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Venezuela

“Nos tenemos que tirar al piso”: megabandas criminales causan terror en zonas populares de Caracas

La Vega zona popular Caracas, Venezuela

Horas antes de la publicación de este reportaje, vecinos de La Vega reportaron un intenso tiroteo vinculado con un presunto enfrentamiento entre sujetos armados y comisiones policiales.

CARACAS - El encuentro estaba previsto a las ocho de la mañana, pero a las seis en punto *Mónica se comunica con Voz de América y advierte: “no vengas, es mejor no arriesgarse, se escuchan muchos disparos, no se de dónde provienen, esto tiene rato”.

Las megabandas armadas que causan terror en la parroquia La Vega, una zona popular del oeste de Caracas, obligan a nuevamente a los vecinos a “tirarse al piso” para protegerse.

En la zona, aledaña a la Cota 905, una carretera que conecta a varias parroquias del sur de Caracas y que todos ubican como centro de operaciones de una de las bandas delictivas más consolidadas de la capital, desde hace meses, al igual que el agua o el gas, escasea la paz.

Zona La Vega en Caracas Venezuela
Zona La Vega en Caracas Venezuela

“Vivir este día a día es algo inexplicable, es vivir con miedo. Ya no sabes si el temor es por el malandro o por el policía. La inseguridad la tenemos hasta dentro de nuestros hogares, hemos tenido muchas personas conocidas que han muerto por balas perdidas”, relata Mónica vía telefónica a VOA tras suspender dos visitas ante la situación en la zona.

“Nos tenemos que tirar al piso, porque las detonaciones son tantas y tan fuertes que uno ya no sabe ni siquiera dónde son, porque son los cuatro puntos cardinales de donde ellos disparan. Es algo inaudito, inexplicable. Aquí han tirado hasta granadas”, cuenta.

Pero ¿por qué las balaceras? No hay información oficial y en la comunidad no lo tienen claro, pero creen que pudiese ser por enfrentamientos entre bandas o que sus integrantes disparan al aire para demostrar su poder.

Esta habitante de La Vega, que accede a narrar su testimonio siempre y cuando se proteja su identidad, dice que durante años la policía resguardaba a la comunidad, pero “ya no”. Afima que cuando las fuerzas de seguridad intentan ingresar quieren “hasta arremeter contra la misma comunidad”, por lo que dice no saber quién los resguarda.

“La policía entra supuestamente a combatirlos, pero al ellos entrar esto agarra como más fuerza, es cuando más comienzan a disparar”, manifiesta.

Los antecedentes

En 2013, sectores del gobierno promovieron las denominadas “Zonas de Paz”, un programa que despejaba ciertas áreas de la presencia de funcionarios policiales y/o militares en ejercicio de sus funciones.

“Lo que ocurrió es que el Gobierno terminó fomentando y fortaleciendo a las bandas criminales que eran los sistemas más poderosos dentro de las áreas de despeje”, explica Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen.

Para Mayorca, el programa de “Zonas de Paz” fue concebido “sin una verdadera intención de fomentar la formación de tejido institucional”.

Posteriormente, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una serie de operativos policiales que comenzaron a desplegarse a mediados del 2013 y que, según el gobierno, han marcado un descenso constante de la delincuencia en el país, marcó otro capitulo de violencia en Venezuela.

“Las OLP estaban inspiradas en modelos de acción que se habían aplicado en favelas de Río de Janeiro, pero también en comunas de Medellín. En esos casos, al principio, había una fase de tomas compulsivas del territorio, en procesos que en algunos casos dejaba muchos muertos, una presencia de policía militarizada muy fuerte, pero después estos procesos de toma compulsiva daban paso a otros de consolidación institucional. Esto no sucede en las OLP venezolanas”, añade el especialista.

“El interés no era fomentar el tejido institucional sino hacer parecer que se hacía algo en materia de seguridad ciudadana. Simplemente estaban atendiendo a lo que era un clamor de la población acogotada por la inseguridad que el propio régimen había creado”, sostiene Mayorca.

Se trata de operativos que han generado innumerables denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Incluso, en el informe publicado posterior a su visita a Venezuela en 2019, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo referencia a “casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad” en el contexto de operaciones de seguridad.

¿Cómo son las bandas?

Con el paso del tiempo las bandas criminales que operan en zonas populares de la capital venezolana fueron cambiando hasta convertirse en estructuras “más sólidas, con un liderazgo y una jerarquía bastante clara”, que les han permitido perdurar en el tiempo, explica Ronna Rísquez, periodista investigadora, especialista en violencia policial, DDHH y crimen organizado.

En la zona popular de Petare, al este de la capital venezolana, la banda de El Wilexis que tiene unos 100 hombres aproximadamente, precisa la periodista Ronna Risquez.
En la zona popular de Petare, al este de la capital venezolana, la banda de El Wilexis que tiene unos 100 hombres aproximadamente, precisa la periodista Ronna Risquez.

“En este momento las dos principales mega bandas que operan en Caracas son las de El Coqui en la Cota 905, que tiene más de 300 hombres y que controla 5 parroquias de la ciudad. No la lidera El Coqui realmente, la lidera un sujeto apodado alias Vampi que es el jefe; y la banda de El Wilexis en Petare que tiene unos 100 hombres aproximadamente”, precisa.

Rísquez explica que el control territorial es una de las principales características de estas mega bandas y, en esa medida, hacen una serie de negocios “ilícitos y lícitos, quizás también”, logrando establecer nexos de apoyo y ayuda con las comunidades, algo que puede llamarse una forma de “gobernanza criminal”.

“Así como cometen delitos y hacen cosas atroces, también se convierten en una especie de benefactores de las comunidades, los ayudan dándoles comida, medicamentos, ayudas económicas a las familias que lo necesitan. Comienzan a tener unos roles similares a los roles del Estado para dirimir diferencias vecinales”, detalla la especialista.

Rísquez acota que los delitos son diversos, “en este momento el secuestro no es el principal, en algún momento lo fue, en este momento la extorsión es el delito más importante que desarrollan estas bandas”.

También están armados con fusiles “AK-103, AR-15, pistolas automáticas y granadas”. Muchas de las armas “pertenecían a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por diversas vías han llegado a estos grupos delincuenciales”.

Tratamiento selectivo

A juicio de Mayorca el gobierno “mantiene un tratamiento selectivo hacia los distintos grupos criminales”.

“Lo pudimos ver con gran evidencia durante la ejecución de las OLP, pero ha continuado con posterioridad que el régimen no ha dejado de matar a través de sus cuerpos de seguridad. Cuando uno busca cuáles son las personas contra las que van, en casos de supuesta resistencia a la autoridad, nos damos cuenta de que va con mucha fuerza contra determinados criminales, pero a otros no los toca”, expone.

Mayorca considera que el gobierno es “profundamente contradictorio” y que no puede entenderse como una “unidad monolítica” debido a que no permitiría entender “las idas y venidas” en el tratamiento de determinados temas, uno de ellos el de la seguridad ciudadana.

En abril, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), dijo que se estaba haciendo un “estudio de alto nivel para ir a las conversaciones para que este grupo de personas depongan de su actitud hostil”.

“Un proceso de conversación con esta organización criminal que está ahí instalada para que, en principio, depongan su actitud y entreguen las armas”, dijo en su programa radial transmitido también en sus redes sociales.

Declaraciones de los vecinos que viven rodeados de la violencia
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Al menos 11.891 muertes violentas se registraron en Venezuela durante el 2020 según el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que continúa ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas.

De acuerdo al texto, de las 11.891 muertes violentas, 4.231 ocurrieron con el argumento de “resistencia a la autoridad” y, en comparación con el 2019, cuando se produjeron unas 16.506 muertes violentas, en 2020 hubo una “importante disminución” como consecuencia de la migración masiva de venezolanos.

Según Monitor de Víctimas, solamente en casos asociados a bandas armadas en Caracas en 2020, registraron 70 muertes por ajuste de cuenta o venganza y 92 casos de muertes vinculadas con robo.

Recientemente el fiscal del gobierno venezolano, Tarek William Saab, cuestionó la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo policial Bachelet pidió disolver por estar implicada en violaciones a los derechos fundamentales de muchos venezolanos.

*Por solicitud de la entrevistada, utilizamos un seudónimo para proteger su identidad.

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Venezuela: comunidad LGBTI pide cese de violencia

Un manifestante en Caracas el 17 de abril de 2021. (AP Photo / Matías Delacroix).

Múltiples organizaciones venezolanas que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTI denunciaron lo que denominan "crímenes de odio" luego de los asesinatos registrados este mes de una mujer trans y dos homosexuales en el área metropolitana de la capital, informó la Voz de América, VOA.

Los grupos, que manifestaron recientemente, se reunieron portando cruces en las que se leían los nombres de las víctimas, que fueron asesinados en el municipio Baruta, en Caracas, explicó Karina Mantilla, representante de la ONG Joven Pride.

“Estamos aquí por la exigencia, por alzar la voz, por los crímenes de odio que se vienen suscitando a personas de la comunidad LGBTI, no es algo que viene desde ahorita, hay que seguir alzando nuestra voz y hacer saber todo esto, porque cuando no hacemos visible, todo se queda por debajo de la mesa, por eso estamos acá, alzando nuestra voz, estamos informando al país y al mundo, a donde sea, todo lo que está sucediendo acá”, indicó Mantilla a la Voz de América.

En las pancartas que llevaban los manifestantes, podía leerse frases como “no más odio”, “nos están matando” y le pendían a toda la sociedad “no ser discriminados”.

“Normalmente, las personas cuando reconocen que eres parte de la comunidad LGBT pueden llegar a discriminarnos, a acosarnos, por el simple hecho de ser como somos, ya que cuando no lo saben, es cuando nos tratan como a cualquier persona, pero cuando se enteran, es como si cambiáramos y fuéramos menos que ellos”, explica Jordy Quiñonez, otra consultada.

Del mismo modo, hicieron un llamado al gobierno para que se impulsen más políticas públicas, que generen una mejor educación y respeto hacia la diversidad.

Luz Ortega, una ciudadana consultada, comentó que: “Nos da miedo salir a la calle y salir víctimizados de una u otra manera, por discriminación, violencia o muchas más cosas que podemos ver en las cruces. En la próxima cruz podría estar mi nombre y es por eso que quiero luchar y no estar allí”.

Este mismo martes (22 de junio), la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) condenó los asesinatos, destacando que ocurren en un contexto “de discriminación y falta de protección para las personas LGBTI, incluyendo la ausencia de reconocimiento legal y registral de la identidad de género de las personas trans y de género diverso”, indicó la VOA.

Corte Penal Internacional indaga sobre Venezuela: ¿Qué es y cuál es su rol ante crímenes “graves”?

Sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. ​Foto: REUTERS/Jerry Lampen.

¿Cómo opera la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son sus roles y su alcance en el tablero judicial mundial?

MARACAIBO, VENEZUELA - Los focos de atención recaen sobre la Corte Penal Internacional en las últimas horas debido a la expectativa de una posible decisión esta semana sobre si abre una investigación formal por presuntos delitos de lesa humanidad contra funcionarios del gobierno de Venezuela.

¿Cómo opera esa instancia? ¿Cuáles son sus roles y su alcance en el tablero judicial mundial? ¿Deben respetar su opinión las partes involucradas o interesadas?

La Voz de América examina la misión de esta corte desde 2002.

Tribunal de última instancia

La Corte Penal Internacional puede definirse como un tribunal “de última instancia” para el enjuiciamiento de crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y agresión, según explica Lisset Romay, especialista en Derecho Internacional Público y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia, una de las más antiguas de Venezuela.

Sus orígenes datan de 1992, cuando la Asamblea General de la ONU priorizó una jurisdicción penal general que, finalmente, vio luz entre 1994 y 1995.

No fue sino hasta 1998 cuando se fundó, gracias al llamado Estatuto de Roma, con 120 votos a favor, siete en contra (Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Catar y Yemen) y 21 abstenciones. Después de cuatro años de ratificaciones, la Corte Penal entró en vigor en 2002.

Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Es una institución vinculada a las Naciones Unidas, mas no pertenece a ella ni depende de sus “Estados Partes”.

Investiga, enjuicia y previene

La Corte Penal Internacional “investiga y, donde se justifique, enjuicia a individuos acusados de los más graves crímenes”, “ayuda a prevenir que esos crímenes ocurran de nuevo” y participa en una “lucha global para poner fin a la impunidad”, según declara la misma institución en su página web.

Busca “complementar, no reemplazar, a las cortes nacionales”. Sus postulados son que “los juicios son justos”, sus fiscales son independientes y los derechos de los acusados son garantizados.

¿Qué crímenes investiga?

Su jurisdicción se circunscribe a cuatro delitos:

Genocidio, caracterizado por el intento específico de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, “serias violaciones cometidas como parte de un ataque a larga escala contra poblaciones civiles”, y crímenes de agresión.

Los crímenes de guerra incluyen el uso de niños soldado, el asesinato o tortura de civiles o prisioneros en un contexto de conflicto armado, y desde 2018 el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otra nación. Este último caso puede ser notificado por el Consejo de Seguridad, investigado por iniciativa de los fiscales de la Corte Penal o por solicitud de uno de sus Estados Partes.

Jurisdicción y cooperación

La Corte Penal Internacional “podría ejercer su jurisdicción” en una situación donde genocidios, crímenes de lesa humanidad o de guerra se cometieron a partir del primero de julio de 2002, según sus postulados.

Otro punto clave para que la CPI investigue y lleve a juicio a presuntos criminales es que estos individuos hayan nacido en Estados Partes, o en naciones que acepten esa jurisdicción, o que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya referido el caso a los fiscales de la Corte.

Como no cuenta con una fuerza policial, la CPI depende de la cooperación de países en todo el mundo para materializar arrestos, transferir a las personas aprehendidas a su centro de detención y congelar bienes de los sospechosos.

Romay, experta en derecho internacional público, señala que la Corte Penal Internacional no ha aceptado las exigencias de algunos países, como Estados Unidos, de que limite su jurisdicción modificando su estatuto.

“También, se concede al Consejo de Seguridad la facultad de que, mediante resolución, se le pida a la Corte Penal Internacional que suspenda por un plazo máximo de 12 meses una investigación o enjuiciamiento. Ya ha sido utilizada (esa opción) de manera abusiva”, apunta. Rusia y China, principales aliados geopolíticos del gobierno venezolano, son dos de los cinco miembros permanentes de esa instancia de las Naciones Unidas.

Tiene 18 jueces

La presidencia de la CPI la eligen sus 18 jueces. El polaco Piotr Hofmański la lidera desde marzo, en compañía de la peruana Luz del Carmen Ibáñez, en la primera vicepresidencia, y el congolés Antoine Kesia-Mbe Mindua, en la segunda vicepresidencia.

Los 18 magistrados de sus divisiones judiciales son elegidos por la Asamblea de los Estados Partes por sus calificaciones, imparcialidad e integridad, y sirven durante nueve años, un período que no es renovable. Entre sus competencias, destacan la garantía de juicios justos, el ordenamiento de arrestos y citaciones ante la Corte, las autorizaciones de participación de víctimas, y el otorgamiento de protección a testigos de sus casos.

La Corte Penal Internacional tiene otros dos órganos clave para su funcionamiento: la Oficina del Fiscal, que examina las situaciones donde crímenes graves pueden haber sido cometidos y de adelantar investigaciones y acusaciones contra los individuos presuntamente responsables; y su Secretaría, que brinda servicios de apoyo judicial y administrativo, como llevar registro de expedientes, brindar asesoría legal y facilitar las traducciones de la Corte.

El personal de la CPI tiene al menos 900 miembros, oriundos de 100 países, que manejan hasta seis idiomas, y operan desde la sede en La Haya, Naciones Unidas en Nueva York y otras siete naciones. Tiene un presupuesto de 180.855.241,08 dólares, según la detallada información en su web.

Treinta casos en su haber

En 19 años, la Corte Penal Internacional ha administrado justicia en 30 casos, algunos de los cuales incluyeron acusaciones contra más de un sospechoso.

Sus jueces han emitido 35 órdenes de arresto y, gracias a la cooperación de los Estados que respetan sus decisiones, 17 acusados han sido detenidos en su centro para esos fines. Trece personas permanecen prófugas y sus fiscales han abandonado cargos contra otras tres debido a sus fallecimientos.

También, han enviado nueve citaciones a aparecer ante la Corte Penal y han declarado culpables a 10 acusados y decidido la absolución de cuatro.

Entre sus casos más notorios, se encuentra el del exgobernante de Sudán durante 30 años Omar Al Bashir, prófugo desde 2010. Los fiscales de la Corte lo acusan de 10 delitos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

“Hasta que sea arrestado y transferido al asiento de la corte en La Haya, el caso permanecerá en la fase de pre-juicio. La CPE no enjuicia a individuos a menos que estén presentes en su sala”, advierte la institución.

La profesora venezolana Romay subraya que la CPI acumula una historia de “pocos presos” a su disposición y “muchas órdenes de arresto incumplidas”.

Procesos “diferentes”

Los procesos legales de la Corte Penal Internacional “podrían funcionar diferentemente de las jurisdicciones nacionales”, explica la propia institución.

Después que los crímenes ocurren, los casos que conoce pasan por una serie de fases: primero una evaluación preliminar, luego las investigaciones, entonces la etapa de prejuicio y finalmente el juicio. Posteriormente, las apelaciones y el cumplimiento de las sentencias que se deriven de los fallos de los jueces.

Las evaluaciones preliminares, la etapa donde se encuentra la acusación contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno en Venezuela, supone la determinación de la Oficina de la Fiscalía de “si existe suficiente evidencia de crímenes de suficiente gravedad en la jurisdicción de la Corte Penal”.

También, en esa fase preliminar se precisa si existen procedimientos nacionales “genuinos” sobre el caso en cuestión, y si abrir una investigación “servirá a los intereses de la justicia y de las víctimas”, como remarca en su página web.

Tras reunir pruebas e identificar a sospechosos, la etapa de investigaciones incluye la potestad de la Fiscalía de emitir órdenes de arresto (la CPI confía en que los Estados concreten esas detenciones y transfieran a los acusados ante ella) o citaciones a declarar ante ella.

¿Qué rol juega EEUU en las negociaciones venezolanas? (VIDEO)

Levantará las sanciones EEUU a cambio del diálogo en Venezuela
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Noruega ha promovido una vez más el diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó. ¿Qué papel podría jugar el gobierno de Joe Biden?

WASHINGTON D.C. - Desde Oslo a Barbados, esta no es la primera vez que representantes del presidente Nicolás Maduro, distintos sectores de la oposición y el líder Juan Guaidó dan indicios a una nueva ronda de diálogos con la mediación de la diplomacia de Noruega.

Y aunque Estados Unidos no ha estado directamente vinculado a las negociaciones, sí tiene una gran influencia sobre las mismas. Hasta la fecha, 166 ciudadanos venezolanos vinculadas con el Gobierno de Maduro están sancionadas y a más de 1.000 personas les fue revocada la visa, según un estudio de enero de este año, publicado por el Servicio de Investigaciones del Congreso.

“Si Maduro cede estos espacios democráticos, restaura las instituciones y da espacio, podemos empezar a evaluar el levantamiento de algunas sanciones que hemos hecho en el pasado”, señala Jimmy Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela.

El diplomático indicó, sin embargo, que él desconoce por ahora cómo marchan las pláticas para el establecimiento de un diálogo. Lo que sí está claro es que en la medida que logre avances concretos hacia la restauración de la democracia podría conducir al levantamiento de las sanciones estadounidenses.

“Tienen que ser cosas que son irreversibles y no pueden ser cosas que de un día para otro pueda cambiar el régimen. Porque hemos visto esta historia antes”, explicó el embajador Story en entrevista a la VOA.

“Lo que queremos ver es la restauración de la democracia en el país. Y entonces ya poco a poco, a través de la mesa de diálogo podemos evaluar las acciones dependiendo lo que están haciendo ellos”, afirmó

El líder opositor Juan Guaidó, que en ocasiones se ha mostrado escéptico al diálogo, recientemente dijo estar dispuesto a sentarse a la mesa, pero con condiciones: “Hacen falta garantes, hacen falta compromisos, como decíamos ayer, de nuestra comunidad internacional”.

El presidente Maduro también tiene sus peticiones, entre ellas el levantamiento de las sanciones, la reactivación de los activos y cuentas bancarias y la legitimación internacional de sus poderes.

“El reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional legítima y de los poderes establecidos en Venezuela", indicó Maduro durante una alocución en el canal del estado venezolano.

Noruega, que ha facilitado en el pasado este tipo de negocación, organizó en agosto de 2019 un encuentro entre los delegados de Maduro y Guaidó. Las conversaciones fracasaron después de que el Gobierno venezolano se retiró en protesta por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

“Por la parte de los noruegos, ellos decidieron hacer un proceso limpio con el menor número de participantes necesarios, Estados Unidos estaba afuera, ellos no querían participar, pero sobre una situación que nadie podía tener ningún control”, señaló Fulton Armstrong, director de investigaciones en Latinoamérica en American University.

Armstrong opina que el rol estadounidense podría ser significativo.

“Estados Unidos tiene un papel importante en el proceso (...) “tenemos toda la palanca, toda la influencia necesaria, pero no aflojamos la cosa”, comentó.

Analistas valoran que en esta nueva ronda de diálogo, deben existir más garantes para ambos lados de la mesa. Maduro puede estar en este momento en el epicentro de las reglas del juego y haciendo solicitudes, pero Guaidó continúa con un gran apoyo internacional, y el más importante, el de Estados Unidos, que todavía está por definir sus reglas del juego.

Opositor venezolano considera que el poder de Cuba "controla todas las instituciones en Venezuela" (VIDEO)

El líder opositor venezolano Andrés Velásquez, en entrevista con CubaNet.

Para el líder opositor venezolano Andrés Velásquez, exgobernador por dos períodos del Estado Bolívar, “Parte del problema de Venezuela es Cuba”, según afirmó en una entrevista concedida al portal digital CubaNet.

“Yo creo que parte del grave problema que nosotros tenemos en Venezuela es que Chávez, y después Maduro, se entregaron o se arrodillaron ante Cuba. Y aquí Cuba, su penetración, su influencia y su control interno en el país, es parte real, palpable y verificable.”, expresó el también exdirigente sindical venezolano.

“Por ejemplo”, agregó Velásquez, “los cubanos controlan aeropuertos, controlan registros públicos, controlan notarías públicas y Venezuela privatizó su sistema de salud pública, se lo entregó a los cubanos”, afirmó, añadiendo que, gracias a la intervención cubana, en Venezuela “todas las instituciones han sido asaltadas, colonizadas, demolidas, usurpadas”.

El político venezolano también se refirió en la entrevista a las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) para noviembre próximo, asegurando que carecen de legitimidad porque “además del control social que ellos (los representantes del régimen madurista) aplican por distintas vías, lo convierten […] en una suerte de extorsión política o de chantaje político para la población”.

En opinión del exgobernador del Estado Bolívar “Venezuela está peor que Cuba”, dijo, refiriéndose a la situación de “emergencia humanitaria compleja” declarado por la ONU, organismo que puso énfasis en destacar que “más de tres millones y medio de niños de la edad entre 0 y 5 años están en riesgo de morir por desnutrición”, afirmando que “En Venezuela estamos peor que Cuba desde el punto de vista social, con más hambre, diría yo”.

Para Velásquez, otro de los dramas que se viven en Venezuela es el de la “esclavitud laboral”, porque han desaparecido los salarios y los obreros trabajan la mayor parte del tiempo por un simple “plato de comida”.

La condición de esclavitud en que se encuentran los mineros del Orinoco donde, dice “no hay horario, ni condiciones del medio ambiente del trabajo, no hay respeto por la naturaleza, […] están deteriorando las cuencas de los ríos. Es un asunto verdaderamente grave”.

Andrés Velásquez, miembro de la Dirección Nacional del partido “La Causa R” denunció públicamente el fraude cometido por el CNE en las pasadas elecciones, en las cuales, pudo demostrar con hechos que había resultado ganador de la Gobernación y, no obstante, hicieron caso omiso de las pruebas, colocando al frente del Estado Bolívar a Justo Noguera Pietri, del Partido Socialista Unido de Venezuela lo cual es, según CubaNet, “Una experiencia que le da plena autoridad para poner en duda la transparencia y autonomía del CNE”.

(Tomado de entrevista realizada por el diario digital CubaNet)

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