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América Latina

Venezuela expulsa a tres diplomáticos de EE UU

Maduro: "El gobierno de Estados Unidos no nos va a impedir ir a China"

El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó las acusaciones de manera categórica.

El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes la expulsión de tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, a quienes acusó de reunirse con opositores para realizar presuntas actividades conspirativas y "una gran operación psicológica" en el país.

"Le he dicho al canciller Elías Jaua que proceda de inmediato a expulsarlos del país", dijo el mandatario. "Tienen 48 horas para irse de este país los funcionarios Kelly Keiderling, Elizabeth Hoffman y David Moo".

El mandatario denunció que los tres diplomáticos estadounidenses se habrían reunido con algunos políticos opositores al gobierno chavista, que no fueron identificados. El Departamento de Estado rechazó las acusaciones de manera categórica. Un vocero del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado por no tener autorización para hablar del tema públicamente, dijo que "rechazamos completamente las acusaciones de gobierno venezolano de que el gobierno estadounidense esté en algún tipo de conspiración para desestabilizar al gobierno venezolano".

Maduro no informó cuáles son los cargos que ocupan los funcionarios estadounidenses en la misión diplomática. "Nosotros hemos detectado y le hemos hecho seguimiento durante varios meses a un grupo de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas, en Venezuela", dijo. "Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a financiarlos y alentarlos (a) acciones para sabotear el sistema eléctrico, para sabotear la economía venezolana".

Keiderling actualmente se desempeña como encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, según señala la página web de la misión diplomática. La televisora estatal indicó que Moo es vicecónsul en Venezuela.

Las declaraciones de Maduro surgieron en un acto con militares en el estado occidental de Falcón. Dijo también que la expulsión ocurre después de que las autoridades detectaron que esos funcionarios presuntamente se habrían reunido con dirigentes opositores y sindicales para realizar supuestas actividades de conspiración en el estado suroriental de Bolívar, donde operan una serie de empresas estatales procesadoras de varios minerales y está el mayor complejo hidroeléctrico del país.

Maduro pidió apoyo al país para "este combate contra el intervencionismo", y solicitó a los órganos de justicia que actúen frente a los supuestos cómplices locales de los funcionarios estadounidenses.

Por la noche, el canciller Elías Jaua anunció que el gobierno venezolano envió a la embajada de Estados Unidos en Caracas una "nota oficial" sobre la expulsión de los tres funcionarios, y le ofreció al secretario de Departamento de Estado, John Kerry, las pruebas de las supuestas acciones conspirativas que estarían promoviendo los funcionarios para "una gran operación psicológica" en Venezuela.

"El informe está a la orden del secretario Kerry. Si él quiere saber qué hacen sus funcionarios aquí, si es que no lo sabe. Aquí está toda la información con fotos, con los testimonios, con los carros, con las reuniones", indicó Jaua a la televisora estatal, al asegurar que "esto forma parte de un solo plan que es la desestabilización de la revolución bolivariana, de la democracia venezolana".

El canciller sostuvo que los funcionarios expulsados realizaron visitas a los estados surorientales de Bolívar y Amazonas donde se reunieron con dirigentes opositores y sindicales, representantes de la ONG defensora de derechos civiles Súmate, y el gobernador opositor del estado Amazonas, Liborio Guarulla.

Agregó que en el encuentro con los representantes de Súmate "pudieron verificar cómo se trabajó la idea nuevamente de un desconocimiento de las elecciones" de cara a los comicios de alcaldes y concejales previstos para el 8 de diciembre. Poco después de las declaraciones de Jaua la televisora estatal difundió un informe especial de unos cinco minutos con varias fotografías de cuando los diplomáticos señalados ingresaron y salieron de la oficina de Súmate en Bolívar, la reseña de un diario regional sobre un encuentro que tuvieron los funcionarios con un alcalde opositor de Bolívar, y unas imágenes fotográficas del momento en que salieron del aeropuerto de esa entidad, el pasado 27 de septiembre.

Aunque dijo que no había recibido información sobre las expulsiones, el presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado estadounidense -el demócrata Bob Menéndez- dijo a The Associated Press, "dudo mucho que una reunión con activistas de derechos humanos o democracia, quiera incitar a cualquier cosa que no es la democracia".

Otro integrante de la comisión, el republicano Marco Rubio, dijo no estar al tanto sobre las expulsiones pero aseguró, "no me sorprenden". "El caos que viene encima de Venezuela en este momento va a ser triste para el pueblo venezolano. El presidente no tiene la capacidad para gobernar", agregó a AP.

El principal republicano en la comisión Bob Corker, indicó a la AP que las expulsiones "demuestran las continuas diferencias que tenemos sobre gobiernos y procesos transparentes". En marzo pasado, Maduro ordenó el retiro de dos agregados militares estadounidenses, acusados de tratar de contactar a militares activos venezolanos para, presuntamente, adelantar planes de desestabilización del gobierno del país.

En respuesta a esa medida, Washington expulsó a dos funcionarios diplomáticos venezolanos, lo que complicó las gestiones para mejorar las relaciones con ese país que se habían iniciado meses antes de la muerte de Hugo Chávez sucedida el pasado 5 de marzo.

En sus casi seis meses de gobierno, Maduro ha denunciado cinco planes de magnicidio y más de una decenas de actos de sabotaje y complot, que la oposición ha desestimado asegurando que forma parte de una estrategia del oficialismo para distraer la atención de los venezolanos respecto de los graves problemas que padece el país por la galopante inflación, la creciente criminalidad y el desabasto de algunos alimentos y bienes básicos.

El gobernante anunció la semana pasada que suspendió su viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York tras obtener información de que grupos opositores estaban preparando acciones contra él en esa ciudad.

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Cristina Fernández afronta su primer juicio en plena campaña electoral

Senadora Cristina Fernández de Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi el 21 de mayo en Buenos Aires.

BUENOS AIRES (AP) - La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.

Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que "Cristina va a poder probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.

Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.

La senadora está acusada de haber encabezado una "asociación ilícita" que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.

Esa "organización criminal" -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.

El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.

El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.

La primera audiencia del juicio consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.

Carvajal denuncia manipulación de resultados electorales por parte de coronel venezolano

Autoridades venezolanas reciben al exjfe de inteligencia militar Hugo Carvajal

El exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo Carvajal, solicitó en una carta publicada en su cuenta de Twitter la investigación a Carlos Quintero Cuevas por supuesta participación en la manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales 2019-2025.

En la misiva dirigida tanto a la Asamblea Nacional, como al pueblo venezolano y la comunidad internacional Carvajal rectificó su intención colaborar para lograr el cese a la usurpación y de juntar todos los esfuerzos posibles para “para apoyar la causa de devolver la democracia a Venezuela".

Carvajal explica que desde el año 2002 hasta el 2004 Quintero formó parte del Departamento de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar y después ocupó el cargo de Director de Informática en el que supervisaba “la data de los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación.”

En su declaración, Carvajal asegura que Quintero forma parte de la Junta Nacional Electoral y su trabajo consistió en dirigir, supervisar y controlar los procesos electorales.

La carta finaliza sentenciando “yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: ‘me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

Hugo Carvajal, general retirado del Ejército venezolano, fue detenido en España en el mes de abril del presente año en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico.

[Redactado por Carolina Morales con información de redes sociales]

Guaidó : “incluso a la palabra temen”

El líder de la oposición venezolana y autoproclamado presidente interino Juan Guaido asiste a una sesión en la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas el 23 de abril de 2019. -

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó ante el bloqueo del servicio de streaming por parte del régimen de Maduro asegurando que esas acciones demuestran la fragilidad en la que se encuentra.

La ONG NetBlocks informó que el día de hoy fue bloqueado el acceso a las plataformas YouTube, Periscope, Bing y el resto de los servicios de Google desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Cantv, durante la transmisión en vivo de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

NetBlocks, organización que se encarga de la vigilancia del tráfico de Internet difundió informó esta información por su cuenta de Twitter.

No es primera vez que el régimen censura de esta manera a la oposición venezolana, el último bloqueo registrado por esta NetBlocks fue el 18 de mayo, durante el discurso de Juan Guaidó en Guatire.

[Redactado con información de redes sociales]

Ortega ordena excarcelación de otros 100 presos políticos

María Adilia Peralta, identificada como una de las detenidas en las protestas contra Ordtega, fue liberada el 20 de mayo en la prisión La Esperanza, en Masaya, Nicaragua. (reuters).

El gobierno de Nicaragua emitió este lunes 100 órdenes de excarcelación para personas detenidas en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, una hora después de que la opositora Alianza Cívica anunciara su salida de las negociaciones si no se liberaba a todos los “presos políticos”.

El Ministerio de Gobernación anunció en un comunicado que los beneficiados con la “convivencia familiar u otras medidas cautelares” fueron un centenar de personas “que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”. Aclaró que ninguno de ellos tendrá libertad definitiva, refiere la agencia AP.

La activista de derechos humanos Vilma Núñez dijo que varias personas recibieron llamadas de las autoridades confirmando la salida de sus familiares de prisión y poco después videos divulgados por la prensa local y las redes sociales mostraban a algunos recién excarcelados llegando a sus casas o gritando “viva la lucha cívica y pacífica”.

Consultado por AP, el político José Pallais, uno de los principales negociadores de Alianza Cívica, dijo que la excarcelación es “un gesto positivo del gobierno, pero no es suficiente” para relanzar unas negociaciones que se reanudaron en febrero y con las que gobierno y oposición intentaban poner fin a más de un año de crisis política que ha costado más de 300 muertos.

Este diálogo llevaba días estancado.

“Deben excarcelar a todos para que la mesa pueda volver a trabajar y abocarse a la liberación definitiva de cada uno de ellos”, agregó Pallais.

Esta es la cuarta excarcelación del gobierno de Ortega desde febrero y aunque durante las conversaciones se acordó que el Comité Internacional de la Cruz Roja mediaría en este proceso, todas las excarcelaciones se han hecho de forma unilateral, lo que ha generado mucha confusión sobre las cifras de cuántos siguen todavía en prisión.

En la lista proporcionada por el gobierno el lunes, no figuran los más conocidos líderes de la protestas de 2018 contra el gobierno, como los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, o los estudiantes Edwin Carcache, Amaya Coppens o Nahiroby Olivas.

Sin embargo, sí incluye a tres funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, no gubernamental) que estaban presos, confirmó a la AP la directora jurídica de esa entidad, Carla Sequeira, esposa de uno de los activistas ahora excarcelados.

Pallais recordó que la lista de detenidos conciliada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) incluye a 238 “presos políticos” de más de 600 detenidos registrados por la Alianza.

La organización opositora también informó que convocará a un paro nacional en los próximos días, previo consenso con todos los sectores sociales y empresarios. Pallais aseguró que la fecha del paro y su duración se decidirá a más tardar en ocho días.

El 18 de junio se vence el plazo para la liberación definitiva y anulación de juicios de todos los "presos políticos" detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales, según acuerdos firmados por el gobierno y la oposición en la mesa de negociaciones. No obstante, desde hace días el diálogo permanecía estancando y la situación se tensó tras la muerte de un balazo en la cárcel de un preso opositor, Eddy Montes.

[Con información de la agencia AP y redes sociales]

Embajador chavista en Roma renuncia porque se queda sin dinero

Foto Archivo. Isaías Rodríguez abraza a Hugo Chávez, tras su juramentarse como presidente el 24 de enero de 2000.

El embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, renunció a su cargo en una carta dirigida al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y después de que hace algunas semanas denunciara los problemas económicos que atravesaba la embajada, confirmaron este martes fuentes de esta sede diplomática.

Rodríguez, de 77 años, quien ejerció como fiscal general y también como vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en su misiva dice estar siempre al lado de la causa de Maduro, aunque reconoce que se ha "aferrado al chavismo, cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su Gobierno".

"Puede usted estar seguro que cantando enfrentaré cualesquiera de las muertes que me esperan ¡Ya no aguanto más! Se ha irrespetado la Embajada donde lo represento, y tengo 77 años", argumenta en su decisión, que asegura es "definitiva".

Agrega además que abandona su cargo en una difícil situación económica.

"Me voy (del cargo) sin rencores y sin dinero. Mi esposa acaba de vender las prendas que le regaló su exesposo, para poder mantenernos frente al bloqueo norteamericano. Estoy intentando traspasar el vehículo que compré al llegar a la Embajada y, como usted sabe, no tengo cuenta bancaria, porque los gringos me sancionaron y la banca italiana me echó de su lonja", explica en la misiva.

El embajador, que dice que ahora se dedicará a ser un "abuelo", informó el pasado 7 de mayo en una rueda de prensa que "debido a las medidas adoptadas por bancos internacionales para estrangular al Gobierno de Caracas y que impiden la transferencia de fondos deben tres meses de alquiler" y "once empleados locales de la embajada llevan cuatro meses sin recibir su salario".

El bloqueo bancario ha paralizado un acuerdo de asistencia médica que Venezuela tiene suscrito desde hace 9 años con la organización italiana ATMO (Asociación para el Trasplante de Médula Ósea), por el que pacientes venezolanos, especialmente niños, reciben tratamiento en hospitales italianos y que ha dejado una deuda pendiente de casi 9 millones de euros, explicó el embajador.

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