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Venezuela camino a mayores controles económicos


El presidente de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), el oficialista Diosdado Cabello (i), abraza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d).

Las compras públicas importadas han crecido desde 15% a fines de la década de 1990 hasta 40% en la actualidad, según Sifonte.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, dotado de poderes especiales para combatir lo que denomina la "guerra económica", se encaminaría a decretar mayores controles y convertirse en un Estado comerciante, gran importador y distribuidor de productos, asegurando con ello mayor control social.

Los poderes especiales, aprobados por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, permiten al presidente emitir decretos con fuerza de ley por un período de 12 meses a partir del miércoles, cuando la medida fue publicada en la Gaceta Oficial.

Economistas consultados telefónicamente por The Associated Press anticiparon que, según lo que ha dicho Maduro hasta ahora, lo que se vislumbra son mayores controles gubernamentales y eventualmente excluir a la competencia privada.

Desde la oposición "me subestimaron, ellos dijeron 'no, Maduro es un inexperto... no se atreve''', afirmó el presidente, un ex sindicalista de 50 años, la noche del martes en un acto ante simpatizantes en la casa de gobierno. Pero "lo que han visto (hasta ahora) es poco para lo que vamos a hacer", añadió.

Ratificó también que planea una "ofensiva estremecedora" contra la corrupción, aunque no ha dado detalles si se trata de mayores penas o multas, entre otras medidas.

El 8 de noviembre y ante lo que declaró era una guerra económica desatada por sus opositores para intentar desestabilizar al gobierno, Maduro ordenó "inspecciones" en distintos comercios de electrodomésticos y ferreterías, entre otros, a los que acusó de inflar los precios y sacar provecho de las divisas a la tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar que el gobierno entrega en virtud del control de cambio que rige desde 2003. En la calle esa tasa es al menos de 10 veces más.

Como consecuencia de esas inspecciones, decenas de comercios redujeron sus precios hasta en 70%, al tiempo que miles de venezolanos se agolparon a las puertas de tiendas en busca de los productos con descuentos.

Ahora el presidente ha anticipado que, con las facultades de la ley habilitante —la que le otorga los poderes especiales para emitir decretos con fuerza de ley— implantará una nueva ley de costos, márgenes de ganancias y precios que fijen topes máximos para todos los artículos, así como otra ley de "comercio exterior para garantizar el control de las importaciones". Maduro no ha dicho cuándo exactamente promulgará esas normas y qué otras tiene previsto emitir.

Sólo ha agregado que el gobierno realizará un censo o registro de pequeños y medianos comercios, como panaderías y tiendas de abarrotes, con la intención de "protegerlos" de la especulación de distribuidores y mayoristas.

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá dijo el miércoles a la televisora oficial que "entre las leyes que se van a trabajar con la habilitante está el régimen cambiario, la reforma de la administración pública nacional; también va a haber una ley que tiene que ver con las faltas y delitos" en cuanto a lo que el gobierno considera especulación en los precios.

"Hay que ir a sanciones mucho más fuertes y entre ellas debe irse a la confiscación... porque la especulación es un delito extremadamente grave", dijo el abogado, quien ha defendido los poderes para Maduro. "Hay que fortalecer al pequeño empresario, al pequeño comerciante y a los trabajadores", indicó. "Aquellos que gustan de 3000% en sus ganancias", si se van (del sector económico) es mejor".

Con el registro de comercios "en el fondo el gobierno está avanzando de una manera bastante determinada y muy rápido, digamos a pasos agigantados, en la consecución del objetivo de centralizar las importaciones, es decir centralizar el poder importador y que sea el gobierno el que importe", dijo Domingo Sifonte, economista y profesor de la Universidad de Carabobo, en el centro del país.

Así, "pasaría a la ofensiva en términos de lo que se llama el Estado comerciante, es decir que sean ellos quienes distribuyan, el Estado distribuidor de bienes y servicios", agregó. Las compras públicas importadas han crecido desde 15% a fines de la década de 1990 hasta 40% en la actualidad, según Sifonte.

Centralizar las importaciones "con una corporación importadora, o como quiera que lo denomine el gobierno, va a generar más trabas y va a generar más control para el sector privado, porque ahora podría haber un distribuidor, que podría ser un distribuidor único", explicó.

El gobierno de Maduro "está avanzando hacia un modelo de control social y eso es muy importante entenderlo. Si tú tienes el control económico y tienes el control político, las libertades individuales van a estar básicamente suprimidas", añadió Sifonte.

Por su parte, para Ronald Balza, profesor de economía de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, sostuvo que "lo que parece es querer controlar las importaciones y vender a un precio que el gobierno decida... el gobierno es el que va a determinar qué es lo que se importa". Con los controles e inspecciones "uno no sabe hasta dónde llega la intención (del gobierno); ése puede ser un modo de excluir competencia y justificar la no entrega de divisas a esas otras cadenas" o redes comerciales, destacó.

Con escasez de productos, reducción de las reservas internacionales y una inflación de 54,3% acumulada en los últimos 12 meses, dijo Sifonte, "con perspectivas que el año que viene, si no se hacen ajustes económicos, sea aún mayor, lo cierto es que estamos apagando el fuego con gasolina en materia económica".

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