez más con el gobierno de Venezuela en varios proyectos, principalmente en asociaciones con la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Varios altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Maduro y el presidente de Cantv, Manuel Fernández, han sido sancionados por Washington debido a lo que sucesivos gobiernos estadounidenses consideran un comportamiento autoritario y violatorio de los derechos humanos por parte del gobierno en Caracas.

Ni Fernández ni portavoces de Cantv respondieron a pedidos de comentarios.

En su investigación, Reuters encontró que ZTE ayudó a Venezuela a construir una base de datos que pueda rastrear el comportamiento de los ciudadanos a través de un documento de identificación nacional.

La identificación, conocida como “carnet de la patria”, puede compilar datos incluyendo historias financieras y médicas, uso de las redes sociales y si una persona votó o no.

Un área de preocupación para los senadores es si ZTE utilizó componentes fabricados por Dell Technologies Inc. en la base de datos. Un documento revisado por Reuters indicó que ZTE usó unidades de almacenamiento construidas por la empresa con sede en Estados Unidos.

En su carta del miércoles, los senadores se preguntan “si ZTE violó los controles de exportación de Estados Unidos con respecto a la instalación de unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell”.

Una portavoz de Dell dijo a Reuters que no tenía constancia de una venta para ese propósito.

Los senadores también piden a la administración de los Estados Unidos que determine si el trabajo de ZTE en Venezuela rompe los términos del acuerdo al que llegó a principios de este año con el Departamento de Comercio sobre infracciones anteriores.

(Reuters)

HRW pide más presión sobre Maduro para que acepte ayuda humanitaria

Manifestantes en San Cristóbal (Venezuela)

La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó que la región debe ejercer "una presión considerable" sobre el gobierno de Venezuela para que "acepte toda la asistencia necesaria" para encarar la crisis en el sector de la salud y alimentación.

Tamara Taraciuk Broner, investigadora de las Américas para HRW, y Kathleen Page, profesora adjunta y médica en la Universidad Johns Hopkins, dijeron en el diario The Washington Post, en un artículo de opinión titulado "La crisis de salud en Venezuela exige una respuesta regional urgente", que los países de la región deberían evaluar la posibilidad de trabajar en estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia para lograr que ingrese más ayuda humanitaria en el país".

"Aunque eso no solucionará el problema, podría contribuir a paliar la dramática situación del pueblo venezolano", dijeron ambas expertas.

También destacaron que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro finalmente pidió ayuda a las Naciones Unidas para comprar equipos médicos. Simultáneamente, Maduro alegó que "el gobierno imperialista de Estados Unidos nos tiene perseguidos y bloqueados", aunque unos días antes el principal hospital público de Caracas rechazó medicamentos e insumos donados por la ONG Médicos sin Fronteras.

Broner y Page dijeron que "a primera vista, esto podría parecer contradictorio, pero es más probable que refleje un cambio incipiente en la negación absoluta, por parte del gobierno de Maduro, de la crisis humanitaria en el país".

Recordaron en ese sentido que el gobierno de Maduro sigue siendo igual de opaco y represivo que antes y que Maduro se ha referido a quienes hablan abiertamente de la crisis como "traidores a la patria".

Asimismo, el gobierno dejó de publicar información nutricional y boletines epidemiológicos sobre decenas de enfermedades, y varios médicos consultados por HRW dijeron que las autoridades hospitalarias les prohibían proporcionar estadísticas sobre desnutrición.

Sin embargo, las cifras son claras. Broner y Page subrayaron que la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) indicó que, entre 2015 y 2017, el 11,7% de la población venezolana estaba subalimentada. Además, personas con VIH no están recibiendo el tratamiento que necesitan y "el colapso del sistema médico es tan grave que han aumentado enfermedades infecciosas fácilmente prevenibles con vacunas".

Maduro suele argumentar que la crisis es el resultado de "sanciones económicas" extranjeras, pero Broner y Page dijeron que la mayoría de las sanciones —impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea— se limitan a cancelar las visas y congelar los bienes de funcionarios clave implicados en abusos y corrupción. "No tienen impacto alguno en la economía venezolana".

Acerca de las sanciones financieras de Estados Unidos, que prohiben operar con acciones y bonos emitidos por el gobierno y la empresa petrolera PDVSA, dijeron que esas medidas no se aplican "a las transacciones para comprar alimentos y medicamentos".

"De hecho, el gobierno ha comprado alimentos en el exterior, pero estas compras han estado plagadas de señalamientos de corrupción", destacaron las expertas de HRW.

(Con información de The Washington Post)

Eduardo Bolsonaro en EEUU: Brasil sancionaría por lavado de dinero a Cuba y Venezuela

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro (izq.) se reunió anoche con el Senador Marco Rubio (2do. izq.)

El diputado brasileño e hijo del presidente electo de ese país, Eduardo Bolsonaro, dijo que el gobierno de su padre estudia alianzas con Estados Unidos para investigar los crímenes financieros de las "dictaduras venezolana y cubana".

De visita en Estados Unidos, donde se reunió con asesores del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y con el senador Marco Rubio, el diputado por Sao Paulo dijo al diario O'Globo que hay instrumentos de investigación dentro de la llamada Convención de Palermo contra el crimen organizado que Brasil podría usar contra Caracas y La Habana.

Bolsonaro, quien ha actuado como portavoz informal de su padre en temas de política exterior, afirmó que están estudiando una alianza con el gobierno estadounidense con ese propósito, y que en Brasilia la acción podría ser coordinada por el Itamaraty (Cancillería) y el Ministerio de Justicia, que será comandado por el juez Sérgio Moro.

“Existen diversos instrumentos que Brasil por años, de manera intencional, no tomó en serio. Son instrumentos que están a mano. El juez Moro sabe mejor que nadie sobre lavado de capitales, lucha contra el crimen organizado, Convención de Palermo. Y junto con el equipo del embajador Ernesto Araújo, tiene mucho (conocimiento) en esa área”, dijo el visitante a O'Globo. “Si uno pudiera congelar todo lo que se remite y pasa por las dictaduras cubana y venezolana, podría dar un golpe muy grande a esos dictadores”, agregó.

Moro es el juez que condujo las actuaciones sobre el escándalo de corrupción Lava-Autos, centrado por la constructora brasileña Odebrecht.

Odebrecht realizó las obras del puerto de contenedores de Mariel en Cuba con fondos del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) obtenidos en condiciones favorables para La Habana por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio dictaminó hace poco que el gobernante Nicolás Maduro y sus acólitos obtuvieron cerca de 100 millones de dólares a través de contratos ilícitos con la constructora brasileña, acusada de sobornos millonarios en varios países de la región.

Preguntado acerca de si la Convención de Palermo lo permitiría, el diputado dijo creer que sí. Pero, si no es posible, Brasil estudiaría crear un nuevo tratado con los estadounidenses para acorralar a "las dictaduras" del continente.

“Y si no es posible, estamos aquí trabajando para que haya un tratado internacional en ese sentido. Todo lo que sea posible. Los detalles se los darán a ustedes los ministros [Araújo y Moro], pero ciertamente ese tipo de congelación es una de nuestras ideas. En fin, todo lo que hace que el pueblo pase hambre, se pretende congelar”, dijo.

El reportaje recuerda que el texto de la Convención de Palermo establece una serie de cláusulas de protección a la soberanía de los países miembros.

Más adelante, al salir de una reunión en el Departamento del Tesoro de EE.UU., Bolsonaro hijo sugirió asimismo que las investigaciones de la Operación Lava-Autos podrían utilizarse para investigar posibles activos de venezolanos y cubanos en Brasil. De acuerdo con el diputado, las investigaciones de Lava-Autos, en especial los contratos de Odebrecht, deberán ser el camino para que el gobierno brasileño investigue al régimen venezolano.

"Es sólo tener la voluntad política para perseguir este perjuicio", afirmó el parlamentario, citado por O'Globo.

Eduardo Bolsonaro en Washington

Eduardo Bolsonaro se reunió en la Casa Blanca con representantes del Consejo de Seguridad Nacional, del vicepresidente Mike Pence y del Departamento de Comercio. Dijo que Brasil va a volver a reforzar lazos comerciales con Estados Unidos, que son "socios materiales", y que ha sido bien recibido en todos los lugares.

Afirmó que una eventual presencia del presidente Donald Trump en la toma de posesión de Jair Bolsonaro se decidirá durante la visita que hará este 29 de noviembre a Río de Janeiro John Bolton, titular del Consejo de Seguridad Nacional adscrito a la Casa Blanca, quien se reunirá con el presidente electo de Brasil.

Acerca de su encuentro con el Senador Marco Rubio, comentó en Twitter que fue una “satisfacción conocer ayer rápidamente al Senador Marco Rubio @marcorubio (Rep.-Florida) que tiene una destacada actuación en temas latinoamericanos como la defensa de los derechos humanos en Venezuela”.

También tuvo una "amistosa conversación con otro Senador de raíces cubanas, Ted Cruz: comprometido con una internet libre, el derecho a portar armas y las libertades individuales. Tenemos que asociarnos con la gente correcta".

Su primera entrevista en Washington fue en el Departamento de Estado con la Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, quien había saludado desde Twitter los planes de su padre para humanizar las condiciones de la participación de los cubanos en el programa Más Médicos.

También se vio en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

(Redactado por Rolando Cartaya con información de O'Globo y redes sociales)

Senado de EEUU aprueba iniciativa de Ley Nica

Capitolio. Sede del Congreso de Estados Unidos.

El pleno del Senado de Estados Unidos aprobó la noche de este martes por unanimidad la enmienda propuesta al Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, que busca sancionar al régimen de Daniel Ortega.

La iniciativa deberá pasar ahora a la Cámara de Representantes para la ratificar la enmienda aprobada por el Senado, un proceso que de acuerdo a los expertos, no tendrá ningún obstáculo debido a que la Nica Act fue aprobada por la Cámara Baja en el 2017.

La Nica Act, que fue propuesta por la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen, fue fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a través de una enmienda, con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, S.3233, del senador cubanoamericano Bob Menéndez, con lo que se convertiría en una fuerte ley de sanciones dirigida al régimen de Ortega.

Algunos analistas han destacado que será más dura que la Ley Global Magnitsky Act. Por su parte, Ros-Lehtinen dijo que "este esfuerzo bipartidista demuestra el compromiso que tiene Estados Unidos de tomar medidas en contra del aumento de la represión" en Nicaragua.

La legisladora de la Florida añadió que este proyecto de ley cortará el acceso de fondos a Ortega hasta que adopte reformas electorales y en materia de derechos humanos.

(Con información del diario La Prensa de Nicaragua y redes sociales)

OEA recibe informe sobre torturadores con acento cubano en Venezuela

Tamara Sujú, presidenta del Instituto CASLA, y Luis Almagro, secretario general de la OEA

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibió hoy un informe en el que se documentan 106 casos de torturas dentro de Venezuela este año, de los que 11 fueron supuestamente perpetrados por gente "con acento cubano".

Las denuncias se incluyen dentro de un informe titulado "La implementación de un sistema torturador", presentado en la sede de la OEA en Washington por la abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, una plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa.

Sujú lleva documentando torturas en Venezuela desde 2004 y afirmó que este año, por primera vez, ha recibido 11 denuncias de venezolanos que dicen haber sido torturados por gente "con acento cubano", pero que se identificaron con "sobrenombres" y "números".

"En nuestro informe se habla de un sistema torturador porque no existe un organismo en Venezuela que no sepa de las torturas que se están haciendo", subrayó Sujú en una rueda de prensa.

Almagro, que acudió a la presentación del informe, aseguró que esta es la primera vez que la Secretaría General de la OEA recibe datos sobre supuestas torturas de personas "con acento cubano" y, por lo tanto, esa información aún debe de ser analizada para entender mejor sus repercusiones.

No obstante, el jefe de la OEA subrayó que hay cubanos dedicados a la inteligencia dentro del Ejército venezolano y de la sociedad civil con el fin de detectar disidencias.

Almagro estimó que hay unos 46.000 cubanos en Venezuela, número que también recogió en noviembre de 2017 el diario comunista cubano Juventud Rebelde.

"Si tenemos en cuenta que el Ejército colonial español eran 22.000, eso es más del doble", dijo Almagro. "Es decir, es una fuerza de ocupación, una agresión directa de un país a otro, reprimiendo los derechos de la gente".

Almagro, además, consideró que los 46.000 cubanos "probablemente estén mejor entrenados y con mejor equipamiento" que la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.

Desde 2014, el Instituto CASLA ha detectado 536 presuntos casos de tortura en Venezuela, que han sido remitidos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Fiscalía de la CPI ha recibido numerosas denuncias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluida la presentada por Argentina, Colombia, Canadá, Chile, Paraguay y Perú.

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