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América Latina

Chile expulsa a más de cien migrantes, la mayoría colombianos y venezolanos

Migrantes venezolanos y colombianos que son deportados usan equipo de protección mientras caminan en línea con la policía para abordar un avión en el Aeropuerto Internacional General Diego Aracena Aguilar en Iquique, el 10 de febrero de 2021.

Las autoridades chilenas esperan que la decisión lleve a quienes quieran ir al país, "a viajar por las vías adecuadas".

El gobierno de Chile expulsó este miércoles a 138 migrantes, entre ellos, más de 80 colombianos y venezolanos. Las autoridades indicaron que se trata de un mensaje a quienes quieren ir al país, para que lo hagan a través de las vías adecuadas.

Rodrigo Delgado, Ministro del Interior y Seguridad Pública chileno, explicó desde el aeropuerto del que salieron los migrantes, el Aeropuerto Internacional General Diego Aracena Aguilar, en la norteña localidad de Iquique, que se trata de una medida en cumplimento de lo estipulado.

“Estamos en presencia del primer vuelo que sale justamente desde la ciudad de Iquique con destino Colombia y con destino Venezuela”, indicó el ministro este miércoles en la mañana en declaraciones a la prensa.

Delgado detalló que se trataba de la expulsión de 86 personas tanto colombianos como venezolana. También se realizaron deportaciones en bus a Bolivia y Perú.

“Estamos en presencia de 138 personas que están saliendo del país por distintos motivos”, indicó. En su mayoría son expulsiones administrativas, agregó, pero también hay expulsiones judiciales.

Delgado indicó que si se hace la separación de los motivos, en el caso de las expulsiones administrativas, se trata de de personas que ingresaron hace menos de tres meses, “de manera clandestina por pasos irregulares”.

El ministro indicó que quieren enviar un mensaje de que tienen que “ordenar” el flujo migratorio por sus fronteras y quienes quieran ir a Chile deberán hacerlo por las maneras establecidas. “Con esto notificamos a las personas que piensan ingresar a Chile de manera clandestina que se arriesgan a un proceso de expulsión, tal como lo dice la ley”, subrayó.

“Ellos también son víctimas, no solamente de las consecuencias políticas de los países de orígen, son víctimas también muchas veces del tráfico de migrantes”, concedió Delgado.

En una nota de prensa de la cancillería chilena de este martes, se da cuenta de la visita de Delgado, el canciller chileno Andrés Allamand y el ministro de defensa Baldo Prokurica a Colchane, al norte del país, para abordar “la crisis migratoria” de esa zona.

Explican que entre las medidas que contemplan está “la expulsión de personas que ingresen al país por pasos no habilitados”.

El texto destaca que, con respecto a las autorizaciones para que el vuelo de deportación aterrice tanto en Venezuela como Colombia, cada vez que se producen este tipo de expulsiones, tiene que haber una autorización del gobierno que recibe.

No es la solución

Julio Borges, canciller que representa al líder opositor, Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, rechazó la medida.

En un mensaje de Twitter, Borges indicó que no es “cónsona” con la conducta asumida por los gobiernos venezolanos “que recibieron a centenares de chilenos que huían de las dictaduras más brutales”.

“Tampoco se ajusta a los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de protección a refugiados”, indicó en la publicación. La solución, agregó, no es deportar, “es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de [Nicolás] Maduro”.

David Smolansky, comisionado de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, indicó que las deportaciones “no van a frenar” la migración venezolana.

A pesar de que no se refirió directamente a las expulsiones de Chile, Smolansky aseguró este miércoles en un tuit que “no se emigra voluntariamente, se huye forzosamente de la dictadura, son refugiados”.

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Inhabilitan a Guaidó, no podrá ejercer cargos públicos en Venezuela

Juan Guaidó habla durante una conferencia de prensa. AP/ Ariana Cubillos

La medida se extiende también a otros 27 diputados en el exilio. Los señalados recuerdan que no reconocen la legitimidad del Contralor General del país, pero opinan que estas sanciones lastrarán el eventual regreso de la oposición a la vía electoral.

MARACAIBO, VENEZUELA. - El Contralor General de Venezuela inhabilitó para ejercer cargos públicos a 28 diputados, entre los que sobresale el líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino del país por medio centenar de gobiernos del mundo.

Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela -y al que Estados Unidos sancionó en 2017- reveló que las medidas obedecen a que los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes.

Detalló que la decisión abarca “el período máximo previsto en el decreto contra la corrupción”, es decir, 15 años, hasta el año 2036. Según el funcionario, los legisladores “se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente” y prometió revelar precisiones sobre ello en días próximos.

Además de Guaidó, la lista de políticos venezolanos inhabilitados incluye a Julio Borges, máximo representante internacional del líder opositor, y a otros diputados que se encuentran en el exilio, como Tomás Guanipa, Ismael García, Armando Armas, José Manuel Olivares y Mariela Magallanes.

También, están incluidos los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, que acompañaron a Guaidó en la última directiva parlamentaria, y Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

Américo De Grazia, otro de los inhabilitados, que reside en Italia, considera que la sanción es “una raya más para un tigre”, luego que el madurismo lo obligara al exilio, le despojara de su emisora radial y su pasaporte, le dictara auto de detención e, incluso, le golpeara -cuenta- en no menos de cuatro oportunidades.

“Que me inhabiliten por 15 años más es una raya más para un tigre”, afirmó a la Voz de América. El legislador dijo comprender a sus colegas que, al residir en Venezuela, deban rendir cuentas o entregar reportes de sus finanzas personales a instituciones como Amoroso, a quien llama “usurpador”.

Las inhabilitaciones se conocen en momentos cuando no pocos partidos de la oposición venezolana contemplan la posibilidad de participar en las elecciones regionales de este año, en contra de la opinión de Guaidó.

Ocurren, asimismo, días luego de que la Unión Europea aprobara nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que tuvieron roles protagónicos en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que los países del bloque no reconocen por no haber cumplido con las mínimas garantías de una votación limpia, justa y transparente.

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia registró hasta 2017 al menos 1.400 inhabilitaciones políticas en Venezuela, entre 2002 y 2017. Entre los dirigentes que han sido afectados por esas medidas están Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales, excandidatos presidenciales, y Leopoldo López, mentor de Guaidó y que abandonó Venezuela rumbo a España en octubre de 2020.

Autoridad "Usurpada"

Guaidó valoró el anuncio del contralor general de Venezuela como “acciones de la dictadura que cierran la puerta a unas elecciones libres” y reiteró su compromiso en procurar activamente el regreso de la democracia al país.

“Amenacen todo lo que quieran que nosotros seguimos aquí trabajando”, escribió en su cuenta de Twitter. Un comunicado de su despacho resaltó posteriormente que las “supuestas inhabilitaciones” a Guaidó suman más de 60 años de sentencias “sin valor práctico”.

La contraloría general ya había sancionado a Guaidó en marzo de 2019 y lo había inhabilitado por 15 años por presuntas “inconsistencias” entre su nivel de ingresos y su nivel de gastos, en referencia a sus viajes al exterior desde 2015.

“Esta nueva acción contra el Presidente Guaidó y contra nuestros diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en Venezuela”, rezó el texto divulgado por sus colaboradores.

Ismael García, uno de los inhabilitados, recordó que la oposición y la comunidad internacional no reconocen a Amoroso como funcionario legítimo debido a su designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria en 2018 no se consultó en referendo popular.

Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto”
Ismael García, diputado inhabilitado

“El artículo 138 de la Constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos, nulos”, declaró a la VOA desde su exilio en Costa Rica.

García consideró que las sanciones nacen del “chantaje, la intimidación y la persecución” del madurismo, y advirtió que hacen flaco favor a las eventuales negociaciones de alto nivel que pudiera haber para zanjar la crisis venezolana.

“Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto. En la práctica, no ganaría ninguna elección con alguna condición o garantía”, remarca.

Tras reprochar la “conducta moral” y el pasado político de Amoroso, García estimó que la inhabilitación más notoria en Venezuela es la crisis en sí misma, marcada por la hiperinflación, la escasez y las complicaciones sanitarias durante la pandemia del COVID-19. “Tenemos a un pueblo inhabilitado”, dijo.

Amoroso, en su conferencia de prensa, pidió a la comunidad internacional “respeto y consideración” a sus decisiones. “Estos ciudadanos no se han ajustado a derecho”, justificó el funcionario madurista.

Guanipa, primer vicepresidente de la directiva parlamentaria de 2020, dijo en Twitter que le tenía “sin cuidado” lo que Maduro y “sus cómplices” hicieran para sancionarle. “Que el usurpador de la Contraloría haga un anuncio de inhabilitaciones es algo que simplemente desconocemos”, indicó.

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y dirigente de la oposición asilado en España, llamó a Amoroso “sicario de un régimen ilegítimo” y estimó que una inhabilitación de su parte no debe considerarse como un castigo, sino un honor.

Gobierno colombiano y oposición rechazan amenazas contra presidente Duque

El presidente de Colombia, Iván Duque, observa durante el anuncio del otorgamiento del estatus legal de protección temporal a los migrantes venezolanos, en Bogotá. [Foto: archivo]

Las supuestas amenazas dirigidas al presidente colombiano habrían llegado de parte de un exnegociador de los acuerdos de paz de La Habana con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

BOGOTÁ - “Memento mori, Duque. A todo Procusto le llega su Teseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre”. Esa fue la amenaza, usando la expresión en latín, lanzada al presidente de Colombia Iván Duque por el comandante de la disidencia “Nueva Marquetalia”, Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, en un video presuntamente grabado en territorio venezolano el pasado 13 de febrero.

Esta y otra supuesta amenaza contra Duque que indica "recuerda que morirás”, generaron el rechazo unánime, tanto del gobierno, como de la oposición en Colombia.

Desde su cuenta de Twitter y utilizando también frases en latín el ministro de Defensa, Diego Molano, le anunció a Santrich que el presidente Iván Duque se pronuncia con “hechos, no con palabras”.

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, indicó que “al contrario, el que debe estar atemorizado es él (Santrich) de que las autoridades lo estén buscando y que las autoridades lo van a atrapar en cualquier parte del país o del extranjero, siguiendo los protocolos y los lineamientos legales que corresponda”.

Entre tanto, el analista internacional y asesor en temas de defensa, John Marulanda, señaló que las amenazas de Santrich se unen a los insultos proferidos, en los últimos días, por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino contra Duque, y dejó entrever que sería una estrategia de provocación hacia Colombia orquestada desde el vecino país, por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Pareciera que hubiera una estrategia acordada para provocar algún tipo de reacción, alguna manifestación, algo que pueda generar algún nivel de incidente entre los países” y agregó que “hay ahí una trama, no sería nada raro que esté hecha desde Venezuela, planeada desde Cuba y la están ejecutando con esos insultos directos, por el ministro, el general Padrino y el narcoterrorista Santrich. Seguramente vendrán más”.

Marulanda señaló que Santrich solo corrobora sus intenciones criminales y “está haciendo quedar muy mal a quienes lo defendieron y trataron de darle impunidad, a toda esa gente que dijo que el Gobierno estaba actuando mal con un hombre honrado, ahí están las pruebas de que sigue siendo un narcoterrorista”, aseguró.

Por su parte, el senador Roy Barreras, exnegociador del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien actualmente encabeza un movimiento que busca revocar el mandato de Iván Duque, rechazó la amenaza que calificó como “una estupidez política” y expresó su solidaridad con el mandatario colombiano.

Históricamente las FARC mantuvieron como objetivo militar a los presidentes en Colombia. Durante la posesión de Álvaro Uribe, en 2002, milicianos de ese grupo guerrillero lanzaron artefactos explosivos de bajo poder contra la Casa de Nariño y recientemente el excomandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, reconoció que mientras se exploraban las condiciones para un eventual proceso de paz, las FARC planearon un atentado contra el expresidente Juan Manuel Santos que nunca se realizó.

Ecuador: Yaku Pérez impugna resultado electoral

Ecuador's presidential candidate Yaku Perez greets supporters

El proceso electoral en Ecuador sigue con problemas. Se han iniciado impugnaciones mientras Fiscalía y Contraloría piden auditar el sistema informático.

QUITO - Una vez que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció los resultados para elecciones presidenciales se abrió la etapa de impugnación. El candidato Yaku Pérez, del Partido Pachakutic, ha iniciado el proceso y pedido un recuento de votos por no confiar en el organismo.

“Vamos a presentar la impugnación ante el Contencioso Electoral”, dijo.

El escrutinio de los comicios del 7 de febrero terminó el viernes, con el triunfo del izquierdista Andrés Arauz, seguido del exbanquero de derecha Guillermo Lasso.

La lucha por el segundo puesto para ir a una segunda vuelta se decidió con margen muy estrecho: Lasso 19,74% y Pérez 19,38%, pero el derrotado no está conforme y persiste en cuestionar los resultados.

Pérez, un líder ambientalista indígena, llega a Quito después de haber recorrido a pie 469 kilómetros desde el sur del país acompañado de una multitudinaria caravana de partidarios. Está a solo 32.600 votos de Guillermo Lasso e insiste en fue él el ganador.

“Yo quiero agradecer a quienes votaron por nosotros, a la ciudad de Quito y a la provincia de Pichincha”, declaró Lasso.

El organismo electoral está dividido, hay desinformación y críticas hasta de sus propios consejeros. “Hay muchos nervios y mucha adrenalina circulando por las pasillos de las instituciones”, dijo Luis Verdesoto, uno de ellos.

Ecuador: Segunda Vuelta electoral
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Ante los cuestionamientos de los candidatos y la ciudadanía, la Contraloría y la Fiscalía pidieron una auditoria del sistema informático y el organismo se niega a entregar esta información.

Una vez termine el proceso de impugnación se conocerían los resultados finales de estas elecciones para oficializar la convocatoria a las segunda vuelta, que será el 11 de abril.

UE impone sanciones a 19 venezolanos por comicios de diciembre

Parlamento de la Unión Europea en plena sesión, diciembre 2020

La Unión Europea impuso el lunes sanciones a 19 altos funcionarios venezolanos, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad en respuesta a las elecciones legislativas de diciembre que, según el bloque, estaban amañadas a favor del presidente Nicolás Maduro.

Los aliados de Maduro ganaron casi todos los escaños de la legislatura en una votación que también fue desautorizada por Estados Unidos y vista en Occidente como una forma para que el presidente tomara el control de la única instancia de poder que aún no estaba en sus manos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE aprobaron las sanciones el lunes, elevando a 55 el número total de venezolanos incluidos en la lista negra del bloque.

En Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó las nuevas sanciones.

"Señalar con falsos argumentos a ciudadanas y ciudadanos honorables, como reacción ante la frustración de un grupo de estados miembros de la Unión Europea por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela, no es más que otra torpe decisión", agregó Arreaza en el comunicado divulgado en su cuenta de Twitter.

Al igual que Estados Unidos, la UE ha intensificado las sanciones contra Maduro en los últimos dos años, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa, aunque las medidas aún no han logrado su objetivo declarado de provocar nuevas elecciones presidenciales.

"Las personas agregadas a la lista son responsables (...) de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales", dijo la UE en un comunicado.

Entre los sancionados se encuentran dos legisladores de lo que la UE llamó la Asamblea Nacional elegida no democráticamente: Bernabé Gutiérrez y José Brito, que fueran de partidos de la oposición y son vistos como cercanos al gobierno.

La UE también sancionó a Omar Prieto, gobernador del petrolero estado Zulia; a Remigio Ceballos Ichaso, jefe del comando operativo de las Fuerzas Armadas, y a tres funcionarios del Consejo Nacional Electoral, entre ellos su presidenta, Indira Alfonzo.

Las nuevas prohibiciones de viaje y congelación de activos también se dirigieron a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y marcaron un endurecimiento de su enfoque de sanciones al apuntar a líderes políticos que se describen a sí mismos como miembros de la oposición, pero que se consideran aliados de Maduro.

Una gran parte de países occidentales acusa a Maduro de abusos contra los derechos humanos, socavar la democracia y avivar la hiperinflación que ha arrastrado a la nación andina productora de petróleo hacia el colapso económico.

Maduro dice que la situación económica de Venezuela es el resultado de las sanciones de Estados Unidos, que han paralizado las exportaciones de petróleo y le han impedido importar combustible.

Presidente argentino despide a ministro de Salud por escándalo de vacunas

En esta fotografía de archivo del 3 de marzo de 2020, el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, confirma el primer caso del coronavirus en el país, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.

El jefe de la cartera de Salud quedó comprometido después de que un reconocido periodista local revelara que lo había llamado para vacunarse y que éste le había convocado al ministerio para aplicarle la dosis de la vacuna Sputnik V.

BUENOS AIRES - Con la pandemia de coronavirus lejos de controlarse por la escasez de vacunas, el presidente argentino Alberto Fernández despidió a su ministro de Salud, Ginés González García, luego de verse involucrado este viernes en un escándalo por manejo discrecional de las dosis.

El mandatario “le dio indicación al jefe de gabinete (Santiago Cafiero) de pedirle la renuncia al ministro de Salud”, dijo a AP un funcionario del gobierno que pidió reserva de identidad por no estar autorizado a revelar la información.

El máximo responsable del plan sanitario nacional contra el COVID-19 quedó comprometido luego que un reconocido periodista local revelara que lo había llamado para vacunarse y que González García lo convocó este jueves al ministerio de Salud para aplicarle la dosis de Sputnik V.

En una carta publicada en Twitter, González García dijo que aceptó el pedido presidencial y tildó de “malentendido” los hechos que forzaron su salida del gobierno, ya que de acuerdo a su versión “las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente”.

Carla Vizzotti, actual segunda de González García, asumirá como ministra, confirmó la agencia estatal Télam.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro”, relató el periodista Horacio Verbitsky, quien no oculta su afinidad con el actual gobierno en las columnas de opinión que escribe en un sitio de internet y para una radio.

“Fui al ministerio, estaba el equipo de vacunadores allí”, indicó el periodista en declaraciones radiales.

El denominado escándalo del “vacunatorio vip” en el ministerio de Salud de Argentina estalló poco días después que Perú atravesara una crisis institucional similar al confirmarse que más de 400 funcionarios políticos -entre ellos el expresidente Martín Vizcarra- se aplicaron la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm antes que los profesionales de la salud.

La justicia y el Congreso peruano iniciaron una investigación por aprovechamiento del cargo y corrupción. Pilar Mazzetti a presentar su dimisión como ministra de Salud.

González García, un experto sanitarista, había ocupado el mismo cargo durante la presidencia del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y fue designado por Fernández en el inicio de su gobierno en diciembre de 2019.

Tras la confesión de Verbitsky, el diputado nacional por el oficialismo Eduardo Valdés también admitió que recibió la vacuna en el Ministerio de Salud, pero se justificó alegando que sería parte de la comitiva presidencial que viajará a México el fin de semana en visita oficial.

“Viajo a la Ciudad de México, pero no voy en viaje de placer, sino en viaje oficial en el que se presupone que no me quiero contagiar ni contagiar a otros”, dijo el diputado en declaraciones a Radio Con Vos.

Medios locales reportaron que Valdés y el senador Jorge Taiana fueron apartados de la comitiva oficial.

Sus casos no fueron aislados, ya que en los últimos días trascendió que alcaldes, legisladores, militantes y allegados al poder político en distintos lugares del país recibieron la vacuna pese a no estar dentro del grupo prioritario conformado por médicos, personal de la salud y ancianos.

El gobierno argentino viene siendo blanco de duras críticas por el lento operativo de vacunación. Hasta el momento Argentina recibió cerca de 1,5 millones de dosis, en su mayoría Sputnik V pero también AstraZeneca, insuficientes para inmunizar a una población de 40 millones de habitantes.

“Las vacunas se compran con el esfuerzo de todos los argentinos que pagan sus impuestos y el Ministro de Salud las reparte como si fueran de su propiedad”, apuntó la Patricia Bullrich, presidenta del PRO, principal fuerza de la oposición. “Es una vergüenza nacional que las vacunas sean para los amigos del poder como Verbistky”.

El país sudamericano tiene dos millones de contagiados y 50.857 muertos por el nuevo coronavirus.

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