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América Latina

Venezuela: 113 fallecidos en 4 meses de protestas; oposición llama a tomar las calles

Enfrentamientos entre manifestantes opositores y Guardia Nacional Bolivariana

El gobierno prohibió las movilizaciones que afecten la elección -el domingo- de los 545 asambleístas de la Constituyente y amenazó con cárcel de 5 a 10 años a quienes la boicoteen.

Caracas - La oposición toma este viernes las calles de Venezuela, elevando al máximo su desafío al presidente Nicolás Maduro, quien prohibió las manifestaciones que afecten la elección de una Asamblea Constituyente.
Será una abierta confrontación. Concluida a las 06H00 locales (10H00 GMT) una huelga de 48 horas que dejó ocho muertos, los adversarios de Maduro comenzarán al mediodía la "gran toma de Venezuela", con bloqueos de vías neurálgicas de cada ciudad.

Un policía identificado como Oneiver Quiñones murió tras recibir un disparo en la cabeza el jueves en Ejido, estado Mérida (oeste), informó este viernes la Fiscalía, que cifra en 113 los fallecidos en cuatro meses de protestas.
Allí, el miércoles, un hombre de 30 años murió tras resultar herido durante una manifestación.

Enfrentamientos entre manifestantes opositores y Guardia Nacional Bolivariana
Enfrentamientos entre manifestantes opositores y Guardia Nacional Bolivariana

El gobierno prohibió las movilizaciones que afecten la elección -el domingo- de los 545 asambleístas de la Constituyente y amenazó con cárcel de 5 a 10 años a quienes la boicoteen.

"Si cancela la Constituyente sería una oportunidad para Maduro de lavarse la cara ante el mundo. Pase lo que pase la lucha sigue", aseguró el líder opositor Henrique Capriles.

Enfrentamientos entre manifestantes opositores y Guardia Nacional Bolivariana
Enfrentamientos entre manifestantes opositores y Guardia Nacional Bolivariana

Llamando a un "boicot", la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió mantener las protestas hasta la jornada electoral.
"Tenemos que prepararnos para profundizar el conflicto. El régimen no ha dado muestras de que vaya a suspender ese proceso", dijo el diputado Freddy Guevara, a nombre de la MUD.

La Constituyente arreció las protestas que exigen la salida de Maduro en un país polarizado y sumido -pese a su riqueza petrolera- en una profunda crisis, con brutal inflación y grave escasez de alimentos y medicinas.

Temerosos de que falte la comida y haya mayor caos y violencia, muchos venezolanos se abastecieron de alimentos y miles cruzaron la frontera hacia Colombia.

Ante la creciente tensión, Estados Unidos dispuso que los familiares de sus diplomáticos salgan de Venezuela, y Canadá recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a este país y salir a los que ya están.

Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de la población según la firma Datanálisis, asegura que la Constituyente traerá paz.

Además, busca la recuperación económica con propuestas como la elevación a rango constitucional del control de precios y la distribución de alimentos subsidiados. Para los opositores será la bancarrota.

Unos días antes de la elección, el gobierno de Donald Trump sancionó a 13 funcionarios y militares venezolanos, entre ellos la presidenta el poder electoral, Tibisay Lucena, acusándolos de "minar la democracia" y de supuestos actos de violencia o corrupción.

No obstante, Maduro ratificó que la Constituyente no tiene marcha atrás.
Maduro acusa a sus adversarios de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington, y acusa de sumisión al "imperio" a gobiernos de Latinoamérica y Europa que le pidieron frenar la Constituyente.

El presidente venezolano también planteó a la MUD iniciar un diálogo antes de la votación. Pero fue rechazado.

"Pura palabrería. Ni por un momento podemos bajar la presión basado en falsas ilusiones", dijo Guevara, al afirmar que la alianza opositora no ha recibido propuestas serias de diálogo.

Para sacar adelante su proyecto, vital para su permanencia en el poder, Maduro cuenta con apoyo del máximo tribunal de justicia, del poder electoral y de los militares, su principal sostén y a quienes ha dado gran poder político y económico.

Su iniciativa provocó una fractura en el chavismo, encabezada por la fiscal general Luisa Ortega, quien aseguró que Maduro y su grupo quieren seguir gobernando "sobre las ruinas de un país".

La MUD decidió no participar, alegando que la Constituyente no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida para instaurar una dictadura comunista.

Según los analistas Colette Capriles y Benigno Alarcón, tanto el rechazo interno y externo a la Constituyente afectan su legitimidad.

Por ello, movilizando a sus bases para que lleven gente a las urnas y controlando si votan los beneficiarios de programas sociales, el gobierno busca evitar la abstención, tras los 7,6 millones de votos que la MUD asegura logró en el plebiscito simbólico que hizo hace dos semanas contra esa iniciativa.

Pero debido al método de elección, que combina sufragio por territorios y sectores sociales, 62% de los 19,8 millones de electores podrá votar al menos dos veces, según el experto Eugenio Martínez, lo que dificulta el cálculo de la participación.

Un 70% de venezolanos rechaza la Constituyente, según Datanálisis. "Pero así voten dos personas el domingo, Maduro y Cilia Flores (la primera dama), saldrá Tibisay (Lucena) diciendo que fueron millones", aseguró Guevara.

[Agencia AFP]

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Informe revela "compleja operación" de lavado de dinero en Venezuela

En la operación intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado, señala el informe.

Un informe presentado este jueves por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington, revela que en Venezuela existe una "compleja operación criminal" de lavado de dinero que tiene como centro a la estatal petrolera PDVSA.

Realizado por la firma IBI Consultants, el informe señala que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una estructura de lavado de dinero como parte de una compleja operación criminal en la que intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado.

Revelan "compleja operación" de lavado de dinero en Venezuela
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Este informe, resultado de cinco años de investigación, explica que dicha operación criminal es una estructura única basada en la participación directa del estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones.

Esta situación, subraya el documento, socava el Estado de Derecho, la democracia y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

En total fueron identificados 181 individuos y 176 empresas operando en 26 países

El informe fue presentado por Douglas Farah, presidente de IBI Consultants e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional.

"Tenemos esa idea de que Venezuela es un problema aislado, y que si se resuelve el problema de Venezuela y se saca a Maduro del poder todo volverá a la normalidad", pero esencialmente no será así, es "una empresa criminal transnacional y multinacional", dijo Farah.

El informe indica que esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado miles de millones de dólares de las arcas estatales venezolanas, sino que también ha utilizado a la empresa petrolera estatal PDVSA como la estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en toda la región.

La cartera criminal utilizada por quienes impulsan este movimiento ha continuado diversificándose a medida que los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se detuvo, concluye el informe.

(Reporte de Michelle Sagué para Radio Martí)

Paro nacional en Nicaragua busca liberación de presos políticos

La policía custodia las calles de Managua durante el paro nacional convocado por la oposición.

Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua lucían parcialmente vacías el jueves, aunque con relativo movimiento comercial en Managua, en el inicio de una huelga de 24 horas convocada por la oposición en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

Pequeños negocios, algunos supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al paro promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos privados sobre la carretera a Masaya y la carretera panamericana, que comunica a Nicaragua con el resto de Centroamérica. Las cooperativas de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resignación sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos para no consumir y no aportar a nuestra propia represión”, declaró Haydeé Castillo, activista de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que ofreció liberar a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una reforma electoral "para las elecciones de 2021" y fomentar la reconciliación y el retorno voluntario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital. En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de los cuatro mercados municipales se sumaron al paro pese a que la alcaldía había amenazado con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chinandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, denunció que los rectores de las universidades públicas y algunas privadas "amenazaron con sancionar a los alumnos que no asistieran".

No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”. Hace semanas el centro fue el foco de una polémica cuando los nietos de Ortega realizaron manifestaciones políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional. La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector privado el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta 20 millones de dólares por día.

Mientras tanto, el portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local SISMO LIX según la cual 57,7% de la población aprueba el desempeño del presidente Ortega. El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo, indicó que 96,9% de la población quiere un país en paz y 97,6% desea estabilidad social y económica. Asimismo, un 96,7% desea seguridad ciudadana, agregó el informe de la encuestadora vinculada al gobierno.

SIP condena estigmatización contra la prensa y los periodistas

Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times en Colombia. (Facebook).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un llamado de preocupación ante lo que considera “campañas de estigmatización contra periodistas en Colombia y Estados Unidos que limitan la libertad de prensa, debilitan la discusión pública en democracia y aumentan los riesgos de vida de los periodistas”.

En artículo publicado en el sitio oficial de la SIP este miércoles, la entidad citó el ejemplo del periodista Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times, que se vio obligado a abandonar el país por "acusaciones falsas", argumentando que “atentan contra su seguridad, luego que la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido de gobierno, tuiteó dos fotos del reportero y un texto que cuestionaba cuánto le habrían pagado las Farc por publicar un reportaje favorable y otro contra el Ejército”, enumera la SIP.

Sin embargo, explica la entidad regional, “La foto donde aparece el reportero en una moto resultó no ser el periodista Casey sino del reportero gráfico Federico Ríos, que también abandonó el país”.

El tuit de la legisladora, acompañado por la etiqueta #CaseyEsFakeNews y replicado por otros políticos, fue en respuesta al artículo de Casey titulado "Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles", que fue publicado el 18 de mayo en el New York Times.

El periodista se refirió, indica la SIP, a la supuesta orden del jefe del Ejército colombiano de duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos o capturados.

María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y directora del diario colombiano El País de Cali, manifestó su rechazo al uso cada vez más frecuente de la estigmatización a periodistas como mecanismo de censura.

Domínguez expresó la gravedad que para el ejercicio del periodismo significa que los funcionarios públicos y políticos no midan las consecuencias que puedan tener sus palabras cuando sus críticas y estigmatizaciones están dirigidas contra los reporteros y su labor profesional. Agregó que "la estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios".

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal mexicano La Silla Rota, dijo que "la estigmatización se ha intensificado con el internet, las redes sociales y con funcionarios y gobernantes que desacreditan a los mensajeros cuando investigan y denuncian corrupción". Destacó que el discurso de odio y la intolerancia ante las críticas fundadas en investigaciones y denuncias "debilitan no solo la libertad de prensa sino la discusión pública que es una garantía inherente a la vida democrática".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

[Con información de la Sociedad Interamericana de Prensa]

Cristina Fernández afronta su primer juicio en plena campaña electoral

Senadora Cristina Fernández de Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi el 21 de mayo en Buenos Aires.

BUENOS AIRES (AP) - La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.

Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que "Cristina va a poder probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.

Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.

La senadora está acusada de haber encabezado una "asociación ilícita" que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.

Esa "organización criminal" -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.

El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.

El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.

La primera audiencia del juicio consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.

Carvajal denuncia manipulación de resultados electorales por parte de coronel venezolano

Autoridades venezolanas reciben al exjfe de inteligencia militar Hugo Carvajal

El exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo Carvajal, solicitó en una carta publicada en su cuenta de Twitter la investigación a Carlos Quintero Cuevas por supuesta participación en la manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales 2019-2025.

En la misiva dirigida tanto a la Asamblea Nacional, como al pueblo venezolano y la comunidad internacional Carvajal rectificó su intención colaborar para lograr el cese a la usurpación y de juntar todos los esfuerzos posibles para “para apoyar la causa de devolver la democracia a Venezuela".

Carvajal explica que desde el año 2002 hasta el 2004 Quintero formó parte del Departamento de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar y después ocupó el cargo de Director de Informática en el que supervisaba “la data de los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación.”

En su declaración, Carvajal asegura que Quintero forma parte de la Junta Nacional Electoral y su trabajo consistió en dirigir, supervisar y controlar los procesos electorales.

La carta finaliza sentenciando “yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: ‘me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

Hugo Carvajal, general retirado del Ejército venezolano, fue detenido en España en el mes de abril del presente año en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico.

[Redactado por Carolina Morales con información de redes sociales]

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