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América Latina

Venezolanos acuden a elecciones municipales en medio de crisis

Votalntes chean las listas de candidatos en un colegio electoral de Caracas.

Agobiados por la peor crisis económica de su historia y las dudas de muchos sobre la pulcritud de su sistema electoral, los venezolanos acuden el domingo a las urnas para unos comicios donde el oficialismo aspiran arrasar en los consejos municipales ante una oposición que mayoritariamente decidió boicotear las elecciones por considerar que no existen condiciones suficientes para garantizar una elección justa y transparente.

En los comicios se elegirán 2.459 concejales, entre ellos 69 representantes indígenas, en 335 municipios en la capital y los 23 estados del país. Unas 20,7 millones de personas mayores de 18 años están habilitadas para votar, incluidos 230.010 extranjeros con más de 10 años de residencia en el país.

Los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana (1000 GMT) y y su cierre estaba previsto para las 6 de la tarde (2200 GMT). La votación podría extenderse más allá de ese horario en las mesas en las que existan electores por sufragar. Fueron dispuestas 34.143 mesas en 14.638 centros de votación. El conteo de los votos se hará íntegramente de manera automática.

Como se esperaba, muchos centros de votación lucían desolados, constató The Associated Press en un recorrido por el centro y este de Caracas.

La popularidad del presidente Nicolás Maduro cayó en barrena durante su mandato, empero, se espera que la alianza oficialista salga victoriosa ante una oposición dividida y sin rumbo, particularmente después de las protestas antigubernamentales que entre abril y julio de 2017 dejaron más de 120 muertos y fracasaron en su intento de derrocarlo.

El mandatario se las ha arreglado para consolidarse en el poder, pese a que Venezuela está sumida en su peor crisis económica de la historia tras dos décadas de gobiernos socialistas, caracterizada por una hiperinflación, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y una profunda recesión que ha obligado a muchos venezolanos a emigrar.

Según estimaciones de Naciones Unidas, unos tres millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015.

Las divisiones de la oposición también han minado las posibilidades de los adversarios de Maduro. Los principales partidos opositores del país _que fueron inhabilitados de participar por el Consejo Nacional Electoral, que controla el gobierno, argumentando que debían revalidarse por no participar en anteriores comicios_ boicotearon los comicios municipales alegando que serían fraudulentos. Los grandes partidos prefirieron concentrar sus esfuerzos en la preparación de desconocer la legitimidad del presidente Nicolás Maduro el 10 de enero, fecha en la que comenzará su segundo mandato de seis años.

Estados Unidos, Europa y varios países latinoamericanos, entre ellos los 14 países que integran el llamado grupo de Lima, han desconocido la relección de Maduro en una votación convocada por la oficialista Asamblea Constituyente, considerada ilegitima.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, conforman el Grupo de Lima,

Varios pequeñas partidos de oposición y algunos militantes disidentes de partidos grandes, por su parte, decidieron participar en algunos de los 80 municipios que controlan los adversarios de Maduro en un esfuerzo por preservar espacios.

"No podemos dejar de luchar, se lo debemos a nuestra gente, no hacerlo sería traicionar a nuestros vecinos", dijo a la prensa el alcalde del municipio capitalino del Hatillo, Darwin González, resaltando que ese municipio por décadas ha sido un bastión de la oposición.

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CIDH insta a Nicaragua a que deje en libertad a todos los presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este lunes al Gobierno de Nicaragua a poner en libertad a más de 80 presos políticos que siguen detenidos como primer paso para el restablecimiento de las libertades individuales y la democracia en el país centroamericano.

El organismo presentó este lunes en Miami su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, un "diagnóstico preciso" en torno a la situación que vive Nicaragua, inmerso en una crisis social desde abril de 2018 y que según datos de CIDH se ha cobrado hasta el 30 de mayo 326 víctimas mortales, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes, así como 21 efectivos policiales.

Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, señaló en la presentación que entre las 4 recomendaciones generales y 43 específicas contenidas en el informe, destaca la necesidad de restablecer en Nicaragua "la plena vigencia del estado de derecho garantizando el principio de independencia y separación de poderes públicos".

"Pese al inicio de la mesa de negociación, persisten en el país las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y persecución y, en general, un ambiente de represión", dijo Urrejola, y agregó que sigue pendiente la restitución de derechos como el de la libertad de asociación y de expresión.

Durante el mandato del actual ejecutivo en el país centroamericano bajo la Presidencia de Daniel Ortega, que para la CIDH tiene controlados el Poder Judicial y el Legislativo, se observa la "judicialización" de líderes y defensores de los derechos humanos, todo lo cual apunta a una tendencia "que busca silenciar, intimidar y criminalizar cualquier voz contraria a la postura del Gobierno", explicó la relatora durante una ponencia en un hotel de Miami.

El organismo advierte de la "intensificación" de ataques y detenciones contra periodistas, lo que es parte de una "fase de cierre de espacios democráticos" que constituye la "instalación de facto de un estado de excepción, caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública", el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.

El diagnostico refleja que por primera vez en 25 años Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2018, donde figuró por última vez en 1993, después de haber sido incluido el país en esa "lista negra" cada año desde 1982.

Según recoge el documento, el Ejecutivo nicaragüense ha rechazado el informe por considerar que adolece de falta de objetividad, imparcialidad y por su "manifiesto sesgo, reflejando intereses políticos desestabilizadores en contra del estado de Nicaragua".

Urrejola aludió a los más de 62.000 nicaragüenses que, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), han debido de abandonar su país desde que estalló la crisis social.

Una crisis en la que también más de 700 personas han sido sometidos a procesos penales, 300 profesionales de la salud despedidos de manera arbitraria y 144 estudiantes universitarios expulsados como represalia, según los últimos datos del organismo.

Lester Alemán, joven estudiante y miembro de la Alianza Cívica, demandó en declaraciones a Efe la devolución de documentos y bienes de todos los presos políticos, a quienes les han sido retenidos hasta los pasaportes.

"Ortega quiere poner lápida a todos los que se manifiestan en contra", sostuvo Alemán.

Por su parte, Edwin Carcacha Dávila, de 28 años, y quien estuvo preso 9 meses en una "prisión de tortura" en Nicaragua, llamada Prisión de Máxima Seguridad y conocida como "la 300", dijo a EFE que ha estado retenido en condiciones infrahumanas "por el solo hecho de pensar diferente".

"Salí la semana pasada, estuve sin derecho a sol y solo con 3 litros de agua por semana. Nos golpearon, nos torturaron, durante ocho días era interrogado por hasta 4 horas. Precarias condiciones humanas, sin duda", dijo el joven, quien pidió que Ortega cumpla las promesas que extendió durante la mesa de diálogo.

El embajador Gonzalo Koncke, jefe del Gabinete del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), saludó en el encuentro la excarcelación de más de un centenar de presos políticos en mayo pasado, pero reforzó la necesidad de que todos sean liberados, así como de que se instauren "reformas institucionales profundas" en el país centroamericano.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 325 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce 199.

El pasado domingo, la Policía nacional atacó la Catedral Metropolitana de Managua, que acogió ese día a cientos de manifestantes antigubernamentales en una misa de "acción de gracias" por la libertad de los que la oposición considera "presos políticos".

El Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH, expresó a través de Twitter su rechazo a ese ataque de la Policía a la catedral, en donde, tras la eucaristía, se dio un enfrentamiento entre manifestantes opositores y agentes antidisturbios que dejaron al menos varios heridos leves.

Restauran fallo eléctrico que dejó a oscuras a Argentina, Uruguay y Paraguay

Apagón masivo

BUENOS AIRES - El servicio eléctrico se había restablecido casi en la totalidad de los hogares de Argentina en la noche del domingo, después de que una falla masiva dejara por la mañana a decenas de millones sin luz en todo el país y en partes de los vecinos Uruguay y Paraguay.

La Secretaría de Energía argentina dijo que “el colapso” del sistema de interconexión ocurrió a las 7.07 hora local (1007 GMT) del domingo, por causas no del todo claras. Las autoridades argentinas abrieron una investigación, pero por la noche aún no había detalles al respecto.

Una fuente de la Secretaría de Energía explicó que “aparentemente se habían desenganchado dos líneas de extra alta tensión que vienen de (la represa) Yacyretá y eso desestabilizó a las dos centrales (Yacyretá y Salto Grande)”.

La empresa de energía eléctrica Edesur Argentina dijo que el corte fue “excepcional” y que no obedeció a un problema de la compañía.

El apagón masivo en el Día del Padre afectó el transporte público en Buenos Aires, cortó el suministro de agua e interrumpió las comunicaciones telefónicas y el servicio de internet.

“La ciudad es un desastre. No hay semáforos. Los negocios no están abiertos. Arruinó el Día del Padre”, dijo Liliana Comis, una jubilada de 75 años que vive en los suburbios de Buenos Aires.

Varias provincias argentinas tuvieron que demorar las elecciones a gobernador que se celebraban el domingo. Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego renovaban sus gobiernos locales y, según el escrutinio provisorio, en todas se imponía la oposición a nivel nacional.

Alberto Fernández, el candidato peronista con más chances de desbancar al mandatario de centroderecha Mauricio Macri en las elecciones de octubre, escribió en un tuit: “El Presidente debería emitir un comunicado y dar explicaciones sobre lo que están padeciendo los argentinos”.

“Subieron las tarifas tanto como sus amigos les reclamaron y generaron el apagón más grande de la historia”, agregó.

El corte afectó también a las plantas de la petrolera argentina YPF en su refinería La Plata, clave en la cadena de suministro petrolero, según un portavoz de la empresa.

Usuarios de redes sociales dijeron que el corte alcanzó también a Paraguay y Brasil, aunque el operador del sistema brasileño de electricidad aseguró que no afectó al país.

La compañía de electricidad de Paraguay, ANDE, informó en un comunicado que parte de la central hidroeléctrica de Yacyretá quedó bloqueada y que en consecuencia se fue brevemente el servicio en las ciudades de Ayolas, Villalbin, Pilar y otras aledañas.

Guatemala vota por su presidencia este domingo

Una valla publicitaria anuncia la candidatura de Sandra Torres a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre los otros 18 aspirantes a la presediencia de Guatemala para el domingo 16 de junio de 2019. (REUTERS).

El próximo domingo, 19 candidatos buscarán alcanzar la presidencia de Guatemala. Los guatemaltecos también elegirán vicepresidente, diputados al Congreso de la República, diputados al Parlamento Centroamericano y alcaldes locales.

La agencia AP ha configurado un mapa de los principales candidatos a la presidencia:

SANDRA JULIETA TORRES CASANOVA

Torres, de 64 años y ex primera dama de Guatemala, es la favorita en las encuestas. Estuvo casada en segundas nupcias con el expresidente Álvaro Colom (2008-2012).

Es empresaria, licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en políticas públicas y se hizo visible durante el mandato de Colom, cuando fue coordinadora del Consejo de Cohesión Social. Durante el gobierno tuvo gran influencia en la toma de decisiones, especialmente en temas sociales.

Esta es la tercera vez que intenta llegar a la presidencia.

Una mujer camina frente a un muro de personas desaparecidas durante la guerra civil en Guatemala, días antes de las alecciones presidenciales el 16 de junio de 2019. (REUTERS).
Una mujer camina frente a un muro de personas desaparecidas durante la guerra civil en Guatemala, días antes de las alecciones presidenciales el 16 de junio de 2019. (REUTERS).


La primera vez, en 2011, no tuvo autorización porque según la constitución los parientes del presidente -hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad- no pueden buscar el cargo. Torres se divorció de Colom, pero su candidatura fue igualmente rechazada por el Tribunal Supremo Electoral.

La segunda vez, en 2015, obtuvo el segundo lugar en los comicios, pero fue derrotada en la segunda vuelta por el comediante y neófito político Jimmy Morales, actual presidente.

Torres es postulada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), del cual es secretaria general desde 2011.

Actualmente tiene inmunidad gracias a su candidatura. Sin embargo, la fiscalía la investiga por un supuesto financiamiento ilícito a UNE.

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA

Es un empresario, médico y exdirector de presidios. Está en segundo lugar de las preferencias junto a Roberto Arzú y es la cuarta vez que intenta alcanzar el poder.

Un anuncio muestra al candidato presidencial de Guatemala Alejandro Giammattei, por el Partido 'VAMOS', para los comicios del 16 de junio de 2019. (REUTERS).
Un anuncio muestra al candidato presidencial de Guatemala Alejandro Giammattei, por el Partido 'VAMOS', para los comicios del 16 de junio de 2019. (REUTERS).


Giammattei, de 63 años, fue director del Sistema Penitenciario durante el gobierno de Oscar Berger (2004-2008). Durante ese periodo se realizó una operación policial y militar llamada Pavo Real para recuperar el control de un centro penitenciario en la que fueron asesinados varios reos. Giammattei fue acusado y estuvo en prisión durante varios meses, pero fue absuelto de los cargos.

​ROBERTO ARZÚ

Es hijo del expresidente y exalcalde Álvaro Arzú. Empresario y expresidente del club de fútbol Comunicaciones, Arzú representa a la derecha conservadora del país, proponiendo mano dura contra las pandillas. Su campaña electoral pretendió ser un calco de la del presidente estadounidense Donald Trump con el slogan “Hagamos grande a Guate”.

Es el candidato de una alianza de los partidos partido Podemos, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y otras fuerzas menores.

Una empleada organiza las boletas que se usarán en las elecciones presidenciales de Guatemala el domingo 16 de junio de 2019. (REUTERS).
Una empleada organiza las boletas que se usarán en las elecciones presidenciales de Guatemala el domingo 16 de junio de 2019. (REUTERS).


Arzú, de 48 años, es la primera vez que participa en política.

EDMON AUGUSTE MULET LESIEUR

Es un abogado, periodista y diplomático. Esta es la primera vez que participa como candidato presidencial impulsado por el partido Humanista.

Mulet tiene 68 años y aunque fue señalado de realizar adopciones de forma discrecional en los años 80 nunca fue juzgado. En su defensa dijo que apoyó acciones para encontrar hogar a niños que lo necesitaban. Exdiputado y expresidente del Congreso, fue representante especial del Secretario General y Jefe de Misión en Haití por las Naciones Unidas, lo que le dio reconocimiento internacional. También fungió como subsecretario General de Ban Ki-moon para luego ser nombrado Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, con funciones de Jefe de Gabinete del Secretario General.

THELMA CABRERA

Es la única candidata indígena Mam. Cabrera, de 43 años, es una campesina y defensora de los derechos humanos y de la tierra. Es oriunda de la costa del país, adonde llegó luego de que sus padres procedentes del área de occidente bajaran a la costa en la época de zafra.

La candidata es impulsada por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), el único partido de tendencia de izquierda que va en los primero cinco lugares de la preferencia del electorado y que por primera vez participa en las elecciones. El MLP es el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino, la agrupación más grande y fuerte del campesinado guatemalteco.


Aboga por la nacionalización de la energía eléctrica tras denunciar abusos en las tarifas. También promueve la refundación del Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente, Popular y Plurinacional, algo como lo hecho por el presidente Evo Morales en Bolivia.

Promete acabar con la corrupción y los políticos que mantienen sumida en la pobreza a la población y formar un gobierno incluyente.

[Con información de la agencia AP, fotos de Reuters y redes sociales]

EEUU rechaza "amnistía con condiciones" del régimen de Ortega

Prisioneros políticos arrestados por participar en las protestas contra Daniel Ortega tras un servicio religioso por su liberación, en Masaya, Nicaragua.

Estados Unidos rechazó este miércoles la puesta en marcha en Nicaragua de una "amnistía general con condiciones" bajo la que el gobierno de Daniel Ortega ha liberado a más de 100 opositores mientras "sigue prohibiendo el ejercicio de los derechos humanos básicos del pueblo nicaragüense".

"Sin embargo, docenas siguen en prisión, y el gobierno de Nicaragua ha puesto condiciones legales para su liberación. Nosotros reiteramos nuestra demanda de una liberación sin condiciones de todos los que han sido detenidos arbitrariamente en Nicaragua", señaló un comunicado del Departamento de Estado.

La cancillería estadounidense indicó que seguirá responsabilizando a los que cometieron ejecuciones extrajudiciales, abusos y represión durante las protestas gubernamentales que iniciaron en abril de 2018.

El Departamento de Estado agregó que aunque el Gobierno de Daniel Ortega liberó esta semana a 56 personas consideradas por la oposición como presos políticos, docenas siguen en prisión, y Nicaragua impone condiciones para su liberación.

"En vez de una amnistía para los violadores de derechos humanos, demandamos una rendición completa de cuentas por los crímenes cometidos por las fuerzas nicaragüenses, incluida su participación en la muerte en prisión el 16 de mayo del prisionero político Eddy Montes, quien tenía doble ciudadanía de EE.UU. y Nicaragua", apuntó el comunicado.

Amnistía Internacional insta a Ortega a liberar a todos los presos políticos

Nicaragüenses celebran la excarcelación de más de 50 presos políticos este martes.

Amnistía Internacional señaló que Nicaragua tiene aún un arduo camino por recorrer en materia de respeto a los derechos y libertades civiles, así como en la reparación de miles de victimas de la represión gubernamental.

En respuesta a la liberación este martes de los principales líderes campesinos y estudiantiles de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, Erica Guevara, directora para las Américas de esa organización, dijo en un video publicado en Twitter que "no debemos olvidar que esas personas no debieron pasar ni un segundo en la cárcel".

"Nos preocupa que mientras seguíamos la noticia de la excarcelación también recibíamos reportes de hostigamiento e intimidación a las familias de estas personas", dijo Guevara, y puso como ejemplo el caso de Irlanda Jeréz.

La representante de AI subrayó que amén de los 50 liberados como parte de la amnistía que implementa el gobierno de Ortega, aún quedan en prisión decenas de personas, detenidos violentamente desde abril de 2018 por ejercer sus derechos a la libre expresión y manifestación.

Las autoridades nicaragüenses deben liberar de inmediato a todas estas personas, y retirar los cargos en su contra, dijo Guevara. "Cualquier ley de amnistía que pretenda socavar los derechos de las víctimas es incompatible con las obligaciones internacionales de Nicaragua", apuntó.

Aunque las autoridades aseguran que la amnistía busca “abonar a la reconciliación de la sociedad”, la oposición ha denunciado que la ley busca dar “protección e impunidad” a policías y paramilitares responsables de la ola represiva que dejó alrededor 325 civiles muertos y 2 mil heridos.

"El gobierno de Daniel Ortega no puede continuar eludiendo su obligación de garantizar verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas de la grave crisis" que vive el país centroamericano", concluyó.

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