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América Latina

Urge ayuda humanitaria para Venezuela, alerta informe

En las afueras de un matadero en San Cristóbal, Venezuela, un grupo de personas esperan porque les repartan sangre de vaca. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

La organización Human Rights Watch y expertos del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights) y el Centro de Salud Humanitaria (Center Humanitarian Health) de la Universidad Johns Hopkins presentaron este martes un informe en que piden a la comunidad internacional ayuda humanitaria urgente para Venezuela.

Las instituciones recomiendan que el secretario general de la ONU, António Guterres, y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU (UN Emergency Relief Coordinator), Mark Lowcock, asuman el liderazgo frente a la situación venezolana y le exijan a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro que adopten todas las medidas necesarias para lograr que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano

Las entidades alertan que el sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la pandemia, siendo lo más preocupante la habitual la escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene.

Además citan una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica debida a la escasez de medicamentos e insumos médicos, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios.

Los acontecimientos en el país en los últimos meses acentúan esta preocupación, indica el reporte.

“La crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han generado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general, condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales”, afirmó la Dra. Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros Johns Hopkins.

“La imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de COVID-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región”, agregó la experta.

El informe llama la atención sobre la negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades, un hecho que debilita significativamente la capacidad de respuesta ante la pandemia.

"También contribuye a la pobre respuesta estatal el hostigamiento y persecución de periodistas, profesionales de la salud y otros individuos que cuestionan y alertan sobre el deterioro de las condiciones en los hospitales, la escasez de petróleo y la propagación de la COVID-19. Además, las autoridades continúan sin asumir su responsabilidad por el colapso del sistema de salud, atribuyéndole absoluta responsabilidad a las sanciones estadounidenses cuando el desastre humanitario en Venezuela es previo a las sanciones", agrega el reporte.

“Para contribuir a una respuesta efectiva a la COVID-19 en Venezuela, los gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU que aseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Pero para que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano, la máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que le garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias”, agregó el representante de HRW.

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Poder Electoral de Nicaragua extiende plazo para comicios de 2021

Ciudadanos nicaragüenses se buscan en la lista del padrón electoral antes de la apertura de las juntas receptoras de votos en Managua.

El Poder Electoral de Nicaragua extendió el plazo para que los partidos políticos soliciten su personalidad jurídica para participar en las elecciones generales previstas en noviembre de 2021, informó este martes el diario oficial La Gaceta.

En una resolución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, decidieron ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica en un máximo de cinco meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 7 de noviembre del 2021.

La Ley Electoral señala que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales.

En su resolución, el CSE explicó que amplían el plazo debido a que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 "ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales".

Dos organizaciones y un movimiento político, sin personalidad jurídica, rechazaron, por separado, esas medidas del CSE, las cuales catalogan como una "trampa" para mostrar apertura, sin tocar el tema fondo del sistema electoral, que es el control absoluto que ejerce el oficialismo sobre ese poder del Estado.

"La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua", señaló la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una declaración.

5 finalistas en vacante del Relator Especial para la Libertad de Expresión

RELE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, da a conocer la lista de las cinco personas que serán entrevistadas los días 14 y 15 de septiembre de 2020 como parte del proceso de selección para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión, RELE.

En el marco de su 176 Período de Sesiones, la Comisión Interamericana seleccionó de la lista de finalistas anunciada el día 30 de abril de 2020, a las cinco personas que pasan a la fase de entrevistas.

Estas personas son, por orden alfabético: Ana Cristina Ruelas Serna, de México; Carlos Martín Lauría, de Estados Unidos; Damián Miguel Loreti, de Argentina; Paula Ligia Martins, de Brasil; y Pedro Vaca Villarreal, de Colombia.

La CIDH agradece la participación en el proceso de selección, así como el envío de videos y la aceptación a participar en el seminario realizado el pasado 29 de junio de 2020.

La CIDH expresa una vez más su enorme satisfacción con el interés en este concurso de personas altamente calificadas y con amplia experiencia y conocimiento en materia de libertad de expresión.

Asimismo, la Comisión agradeció a las más de 380 cartas y observaciones recibidas por parte de los paísas miembros de la OEA y de la sociedad civil en el marco de la consulta pública realizada entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020.

El proceso por el cual la CIDH selecciona a la persona titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión está regido por las normas reglamentarias pertinentes.

De acuerdo a lo establecido, el 15 de septiembre de 2020 la Comisión anunciará el nuevo titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que comenzará sus labores a partir del 6 de octubre de 2020.

Autorizan extradición a EEUU de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro

Nicolás Maduro toca una barra de oro mientras se dirige a los ministros responsables del sector económico en el Palacio de Miraflores.

El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó este martes a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.

El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República, enviada el pasado 8 de julio, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal, el más importante de este país insular de África occidental, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y tenía un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del gobierno.

Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

“Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”, aseguró a Efe Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un agente del régimen, que se hallaba en tránsito en Cabo Verde para regresar al país.

La defensa de Saab argumenta que el empresario tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde.

El empresario colombiano contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa.

En ese argumento se basarán los procedimientos del exjuez español Baltasar Garzón para defender a Saab ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas, tras haberse incorporado al equipo legal del empresario, señaló Pinto.

El exjuez, que ejerce como abogado, va a liderar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Saab, explicó Pinto a Efe este lunes.

Álex Saab, testaferro de Maduro, contrata al ex juez Garzón para su defensa

En esta foto de archivo el juez español Baltasar Garzón junto a la vice presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Álex Saab, empresario colombiano testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde, confirmó este lunes a la agencia EFE el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.

Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde, tanto ante organismos judiciales internacionales como de ese país insular de África occidental.

En concreto, el ex juez, que ahora ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó Pinto por teléfono en Praia, la capital de Cabo Verde.

En paralelo, Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que se trasladaba hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, de la isla norteña de Sal.

Los casos de Garzón

El valor de la indemnización que la defensa del empresario colombiano planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Garzón dirige actualmente un bufete de abogados con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.

En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990), lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Por otro lado, Saab, según la misma fuente, no está contento con las condiciones actuales de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.

El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, precisó su representante.

Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.

Tras la detención del testaferro, el régimen de Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde y debía volver al país.

El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su “encarcelamiento ilegal”, pero ambos fueron desestimados.

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares” entre otras operaciones de blanqueo de capitales en Venezuela y Colombia.

Bill Richardson viajará a Venezuela para hablar sobre estadounidenses encarcelados

El ex gobernador de Nuevo Mexico Bill Richardson (Foto: The Richardson Center).

El veterano diplomático estadounidense, Bill Richardson, planea viajar a Caracas para reunirse con el presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro, con el propósito de discutir el estado de varios ciudadanos estadounidenses presos allí, dijo el lunes su fundación.

En un mensaje en Twitter, el Centro Richardson dijo que el ex gobernador de Nuevo México y embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas llevaría a cabo lo que llamó una misión humanitaria privada a Venezuela "a pedido de varias familias de prisioneros estadounidenses". No identificó a los detenidos.

No se anunció cuándo tendría lugar la visita.

El gobierno de Venezuela actualmente retiene a dos ex soldados de las fuerzas especiales de EEUU, Luke Denman y Airan Berry, arrestados en mayo por liderar un supuesto intento fallido de incursión armada destinada a capturar a Maduro.

El régimen de Maduro desde 2017 también ha encarcelado a ejecutivos de de Citgo Petroleum Corp, la unidad de refinación de Estados Unidos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, por acusaciones de malversación de fondos.

La administración del presidente Donald Trump ha tratado de derrocar a Maduro imponiendo sanciones al sector petrolero de Venezuela y apoyando al líder de la oposición, Juan Guaidó.

Richardson tiene un historial de trabajo para liberar a los estadounidenses de gobiernos hostiles. Anteriormente estuvo involucrado en la liberación del misionero estadounidense Joshua Holt en Venezuela en 2018.

Estuvo en Cuba y Corea del Norte, buscando la liberación de estadounidenses detenidos.

(Con información de agencias y el Centro Richardson)

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