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América Latina

Cabello asegura que expolicía planeaba detonar una bomba en la embajada de Cuba

Embajada de Cuba en Caracas. (Archivo)

El chavista Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del Gobierno venezolano, aseguró la noche del miércoles que las autoridades capturarán a quienes financiaron al exagente Oscar Pérez, y denunció que los insurrectos planeaban activar dos bombas en Caracas, una de ellas en la embajada de Cuba.

"Querían poner un carro bomba contra la embajada de Cuba", afirmó Cabello en su programa Con el Mazo Dando, que transmite la cadena oficialista Venezolana de Televisión.

Afirmó que en la operación en cuestión hubo enfrentamientos a disparos durante al menos siete horas y acusó a los insurrectos de dementir sobre la presencia de civiles, así como de tener en el sitio un carro lleno de explosivos con el que pretendían, dijo, asesinar a más funcionarios.

La muerte de Pérez, un inspector de la Policía que se rebeló contra el Gobierno de Nicolás Maduro, mantuvo por tercer día consecutivo toda la atención de Venezuela, un día antes de que el chavismo y la oposición reanuden en República Dominicana un proceso de diálogo cuyos resultados son inciertos.

Una mujer sostiene un cartel en el que se lee "Yo soy Óscar Pérez" frente a la morgue en donde está cuerpo del exagente.
Una mujer sostiene un cartel en el que se lee "Yo soy Óscar Pérez" frente a la morgue en donde está cuerpo del exagente.

Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo tener información según la cual el antichavismo planeaba no asistir al encuentro de este jueves en Santo Domingo.

Los negociadores guardaron silencio el miércoles en la víspera de un nuevo encuentro, aunque ambas partes han asomado su intención de comunicar a los países, que participan como garantes de las conversaciones, algunos detalles sobre el operativo policial que acabó el lunes con la vida de Pérez y otras 8 personas.

Dos días después de este suceso no ha sido reconocido por familiares el cuerpo del exagente, que saltó a la fama en junio pasado tras atacar con bombas desde un helicóptero de la Policía dos edificios oficiales en Caracas.

La morgue de Bello Monte, el principal depósito de cadáveres de la capital venezolana, amaneció custodiada por efectivos militares que desde tempranas horas de la mañana restringieron el paso de vehículos y prohibieron a los familiares de los fallecidos y a los periodistas acercarse a la zona.

Una de las cuentas utilizadas en las redes sociales por el grupo de Pérez para difundir sus vídeos, en los que denunciaba la "dictadura" del presidente Nicolás Maduro, había anunciado que el cuerpo sería "entregado a unos familiares a las 07.00 (11.00 GMT)".

Según esa misma cuenta, una mujer embarazada y un menor de edad de unos 10 años habrían muerto en el operativo, fuertemente criticado por la oposición y por organizaciones de derechos humanos que acusan al Ejecutivo de haber cometido "ejecuciones extrajudiciales".

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó que al grupo de sublevados "los ajusticiaron" pese a que a través de las redes sociales circulan vídeos que muestran el deseo manifiesto de los insurrectos de rendirse y entregarse a las autoridades.

"Óscar Pérez y el resto querían rendirse, lo pidieron a gritos, lo pidieron en vídeos. Los ajusticiaron. Les aplicaron una pena de muerte que está prohibida por nuestra Constitución, sea cual sea la opinión que tenga cada quien del accionar de este grupo", sostuvo la MUD en un comunicado.

Para investigar estos "asesinatos", el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, instaló una comisión especial.

Durante la conformación de este equipo parlamentario, encabezado por la presidenta de la Comisión Política Interior, Delsa Solórzano, estuvieron presentes varios de los familiares de los fallecidos que exigen ver los cuerpos de los fallecidos.

Aura Perez (i), tía de Oscar Pérez, habla con uno de los militares que custodian la morgue.
Aura Perez (i), tía de Oscar Pérez, habla con uno de los militares que custodian la morgue.

Al final del día, algunos familiares de los sublevados que fueron abatidos lograron ingresar a la morgue de Bello Monte y al salir evitaron hacer declaraciones a los medios.

El antichavismo retó además al ministro de Interior, Néstor Reverol, a revelar los nombres de los opositores que, según aseguró el martes, facilitaron información al Gobierno sobre el paradero de Pérez.

En este sentido, la MUD publicó una carta que envió este martes al presidente dominicano, Danilo Medina, en la que le pide "tomar debida nota" de este asunto y "hacer un llamado al respeto entre las partes".

"Nos parece inaceptable y así lo rechazamos que se quiera enlodar un proceso que se ha llevado con tanto esfuerzo con acusaciones irresponsables y en su totalidad falsas", reza la misiva, tras considerar que las declaraciones de Reverol "comprometen la buena marcha" de las negociaciones iniciadas en diciembre.

Con todo, la delegación opositora reiteró su voluntad de continuar con las negociaciones y de preservar el acompañamiento de los cancilleres de Chile, México, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua y Bolivia "que sin duda han contribuido de manera efectiva a un mejor entendimiento de los temas debatidos".

(Con información de EFE)

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La SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua

Miguel Mora, periodista y candidato presidencial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.

La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

Mora, periodista y ex director del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota.

La SIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha marginado del espectro político y social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición.

Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

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