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América Latina

Una extradición que prende alarmas en la comunidad venezolana de España

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La reciente decisión del ejecutivo español de extraditar al venezolano Ernesto Quintero, reclamado por el gobierno de Nicolás Maduro por presuntos delitos de estafa, ha causado un gran revuelo entre la comunidad venezolana residente en el país ibérico.

“Ese es el gran miedo que tenemos muchos que huimos de nuestro país o que nos expatriaron" dijo a la Voz de América desde Madrid el opositor Jesús Alemán, quien explicó que estuvo preso en la cárcel de Los Llanos, en Venezuela, y actualmente tiene una orden de búsqueda y captura. "Lo que sucedió con Ernesto nos prende las alarmas, porque esto abre las puertas a que cualquier persona que se esté refugiando en España pueda ser devuelta” añadió.

El joven, de 29 años, que es cofundador de la ONG Refugiados Sin Fronteras, la cual lucha por los derechos de refugiados y migrantes, comparó el caso de Quintero con el de Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y apodada como “la enfermera de Hugo Chávez”, quien fue extraditada en mayo desde España a EEUU por presunta conspiración por blanquear dinero:

“A la enfermera de Chávez la estaba solicitando la dictadura venezolana y no se la dan a la dictadura venezolana porque la Audiencia Nacional dice que 'su vida corre riesgo en Venezuela'. ¿Cómo tomas una decisión con una persona y con otras tomas otra y la entregas a las garras de la dictadura?”

Por otra parte, Alemán denunció que el hecho de ser enviado a una cárcel venezolana puede tener “consecuencias muy graves”, como la tortura, el aislamiento, o incluso la muerte.

En la misma línea se muestra la abogada defensora de DDHH y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Sujú, quien habló con la VOA desde República Checa y calificó la extradición de Quintero como un hecho “insólito”.

“No es un delincuente ni una persona que haya asesinado ni matado a nadie, sino que a simple vista se ve como un caso de retaliación” afirmó a la vez que declaró que en el país liderado por Nicolás Maduro “no hay Estado de derecho”, sino “una institucionalidad de la tortura y represión sistemática contra cualquiera que se le opone”.

Asimismo, Sujú expuso el caso de la hispano-venezolana María Delgado Tabosky, quien lleva tres años detenida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por presuntos delitos como terrorismo y traición a la patria. La abogada explicó que las “torturas blancas, psicológicas y malos tratos” que ha recibido Delgado han sido denunciadas por la ONU y por el Instituto Casla ante la fiscalía española.

“A España le consta cómo el régimen tortura y detiene de forma arbitraria, sino que se lo pregunten al mismísimo Zapatero, quien sabe y está empapado de la situación de cómo tratan a los presos políticos porque él ha estado allá” explicó la letrada venezolana sobre el antiguo presidente socialista de España.

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone que las 52 prisiones del país liderado por Nicolás Maduro están minadas de problemas “complejos” de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violaciones de derechos fundamentales a decenas de miles de hombres y mujeres detenidos”.

“Indignación y estupor ha causado, en la extensa y masiva comunidad venezolana en España, la extradición a Venezuela del compatriota Ernesto Quintero”, afirmó a través de Twitter el embajador en España del gobierno interino de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, tras conocer la noticia. El diplomático también calificó el proceso como “un grave precedente que preocupa e indigna a todos” y advirtió haber “pedido explicaciones a las autoridades”.

Por otro lado, varios políticos españoles de tendencia derechista también condenaron la extradición.

Acusado por presunta estafa

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) anunció que el ciudadano venezolano Ernesto Quintero, extesorero de la compañía ABA Servicios Financieros, implicada en delitos de presunta estafa, fue imputado por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores, así como asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas.

Saab aseguró se ha intentado politizar el caso en el que se han judicializado 4 de 25 personas investigadas y expuso que, “se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia”.

“En delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares. Son lamentables los casos de muy connotados corruptos, por ejemplo, una ex tesorera que han utilizado esta artimaña y han logrado evadir la justicia”, afirmó en declaraciones transmitidas por el canal del Estado.

Saab dijo que, en febrero de este año, el dirigente opositor Leopoldo López “salió en defensa” de Quintero y se le dio trato opositor “cuando no se le conoce militancia política alguna” y celebró que, en este caso, “el intento de politización no pudo” contra la evidencia presentada por el Ministerio Público (MP)

Además, evaluó como un “importante precedente”, el hecho de que España haya acreditado la investigación del MP y dijo esperar que “lo hagan con otros prófugos que se encuentran allá”.

El artículo 6 del Tratado de Extradición entre Venezuela y España establece que “no se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza”.

“Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos”, continúa.

Garantías en Venezuela

Consultado por la Voz de América, Zair Mundaray, exfiscal del MP de Venezuela, considera que ninguna persona debería ser extraditada a Venezuela mientras se mantenga “un sistema ideado, diseñado para la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos” y evalúa la extradición de Quintero como un precedente negativo.

Para el abogado, la situación se pudo haber resuelto de una manera jurídica “más cónsona” y “garantista de los derechos fundamentales”, mediante la aplicación del “principio de extraditar o juzgar”, previsto en el Tratado de Extradición entre Venezuela y España.

Expone que España pudo haber solicitado a Venezuela “todo el acervo probatorio” de la investigación y someterlo a juicio en ese país, borrando así “cualquier atisbo de posibilidades de que haya alguna violación al debido proceso”.

Mundaray explica que los tratados internacionales deben ser interpretados pro homine (a favor de las personas, del ser humano) y tutelar cualquier derecho o amenaza de violación del derecho y añade que, por ese motivo, las decisiones que se toman en materia de extradición son de carácter jurídico y pasan por una suerte de control político.

El abogado recuerda que países como EEUU, Colombia no extraditan a “nadie pedido por Venezuela”, partiendo de razonamientos coherentes con su política exterior.

Además, alerta que Venezuela ha venido “afinando las fórmulas de persecución, simulando supuestos delitos ordinarios para lograr que las personas sean sometidas a procesos de extradición y que se cumplen con los supuestos en materia internacional y burlar al concierto de naciones de que las personas podrían tener eventualmente procesos justos”.

En la actualización del informe de 2020 presentado en marzo de este año, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM), que no es reconocida por el Estado venezolano, resaltó que se “necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia”.

“La Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”, acotó Marta Valiñas, presidenta de la FMM.

En noviembre del año pasado, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

Quintero llegó a España en 2018 y fue detenido por la Guardia Civil en Madrid el 10 de febrero de 2021 cuando se dirigía a su trabajo. El exempleado de bolsa recurrió varias veces su posible deportación, pero finalmente el recurso de súplica del acusado no fue atendido por la Audiencia Nacional.

El ministerio del Interior también denegó varias solicitudes de asilo por parte de Quintero. Su mujer y su hija, que se encuentran en España, sí que consiguieron obtener la protección temporal.

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La oposición venezolana gasta millones en litigios por los activos del estado, pero no alcanza

Un anuncio de la compañia Citgo.

La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha pagado 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios donde están en juego 40.000 millones de dólares en activos de la República en el extranjero, de acuerdo con un informe del procurador especial asignado para esos oficios.

Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros, pero además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.

Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón.

Los partidos antichavistas de Venezuela argumentan desde enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpa la presidencia tras ganar unas elecciones fraudulentas un año antes, y afirman que la única institución legítima del país es la Asamblea Nacional electa en 2015.

El presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario encargado del país suramericano y encabeza desde entonces un gobierno interino que reconocen hasta 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.

Con la venia de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición venezolana ha podido administrar así activos fuera de las fronteras de su nación, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.

Esas responsabilidades políticas y gerenciales heredaron de golpe al antichavismo reclamaciones en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas”.

Entre los casos en cuestión, destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.

La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.

Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.

Según Sánchez Falcón, se trata de “una cantidad bien pequeña” si se compara con los montos e intereses “que están en juego” en esos litigios sobre los activos de Venezuela.

Falta de dinero

El procurador especial de la oposición aclaró a la prensa que las decenas de litigios sobre activos en el exterior están “identificados”, si bien su despacho y los entes descentralizados, como las juntas antichavistas del BCV y PDVSA, no actúan en todos.

Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria” para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015, donde participan representantes de las bancadas partidistas de ese poder legislativo.

¿La razón? Falta de dinero. “Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano”, manifestó.

Sánchez Falcón dice haber solicitado, “casi rogado”, que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Su propuesta ha sido “sistemáticamente ignorada”.

“Es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión por dejar de pagar 20 o 30 millones, cuando se están arriesgando 40.000 millones de dólares”, advirtió en julio.

Entre las firmas contratadas, el funcionario del gobierno interino opositor menciona a Arnold & Porter, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings LLP y Hogan Lovells, esencialmente para casos en cortes de Estados Unidos.

En su rendición de cuentas, detalla que hay varios casos pendientes de asignación de abogados, como el de Rusoro Mining contra la República y PDVSA, por 1.360 millones de dólares, en una corte de Delaware, Estados Unidos, y el de Bandes y empresas mixtas petroleras contra Novo Banco, en Lisboa, donde están en juego $1.352 millones.

La oficina de Sánchez Falcón dice haber buscado alternativas a la falta de dinero. Una es contratar firmas de abogados bajo la modalidad “contra resultados” en 30 juicios en Estados Unidos contra venezolanos por corrupción con fondos públicos de su país.

Esa estrategia consistirá en pedir indemnizaciones o acordar con las autoridades judiciales de Estados Unidos la recuperación de parte de los montos “sin costo alguno”, explicó.

Sánchez Falcón confirmó que ya se han recibido ofertas y “se están suscribiendo” contratos con bufetes legales en 25 de esos 30 casos en cortes estadounidenses.

Otra iniciativa de Sánchez Falcón es designar a una firma de abogados especializada en arbitrajes internacionales para que atienda casos de tribunales que pudieran desconocer la representación de la República de Venezuela por parte del gobierno interino de Guaidó.

Ese bufete podría crear una estrategia con base en “solicitudes estandarizadas” para exigir que se reconozca al interinato de Guaidó o, en su defecto, que se suspendan los litigios.

Pero ese tema presupuestario y de defensa de activos pasa por un acuerdo de los partidos que componen el Parlamento de 2015. La comisión delegada convocó este jueves a una sesión especial para recibir la rendición de cuentas del procurador, donde se prevé que se ventilen sus advertencias sobre la falta de fondos para atender los litigios en el extranjero.

Mientras, el oficialismo pone como una de sus condiciones para retomar las negociaciones en Ciudad de México que la oposición devuelva los recursos y activos en el extranjero que, a su entender, se ha “robado”.

(Artículo de la Voz de América)

Polémica en Honduras por contratación de médicos y pedagogos cubanos (VIDEOS)

Médicos cubanos. (Foto del Ministerio de Salud Pública de Cuba)

Ha generado polémica la inminente llegada a Honduras de una brigada compuesta por ochenta y seis médicos y un número indeterminado de educadores procedentes de Cuba, contratados por el gobierno del país centroamericano.

José Manuel Matheu, ministro de Salud de Honduras, “no precisó cuánto se le pagaría a los especialistas cubanos, pero señaló que será menos que lo que perciben los hondureños, a los que, además, se les paga quince salarios anuales, entre otros beneficios. A los cubanos se les pagará doce meses”, informa un cable de la Agencia EFE.

“El problema es que muchos de los especialistas hondureños no quieren ir a muchos de los sitios donde se les necesita, como a la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe, fronterizo con Nicaragua, por ser una región remota”, agregó el ministro.

El acuerdo de colaboración entre ambos países es a nivel de Estado y no de ministerio.

El doctor Ramsés Sierra, secretario del Colegio Médico de Honduras, explicó que el acuerdo con el gobierno de Cuba "es potestad de la presidenta" Xiomara Castro.

La doctora Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional, dijo al noticioso hondureño Notifides que esta colaboración “no es gratis” ya que el Estado pagará “un subsidio, un estipendio" a Cuba.

La representante considera que es un “gasto innecesario. Con “ese dinero que el Estado de Honduras va a pagar, aumentemos la beca a los médicos residentes, si tenemos médicos residentes que no se les paga, pues, aumentemos la beca”, insistió Bermúdez.

El secretario del Colegio Médico de Honduras explicó, también a Notifides, que la contratación debería ser de profesionales de especialidades que no tienen en Honduras.

"Eso sería lo más lógico […] que vengan a ayudarnos a formar el personal para que nosotros podamos tener esos especialistas”, dijo.

El doctor Tito Alvarado dijo al informativo HCH Televisión Digital que “no es un contrato de médicos cubanos que va a hacer Honduras sino una colaboración del gobierno cubano para países como Honduras por una paga simbólica”.

El Dr. Alvarado afirmó haber trabajado con médicos cubanos y recalcó que son incansables y solidaridarios.

HCH señaló que “la educación y la salud están en el ojo del huracán”.

Marcial Solís, ministro de Educación de Honduras, recordó a ese medio que el contrato de educadores y médicos cubanos “no es un ejercicio nuevo en el país”.


“En el año 2006, en el marco del acuerdo que firmó el magisterio con el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, se declaró una jornada nacional de alfabetización; teníamos indicadores muy parecidos a los que tenemos ahora mismo y se logró reducir (el analfabetismo) a un 6% y algunos municipios se declararon libres de analfabetismo”, apuntó Solís.

De acuerdo con el ministro, el programa “Yo sí puedo”, creado por el régimen cubano “en estos doce años, después del golpe de Estado, que fueron expulsados los asesores, ha cambiado y ha mejorado muchísimo por ejemplo, en Nicaragua.”

El ministro de Educación hizo énfasis en que los educadores cubanos no vienen a enseñar directamente a la población, sino como asesores del sistema de educación nacional y agregó que el debate pendiente es por qué el analfabetismo creció tras la expulsión de los profesionales cubanos.

Según el noticioso hondureño Notifides, la base de esta polémica es que en Honduras “hay más de diez mil médicos desempleados y es injusto que, habiendo personal cualificado aquí, se contraten de otros países”.

No obstante, cabe señalar que la contratación de brigadas de profesionales por parte de Cuba está bajo el escrutinio de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo y que varias veces se ha señalado al régimen de la isla como uno de los países promotores del tráfico de mano de obra esclava, utilizando a sus profesionales.

Sacerdote nicaragüense exiliado: en Nicaragua "no existe libertad religiosa"

El sacerdote Edwin Román a la entrada de la iglesia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, Nicaragua. (Foto archivo VOA).

El sacerdote católico Edwin Román —uno de los más críticos en Nicaragua— cumplió este 3 de agosto el primer año de haber tomado la decisión de exiliarse en Estados Unidos.

La decisión la tomó después de unas declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo, en donde dijo a un medio oficialista que él había profanado el templo que dirigía para “reunirse con un criminal”, en alusión al obispo monseñor Silvio Báez, también crítico de Murillo.

Tras este tiempo el panorama parece empeorar a juicio del padre Román, quien indica que en Nicaragua ya no existe libertad religiosa.

En Nicaragua ya se contabilizan dos sacerdotes encarcelados, mientras que otros se encuentran bajo investigación y detenidos en una localidad al norte del país por supuestamente generar zozobra.

“En Nicaragua no existe libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de circulación ni de movilizaciones cívicas. Se vive reprimido. Ni siquiera los allegados a la dictadura pueden llegar al aeropuerto y tomar un avión”, subraya Román a la Voz de América.

El gobierno ha dicho por medio de un comunicado emitido por la Policía Nacional que la última investigación que empezó a un religioso, en este caso contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien permanece encerrado desde el 4 de agosto en una casa cural, junto a cinco sacerdotes más y dos seminaristas, se da por supuestamente “intentar organizar grupos violentos incitándolos a ejecutar “actos de odio en contra de la población”.

Sin embargo, el padre Edwin Román tiene otra interpretación y menciona que en Nicaragua representa cárcel a todo lo que representa oposición y asegura que “para la dictadura somos opositores políticos”, aunque recalca que no tienen interés por ningún puesto en el gobierno.

“No buscamos ningún puesto terrenal. Nos basta servir, y dar la cara por el pueblo, salir a su defensa sin importar a quien. Nos debemos a los hijos de Dios que somos todos los seres humanos”.

Con la medida de Ortega contra Álvarez y contra la Iglesia en Nicaragua en general, el sacerdote Román considera que “en el lenguaje de la dictadura se está quemando su último cartucho”.

“Los profetas siempre van a incomodar, porque a los perseguidores les acusa su conciencia”, considera Román, quien dirigía una iglesia en la ciudad de Masaya, una de las ciudades bastión de las protestas contra Ortega en 2018.

La semana pasada la vicepresidenta Murillo se refirió, sin mencionar, a monseñor Álvarez y lo acusó de “manipular símbolos religiosos” al cargar con la imagen del Santísimo en la cercanía de la casa cural, que es donde permanece retenido.

“Los únicos perseguidores y manipuladores de signos religiosos han sido la esotérica “primera dama” y el dictador Daniel Ortega. Han perseguido a la Iglesia católica desde los años 80’. El régimen ha intentado confundir al pueblo de Dios, pero éste conoce la voz de sus pastores”, responde Román ante la acusación.

El sacerdote considera que “la dictadura ha pretendido alzarse con la autoridad de ser muy religiosos, promoviendo políticamente altares a la Inmaculada Concepción de María (La Purísima), o con sus 'nacimientos', en diciembre, sin nacer ellos a una vida nueva”.

“A propósito, no tienen ninguna autoridad religiosa para hablar de Dios. ¿Quién se las ha dado?”, cuestiona Román al respecto.

Directora de USAID: “Reconocemos a Juan Guaidó y apoyamos las negociaciones”

Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (Greg Nash/Mancomunada via REUTERS).

El gobierno estadounidense reiteró su reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y dio su respaldo a las negociaciones que arrojen “resultados” en esa nación, según dijo la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

La funcionaria estadounidense se refirió en esos términos a la crisis venezolana luego de reunirse durante una hora en Bogotá con el presidente Gustavo Petro, quien este domingo asumió su cargo. “Necesitamos ser parte de la solución con responsabilidad”, manifestó Power en una conferencia de prensa celebrada en el Hotel Gran Hyatt.

La funcionaria, la de mayor rango en la delegación enviada por el gobierno de Estados Unidos para la asunción de Petro, estuvo acompañada en su interacción con periodistas por Juan González, director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, Gregory Meeks.

“Estados Unidos y el gobierno de Biden reconocemos a Juan Guaidó y apoyamos las negociaciones, que necesitan producir resultados que pongan a la gente de Venezuela más allá (alejada) de la situación horrible que han vivido durante demasiado tiempo por la dictadura y la represión, por esos malos manejos severos a nivel económico”, expresó.

La Casa Blanca y otras 50 sedes gubernamentales del mundo reconocen a Guaidó como mandatario encargado de Venezuela desde enero de 2019, cuando se juramentó como tal apoyado por el Parlamento, denunciando que Nicolás Maduro usurpaba el poder.

Power valoró que no hay “un sistema que tenga una peor administración” y haya causado “una tristeza más evidente” sobre millones de personas que prefieren huir de su país buscando seguridad y oportunidades, manifestó en referencia al gobierno de Maduro.

Insistió en que el “interés común” de la región ante la crisis venezolana es enfrentar las causas que derivaron en semejante diáspora. “Eso solamente se va a dar a través del camino de la negociación para salir de esta crisis de inseguridad política y económica”, expresó.

Las declaraciones de Power se suman a otras recientes de diferentes voceros del poder ejecutivo estadounidense a favor de la reactivación de las negociaciones entre la oposición y el oficialismo en Venezuela para lograr una elección justa, libre y transparente en ese país.

Desde marzo pasado, el gobierno de Biden ha enviado dos delegaciones a conversar directamente con Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, sobre una posible reanudación de cooperación energética, las sanciones económicas contra el oficialismo y la demanda de la Casa Blanca de que liberen a estadounidenses detenidos en Venezuela.

Trabajo conjunto

Las afirmaciones de Power sobre Venezuela ocurren una semana después de que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, visitara esa nación suramericana.

El alto funcionario de la ONU se reunió esos días con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 -de mayoría chavista-, funcionarios oficialistas, el delegado jefe de la oposición en los diálogos de Ciudad de México y voceros de ONG.

Griffiths se declaró esperanzado porque la economía, a su entender, “está mostrando signos de recuperación”, a pesar de que “siguen existiendo significativas necesidades humanitarias” en la nación suramericana.

Power, por su lado, reveló en Bogotá que expresaron el deseo del gobierno de Biden de seguir materializando un trabajo conjunto con Colombia, ahora presidida por Petro.

“Después de décadas de conflicto, sabemos que la gente de Colombia merece una paz duradera y continuamos apoyando la implementación de acuerdos de paz”, aseguró.

Tanto Power como el congresista Meeks remarcaron que Estados Unidos sigue siendo el socio más importante de Colombia y agradecieron a esa nación por su asistencia humanitaria a centenares de miles de venezolanos que han llegado a su territorio.

Meeks dijo esperar que las conversaciones de Petro con Maduro para la reanudación de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia incluyan el tópico del “camino de elecciones libres y justas”. “Ayudar a que suceda esto, ayuda a todo el hemisferio”, opinó.

Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda al comandante militar, General Luis Fernando Navarro, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el 7 de agosto de 2022. (César Carrión/Colombian Presidency/Handout via REUTERS).

Gustavo Petro se convirtió este domingo en el 42 presidente de Colombia, en una toma de posesión catalogada como histórica, no solo por ser el primer presidente de izquierda del país suramericano, sino porque recibió la banda presidencial con el apoyo de organizaciones feministas, de izquierda, indígenas, afrodescendientes, sindicales y étnicos, y de una mayoría en el Congreso.

Durante la ceremonia, Gustavo Petro, de 62 años, caminó rumbo a la Plaza de Bolívar en compañía de su esposa y sus hijos. Con el canto al unísono "¡Sí se pudo, sí se pudo!" y "Petro, amigo, el pueblo está contigo", la ciudadanía saludó al presidente.

Tras el himno nacional, Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia, tomó juramento al nuevo mandatario. La senadora izquierdista María José Pizarro, en medio de lágrimas, le impuso la banda presidencial.

"Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar", dijo el nuevo presidente de Colombia.

El presidente Petro, tras su discurso del inauguración el pasado domingo.
El presidente Petro, tras su discurso del inauguración el pasado domingo.

En su discurso inaugural, Petro invitó a los grupos armados “a dejar las armas en las nebulosas del pasado” y a “aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia”.

Además, Petro señaló que es necesario cambiar la política contra las drogas. "Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año, que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados" y "ha llevado a los Estados a cometer crímenes”, agregó.

El nuevo presidente enumeró una serie de propuestas de su gobierno, entre ellas varias reformas a la salud, tributarias, a las pensiones y la educación, y dijo que ha "priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales".

“Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos”, agregó, al señalar que la desigualdad que vive el país es “aberrante”.

El mandatario también recalcó la importancia de la igualdad de género, del cambio climático y el cuidado de la selva amazónica.

Sobre una tarima en frente del Congreso, cuyas columnas fueron adornadas con flores y plantas exóticas, el líder de la izquierda pidió que hiciera presencia la espada de Bolívar -robada el 17 de enero de 1974 por la guerrilla del M-19 y entregada tras pactar la paz, en 1990- como símbolo de la búsqueda de la paz, y posteriormente tomó juramento de la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, Francia Márquez.

El evento de toma de posesión contó con la participación de 60 delegaciones nacionales e internacionales. Unas 100.000 personas y 1.000 artistas participaron.

Desde horas de la mañana, diferentes grupos de danza y música actuaron en tarimas dispuestas en inmediaciones de la plaza, donde los ciudadanos disfrutaron de ritmos folclóricos.

Luis Carlos Montenegro, representante del movimiento "Vamos por los derechos" dijo que vivió el evento “con alegría, con festividad, con colores” y que velarán porque se respete los derechos de activistas y defensores de derechos humano en su país.

La colombiana Sara Cruz le dijo a la VOA que ahora van a lograr “lo que hemos soñado durante muchos años”.

La joven Catalina Frayle señaló que “hay mucha felicidad. Los jóvenes estamos muy conscientes de todos los años que hemos intentado que esto cambie, y es emoción, es felicidad de sentir que vamos a llegar a un mejor lugar”.

Antes de la asunción oficial, Petro asistió a varias ceremonias simbólicas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país, los indígenas aruhacos le dieron su “bendición”. Uno de los mamos -la máxima jerarquía de la comunidad- le pidió dar respuesta a las demandas de la sociedad y le entregó un bastón que representa la sabiduría.

Entre los invitados estuvieron el Rey Felipe VI de España; los presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Honduras y Costa Rica; el canciller de Brasil, Carlos Alberto França; el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa Jr. y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, entre otros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no fue invitado dadas las profundas diferencias políticas con Duque.

Por Estados Unidos asistió Samantha Power, directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).

El dispositivo de seguridad para la posesión incluyó 15.000 miembros de la Fuerza Pública, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército.

Las propuestas de Petro

La banda presidencial que portará Petro lleva consigo los desafíos de sortear la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 560 defensores de derechos humanos desde 2016, la inflación más alta de las últimas dos décadas y la búsqueda de consensos en un país dividido.

Petro prometió una nación con menos desigualdad, que garantizará los derechos de todos sus ciudadanos -especialmente de los más vulnerables- y que dará prioridad al medio ambiente.

Las iniciativas del nuevo gobierno se centran en la justicia racial, la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y el cuidado de la vida y el territorio.

La economía, la inflación, la inseguridad, la desigualdad, la violación a los derechos humanos y las trabas de acceso a la salud y la educación serán los retos principales del presidente.

Una de sus banderas ha sido conseguir “la paz total”, en un país donde, según cifras de la Comisión de la Verdad, durante cinco décadas de conflicto han sido secuestradas 50.770 personas, 121.768 han desparecido y 450.664 han sido asesinadas.

A pesar de la firma del acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún el país está sumergido en la violencia. Petro ha propuesto iniciar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y someter a la justicia las bandas criminales que se nutren del narcotráfico.

Sus promesas también incluyen una reforma al sistema de pensiones y la suspensión del otorgamiento de licencias mineras en favor de las energías renovables, lo que ha generado polémicas e el gremio empresarial.

Por otro lado, algunos opositores han señalado temores de que con Petro en el poder Colombia se pueda convertir en una "segunda Venezuela”, ya que el exalcalde de Bogotá anunció que restablecerá relaciones con el país vecino.

Analistas dijeron a VOA que con el restablecimiento de relaciones con Venezuela esperan una reactivación económica en la zona de la frontera.

Tras ser elegido, Petro buscó el diálogo con sus críticos y opositores y consiguió una mayoría en el Congreso, necesaria para sacar adelante diferentes reformas, entre ellas la tributaria, que busca aumentar los impuestos a las clases más altas y darle recursos a programas sociales.​

(Con información de la VOA y AP).

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