América Latina
- Agencias
Un magnate británico detrás del periódico más vendido en Venezuela
Además de Últimas Noticias, otros dos prominentes medios venezolanos han cambiado de propietarios en los últimos 20 meses, han revisado su cobertura y, según periodistas, suavizaron sus críticas al Gobierno.
Robert Hanson, un hombre de negocios británico, se ha convertido en un inusual magnate de los medios de comunicación venezolanos.
El "Granma" de los chavistas
El "Granma" de los chavistas
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, crea su propio periódico, al mejor estilo del cubano Granma, que se sumará a la poderosa red de medios de comunicación de que dispone el chavismo para imponer su agenda ideológica en el país.
A partir del 23 de noviembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tendrá en circulación su propio diario: Vea-PSUV, a partir del Diario Vea.
De 16 páginas que tiene en este momento, Vea-PSUV pasará a 24, en una primera etapa y tendrá un nuevo diseño que incluye una columna del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, titulada a partir de su programa de televisión "Con el mazo dando" o simplemente "El Mazo”.
“Tener nuestros propios medios de comunicación es una de las metas para este año. Dios mediante, para los próximos días pudiéramos contar con un periódico, para lo cual ya estamos haciendo todo lo pertinente para que ocurra”, anunció Cabello en un acto público.
Los chavistas han garantizado que mantendrán 8 periodistas y contratarán 14 más.
Siempre presente en las columnas de chismes de Londres y gustoso acompañante de modelos de alto perfil, Hanson es el hijo del fallecido magnate industrial británico Lord Hanson, quien hizo una fortuna en adquisiciones corporativas y fue un prominente partidario de Margaret Thatcher, la primer ministro desde 1979 a 1990.
El holding de Robert Hanson adquirió el año pasado el periódico más vendido de Venezuela, Últimas Noticias, a pesar de sus malos resultados financieros y en medio de un control cambiario que rige en el país petrolero y que dificulta a las empresas extranjeras la repatriación de sus beneficios.
A pesar de sus aparentes diferencias, Hanson, de 54 años, y el Gobierno socialista de Nicolás Maduro parecen tener relaciones armoniosas.
Últimas Noticias ha nombrado a dos miembros del gobernante Partido Socialista en puestos clave, entre ellos el ex consejero electoral Héctor Dávila, quien ahora se desempeña como presidente-editor de la empresa.
Docenas de periodistas han renunciado desde la adquisición de Hanson, cuyas principales empresas no se centran ni en medios de comunicación ni en Latinoamérica.
El periodista José Rafael Mata dijo que recibió la orden de sacar del sitio web del diario una denuncia de un ex ministro de que el Partido Socialista sofocaba la disidencia interna.
Él tuiteó lo que dijo era una foto de una nota escrita a mano que contenía la orden y mencionó el incidente como una de las razones por las que más tarde renunció.
Hanson compró Últimas Noticias por el equivalente a $98 millones, de acuerdo con documentos de la compañía vistos por Reuters. Ello, a pesar de una caída de sus ganancias de un 92% en 2013 y una considerable deuda.
Hanson, cuyo paraguas, el grupo Hanson Family Holdings incluye una firma de servicios financieros, una empresa de envases reutilizables y una empresa de logística, no respondió a las preguntas.
Sin embargo, Dávila asegura que Últimas Noticias sigue siendo crítico al Gobierno, niega que haya suavizado su postura para ganar el favor de funcionarios y dice que los reproches se basan en la emoción más que en hechos.
"Escoges cualquier periódico y cuando hablas de denuncias contra el gobierno, hay para tirar para arriba (de sobra)", dijo Dávila, experto en computación y defensor de las causas izquierdistas.
Durante una entrevista con Reuters, él oteó el periódico y señaló las historias sobre problemas que van desde el mal estado de los hospitales públicos hasta la corrupción por parte de grupos comunitarios apoyados por el Gobierno.
También dijo que las únicas instrucciones que recibió de Hanson fueron sacar adelante un diario equilibrado y rentable.
Además de Últimas Noticias, otros dos prominentes medios venezolanos han cambiado de propietarios en los últimos 20 meses, han revisado su cobertura y, según periodistas, suavizaron sus críticas al Gobierno.
Esos dos medios de comunicación, la televisora Globovisión y el periódico El Universal, no quisieron hacer comentarios para este artículo.
Reuters no pudo confirmar de forma independiente las denuncias de que el Gobierno está involucrado en los cambios en el contenido de los medios de comunicación. El Ministerio de Información no respondió a solicitudes de comentarios.
Tampoco, como algunos críticos sugieren, los cambios han eliminado todas las voces opositoras de los medios de comunicación, que otrora fueron tan abiertamente antagónicos al Gobierno que ayudaron a atizar un breve golpe de Estado en el 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
El diario El Nacional mantiene una postura abiertamente crítica al Gobierno como varios periódicos de circulación más reducida. Hasta cierto punto, por las columnas de opinión aún desfilan los críticos de Maduro.
Sin embargo, los cambios editoriales que tuvieron lugar tras la compra de Últimas Noticias y otros medios, han convencido a los críticos de Maduro de que el Gobierno tuvo que ver en ello.
Por ejemplo, cuando la peor ola de protestas en más de una década estalló en febrero, Últimas Noticias restó importancia a la muerte de dos personas abriendo al día siguiente con Maduro en portada asegurando que el país enfrentaba un golpe de Estado, según un comunicado del 14 de febrero firmado por 96 periodistas del diario y publicado por la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Y el canal de noticias Globovisión, que durante una década televisó en vivo y en directo las protestas antigubernamentales, no dio cobertura en tiempo real al estallido de violencia y rara vez lo hizo durante los tres meses de enfrentamientos.
Días más tarde, Globovisión no tuvo cobertura en vivo de la conferencia de prensa convocada por el líder de la oposición Henrique Capriles, para discutir la situación. Las únicas imágenes en directo del evento fueron transmitidas a través de la web de Capriles.
"La censura afecta al más pobre porque ante la no respuesta del Gobierno a sus problemas deben tener una ventana para expresarse", dijo Capriles en junio acusando a los funcionarios de "comprar medios para callar la voz del pueblo".
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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
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