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América Latina

20 de mayo en Venezuela, una “farsa electoral”

La oposición venezolana ha denunciado trampas masivas en los comicios regionales.

“Lo que llaman elecciones en la dictadura castrochavista de Venezuela, es simplemente una farsa para simular democracia y continuar oprimiendo al pueblo venezolano. Es parte de la metodología que el castrismo ha exportado, con la cual controla Venezuela, Nicaragua, Bolivia”

Mientras el régimen de Nicolás Maduro se empeña en legitimar un proceso ilegítimo, sectores de la oposición interna, exiliados, organizaciones de derechos humanos, abogados, analistas y varias decenas de gobiernos en el mundo, incluida la Unión Europea, han declarado no reconocer los resultados de los comicios del 20 de mayo en Venezuela.

Martí Noticias conversó con los intelectuales venezolanos exiliados Carlos J. Rangel, Carlos Ramírez López, Beatrice Rangel, y el boliviano Carlos Sánchez Berzaín.

Todos coinciden en que ante la situación actual, la respuesta de los venezolanos debe ser no salir a votar, y esperan que los gobiernos democráticos propicien una intervención internacional humanitaria en el país suramericano.

La abstención es la única opción democrática posible

“Lo que tiene que hacer el pueblo venezolano es quedarse en sus casas, no salir a votar porque no es una elección, es simplemente una pantomima de la propaganda política con la que un gobierno totalmente ilegítimo intenta legitimarse”, dijo Carlos J. Rangel.

Según el columnista del diario El Nacional “el régimen de Nicolás Maduro está comprando votos con el hambre de la gente, con la miseria infinita a la que han sumido al pueblo. Y esto es un crimen que no puede permitir. Nadie debe reconocer la jugada que esta banda de maleantes y corruptos ha preparado para mañana. No son elecciones”, denunció el arquitecto, escritor y experto en economía de la tecnología y la información.

“Con esta farsa lo que la dictadura pretende es dar una idea de que hay un pueblo que confía en el grupo de mafiosos que se han adueñado del país. Es una puesta en escena para engañar al mundo y para recrudecer el régimen", manifestó .

"La abstención es la única opción democrática posible que les queda a los venezolanos este 20 de mayo”, aseguró el autor del libro de ensayos La Venezuela imposible. Crónicas y reflexiones sobre democracia y libertad.

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Políticas que llevan a los venezolanos a la muerte

“Todos los países que rodean a Venezuela lo saben. No creo que haya absolutamente nadie en Latinoamérica que no sepa la naturaleza del régimen venezolano. Es un régimen forajido, penetrado por el narcotráfico, que está sacrificando a la población para mantenerse en el poder. El tema es que una vez estás convencido de eso deberías actuar. Y yo lo que no veo en los países de América Latina es una determinación a actuar. En el pasado porque no se conocía la verdadera naturaleza del régimen. Ahora se conoce”, subrayó Beatrice Rangel.

Para la experta en geopolítica, los países de la región “han sido muy sigilosos con el tema de las intervenciones internacionales porque piensan que si hoy día aceptan una intervención internacional, cuando ocurra una crisis en cada uno de esos países a lo mejor se va a justificar una intervención internacional”.

Las posiciones de los países latinoamericanos están determinadas por una miopía horrorosa, porque no se van cuenta que en la medida que el régimen venezolano sobreviva, las posibilidades de que ese régimen pervierta a los demás países de América Latina se incrementa. Porque un régimen forajido no se detiene ante el Estado de derecho y por supuesto no respeta ni el derecho nacional ni internacional. Y por lo tanto va a seguir intentando penetrar esos países, va a seguir intentando sembrar celular del socialismo del siglo XXI, y cuando venga un ciclo de depresión económica van a intentar activar esas células para crear disentimiento y llevarlo a la elección”, advirtió la directora del Interamerican Institute for Democracy (IID).

Para la analista, el régimen de Maduro, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, “está utilizando la comida, que es esencial para supervivencia del pueblo venezolano, porque con la crisis espantosa que hay, los únicos que tienen divisas para adquirir alimentos en el exterior y distribuirlos en Venezuela son los oficiales del gobierno (…) Están usando la comida para garantizar que al menos se vea alguna movilización en la calle de gente votando, pero todo el ejercicio es bajo intimidación, bajo coacción. Por lo tanto no es legítimo”.

A pesar de que la comunidad internacional “no reconocerá el resultado de esas elecciones ilegítimas”, Rangel acotó que el oficialismo “logró dividir a la oposición”.

“Dentro de la oposición hay quienes piensan que puede ser que la candidatura que surgió de (Henri) Falcón, que hasta hace poco formaba parte de la alianza opositora, pudiera vencer a Maduro y a lo mejor iniciar una transición, y hay otros que opinan que bajo estas condiciones es imposible que nadie derrote a Maduro ni encabece ninguna transición”.

Varias personas buscan comida entre bolsas de basura en Caracas.
Varias personas buscan comida entre bolsas de basura en Caracas.

“Lo que sí es intolerable que ningún gobierno utilice políticas de corte genocida, porque eso es lo que son, para controlar a la población. Y repito que todos los países de América saben que eso está pasando en Venezuela porque de una manera u otra son víctimas de eso. Están llegando todos los viernes siete mil venezolanos a la ciudad de Buenos Aires. Entonces si están recibiendo estas estampidas de venezolanos es porque los venezolanos no pueden vivir y no pueden vivir en Venezuela porque el gobierno está aplicando unas políticas que los lleva a la muerte”, aseveró.

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Delitos que se cometen desde el poder para oprimir

“Lo que llaman elecciones en la dictadura castrochavista de Venezuela, es simplemente una farsa para simular democracia y continuar oprimiendo al pueblo venezolano. Es parte de la metodología que el castrismo ha exportado, con la cual controla Venezuela, Nicaragua, Bolivia”, afirmó el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín.

“No hay democracia en Venezuela, no hay duda de eso, y no puede haber elecciones cuando hay presos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando hay persecución política, cuando el régimen es un gobierno de facto, que ha dado sucesivos golpes de Estado, para permanecer indefinidamente en el poder”, sentenció el autor de libros sobre la naturaleza dictatorial del socialismo del siglo XXI como Las dos Américas: democracia y dictadura, La dictadura del siglo XXI en Bolivia, y La lucha por la democracia.

El ex ministro boliviano y director ejecutivo del IID enfatizó en que “lo que vamos a ver mañana en Venezuela es una suma de delitos que se cometen desde el poder para oprimir al pueblo venezolano”.

“Lo de mañana no puede merecer el nombre de elección. Es una farsa, un acto criminal más que comete la dictadura castrochavista, que está señala como un régimen de delincuencia organizada”, apuntó.

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Estamos muy cerca de una intervención internacional

El abogado Carlos Ramírez López, considera que luego del 20 de mayo a Nicolás Maduro “no le va a quedar ni el más mínimo vestigio de legalidad” para ocupar el cargo de presidente de la República, “que ya está siendo desconocido por adelantado” por gran cantidad de países en el mundo, en “una ofensiva internacional, en la todos los factores de opinión en el mundo están expresando su rechazo”.

Ramírez López llama la atención sobre la investigación penal, que ha encaminado el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en contra de Maduro y su equipo de gobierno “por temas como el lavado de dinero, por corrupción, y Santos dijo que hay varios países colaborando en esa investigación”.

Para el jurista el anuncio de Santos “significa evidentemente que puso en función lo que se conoce como la Convención de Palermo, que es la persecución al delito trasnacional directamente por cualquiera de los países firmantes”, explicó el especialista en Derecho Procesal Penal y Civil, Derecho Constitucional y Litigación Penal Internacional.

“El 20 de mayo Maduro deja de ser reconocido como presidente, con una investigación internacional que le está dictando Colombia, con la suspensión de todos los derechos que pueda tener como presidente en los organismos internacionales, con las sanciones que le acaba de imponer el gobierno norteamericano a la camarilla de Diosdado Cabello, su equipo y sus testaferros”, dijo el autor de El fruto del árbol envenenado. Venezuela: La Constituyente como excusa para matar al Estado Democrático.

Ramírez López está convencido de que todos estos elementos conducirán a la apertura de “un proceso judicial en una corte de los Estados Unidos, y va a salir una orden de captura (…), agregado al tema de los norteamericanos que están presos en El Helicoide (prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en Caracas), que el Departamento de Estado también ha venido advirtiendo que está muy pendiente de los derechos que le corresponden no sólo a la persona privada de libertad, a Joshua Holt sino también al país de velar por sus ciudadanos”

“Todo esto que se está conjugando, demuestra que estamos muy cerca de una intervención internacional por ayuda humanitaria, por captura de las personas señaladas por la justicia internacional, por el genocidio (…) Estamos cerca de la luz al final del túnel. Para mí estamos muy cerca de la libertad en Venezuela”, concluyó el autor del libro Leyes Infames en Venezuela.

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OEA condena detención ilegal por parte de la dictadura venezolana de dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana

Dr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, condenó "la detención ilegal por parte de la dictadura venezolana de dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana y su tripulación".

La embarcación se encontraban dentro de la Zona Económica Exclusiva, ZEE, de la República Cooperativa de Guyana, informó la OEA en un comunicado de prensa.

La Secretaría General exige que los ciudadanos guyaneses sean liberados de forma rápida y segura a las autoridades de su país, así como los dos barcos detenidos.

Además, la Secretaría General reitera su apoyo a las normas y procesos establecidos por el derecho internacional en relación con los conflictos territoriales en curso.

La resolución de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es un asunto de jurisdicción internacional y no puede ser solucionado mediante acciones unilaterales, indicó la OEA.

Cualquier intento de descarrilar este proceso legal internacional, como el decreto emitido por el régimen de Maduro, es contrario al derecho y los estándares internacionales, y no tiene soporte legal ni significado jurídico, concluyó el organismo hemisférico.

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Nicaragua sin señales de reformas electorales para comicios de noviembre

Muchos acusan al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de estar al servicio de los intereses del partido de gobierno.

El gobierno de Nicaragua está dilatando hasta último momento las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas.

MANAGUA - Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado con reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral, al que muchos acusan de estar al servicio de los intereses del partido de gobierno.

Misiones de observación electoral, nacionales e internacionales, han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular, y analistas como el doctor en derecho y académico Carlos Tünnermann advierten que las próximas reformas deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en respuesta a los cambios y reestructuraciones necesarias.

“Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son responsables de los fraudes anteriores, tiene que haber una reestructuración y modernización del Consejo Supremo Electoral que funcione con transparencia honestidad y de manera responsable”, enfatizó.

Tünnermann sostiene que en el sistema electoral actual no existen condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, mientras el gobierno también ha conculcado el derecho a la observación electoral nacional e internacional.

Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral se discutirán únicamente con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.

Navarro fue enfático al asegurar que van a definir las reformas electorales.

“Como lo dice el memorándum de entendimiento, son reformas eminentemente técnicas referidas exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral. Aquí no hay cambios constitucionales ni prohibiciones de ningún tipo como se les ha ocurrido a ese grupo de oenegés”, afirmó.

Es decir, la propuesta que aparentemente presentará el gobierno excluye que las reformas contemplen cambios en la composición del actual Consejo Supremo Electoral, o que incluyan reformas constitucionales, como ha planteado el Grupo Promotor de las Reformas Electorales.

Tampoco reconoce ninguna de las condiciones previas que demandan las organizaciones sociales, como la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que ha sido consensuada con la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales incluye 12 reformas, de las cuales cuatro requieren de una reforma constitucional, por lo que ya no podrían lograrse antes de las elecciones, porque en Nicaragua las reformas constitucionales se aprueban en dos legislaturas, a diferencia de las leyes ordinarias.

Sin embargo, también proponen la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral que garanticen la administración de un proceso electoral independiente, profesional y transparente; la observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales; un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado, y la reincorporación, en forma obligatoria, del proceso de verificación ciudadana masiva.

Aún hay tiempo

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a la Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias pero esto dependerá de la voluntad política de las partes.

“El gran tema, ¿se va a lograr? Eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder por una parte y, por otro, de cuál va a ser el tipo de presión que pueda ejercer la propia ciudadanía y los partidos”, señaló.

El plazo establecido por la Asamblea General de la OEA para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021.

La resolución de la OEA sobre Nicaragua reitera la preocupación de la comunidad internacional por el deterioro de las instituciones democráticas e insta al gobierno “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El documento pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral y por ello insta a que el gobierno de Nicaragua “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprende observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.

Ortega usa los recursos del Estado para mantenerse en la presidencia de Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua (Maynor Valenzuela/AFP).

Los opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua afirman que el dictador usa los recursos del Estado, particularmente en las escuelas, para mantenerse en la presidencia.

Dicen que existe un culto a la personalidad a Ortega y su esposa Rosario Murillo en la enseñanza pública y en todos los niveles de la sociedad, informó la Voz de América, VOA.

Desde que el joven nicaragüense de 19 años Román Sandino se matriculó en una universidad semiprivada, comenzó a destacarse en actividades culturales, que a la par de sus excelentes notas y su capacidad bilingüe, lo hicieron aspirar a solicitar una beca completa en otra casa de estudios.

A su corta edad Román ha traducido varios libros y obtenido sus primeros ingresos.

Normalmente Román estudia los días de semana en Managua, pero asegura que tiene un tiempo extra para poder adquirir aún más conocimiento.

Recientemente escuchó que el Ministerio de la Juventud, Minjuve, una entidad controlada por el presidente Ortega, estaba ofreciendo 16.000 becas universitarias en centros privados y públicos, pero uno de los requisitos principales era escribir una carta dirigida al mandatario.

Román rechazó de forma inmediata la beca, pese a sus anhelos de superación.

"Me parece una payasada que pongan tan ridículo filtro, con claras motivaciones políticas. Si en verdad quisieran tener a los mejores (estudiantes), medirían sus habilidades y no su lealtad al partido”, dijo el joven a la Voz de América.

En un año electoral, donde la comunidad internacional mantiene altas expectativas para que se celebren unos comicios libres, transparentes y competitivos que alivien la crisis sociopolítica que vive el país, los opositores han denunciado al gobierno de Ortega de arreciar su proselitismo político, utilizando incluso a las instituciones públicas y programas sociales como forma de atraer a los votantes.

La socióloga María Teresa Blandón considera que la mayoría de los gobiernos, tanto de derecha, como de centro o de izquierda, han recurrido al control que tienen sobre los sistemas públicos de educación para hacer proselitismo político, pero advierte que “algunos lo han hecho de forma más sistemática y abusiva”, como asegura es el caso del presidente Ortega.

Blandón enfatiza que desde que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llegaron al poder, en la enseñanza pública y en todos los niveles se fomentó el culto a la personalidad hacia ellos.

También acusan al líder sandinista de instrumentalizar incluso los poderes del Estado, como la Asamblea Nacional para hacer campaña electoral.

Los diputados opositores afirman que en los murales de la Asamblea Nacional y en el canal parlamentario se transmite la campaña partidaria afín al gobernante Frente Sandinista, pese a que aún no se ha convocado a los comicios presidenciales.

Por su parte, el politólogo y líder de la oposición, Félix Maradiaga, valora la estrategia del gobierno como uno de los problemas más graves del “régimen sandinista”. Considera que son raíces del partido de gobierno practicadas desde la década de 1980, tras el triunfo de la revolución sandinista.

“Uno de los problemas más graves del régimen sandinista, son sus raíces profundamente arraigadas en la lógica del Estado-Partido. Esto quiere decir que el Frente Sandinista, desde sus orígenes, se interpreta a sí mismo como un aparato político-militar vanguardista, pero además dueño del Estado”, dijo Madariaga.

Policías y paramilitares asedian a defensoras de los derechos de la mujer en Nicaragua

Mujeres de Nicaragua en plena crisis política y sanitaria

Las integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia junto a las del Programa Feminista La Corriente, emitieron una denuncia acusando a los miembros de la policía orteguista, así como de fuerzas paramilitares, de someterlas a “intimidación, hostigamiento y asedio”, según lo publicado en el portal digital de ambas organizaciones, “Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos”.

En el comunicado, las defensoras de los derechos de la mujer relatan que “elementos policiales y parapoliciales asediaron la asamblea de la Red”, efectuada el sábado 23 de enero, “reteniendo, fotografiando y obligando a mostrar la identificación de algunas de las participantes”.

Por otra parte, en la sede del Programa Feminista La Corriente, las asistentes a un encuentro se vieron en la misma situación de asedio y acoso por parte de la policía política del presidente Ortega estando María Teresa Blandón, directora del programa en el interior del recinto.

De acuerdo con la información, estos hechos corresponden a la “campaña de asedio y hostigamiento sistemático” que se ha trazado el Estado nicaragüense para intimidar e intentar frenar la actividad de las “defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas, así como a presas políticas excarceladas y sus familias”.

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