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Maduro pone a militares en control de la distribución de comida
El Gobierno de Nicolás Maduro extendió 60 días más el estado de excepción y emergencia económica, como parte de su intento por frenar la crisis económica que mantiene en vilo a los venezolanos.
El Gobierno de Venezuela prorrogó por 60 días el estado de excepción y emergencia económica que rige en el país, permitiendo a Nicolás Maduro gobernar por decreto y sin control parlamentario.
En un intento por combatir la grave escasez de alimentos y medicinas, Maduro colocó el martes a los militares a cargo de la distribución y resguardo de los bienes de primera necesidad.
El mandatario firmó el decreto en mayo por dos meses. Dijo entonces que podría extenderlo hasta el 2017 en caso de que necesitara poderes especiales para luchar contra una "guerra económica" de empresarios y políticos, a quienes culpa de la aguda crisis económica.
"Dadas las circunstancias extraordinarias de orden social,económico, político (...) que afectan gravemente la economía nacional, visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana", dice el decreto publicado en la Gaceta Oficial que circuló el jueves.
"A fin de que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a los venezolanos contra la guerra económica", agrega el texto.
Entre las prerrogativas que el Ejecutivo se adjudicó con el decreto están el control del presupuesto, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el fin de garantizar el abastecimiento y la suspensión de sanciones contra funcionarios de alto rango del Gobierno.
Maduro también podrá dar atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar -incluso mediante la intervención de las Fuerzas Armadas- la distribución de productos de primera necesidad.
Los militares venezolanos ordenan filas en los supermercados, custodian camiones de alimentos y cultivan. Ahora fiscalizarán la carga en los puertos y distribuirán la comida. El presidente Nicolás Maduro se apoya en la Fuerza Armada para mitigar la dura escasez.
La noche del martes, Maduro dejó los cinco principales puertos del país al mando de una autoridad militar, como parte de un gigantesco despliegue de soldados en la recién lanzada "Misión de Abastecimiento Soberano", a cargo del propio ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
Acompañado del general del Ejército, Maduro aseguró que el lunes, en el primer día de aplicación de un plan de fiscalización en puertos y empresas de productos básicos, se encontró un "caos" que favorece "la corrupción".
Entre decenas de cajas de pollos que circulaban en una banda para ser empaquetados, el general Pedro Álvarez precisa que verifican todo: qué tipo de materia prima llega a las empresas, la capacidad instalada y de almacenamiento, a quién está dirigido el producto terminado y a cuáles comercios llega.
"Si se está desviando, nosotros vamos a tomar medidas bien severas. Son las instrucciones. Estamos haciendo verificación de los inventarios, de la maquinaria", explica a la prensa el comandante de la zona de defensa del estado Miranda (centro).
Maduro, quien enfrenta una baja popularidad, espera que los militares pongan orden a la distribución de mercancías y reduzcan la aguda escasez de más del 80% en alimentos y medicinas que angustia a los venezolanos y provoca largas colas en los supermercados.
"El gobierno debe estar gobernando los puertos: saber qué entra, saber qué sale, saber lo que está ahí y saber a dónde va. Es una guerra. Por eso se ha colocado al comando de las Fuerzas Armadas al frente de la guerra, como debe ser", aseguró el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, en un foro sobre economía.
Sin embargo este miércoles el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la situación institucional de Venezuela "no es normal" ante la decisión de Maduro de recurrir a los militares.
El titular del organismo interamericano dijo desde Paraguay que el anuncio del mandatario venezolano "deja claro que la situación no es la normal que podría ser la situación institucional del país".
Pero analistas y empresarios aseguran que el problema es la producción, como consecuencia del control de precios y de la falta de dólares para importar dado el férreo control de divisas que rige desde 2003.
"Esto es el reparto de la escasez, el reparto de lo que no hay. Es imposible que resuelvan el problema si no aumentan la producción. La Fuerza Armada se arriesga porque se adueñará de los costos del desastre económico que existe", dijo a la AFP el economista Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.
Golpeada por el desplome de los precios del petróleo, Venezuela sufre además la inflación más alta del mundo: 180,9% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para 2016.
"Estamos enfrentando una guerra. No tengo duda que por eso el general Padrino está asumiendo nuevas responsabilidades (...) sabrá como batallar", dijo este miércoles el ministro de Agricultura, Wílmar Castro, uno de los diez militares que integran el gabinete de 30 ministros.
Según Maduro, la empresa privada controla 93% de la distribución de productos básicos y -afirmó- está "pulverizando" todo el sistema con el acaparamiento y la especulación.
Con su plan, Maduro, a quien la oposición busca sacar del poder mediante un referendo revocatorio, ha ordenado que todos los ministros se subordinen a Padrino López, convertido ahora en uno de los hombres más poderosos de Venezuela.
"Subordinar toda la estructura del Estado a Vladimir Padrino traza el rumbo de Venezuela: el diálogo para la transición será con los militares", opinó la experta en asuntos de seguridad, Rocío San Miguel.
El presidente del Parlamento -de mayoría opositora-, Henry Ramos Allup, consideró un "requetedisparate entregarle a los militares la última etapa de esta tragedia". "Es una vergüenza", subrayó.
Padrino López, un militar de 53 años con fama de fidelidad al chavismo, asegura que no se trata de militarizar la economía, sino de llevar "orden y disciplina" en medio de la "guerra económica".
Con 165.000 efectivos, 25.000 en reserva y otros miles de la llamada milicia popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está actualmente al mando de ministerios clave como el de Hacienda y de Alimentación y Tierras, Pesca y Acuicultura, Energía Eléctrica y Vivienda, entre otros.
En febrero pasado, Maduro creó una compañía militar de minería, petróleo y gas, que se sumó a la lista de empresas que controla la FANB, como un canal de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora.
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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