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Venezuela

Cientos de estudiantes manifiestan en Caracas en nueva jornada de protestas

"Otra vez estamos acá para exigir la libertad de los estudiantes y porque ya no podemos vivir en tanta violencia", dijo a la AFP María Correia, una estudiante de 20 años de la universidad Santa María.

Cientos de estudiantes venezolanos cerraron algunas calles del este de Caracas por tercer día consecutivo para manifestarse contra el gobierno de Nicolás Maduro y exigir la libertad de los universitarios detenidos en los disturbios del miércoles, que dejaron tres muertos y más de 60 heridos.

"Otra vez estamos acá para exigir la libertad de los estudiantes y porque ya no podemos vivir en tanta violencia", dijo a la AFP María Correia, una estudiante de 20 años de la universidad Santa María, en la concentración que se tomó parte de la avenida Francisco de Miranda (este de la capital).


En pleno sol del mediodía, los jóvenes se concentraron inicialmente en la Plaza Altamira -en el acomodado municipio de Chacao- ataviados con banderas de Venezuela y pancartas con mensajes como "Venezuela somos todos, libertad a los estudiantes" o "Queremos paz, no más violencia".

"¡Libertad!, ¡Estudiantes! o "Pueblo escucha, únete a la lucha", cantaban a coro los jóvenes, algunos con altavoces para organizar la concentración, que se desplazaba hacia la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los manifestantes, que también se convocaron en otras ciudades, entre ellas San Cristóbal (oeste), protestan además por el deterioro de la economía y la violencia criminal.

Este viernes, dirigentes estudiantiles anunciaron que fueron liberados un 60% del aproximadamente centenar de detenidos el miércoles, cuando miles de universitarios, acompañados por varios líderes de la oposición, marcharon contra la inseguridad y el deterioro económico en el país. En el exterior, tanto la ONU, como la propia Iglesia Venezolana a través de su Conferencia Episcopal (CEV), han llamado a la calma y a que se investiguen las muertes.

Tras las marcha del miércoles, la mayor protesta contra Maduro registrada desde que sucedió en el cargo al fallecido Hugo Chávez, estallaron incidentes entre estudiantes, fuerzas antimotines y grupos con distintivos del oficialismo, con un saldo de tres muertos y 66 heridos.



Manifestantes radicales, algunos encapuchados, provocaron destrozos en la sede de la Fiscalía de Caracas, donde se habían concentrado estudiantes opositores. El gobierno ha señalado que los hechos de violencia del miércoles fueron resultado de "grupos de ultraderecha infiltrados" en las manifestaciones con el fin de provocar "un golpe de Estado" en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras en el mundo.

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Senadores cubanoamericanos presentan resolución sobre fraude electoral de Maduro

Senadores Marco Rubio, (R-FL) y Bob Menéndez, (D-NJ)

Una resolución bipartidista presentada ante el Senado de los Estados Unidos por los cubanoamericanos Marco Rubio (R-FL) y Bob Menéndez (D-NJ) condena “los esfuerzos en curso por parte del régimen de Nicolás Maduro de convocar a unas elecciones legislativas para este diciembre”.

Maduro tiene planeado desarrollar la votación el próximo 6 de diciembre donde los votantes elegirán a los delegados a la Asamblea Nacional.

La resolución, que está patrocinada por los Senadores Ted Cruz (R-TX), Dick Durbin (D-IL), Rick Scott (R-FL), Ben Cardin (D-MD) y Tim Kaine (D-VA), alega que “las próximas elecciones fraudulentas no cumplirán con los mínimos estándares democráticos y son un ataque directo contra la Asamblea Nacional, la única institución democráticamente electa que queda en Venezuela”.

Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional es el presidente interino de acuerdo con la Constitución vigente en Venezuela, y este reconocimiento es ratificado en la resolución bipartidista, que lo califica como “el líder legítimo del país en ausencia de un presidente electo democráticamente”.

Por otra parte, la resolución menciona que la “política de los EEUU hacia Venezuela se basa en promover un proceso electoral democrático donde el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus líderes”.

“Nadie debe ser engañado: el objetivo de Maduro, a través de estas llamadas elecciones legislativas es silenciar las voces de los integrantes de la Asamblea Nacional electa democráticamente”, alertó Rubio.

"Tras la selección por parte de Maduro de una Asamblea Constituyente ilegítima, y su historial de convocar a elecciones fraudulentas, la comunidad internacional debe unirse para condenar este proceso falso y apoyar al pueblo venezolano", dijo el senador cubanoamericano.

Venezuela, cada vez más un peligro para sí misma y para el continente, advierte Michael Kozak

Barricada en Cúcuta, frontera de Venezuela y Colombia

“Hasta que el régimen ilegítimo de Maduro deje de tener el dominio del poder, la democracia continuará erosionando en Venezuela y amenazando a los países cercanos”, advierte el secretario adjunto del Departamento de Estado Norteamericano Michael Kozak, según informa un artículo publicado por ShareAmérica.

Refiriéndose a la ausencia de todas las libertades imprescindibles que padece Venezuela, Mike Kozak ha dicho que “Este es un país en el que Maduro no sólo se ha apoderado de la mayoría de los grandes partidos de la oposición y ha tratado de reemplazar su liderazgo con sus títeres”.

Además, señala Kozak, Maduro “Se ha apoderado ilegalmente del Consejo Nacional Electoral para manejar completamente las elecciones. Todavía no hay libertad de prensa. No hay libertad de expresión. No hay libertad de reunión”.

El impacto que tiene la situación de Venezuela sobre los países vecinos, con la “instigación del régimen ilegítimo de Maduro al tráfico ilegal de oro y drogas, operaciones criminales que destruyen las comunidades locales venezolanas y las naciones fronterizas, lo que lleva al aumento de la delincuencia”, es uno de los aspectos de la situación subrayados por el secretario de Estado adjunto.

De acuerdo con lo expresado por Kozak, “Maduro también proporciona un refugio seguro para que organizaciones terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se extiendan por toda Venezuela” lo que conduce al hecho de que “Su actividad terrorista se extienda en países como Colombia, sembrando más inquietud y caos”.

El constante flujo de venezolanos que se ven obligados a escapar de la dramática situación aumenta las posibilidades de extender la crisis provocada por el COVID-19 y también, según Kozak, “socava las economías de otros países de la región y pone a prueba los recursos de los países que acogen a los refugiados”.

“Hasta que el régimen ilegítimo de Maduro deje de tener el dominio del poder”, asegura Kozak, “la democracia continuará erosionando en Venezuela y amenazando a los países cercanos”.

Refiriéndose a la sesión especial del Consejo Permanente, convocada por la OEA el pasado 29 de septiembre para debatir sobre la “desintegración de la democracia en Venezuela y los resultados de la Misión Independiente de Investigación de la ONU del 16 de septiembre, ShareAmérica dice que se “encontró motivos razonables para creer que las fuerzas controladas por el régimen cometieron violaciones generalizadas de los derechos humanos”.

“Mientras se silencien las voces disidentes y el pueblo venezolano sufra, coincidieron ambas comisiones, no habrá ninguna situación en la que se puedan celebrar elecciones parlamentarias o presidenciales libres y justas”, advierte ShareAmérica, que concluye el artículo citando una frase del discurso pronunciado por Julio Borges, líder de la oposición venezolana, en la sesión de la OEA:

“Al final, el sufrimiento no tiene colores políticos, no hay dictadores buenos o dictadores malos, hay dictadores y por esos las torturas y las persecuciones son las mismas”.

(Redactado con información de ShareAmérica)

Denuncian abusos contra "retornados" a Venezuela

Retornados venezolanos en uno de los campamentos para la cuarentena.

Los más de 130.000 ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a retornar a Venezuela debido a la pandemia de COVID-19 sobreviven en condiciones deplorables en los Puntos de Atención Social o Integral (PASI), centros de confinamiento por cuarentena a donde son enviados una vez retornan a su país natal, de acuerdo con el informe conjunto elaborado por Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.

En el informe, dirigido a los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina que integran el llamado Proceso de Quito, quienes sostendrán su próximo encuentro “en línea” el próximo 19 de octubre y a los cuales, los miembros de la comisión conjunta piden “abordar con urgencia la situación de los retornados”.

Expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional,

Los miles de venezolanos que se han visto obligados a regresar a su país natal por el impacto económico causado por el coronavirus en las economías de la región, lo cual les impidió pagar alquileres y alimentos, se encuentran, explican HRW y CSH Johns Hopkins “en condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se les obliga a cumplir la cuarentena, con escasos alimentos, agua o atención médica”, y muchas veces deben permanecer semanas adicionales en dichos centros a causa de la demora de los resultados de las pruebas de COVID-19, “y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo”, añade el artículo de HRW.

“Enviar retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19”, aseguró la Dra. Kathleen Page, medico y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los CSH de Johns Hopkins. “Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días, no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”, agregó la Dra. Page.

El Proceso de Quito fue creado por los gobiernos latinoamericanos en 2018 con el propósito de buscar una respuesta conjunta al masivo éxodo de venezolanos que, desde 2014, había ascendido a más de 5 millones de personas desplazadas a causa de las crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos que afronta el país por lo cual, HRW sugiere a los ministros de Relaciones Exteriores:

El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del COVID-19. No deben desaprovecharla

“Expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional, que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios” Y, además, sugiere HRW, “Los representantes también deben cooperar para proteger los derechos de los retornados y exigir a las autoridades venezolanas que pongan fin a las condiciones abusivas de cuarentena y consideren alternativas, como la cuarentena domiciliaria, cuando sea viable”.

De acuerdo con lo expresado en el artículo, el trato degradante e inhumano proporcionado a los que regresa a su país, el gobierno de Venezuela viola el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes”.

Refiriéndose a la “hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos”, HRW señala que solicitó información al gobierno, del cual, hasta el momento de presentado el reporte, no había recibido respuesta.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo, refiriéndose a la situación “Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de contagiarse con COVID-19 en ambos lados de la frontera. El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del COVID-19. No deben desaprovecharla”.

(Redactado con información de Human Rights Watch.) (Interesados en leer Declaración de Estados miembros del Proceso de Quito, hacer click aquí.)

EEUU ofrece $5 millones por captura de otro venezolano en conexión con El-Aissami

Samark José López Bello. (Foto: Captura de imagen/samarklopez.org)

El Departamento de Estado de EEUU anunció este jueves una recompensa de hasta $ 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto del ciudadano venezolano Samark José López Bello por su participación en una red de crimen organizado transnacional.

Tareck El-Aissami y Samark José López Bello, en la lista de los más buscado por noarcotráfico.
Tareck El-Aissami y Samark José López Bello, en la lista de los más buscado por noarcotráfico.

El caso se relaciona con otras dos ofertas de recompensa anunciadas este año por el gobierno estadounidense, una de hasta $10 millones por el exvicepresidente venezolano Tareck Zaidan El-Aissami Maddah, y otra de hasta $5 millones por el superintendente nacional de criptomonedas del régimen de Maduro Joselit de la Trinidad Ramirez Camacho, dijo el Secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

Según Pompeo, "López Bello trabajó con otros en un esfuerzo por violar y evadir las sanciones de la OFAC impuestas de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos".

El 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a López Bello por lavar dinero del narcotráfico recaudado por El-Aissami. El fugitivo fue acusado formalmente, junto con el exvicepresidente de Maduro y Ramírez, en el Distrito Sur de Nueva York por varios delitos transnacionales.

El Secretario de Estado añadió que la oferta de los $5 millones se hace bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado, que en conjunto con el Programa de Recompensas por Narcóticos, ha permitido llevar ante la justicia a más de 75 narcotraficantes importantes desde 1986.

El Departamento de Estado estadounidense ha pagado más de $130 millones en recompensas por información que conduzca a esas detenciones, concluyó Pompeo.

UE descarta enviar observadores a elecciones parlamentarias en Venezuela

El Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, durante la sesión de este miércoles en el Parlamento Europeo. (YVES HERMAN / POOL / AFP)

La Unión Europea descartó este miércoles enviar observadores a las elecciones parlamentarias en Venezuela en diciembre tras la negativa del gobernante Nicolás Maduro a posponer el proceso.

El bloque regional advirtió que la decisión de Maduro de convocar los comicios con poca antelación agravó la crisis política en el país.

"Como las elecciones no se van a posponer, la Unión Europea ni siquiera puede plantearse enviar una misión de observadores electorales", dijo el alto representante de la UE, Josep Borrell, durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo.

Sobre una supuesta "misión secreta" enviada en septiembre al país sudamericano, Borrell señaló: "La misión no fue secreta, se intentó encontrar una solución democrática a la dramática situación que vive Venezuela. Los países de la UE y el Grupo de Contacto conocieron y apoyaron el intento de buscar las condiciones para que la oposición participara en las elecciones".

Borrell reiteró que la UE seguirá apoyando "todos los esfuerzos en pro de una salida política, pacífica y democrática de la crisis que el pueblo venezolano sufre, para superarla como merece".

Maduro había invitado a la Unión Europea como observadora electoral a fines de septiembre para la votación del próximo 6 de diciembre, en la que los votantes elegirán delegados en la Asamblea Nacional, con poco tiempo para organizar esa misión y evaluar las campañas en el país.

La UE pidió una extensión de la fecha de unos seis meses, pero el régimen de Maduro declinó la prórroga, acusando al servicio de Exteriores de la UE y al canciller Borrell de mantener una posición sesgada sobre el tema.

"Venezuela espera que la UE mantenga una actitud cónsona con los principios que rigen el Derecho Internacional y se limite a cumplir un positivo y respetuoso rol de facilitación", dijo entonces el Ministerio de Exteriores de Venezuela en un comunicado.

La oposición venezolana solicitó también retrasar la fecha de los comicios para que los observadores internacionales puedan asistir, por temor al fraude y que el resultado pueda ser manipulado a favor de Maduro.

La UE, como Estados Unidos, considera a Juan Guaidó el legítimo jefe de la Asamblea Nacional y presidente de Venezuela.

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